González dice estar dispuesto a iniciar la investigación sobre el caso si la CEDHJ se lo pide
Aspecto del festival cultural que diversos grupos realizaron en la plaza Juárez para recordar el 28 de mayo de 2004 Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO
JUAN CARLOS G. PARTIDA
Nadie recuerda en Jalisco una represión tan cruenta como la que ocurrió hace hoy exactamente tres años. El 28 de mayo de 2004, en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE), 111 manifestantes fueron detenidos y 49 de ellos encarcelados vejando toda norma judicial; casi todos padecieron maltratos y torturas que ameritaron el repudio nacional e internacional, según informes de los más influyentes organismos defensores de los derechos humanos y la solidaridad de grupos altermundistas en varias partes del mundo.
Sin embargo, la historia sigue siendo de injusticia. Los dos principales orquestadores de la represión, el entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña, es hoy secretario de Gobernación en la administración federal; y el que fue alcalde de Guadalajara ese año, hoy es gobernador de Jalisco. Y del otro lado, los 49 encarcelados –hoy todos libres, la mayoría bajo fianza– perdieron meses y hasta años de su vida en un encierro sin pruebas y al menos 20 de ellos aún ahora deben acudir periódicamente a los juzgados para firmar la libertad condicional en procesos que se mantienen abiertos.
Una ligera luz para esclarecer desde la oficialidad lo ocurrido se dio apenas hace unos días, cuando el 24 de mayo el gobernador González Márquez dijo que estaba dispuesto a abrir las investigaciones sobre este caso siempre y cuando hubiera una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al día siguiente el ombudsman estatal declaró que haría del conocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tal declaración, lo que hace prever una recomendación conjunta en poco tiempo y con ello la posibilidad de que por fin pueda irse al fondo de la actuación bestial de las policías jaliscienses, como lo consignan en todos los casos los organismos que de su lado –entre ellos la propia CNDH– indagaron los hechos.
Faltaría ver qué tanto respeta su propia palabra el gobernador González Márquez en el juego político que significa investigar el talón de Aquiles de Ramírez Acuña, el uso de la fuerza que a final de cuentas podría ser su debilidad.
Por lo pronto hoy, a las 17 horas, desde plaza Juárez, y a las 18 desde la glorieta de la Normal, saldrán sendas marchas para recordar el tercer aniversario de una fecha que parece no será olvidada hasta que se haga justicia. Ambas confluirán en el centro de la ciudad.
Cronología para no olvidar
Todos los informes y opiniones de más de 180 organismos locales, nacionales e internacionales de derechos humanos que se han dado desde hace tres años, coinciden que en Guadalajara, a raíz de la marcha, se devinieron 19 casos de tortura, 15 detenciones arbitrarias, 73 retenciones ilegales, 55 de tratos crueles, inhumanos y degradantes y 73 casos de incomunicación.
Durante el 28 de mayo la participación de alrededor de 4 mil manifestantes reunió a ONG, partidos políticos, medios independientes, colectivos libertarios, indígenas, sindicatos, redes de trabajadores, intelectuales, campesinos, ex braceros, ciudadanos a título personal venidos de varios lugares de América Latina y Europa.
Además de la represión de esa noche y del hostigamiento desde días antes que fueron bien documentados, una historia poco contada es la que ocurrió después. El sábado 29 por la madrugada empieza a correr el rumor entre los colectivos participantes de que los detenidos se encuentran en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Las autoridades se niegan a dar cualquier tipo de información oficial del paradero o de los nombres de los hasta entonces desaparecidos.
Durante el transcurso del día sueltan a varios, pero consignan a 49 que son enviados a las oficinas de la Procuraduría estatal, primero en la calzada Independencia y más tarde en la Calle 14, en la zona industrial. En el grupo va una joven en bata médica y con la cabeza vendada, cuya salud, informan los visitadores de las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, es “bastante delicada”. Ocho extranjeros –cuatro españoles, una australiana, una canadiense, un italiano y un estadunidense– son trasladados esa noche a la estación migratoria de Iztapalapa, en la capital del país; de ellos, la canadiense y el estadunidense fueron arrestados en hospitales públicos donde recibían atención médica.
El domingo 30 de mayo, a eso de las 2 de la tarde, los consignados son regresados de la sede de la PGJE, de Calle 14, a las oficinas en la calzada Independencia. Hasta entonces no se les ha permitido ver a los abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quienes ofrecieron de inmediato sus servicios como defensores de los detenidos. Las únicas personas que tienen acceso a los detenidos son los visitadores de las comisiones de Derechos Humanos. Hasta las 5 de la tarde los padres de familia que reclaman ver a sus hijos pueden hacerlo; después, muchos atestiguan que en el Ministerio Público a los muchachos se les torturó física o psicológicamente. Poco a poco se conoce lo ocurrido durante las horas que siguieron a las detenciones: fueron sometidas a insultos, golpes, vejaciones y tortura; se les ató las manos con cinta canela y se les obligó a permanecer de pie durante toda la noche; se les privó del sueño, de tomar agua y alimentos; a algunos les colocaron bolsas de plástico en la cabeza, les aplicaron “tehuacanazos”, se les acosó sexualmente y les dieron toques eléctricos en los testículos; la mayoría fue obligada a firmar declaraciones en las que se culpaban, base para que se les cite auto de formal prisión por los delitos de motín, robo calificado, lesiones, daños a las cosas, pandillerismo, resistencia a la autoridad y daño a las vías de comunicación.
