Nunca olvidar el 28 de mayo de 2004: no a la represión

Foto: César Huerta/Extensión Medios

Jorge Gómez Naredo

El Occidental

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El 28 de mayo de 2004 el Centro de la ciudad de Guadalajara estaba cercado. En el Instituto Cultural Cabañas se celebraba la Cubre de Jefes de Gobierno y de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. No se podía transitar libremente. La Plaza de Armas, la Plaza Tapatía y las inmediaciones de donde estaban reunidos los Jefes de Estado eran zonas totalmente vigiladas. Había vallas por todos lados, y policías con toletes y escudos. Y también había circulando cientos de patrullas con elementos castrenses fuertemente armados.

Estas excesivas medidas de seguridad no fueron impedimento para que varias personas se manifestaran, organizaran eventos en contra de la Cumbre y a favor de temas que no iban a ser tratados por los Mandatarios: ¿cómo vivir sin capitalismo?, ¿se puede?, ¿hay alternativa? Muchas voces se escucharon. Estaba, por ejemplo, la de Evo, un indígena aymara que con el tiempo se convertiría en presidente de su nación. Sí, ahí se encontraba el futuro Mandatario boliviano, manifestándose en contra de una Cumbre de Jefes de Estado donde se habló de poco y se solucionó nada.

El 28 de mayo de 2004, alrededor de 8 mil personas marcharon de la Glorieta de la Minerva al Centro de la ciudad por la avenida Vallarta-Juárez. En el cruce de esta arteria con la de 16 de Septiembre, una parte del contingente se topó con vallas, muchas vallas, y atrás de ellas, cientos de policías con toletes, gases lacrimógenos y escudos. La mayoría de los manifestantes solamente observó a los gorilas de diversas corporaciones policiacas que se encontraban protegidos por el cerco metálico. Fue entonces cuando un grupo de infiltrados comenzaron a lanzar objetos a los policías e intentaron pasar unos metros más (atrás había vallas verdaderamente infranqueables). No pudieron. Después de ese "intento", hubo algunos pequeños desmanes: dos o tres vidrios rotos, una jardinera tumbada, una banca destruida, etcétera. Nada de importancia.

Cuando los manifestantes ya se comenzaban a retirar (los infiltrados desaparecieron de repente y jamás se les volvió a ver), vino la represión. Las Policías (Estatal y Municipal), comenzaron a levantar a quienes estuvieran en las calles. Todo aquél que tuviera apariencia (según la percepción de los "capacitados" policías) de "globalifóbico", había cometido un delito. Se capturaron a más de 100 personas (la mayoría inocentes de los nimios destrozos ocurridos en el Centro de la ciudad), y se les ingresó en la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí hubo golpes, maltrato físico, humillaciones, amenazas de violaciones sexuales, tocamientos, en fin, tortura en el más amplio sentido de la palabra.

El culpable principal de estos actos represivos fue el entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña. Un día después, en un rancho cercano a la ciudad de Guadalajara, el mismo que había mandado reprimir a los manifestantes ese 28 de mayo, levantó la mano de Felipe Calderón y lo "destapó" para la Presidencia de la República. Calderón, sonriente, le dio las gracias a Ramírez Acuña. Nadie, en esa comilona, se acordó que en los sótanos de la Secretaría de Seguridad Pública se seguía torturando a manifestantes que no habían cometido ningún delito.

Hoy se acaba de celebrar otra Cumbre más en la ciudad de Guadalajara. Escribo este texto el sábado y aún no se sabe si habrá manifestaciones reprimidas y policías golpeadores. Pero vale la pena recordar que hace poco más de cinco años, hubo actos represivos. Y quien ordenó eso fue Ramírez Acuña, hoy libre y, peor, próximamente diputado federal. No hay que olvidar, además, que el hoy Presidente (ilegítimo, por supuesto) de México, de una u otra manera, aprobó la represión de jóvenes en Guadalajara. Sí, Felipe Calderón, al reunirse con Ramírez Acuña mientras en los sótanos de la Secretaría de Seguridad Pública se vejaba a los manifestantes, aprobó los golpes de las policías jaliscienses en contra de los altermundistas. Ahora Calderón se ha convertido (no podía ser de otra manera), en uno de los Mandatarios mexicanos más ineptos de la Historia (y vaya que ha habido muchos). Ojalá un día, los represores del 28 de mayo, paguen su culpa. Ojalá.

jgnaredo@hotmail.com

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

Boletin de la coordinadora 28 de Mayo

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS COORDINADORA 28 DE MAYO AC

BOLETIN DE PRENSA

16 de enero de 2008

CNDH pide actas administrativas contra policías y jefes policiacos por abuso de fueza

Ante represión no estamos de acuerdo en "conciliación"

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un documento suscrito por el 5º Visitador General, Mauricio Farah Gebara, en el que solicita a Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, Secretario de Seguridad Pública de Jalisco, que tiene 15 días naturales contados a partir de la fecha de su recepción para responder por escrito sobre la aceptación de una "propuesta de conciliación" para que se de vista a la titular de la Contraloría del estado de Jalisco, "para que inicie los procedimientos administrativos correspondientes en contra de los agentes policíacos que participaron" en los hechos represivos durante los sucesos el 28 de junio del 2007, cuando el Congreso del Estado hacia votaciones para elegir titular en la CEDHJ.

