En los mismos momentos en que en nuestro país se discute la inconstitucionalidad de la ley Televisa , la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) está haciendo toda una campaña mediática contra la medida tomada por el gobierno de Venezuela de no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV), en abierta y escandalosa injerencia en los asuntos internos venezolanos.Quienes están acostumbrados a usufructuar los bienes públicos como si fuesen un patrimonio propio, no pueden admitir que, en un acto soberano, un Estado rescate esos bienes que pertenecen a la nación para los fines públicos que la Constitución les asigna. Los grandes medios de comunicación privados usualmente, además, disponen monopólicamente de ellos y violan principios y normas democráticas, engañan y desinforman a una población que desprecian, y a la que buscan domesticar y embrutecer con una programación que destruye los valores humanos.
La decisión soberana del Estado venezolano de no renovar la concesión pública a RCTV, que expira el próximo 27 de mayo a la medianoche, es un acto legal, legítimo y no excepcional, pues en el mundo más de 600 concesiones no han sido renovadas por razones de interés público, sobre lo cual no dice nada la CIRT , de la misma manera en que nunca se ha pronunciado por actos verdaderamente autoritarios en nuestro país o en algún otro.
No se trata siquiera de una "expropiación" a la empresa, como se le quiere presentar, además de que puede seguir transmitiendo por cable e Internet. Antes que un acto autoritario, es una medida democratizadora por parte del gobierno venezolano ante un medio de comunicación que ha actuado facciosamente, instigando de modo obsceno al golpe de Estado de 2002; un medio que ha violado sistemáticamente la Constitución y sus leyes complementarias de Comunicación Social; ha defraudado al fisco por cifras multimillonarias; viola las leyes laborales; hace uso del espacio radioeléctrico de la nación para promover el racismo contra las mayorías venezolanas, el desprecio por la dignidad de la mujer y la denigración cultural de la sociedad. Además, la concesión de la frecuencia será transferida a Televisión Social (Teves), ente no estatal destinado a la producción independiente y comunitaria.
Lo más grave es que la campaña injerencista de los empresarios de radio y televisión mexicanos forma parte de toda una agresiva estrategia de la ultraderecha nacional y mundial alentada por Estados Unidos –que tiene hoy vocería en la Organización Demócrata Cristiana de América presidida por Manuel Espino- contra el proceso democrático y emancipador venezolano, antecedida por las barbaridades del ex presidente Fox.
Exigimos se ponga un alto a la campaña intervencionista de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión en los asuntos internos de Venezuela, y respeto a las decisiones soberanas del gobierno elegido democráticamente por la gran mayoría del pueblo venezolano. En México mismo la sociedad reclama la democratización del espacio radioeléctrico, el colocar el interés público por encima de los intereses privados, el fin de los privilegios monopólicos de las grandes televisoras.
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