18 - 05 - 2007
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, afirmó que la postura política asumida por su gobierno de no reconocer a Felipe Calderón como presidente de México, como se acordó en la Convención Nacional Democrática del 15 de septiembre pasado en el Zócalo, "no ha variado ni variará".
Con esto echó por tierra la idea de una "reconciliación" entre la administración local y el gobierno calderonista, tras la participación del secretario de Gobierno capitalino, José Angel Avila Pérez, en un foro en la Secretaría de Gobernación, donde presentó una ponencia sobre la viabilidad de la reforma política del Distrito Federal.
A la dependencia acudieron también, pero en momento diferente, dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, para interponer una denuncia en contra del arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, por su presunta intromisión en asuntos políticos después de considerarlos mataniños e "hijos de las tinieblas" por aprobar la despenalización del aborto y las sociedades de convivencia en la capital.
En lo que fue el primer encuentro público de los perredistas y funcionarios capitalinos con la dependencia federal, Avila Pérez señaló que ello no significa que olvidarán "agravios pasados" o que dejarán de dirigirse a Calderón como "presidente espurio".
Ebrard, en una conferencia vía telefónica desde Nueva York, dejó en claro que el hecho de que funcionarios de su administración asistan a foros para defender la posición de la ciudad, de ninguna manera significa un cambio en su postura política.
"La instrucción que tienen los secretario es la de asistir a los foros y defender las posiciones de la ciudad de México, eso es lo que estamos haciendo", y lo que se hará en todos los campos, como en los temas de seguridad pública, agua y en el caso particular de la reforma política "para que se ponga en primer lugar el tema de la constitución del Distrito Federal y el estatus jurídico de la ciudad".
Avila, en su participación en el foro, se refirió a la posibilidad de contar con una "iniciativa de reconciliación nacional", aunque dejó en claro que ello "no tiene como propósito olvidar los agravios pasados, ni mucho menos excluir del debate las grandes insatisfacciones que el anterior proceso electoral dejó" en el país.
Por el contrario, sostuvo, "significa la oportunidad histórica de dotarnos de leyes e instituciones acordes con la realidad social, fundadas en la legitimidad y credibilidad", pues sólo así, enfatizó, "podremos instaurar una verdadera gobernabilidad democrática" basada en el consenso".
Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo, secretario general del PRD, aceptó que es obligación constitucional de los gobiernos, incluidos los emanados de su partido, sostener reuniones con el Ejecutivo federal. Sin embargo, definió, "eso no significa, bajo ninguna circunstancia, la postura del partido. El PRD, subrayó, "no ha cambiado de opinión. Calderón es un presidente ilegítimo, llegó mediante fraude electoral y no lo reconocemos".
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