En ese entonces se cometieron atropellos a la ciudadanía, cometidos por policías que por órdenes de diputados cerraron el congreso, manchando aún más el desprestigio de la CEDHJ.

Por lo menos una docena de policías de la Secretaria de Seguridad Publica son señalados en el texto del expediente 2007/3214/5/Q de la CNDH, por las violaciones a los derechos humanos cometidos contra Daniel Hernández Loza, Misael Hernández Barrón y Jaime Hernández Ortiz. Los dos primeros fueron desalojados por la fuerza y con lujo de violencia y al último, miembro de la Coordinadora 28 de mayo, le impidieron por la fuerza ingresar al recinto legislativo donde se llevaban las votaciones, no obstante que era candidato.

En el mismo documento se pide a Carlos Nájera formule la denuncia penal ante el Ministerio Público de la Federación por las conductas "probablemente constitutivas de delito cometidas por los elementos de esa corporación en agravio del señor Misael Hernández Barrón", quien fue soltado cuando ya era enviado a los separos por "alterar el orden", gracias a las gestiones de su hermano Alfonso, y quien en esos momentos realizaba cabildeos y votos para Felipe Álvarez Cibrián.

Ante los hechos, y desconfiando de la actuación de la CEDHJ, del presidente entrante y saliente, la Coordinadora 28 de mayo pido a la CNDH atraer el caso.

Miembros de la Coordinadora fuimos notificados de ese documento en días pasados, por lo que ahora hacemos público. A estas alturas Carlos Nájera ya está plenamente enterado y habrá dado su respuesta. El documento fue expedido el 10 de diciembre, Día mundial de los derechos humanos.

No estamos de acuerdo con la "propuesta de conciliación", porque no hay nada que conciliar. Pero estaremos al pendiente de la respuesta para las acciones legales a seguir a fin de que los hechos no queden impunes.

La Coordinadora 28 de mayo considera incompleto dicho acuerdo de "conciliación" toda vez que se refiere a la medida autoritaria tomada por el Congreso de cerrar las puertas en esa ocasión y por la rara petición de pedir la denuncia ante el MP federal y no uno estatal.

Responsable del comunicado

Guadalupe Zepeda Díaz

Presidente

Arcadia Lara

Enlace y comunicación

Jaime Hernández Ortiz,

Defensoría

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2008::

28 de mayo, una factura pendiente

Una investigación penal y conocer a los autores intelectuales de la represión, entre los adeudos

“Hay una demanda social” de indagar sobre la tortura, plantea investigador.

El enfrentamiento de 2004 dio lugar a una respuesta represiva del gobierno estatal, según los opositores. Foto: Humberto Muñiz

Publico

Los actos de tortura, represión y otras violaciones a derechos humanos de jóvenes detenidos el 28 de mayo de 2004 son aún “una factura pendiente” de pago a la sociedad, sostuvo Jorge Gastón Gutiérrez Rosete, investigador de la Universidad de Guadalajara.

Entre las deudas destacan “una investigación penal a fondo, y las acciones respectivas conforme a derecho para deslindar responsabilidades y aplicar la ley, conocer a los autores intelectuales y materiales de la represión y de la infiltración y provocación que fue realmente el origen de los hechos violentos”.

Un segundo adeudo es finiquitar los procesos penales que, a cuatro años de distancia, todavía continúan abiertos contra algunas de las 45 personas consignadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEJ) por actos como motín y pandillismo. Un botón de muestra es el caso de Daniel, un joven recién operado de la garganta ese 28 de mayo, quien no podía hablar y era ajeno a la marcha, pero fue detenido en la vía pública. “Hoy todavía va a firmar”, citó.

Hizo hincapié en que la tortura (acreditada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos) es un delito que no prescribe y, aun cuando hubiera otros que sí, “la memoria histórica y social ahí está, hay una exigencia, una demanda social de que se investigue”.

Tercer adeudo: revertir la tendencia represiva. En opinión del investigador, queda plena constancia de un planteamiento que en mayo de 2004 hicieron analistas y miembros de organizaciones civiles que perfilaban a un Estado autoritario, represor, de corte fascista. “Guadalajara fue la punta de lanza de una serie de acciones represivas que se repitieron en otras partes del país, como San Salvador Atenco, Oaxaca, Chiapas y otras más que nos permiten concluir que se ha venido construyendo un Estado autoritario, que ha instituido la violencia como un mecanismo de control ante la divergencia social y la protesta ciudadana”.

El entrevistado agregó que con “violencia institucional” se responde hoy a problemas profundos como la inseguridad pública y el narcotráfico (militarización), tanto como a la inconformidad social por el deterioro a la calidad de vida que han causado a la población las políticas neoliberales. “Ha sido una característica de los gobiernos panistas estatales o federales que cierren los espacios de diálogo con las organizaciones civiles… a menos de que éstas desarrollen proyectos de conveniencia para el Estado, siempre con un matiz de imposición y autoritarismo”.

