La sociedad organizada repudia categóricamente el veredicto de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, el cual afirma que Ernestina Ascensión Rosario no fue violada ni asesinada.
Condenamos la actitud de Emeterio Márquez, Procurador General de Justicia de Veracruz, y la de Fidel Herrera Beltrán, gobernador de Veracruz, que al dar por concluido el caso de violación y asesinato por presuntos militares, de Ernestina Ascensión Rosario, indígena nahua veracruzana de 73 años, favorecieron la impunidad y el no ejercicio del imperio de la ley y del estado de derecho.
Hacemos un llamado urgente al gobernador Fidel Herrera Beltrán, para que deje de ejercer su estrategia cómplice de aislamiento en contra de los familiares de Ernestina ya que está impidiendo un derecho fundamental de la víctima y de los agraviados, de acuerdo al artículo 21 Constitucional.
Es altamente preocupante que el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán se arrogue indebidamente el papel de representante de la voluntad de los familiares de Ernestina Ascensión Rosario, y que públicamente haya declarado que los familiares firmaron de conformidad la decisión del no ejercicio de la acción penal y el cierre del caso.
Desde el pasado 30 de abril, día en que se dio a conocer formalmente el cierre de la investigación de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV), los familiares de Ernestina fueron conducidos fuera de sus domicilios por agentes policiales de Veracruz, sin acceso para la prensa ni a las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Hasta el día de hoy, ha sido imposible establecer contacto con los familiares de Ernestina. Están por vencerse los 15 días, que marca la ley de la materia para combatir el acto de autoridad, para que los familiares interpongan un recurso de amparo.
La situación de extrema violencia que viven los indígenas de la sierra de Zongolica ha llegado a tal grado, que el lunes pasado fue encontrado el cuerpo desnudo y sin vida de Adelaida Amayo Aguas, de 38 años, con señales de suma violencia y tortura. Su cuerpo mostraba un cinturón de hombre en el cuello, jirones de tela en la boca y cuatro cuchilladas en el cuerpo. Todos signos de extrema violencia.
Adelaida Amayo Aguas, quien deja en la orfandad a cinco hijos, era integrante del Consejo Radiofónico Indígena Nahua, y encargada de la gestión de créditos para Proyecto productivos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CONADEPI). Denunciamos que el gobierno mexicano atenta en contra del estado de derecho de la convivencia democrática. Denunciamos que atenta gravemente contra la vida de las mujeres indígenas. El gobierno mexicano silencia las voces democráticas .Las organizaciones sociales continuaremos con la denuncia de la violación de los derechos humanos y de los asesinatos de las mujeres indígenas nahuas de la sierra de Zongolica, Veracruz.
Exigimos la inmediata aparición de los familiares de Ernestina. Debido a que el día 22 de mayo del 2007 se agota el plazo para que los familiares interpongan el recurso de amparo.
Comité Ciudadano Rosario Ibarra.
Mujeres Universitarias de Xalapa.
Ciudadanas Veracruzanas Independientes.
Representantes del Gobierno Legítimo.
Shara Martínez Vara, Coordinadora del Comité Ciudadano Rosario Ibarra.
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