Comienza la semana y el lunes los consignados son trasladados a Puente Grande, donde se establecen las fianzas para quienes puedan salir de esa manera: 25 mil para los detenidos de Guadalajara y 50 mil para los que venían de fuera. Sin embargo, la mayoría debe también pagar por los daños cometidos, lo que suma de 137 a 247 mil pesos por cada uno. Doce son acusados de robo calificado y no tienen derecho a fianza.
El martes primero de junio, el gobernador Ramírez Acuña otorga en un evento organizado en la Plaza de la Liberación un reconocimiento público y un estímulo económico a los policías que intervinieron en los hechos del 28 de mayo por su “heroico” desempeño, y declara que “debe quedar bien claro que Jalisco no es el Distrito Federal, Jalisco no es el Zócalo de la ciudad de México, donde pueden levantar sus carpas y sus casas de campaña”.
Al día siguiente, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por unanimidad, se pronuncia para que el gobierno de Jalisco deslinde responsabilidades por la represión y ordene la inmediata libertad de las y los detenidos. El 3 de junio la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emite un boletín de prensa donde declara que “de los 111 detenidos reportados a este organismo por personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social (SSPPRS), 59 quedaron en libertad sin haberles impuesto alguna sanción, lo que pone en duda la legalidad del actuar de esa dependencia. Constatamos que los detenidos en las instalaciones de esa secretaría estuvieron incomunicados; no se les permitió hablar con sus familiares, abogados ni con personal de este organismo. Desde las 00:50 horas del 29 de mayo y durante la mañana, personal de la Comisión Estatal pidió en forma verbal a diversos funcionarios de la SSPPRS y del gobierno del estado se le permitiera el acceso con los detenidos. A las 14:54 horas se dirigió el oficio 690/DGOQ/04 al titular de dicha secretaría para pedirle, con fundamento en el artículo 55 de la ley de la CEDHJ, que suspendiera la incomunicación de los detenidos y resolviera oportunamente su situación jurídica, así como que se nos permitiera entrevistarlos. No obtuvimos respuesta. Lamentamos que esa dependencia obstaculizara el trabajo de nuestros visitadores, quienes sólo pedían cumplir con su deber. Exhortamos a su titular para que colabore con este organismo en la protección y defensa de los derechos humanos y gire instrucciones precisas a sus subalternos con el mismo fin”.
El viernes, colectivos de ocho partes del mundo se movilizan frente a los consulados de México. En Guadalajara se realiza una marcha pacífica en la que los participantes se protegen de las infiltraciones con lazos alrededor de los contingentes. El sábado se dicta formal prisión a cuatro de los detenidos, el lunes a los 41 restantes.
El martes 8 de junio, diputados del Parlamento Europeo de la facción de Los Verdes, la European Free Alliance, envían un comunicado al presidente Vicente Fox donde expresan su “profunda indignación (...) por las brutales violaciones a los derechos humanos” a las que fueron sujetos los manifestantes. En ese mismo sentido se pronuncian el Congreso del Trabajo de Canadá, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) y la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA).
El 15 de julio, Human Rights Watch envía una carta al gobernador de Jalisco para expresarle su profunda preocupación por los informes sobre graves violaciones a los derechos humanos contra los civiles detenidos después de la marcha del 28 de mayo. “Instamos respetuosamente a vuestra excelencia a exigir investigaciones exhaustivas e imparciales de estos hechos y el enjuiciamiento y castigo de los responsables, pues además de violar la legislación mexicana, los abusos denunciados por los detenidos vulneran tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México”.
El 16 de agosto, el presidente de la CNDH presentó un informe a la nación denominado Informe especial relativo a los hechos de violencia suscitados en la ciudad de Guadalajara con motivo de la celebración de la III cumbre de jefes de Estado de América Latina, el Caribe y Unión Europea, que fue resultado de un amplio proceso de investigación plenamente sustentada atendiendo el marco legal vigente al realizar 592 diligencias y arrojó como resultado que se cometieron 235 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de ellas tipificadas a nivel internacional como actos de lesa humanidad.
Un día después, Ramírez Acuña rechaza investigar los presuntos casos de tortura: “no se acepta dar vista al procurador de Justicia del Estado ni iniciar procedimientos administrativos en contra de servidores o de los cuerpos policiacos”. El informe especial provoca que el cardenal Juan Sandoval Iñiguez declare que las cabezas que deben rodar son las de personal de Derechos Humanos y no de los policías: “mejor que rueden cabezas de los de Derechos Humanos, porque a esa organización la está manteniendo el pueblo, la paga el gobierno, ¿para qué?”.