- Claves
Hoy, tres marchas

Para denunciar nuevamente los actos represivos ocurridos a partir del 28 de mayo de 2004, tras el enfrentamiento entre elementos policiacos y manifestantes, hoy activistas saldrán a las calles. Convocan a las 17:00 horas en tres puntos:

• Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH)
Avenida de los Maestros y Mariano Bárcena

• Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Pedro Moreno 1616, casi esquina con Marsella

• Plaza Juárez
16 de Septiembre y calzada del Campesino

Las tres marchas convergerán en la Plaza de Armas, donde tendrá lugar un festival con testimonios, exposición gráfica y de videos

Guadalajara•Maricarmen Rello

“Se nos pasó la mano” hace 4 años"

Se “disfrazó” a policías para infiltrarlos como militantes anarquistas o estudiantes

Un ex funcionario estatal admite que el Ejecutivo ordenó la represión a la manifestación del 28 de mayo y que hubo excesos.

El 28 de mayo, 111 personas fueron detenidas. Organismos internacionales documentaron torturas y abusos, pero el gobierno estatal no lo admitió. Foto: Marco A. Vargas

Publico

Que en mayo de 2004 el gobierno del estado infiltró a grupos civiles, que siguió a dirigentes de organizaciones, que pactó con algunas agrupaciones para que no asistieran a la marcha del viernes 28, que se vejó y golpeó a los detenidos y que entre éstos había inocentes, no es noticia fresca. Lo vienen denunciando desde hace cuatro años altermundistas y organismos oficiales e independientes de derechos humanos.

Lo que sí es noticia fresca es que un funcionario estatal que participó en el operativo reconozca la tarea de infiltración, y que además admita que la fuerza pública se excedió durante las detenciones de ciudadanos en los sucesos del 28 de mayo: “Se nos pasó la mano”.

La infiltración y seguimiento de los colectivos y grupos locales y foráneos que anunciaron diversas manifestaciones en contra de la III Cumbre de jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE) fue encomendada al grupo Sigma, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

Se decidió “disfrazar” a policías para hacerlos pasar como militantes de grupos anarquistas o estudiantes de la UNAM. Un ejemplo de infiltración, reveló esta fuente, ocurrió el mediodía del jueves 27 de mayo en el parque Revolución. Al empezar la tensión el gobierno pidió a los altermundistas integrar una comisión negociadora y resultó que un policía Sigma, pelo corto y camisa negra, quedó entre los cinco miembros de dicha comisión. Al poco rato, ese policía fue identificado por los altermundistas. Unas horas más tarde otro policía Sigma, vestido con una camiseta de los Pumas de la UNAM, fue identificado en la avenida Constituyentes, donde se había escenificado una trifulca entre policías y manifestantes. Para evitar que fuera agredido, un funcionario dio la orden para que fuera subido a una patrulla de Guadalajara y sacarlo del lugar.

Una labor adicional que se encomendó al equipo que coordinaba la vigilancia y seguimiento a los altermundistas fue llevar hasta la Plaza Juárez a los colectivos que querían acampar en el parque Revolución. La razón es que en este espacio hay cámaras, mediante las cuales fueron monitoreados desde un centro de la SSP.

La misma fuente dijo estar enterada de que en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública se golpeó a algunas de las 111 personas detenidas por la policía.

Estas confesiones contradicen la versión oficial que siempre difundió el gobierno de Francisco Ramírez Acuña en el sentido de negar las acusaciones de represión y tortura, y por tanto rechazar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los pronunciamientos de organismos internacionales.

Pero en la confesión no hay arrepentimiento. La fuente entrevistada dice estar segura que la actuación del gobierno estatal y de sus fuerzas de seguridad fue correcta. Como si fueran suyas, repite las palabras del entonces gobernador: “Los globalifóbicos vinieron a destruir la ciudad”.

Desde que ocurrieron los hechos, las organizaciones altermundistas han sostenido que su marcha era pacífica y que el enfrentamiento con la policía, en el centro de la ciudad la tarde de ese viernes, y los posteriores destrozos a negocios, fueron obra de provocadores del gobierno. Ahora el gobierno reconoce la infiltración, pero niega que se provocaran los enfrentamientos. Éste es el punto de vista del ex secretario general de Gobierno Héctor Pérez Plazola (ver nota aparte).

Por su parte, Leobardo Treviño Marroquín, subsecretario de Gobierno y quien participó en el grupo coordinador junto con el procurador Gerardo Octavio Solís y el titular de Seguridad, Alfonso Gutiérrez Santillán, sostiene que sólo se empezó a detener a manifestantes cuando estuvieran cometiendo delitos, es decir en flagrancia o “cuasi flagrancia”. “La intención de ellos no fue de una manifestación pacífica, punto, porque no empezó el gobierno ni la policía a detener absolutamente ni a una persona. La indicación fue: ‘Hay que dejarlos que se manifiesten, con total amplitud y libertad’, pero cuando ya hay una violación al Código Penal […] hay que actuar”.

La orden de actuar fue dada por el gobernador, quien en ese momento estaba en la cena oficial que se ofreció a los jefes de Estado en Palacio de Justicia. Ramírez Acuña recibió varias llamadas de Solís Gómez y de Gutiérrez Santillán.

El exceso en el sótano de la SSP, a donde fueron llevadas los aprehendidos, encendió la alarma entre funcionarios que se percataron de la magnitud que estaba cobrando el operativo, por lo que decidieron “depurar” el número de detenidos. En esto jugó un papel importante un joven detenido que se ofreció a “identificar” a los responsables de enfrentarse a los policías y de los destrozos a negocios, a cambio de que lo dejaran en libertad. Se le pusieron un pasamontañas, lentes oscuros y sombrero y luego se le puso frente a cada uno de los detenidos. Con la cabeza respondía sí o no a la pregunta de si era responsable. Con esta información, más el cotejo con las fotos y videos que se revisaban en el monitoreo de la SSP, decidió quién quedaba libre.

Claramente hubo inocentes, pues seis de cada diez detenidos la noche del 28 de mayo quedaron libres antes de las 17:00 horas del sábado 29. El resto enfrentó procesos jurídicos y pasó varios meses en prisión. De los 44 consignados, sólo a uno se le reconoció su inocencia, a pesar de las evidencias que aportaron los demás.


“No hay carpetazo”: CEDHJ (Guadalajara•Maricarmen Rello)

• Ante las críticas de activistas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), por lo que consideran una actitud pasiva para retomar la investigación por los hechos violentos ocurridos en esta ciudad el 28 de mayo de 2004, el primer visitador general, César Alejandro Orozco Sánchez, aseguró que “no se le dio carpetazo” al caso, sino que el seguimiento está en manos de una instancia nacional.

“Desde luego que no hay un carpetazo, no tenemos facultad siquiera para dar ese carpetazo, porque la queja fue atraída por la Comisión Nacional [de Derechos Humanos] y cualquier acción oficial, en ese sentido, es competencia de esa instancia”, indicó, tras recordar que efectivamente la CEDHJ mantuvo una presencia constante desde los días previos a la III Cumbre de jefes de Estado.

- Claves
Paso por paso

• Guadalajara fue elegida para celebrar en mayo de 2004 la III Cumbre de jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE). Asistieron 58 mandatarios a esta cumbre diplomática que tuvo como sede el Instituto Cultural Cabañas

• Dada la magnitud del evento diplomático, el gobierno federal mexicano y el de Jalisco pusieron en marcha el operativo de seguridad más grande en la historia de la ciudad: 2,500 elementos del Estado Mayor Presidencial (al mando del general brigadier Ramón Anaya Ramírez) y cientos de policías federales y miles de policías estatales y municipales

• En paralelo a esta Cumbre, diversas organizaciones sociales globales, nacionales y locales convocaron al Encuentro Social de América Latina, Europa y El Caribe del 25 al 28 de mayo en el CUCSH de la UdeG

• A la marcha convocada del viernes 28 de mayo, de la Minerva al centro, asistieron seis mil personas según los organizadores, dos mil según la policía. La caminata se desarrolló de manera pacífica. Pero al topar con la valla de la policía estatal en avenida 16 de Septiembre un grupo de cerca de 20 jóvenes ataviados con cascos mineros y portando gruesos palos (y martillos algunos) se enfrentaron con los uniformados por cerca de 40 minutos a partir de las 19:00 horas

• Posteriormente otras dos vallas de policías estatales y de Guadalajara avanzaron desde el cruce de las calles Colón y Juárez. Gerardo Octavio Solís Gómez (procurador) y Alfonso Gutiérrez Santillán (Seguridad) reportan al gobernador la situación. Éste da la orden de “actuar”, con lo que empiezan la persecución en contra de los manifestantes y las detenciones

• Cientos de manifestantes corrieron por la avenida 16 de Septiembre hacia el parque San Francisco; en tanto, un grupo rompió vidrios en catorce negocios y saqueó otros tres: el banco Banamex, Discos Aguilar y un 7 Eleven

• A partir de entonces, grupos de policías estatales y de Guadalajara hacen diversas razzias en el centro de la ciudad y en algunos lugares más alejados. Entre las 20:00 horas del viernes 28 de mayo y la 1:00 am del sábado 29 de mayo (aproximadamente) son detenidas 111 personas, la mayoría con lujo de fuerza, y golpeadas con pies, puños, macanas, escudos, armas de los policías

• El grueso de los detenidos es conducido hacia el sótano de la Secretaría de Seguridad Pública, donde muchos de ellos son golpeados y vejados

• Al ver la magnitud de los detenidos y del trato que recibieron, los funcionarios a cargo del operativo admitieron: “Se nos pasó la mano”. La madrugada del sábado 29 de mayo el secretario de Seguridad ordena: “Hay que depurar”

• A lo largo de la madrugada y hasta cerca de las 17:00 horas del sábado 29 de mayo se libera a 67 personas, entre ellas a cuatro menores de edad y ocho extranjeros (cuatro españoles, una canadiense, una australiana, un italiano y un estadunidense)

• La mañana del sábado 29 de mayo el entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña (antes de acudir a un rancho a Tlajomulco a destapar a Felipe Calderón) recorre el centro de la ciudad y declara que no permitirá que Guadalajara se convierta en un Distrito Federal, y pide “que dejen de inmediato el estado de Jalisco quienes hicieron los desmanes”. Un empresario paga tres autobuses para sacar de la entidad a manifestantes de otros estados