El martes 24 de agosto, la Coordinadora 28 de Mayo instala un plantón permanente en la Plaza de Armas de Guadalajara. Y el 3 de septiembre, Anders Kompass, comisionado en México de la ONU para los Derechos Humanos, es recibido en sesión solemne en el Congreso del Estado de Jalisco. Ante la prensa, dijo que cualquier “gobierno democrático” debería atender un informe tan serio como el de la CNDH, que denuncia algo tan grave como torturas a detenidos.
Dos días después, escritores, académicos y artistas emiten un manifiesto titulado Ni un paso más a la tortura, el próximo torturado podrías ser tú, en donde repudian la actitud del gobernador de Jalisco de no reconocer la represión y violencia de los cuerpos policiacos contra los altermundistas, además de exigir se investiguen los hechos y la inmediata liberación de los aún presos y el castigo a los funcionarios responsables. Entre las 45 firmas figuran: Carlos Montemayor, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Vicente Leñero, José Emilio Pacheco, Víctor Castillo, Vicente Rojo y Luisa Gabayet.
El 30 de septiembre la Comisión Europea para América Latina estudia los casos de tortura a raíz de los hechos del 28 de mayo y de confirmarse, la instancia declara que buscará abrir un diálogo político con México, toda vez que aplicaría la cláusula de cumplimiento a los derechos humanos (cláusula democrática). Tomás Dupla, director de la comisión, externa la preocupación que en los parlamentarios europeos ha surgido con motivo de los informes recibidos, sobre todo el informe especial hecho por la CNDH.
En octubre, una gran sorpresa: durante el 17 Encuentro Nacional de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), celebrado en León Guanajuato, 350 delegados de 12 regiones pastorales se pronuncian contra la actitud intolerante del gobierno del estado de Jalisco y lo exhortan a que modifique su actitud y a que acate las recomendaciones hechas por la CNDH.
Llega la Feria del Libro y el tema subyace como el ingrediente político. En el marco de un homenaje a Manuel Vásquez Montealbán, el editor y ex diplomático Sealtiel Alatriste lee un comunidaco del subcomandante Marcos dedicado a Monte Albán pero omite leer dos párrafos, uno dedicado a ETA y otro a las detenciones del 28 de mayo. El Premio Nobel José Saramago solicita públicamente la liberación de los 11 presos que todavía se encuentran recluidos en Puente Grande. Cientos de firmas de intelectuales y escritores se estampan en un manifiesto para exigir justicia.
En diciembre de ese mismo 2004, Amnistía Internacional adopta el caso del 28 de mayo y emite un informe reprobatorio por la actuación de la oficialidad jalisciense. El manifiesto que comenzó a circular en la FIL reúne más de mil firmantes, entre ellos María Mar Bonet, Xerramequ Tiquis Miquis, Luis Llach, Miguel Gil, Eduard Subirats, Porfirio Muñoz Ledo, Fernando Rodrigo Rodríguez, Jordi Punti, Adolfo Aguilar Zinser, Nelson Caucoto, Carmen Hertz, Elena Poniatowska, Antonio Sabonit, Carlos Monsiváis, Oriol Romanit, David Brunet, Enrique Casusses, Juan Goytisolo, Gustavo Sainz, Rius.
Comienza 2005 y apenas a 12 días de iniciado, en Washington, Keneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, presenta el Informe 2005 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Respecto a México, la organización internacional indica que la tortura y otras formas de maltrato por parte de los agentes policiales, así como la falta de investigación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones de los derechos humanos, son problemas persistentes como se demostró el 28 de mayo.
El 20 de enero, regidores del Ayuntamiento de Guadalajara dictaminan que en la detención de altermundistas el 28 de mayo, policías estatales alteraron algunas pruebas contra los detenidos, también que se encontraron diversas inconsistencias. De inmediato el secretario general de Gobierno, Héctor Pérez Plazola, niega que se hayan alterado pruebas.
El primero de febrero, durante su IV Informe de Gobierno, Francisco Ramírez asegura que volvería a actuar de la misma manera que lo hizo el 28 de mayo pasado.
Durante el primer aniversario se realiza una marcha durante la cual el doctor Raúl Rojas Soriano, cuyas hijas Sofía y Minerva Rojas Ruiz estuvieron detenidas el año pasado, acompañó al contingente y recordó los casos de tortura física y psicológica cometidos contra los detenidos por el “gobernador fascista Francisco Ramírez Acuña”.
A partir de ahí, el tiempo ha cobrado su erosión. Tema de poco interés para la gran mayoría de los medios de comunicación, lo ocurrido el 28 de mayo del 2004 sin embargo renueva su interés por los saldos todavía pendientes y da un aliento de esperanza a los pocos que aún siguen clamando por justicia.
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