• La tarde del sábado 29 de mayo se traslada a 44 personas a las instalaciones de la Procuraduría estatal en la calle 14 de la Zona Industrial. Ahí algunos fueron golpeados y torturados: bolsas en la cabeza para asfixiarlos momentáneamente, golpes en el cuerpo, simulacro de disparos en la sien, amenazas de muerte a ellos o sus familias, posturas corporales lesivas por varias horas, impedimento para comunicarse con familiares o abogados; además, fueron vejados para obligarlos a que aceptaran y firmaran las acusaciones de culpabilidad que les presentaba el Ministerio Público, según consta en sus testimonios a los medios, a la CNDH y en sus declaraciones ante el juez

• Según el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en conjunto hubo 68 retenciones ilegales, 70 casos de tratos crueles y degradantes, 70 casos de incomunicación y seis casos de tortura

• A los detenidos se les acusa de diversos delitos, entre ellos: motín, pandillismo, daño en las cosas, delitos cometidos en contra de representantes de la autoridad, desobediencia o resistencia de particulares, robo calificado y lesiones

• Entre mayo de 2004 y abril de 2005 salieron 40 de los consignados, todos bajo fianza. De todos, únicamente Manuel de Jesús Pereyra Anguiano fue exonerado en agosto de 2005

Guadalajara•Rubén Martín

28 de Mayo no se olvida

A TODAS LAS ORGANIZACIONES

Informamos que ya son tres las marchas programadas para el próximo Miércoles 28 de Mayo

La primera: Saliendo del CUCSH (Glorieta de Av. de los Maestros y Mariano Bárcenas, entrada de Sociología) se convoca para salir a las 5:00 pm

La segunda: Concentración y mitin en la Comisión Estatal de los Derechos Hummanos a partir de las 4.00 pm para salir a las 6:00 pm

La tercera: concentración el Plaza Juárez (Tianguis cultural) a partir de las 5:00 p.m para salir a las 6:00 pm

Les recordamos que el festival político-cultural a realizarse en la Plaza de Armas inicia a partir de las 5.00 pm con la participación de las bandas:

Tumba Calabera

Cocktel

La Chachalaca

Monte Bong

tambien se incluyen:

testimonios

exposición gráfica

videos y

Lucha y Resistencia

¡caile a la marcha que quieras, pero caile!

¡28 de mayo no se olvida ni se perdona!

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2008::

invitacion a las actividades conmemorativas del 28 de mayo

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2008::

28 de Mayo

A LAS ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS


A CUATRO AÑOS DE LA GRAVE REPRESIÓN EN GUADALAJARA, LA ILEGALIDAD SIGUE IMPERANDO Y EL ESTADO DE DERECHO SIGUE SIENDO VIOLADO EN MÉXICO


A unos cuantos días de cumplirse cuatro años de la represión en Guadalajara, el Gobernador del estado de Jalisco Emilio González Márquez, el Presidente de la República impuesto Felipe Calderón , las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y todo el estado mexicano no solo no han sido capaz de abrir una investigación apegada a derecho para deslindar responsabilidades y castigar a los autores materiales e intelectuales de las graves violaciones a los Derechos Humanos sino que cada vez más los aparatos de seguridad de los tres niveles de gobierno cometen actos de barbarie en contra de la población civil.

Ahora en México no solo no se escuchará a las voces disidentes sino que serán perseguidas y encarceladas porque está a punto de ser aprobada una ley atentatoria de los más elementales derechos humanos, ahora cualquier manifestación de inconformidad será objeto de persecución y encarcelamiento.

Es por eso que el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C.

HACE UN LLAMADO URGENTE


1. A todas las organizaciones internacionales a que se manifiesten y presionen al gobierno mexicano para que cese la represión, persecución, encarcelamiento, asesinato y desaparición de luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, líderes campesinos e indígenas y a tod@s quienes luchan por sus derechos más elementales
2. A todas las organizaciones nacionales e internacionales que se manifiesten en relación al caso 28 de Mayo y exijan al gobierno mexicano y al gobierno del estado de Jalisco para que abra una investigación apegada a derecho y cumpla con sus compromisos internacionales en relación al respeto a los derechos humanos, sobre todo a los convenios y protocolos relacionados con la torturA que este 28 de mayo, a cuatro años de la represión lleven a cabo actos públicos denunciando al gobierno mexicano y especialmente al gobernador del estado de jalisco Emilio González Márquez.
3. A que este 28 de mayo tod@s lleven a cabo acciones de repudio y denuncia en contra del gobierno mexicano y en especial en contra del gobernador del estado de Jalisco Emilio González Márquez
4. A que envíen comunicados al gobierno mexicano,al gobierno del estado de Jalisco, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco exigiendo la investigación del caso 28 de mayo y el castigo a los torturadores.


Por ultimo, enviamos copias de las cartas que hemos entregado al gobierno del estado y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco exigiendo información sobre el caso.

¡A CUATRO AÑOS DE LA REPRESIÓN, EL 28 DE MAYO NO SE OLVIDA NI SE PERDONA!


ATENTAMENTE

Guadalajara Jalisco México, Mayo de 2008

GUADALUPE ZEPEDA DÍAZ
Presidente del Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C.

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2008::

Guadalajara 2004, un testimonio sobre el aparato represor al servicio del gobierno

El documental fue realizado por Jorge Gastón, especialista del Desmos

Imagen del enfrentamiento entre manifestantes y policías el 28 de mayo de 2004 Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

MAURICIO FERRER

Miles de personas partieron ese día de la glorieta Minerva hacia el centro de Guadalajara. Un contingente heterogéneo: punk, anarcopunks, rastas, ex braceros, obreros, académicos y todo aquel que quisiera manifestarse contra el sistema lo hizo ese día. El precio fue costoso, como seguramente lo fueron las comidas, los traslados en autos, los trajes que vistieron cada uno de los mandatarios de los países que se reunieron ese día en la Tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE).

Ese día, fue hace poco más de tres años: 28 de mayo de 2004. Las imágenes de las televisoras dieron la vuelta al mundo. Las fotografías en los diarios mostraron las razzias que se dieron en el centro de Guadalajara hasta las dos de la madrugada. ¿Qué pasó entonces?

El documental Guadalajara 2004, proyecto de Jorge Gastón, especialista del Departamento de Estudios y Movimientos Sociales (Desmos) de la Universidad de Guadalajara, intenta explicar el actuar del aparato represor al servicio del gobierno en esa fecha.

“Es una visión crítica de la sociedad y objetiva de los hechos”, dijo el realizador ayer durante la presentación del trabajo visual en el auditorio Adalberto Navarro Sánchez, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

Guadalajara 2004 se divide en siete ejes que relatan la historia: la partida del grupo hacia el primer cuadro de la ciudad, la protesta y el discurso que no pudo darse en los cruces de las avenidas 16 de Septiembre y Juárez, la llegada de los provocadores, el anillo que forman punketos alrededor de los manifestantes bajo un manto pacifista, la dispersión del movimiento, y las detenciones de las diferentes corporaciones policiales.

Sangre, jalones de cabello, patadas, toletazos, documentados en las videocámaras de un grupo de investigadores universitarios. Voces de fondo sobre las imágenes: “perra pendeja puta, me decían”, “a las mujeres nos hicieron desnudarnos y hacer sentadillas”, “aquí no es como en el defe, aquí les vamos a meter la verga”, “mañana vas a amanecer bien mojadita, pero de sangre”, frases que se quedaron en la memoria de quienes fueron llevados a los sótanos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado.

Gritos y testimonios de algunas de las 118 detenciones que documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que derivó en un informe especial para el gobierno de Jalisco. Un gobierno que desestimó las observaciones de organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Un mandatario llamado Francisco Ramírez Acuña, del Partido Acción Nacional (PAN), que días después, en un mensaje televisivo dijo: “aquí no vamos a permitir que ningún chilango venga a meter desorden”. Qué dirán en la capital mexicana con ese producto de exportación made in Jamay, Jalisco.

Funcionarios oficiales informaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) que fueron capturadas 111 personas. De ellas, 59 fueron puestas en libertad sin cargos durante las siguientes 24 horas. Los demás estuvieron privados de la libertad durante el fin de semana. Se han formulado cargos contra 49 personas por supuesta participación en los disturbios. De este grupo, 19 aún permanecen en prisión.

¿Cuáles fueron los hechos del 28 de mayo de 2004 en Guadalajara? El documental Guadalajara 2004 presentado ayer en el auditorio Adalberto Navarro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) plantea los hechos ocurridos en el primer cuadro de la ciudad ese día mientras mandatarios de Europa, América Latina y el Caribe se reunían en el Hospicio Cabañas. Las imágenes, documentadas por investigadores de la UdeG, muestran a los provocadores (infiltrados) en los hechos, el actuar de la policía tanto estatal como municipal y las declaraciones posteriores de los entonces, alcalde de Guadalajara y gobernador del estado.

Documental sobre la Represion del 28 de Mayo en Guadalajara.

Documental sobre la represión a altermundistas el 28 de mayo del 2004 en Guadalajara, Jalisco. Creado por el centro de medios independientes.



direct link:
http://video.google.es/videoplay?docid=8311212030477874708


::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::

La CNDH da carpetazo al caso 28 de mayo; no está obligada a darle seguimiento, afirma

Comprueba que no defiende a la ciudadanía del abuso de poder: Hernández

La CNDH da carpetazo al caso 28 de mayo; no está obligada a darle seguimiento, afirma

JUAN CARLOS G. PARTIDA

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio carpetazo a la solicitud que miembros de la Coordinadora 28 de Mayo le hicieron llegar para que reabriera el expediente 2004/1673, que acreditaba violación a derechos humanos relativos al uso indebido de la fuerza pública, retención ilegal, incomunicación, trato cruel y degradante, y en algunos casos tortura atribuible a elementos de las policías de Guadalajara, de Jalisco y de la Procuraduría estatal en contra de manifestantes que participaron en la marcha altermundista el 28 de mayo de ese año.

La solicitud para buscar un nuevo pronunciamiento que reforzara el Informe Especial emitido el 16 de agosto de 2004 por la CNDH, se dio con la intención de obligar al gobernador Emilio González a por fin iniciar una investigación en torno a dichos sucesos, que provocaron una reacción local, nacional e internacional de repudio. En mayo de este año, el mandatario estatal se comprometió a realizar una investigación si la CNDH o la Comisión Estatal de Derechos Humanos se lo pedían de nuevo.

“El artículo 175 del Reglamento Interno de la CNDH dispone que tratándose de los informes especiales dirigidos a alguna autoridad, este organismo nacional no está obligado a darle seguimiento; sin embargo, deberá agregar al expediente respectivo toda la información que se reciba sobre las medidas tomadas y que la autoridad haga del conocimiento de esta institución. Por lo tanto, esta institución nacional no está en posibilidad de evaluar el grado de cumplimiento del citado informe, aunado a que el entonces gobernador de esa entidad federativa (Francisco Ramírez Acuña) manifestó públicamente su negativa a acatar lo solicitado por esta CNDH”, dice el oficio V2/28160 fechado el 29 de agosto de este año en la capital del país, firmado por Salvador F. Arias Ruelas, funcionario comisionado para resolver la petición por la segunda visitadora general de la CNDH, Susana Talía Pedroza de la Llave, del cual La Jornada Jalisco tiene copia.

Jaime Hernández, miembro de la Coordinadora 28 de Mayo y uno de los peticionarios de la intervención de la CNDH, dijo que la respuesta recibida “extiende una carta de impunidad a Francisco Javier Ramírez Acuña, y de paso a Emilio González Márquez, quien participó en los hechos cuando era presidente municipal”. Afirmó que la decisión se tomó con base en un reglamento interno, de menor rango que la propia ley de la CNDH, lo que convalida la impunidad que priva en el país.

“Con esto se comprueba una vez más que la CNDH ya no se encuentra de parte de la sociedad civil, ni defiende a los ciudadanos de los abusos de poder, ni le preocupan los tratados internacionales que tanto invoca, por lo que es urgente reformar al organismo y constituirlo en una defensoría del pueblo. La CNDH no defiende lo que concluye ni se preocupa por darle seguimiento, no obstante que el gobernador González Márquez había dicho que cumpliría el informe si se lo pedían formalmente (…) José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, es ahora un pelele, quien además de demostrar un comportamiento errático, indica que se ha sometido a las líneas que le dicta desde ahora la Secretaría de Gobernación y Felipe Calderón, a quienes respalda para conservar el puesto”, ultimó Hernández.

Continúa la impunidad: un caso más de violaciones a los derechos humanos

JORGE GÓMEZ NAREDO

El 28 de mayo de 2004, en la ciudad de Guadalajara, cientos de ciudadanos (en su mayoría jóvenes) se manifestaron para protestar –con todo derecho– por la tercera reunión de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. El entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña (que días después “destaparía” a Felipe Calderón como candidato a la Presidencia de México y que en pago a dicho favor obtendría la Secretaría de Gobernación), ordenó reprimir a los marchantes. Los testimonios de quienes fueron capturados ese día son aterradores: tortura, golpes, intimidación, incomunicación, amenazas y un sinfín de vejaciones más. Organismos defensores de derechos humanos locales, nacionales e internacionales pidieron que se esclarecieran los hechos y se castigara a los culpables. El Ejecutivo local no tomó en cuenta las recomendaciones y, en su lugar, premió a los uniformados que participaron en la represión.

El entonces subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Filiberto Ortiz Amador, participó en el operativo y, según cuentan los testimonios de quienes fueron capturados, fungió como uno de los más fieros torturadores. A este personaje, fácilmente reconocible por padecer problemas de vitiligo (manchas blancas en la piel producidas por la pérdida de células productoras de pigmento –melanocitos–), se le conoce con el apodo de El Pinto. Era común verlo en toda manifestación, siempre acompañado de más de diez efectivos, siempre fiero, siempre intimidador. El primero de noviembre de 2006, decenas de personas marcharon por las calles de Guadalajara para protestar por la violación a los derechos humanos en Oaxaca. Ese mismo día Ortiz Amador tomó, junto con más de 40 antimotines, el quiosco de la Plaza de Armas de la capital jalisciense. Su sorpresa fue mucha cuando los manifestantes enrollaron el quiosco con papel de baño para condenar la ocupación del citado espacio público. A El Pinto se le observó torvo, amenazador: rompiendo el papel con enojo, con rabia, colérico.

El 2 de julio, Absalón García Ochoa, ex subsecretario de Asuntos Internos durante el sexenio de Ramírez Acuña, ganó la presidencia municipal de Ocotlán y nombró, rápidamente, a Filiberto Ortiz Amador como jefe de la policía municipal. Las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) desde la llegada de El Pinto a Ocotlán se han incrementado de una manera alarmante: en 2005 y 2006 la policía de dicho municipio acumuló cinco; en lo que va de 2007 se han recibido 42. El alcalde panista ha apoyado a Ortiz Amador en todo momento. El miércoles pasado, cuando la mitad del cabildo pretendió suspender al jefe policiaco mientras se realizan las investigaciones sobre los casos de tortura, persecución e intimidación, lo salvó el voto de calidad de Absalón García como presidente municipal.

El gobernador de Jalisco, presto a aprovechar los reflectores periodísticos en todo momento, no pudo quedarse callado y dejar que las investigaciones siguieran su curso; raudo, respaldó a Ortiz Amador: “igual [y el aumento de quejas ante la CEDHJ en Ocotlán] es porque la policía está cumpliendo con su deber”. Es decir, para González Márquez, que se haya incrementado el número de quejas estrepitosamente no indica que la población esté sufriendo vejaciones, sino que la policía realiza su labor. Podría resumirse su visión de la siguiente manera: quien acude a la CEDHJ es un embustero hasta que se demuestre lo contrario.

Filiberto Ortiz Amador también se ha defendido. En una entrevista realizada por el reportero de La Jornada Jalisco, Juan Carlos G. Partida, arguyó que ha cumplido su labor de una manera eficiente, pues “el índice [delictivo indica] que ha bajado la delincuencia en Ocotlán un 66 por ciento en ocho meses, imagínate de aquí a tres años”. Quizá lo que no entienda El Pinto sea que no se le acusa de no haber combatido la delincuencia, sino de haber cometido violaciones a los derechos humanos.

Es muy difícil hacerles entender a los gobiernos y a los cuerpos policiacos que todos, absolutamente todos los ciudadanos tienen derechos humanos que se deben respetar. El combate a la delincuencia es, sin duda, una labor necesaria y loable; sin embargo, no se puede realizar sin respetar las garantías constitucionales.

Filiberto Ortiz Amador es, sin duda, un ejemplo de la impunidad. El 28 de mayo de 2004 participó en la represión en contra de cientos de jóvenes. No se le castigó y sí se le permitió continuar con los excesos, las torturas, la intimidación y la siempre constante amenaza de formar, de facto, una policía encubierta, secreta. Pero no es el único que sigue libre y sin castigo. Ejemplos hay muchos y, el más emblemático es, sin duda, el de Francisco Ramírez Acuña. ¿Cuándo se castigará al hoy secretario de Gobernación? ¿Cuándo?

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::

Envió la CEDHJ a José Luis Soberanes petición para reabrir el caso 28 de mayo

Barba asegura que vigilará que la solicitud de quienes claman justicia llegue a buen término

JORGE COVARRUBIAS

La demanda de diversas organizaciones civiles y no gubernamentales para reabrir el caso de la cruenta represión policiaca que sufrieron cientos de manifestantes el 28 de mayo de 2004, en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE), podría tener una pronta respuesta.

El pasado lunes, cuando se cumplieron tres años de la represión contra altermundistas, y a petición del propio gobernador Emilio González Márquez y la Coordinadora 28 de Mayo –organización civil creada para defender la causa de los presos políticos–, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) comenzó el procedimiento legal para la reapertura del caso.

En un documento, del cual La Jornada Jalisco posee copia, el ombudsman jalisciense Carlos Manuel Barba García le pide a su homólogo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, atender en particular la solicitud de la Coordinadora 28 de Mayo.

“Le remito el escrito presentado hoy por la Coordinadora 28 de Mayo en el que solicitan dar seguimiento a las peticiones del Informe Especial que con motivo de esa queja usted emitió el 16 de agosto de 2004. Lo anterior, en virtud de ser la comisión a su digno cargo la competente para resolver la procedencia de la solicitud”, expone Barba García.

En el escrito que envió el ombudsman a Soberanes se adjunta una copia del artículo periodístico publicado por este diario el pasado 25 de mayo, en donde el mandatario estatal Emilio González informa de la posibilidad de reabrir la queja iniciada por las violaciones de los derechos humanos de los manifestantes, sólo si la CEDHJ lo recomienda.

Entrevistado al respecto, Barba García aseguró que al menos de su parte estará al pendiente de que la petición de los grupos que claman justicia llegue a buen término.

–¿Se va a reabrir el caso?, se le cuestionó.

–Ya dependería de lo que se estime, yo voy a entablar comunicación con la Comisión Nacional para tratar de agilizar la resolución que al efecto se emita y la ciudadanía jalisciense estará al tanto a través de esas comunicaciones que pretendo tener con la Comisión Nacional. Si mal no recuerdo, es la primera visitaduría.

La Coordinadora 28 de Mayo, por su parte, le pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos no vacilar en emitir una petición de que se cumpla lo recomendado en el Informe Especial relativo a estos acontecimientos, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos le exhortan a proponer al gobernador la designación de un ministerio público de reconocida trayectoria y probidad profesional a efecto de que puedan hacer labores de investigación con total libertad, sin trabas, hostigamiento u otra injerencia indebida.

Nota relacionada

- Entrevista : Carlos Manuel Barba García

Consignas contra FRA en la marcha por los 3 años de la represión de 2004

Participaron la Coordinadora 28 de Mayo, M28, adherentes a la Otra Campaña, entre otros

Frente a Palacio de Gobieno exigieron justicia y denuncian síntomas fascistas de la administración federal

Jóvenes que marcharon ayer hacen una representación de los hechos de tortura de que fueron víctimas más de 100 jaliscienses en mayo de 2004 Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ

RAUL TORRES

Tomaron la avenida 16 de Septiembre desde sus extremos, durante el recorrido la llenaron de consignas contra Francisco Ramírez Acuña y el gobierno de Felipe Calderón, y recordaron la represión que sufrieron el 28 de mayo de 2004 en esta ciudad. El Movimiento 28, L@s Proces@dos del 28 de Mayo y los adherentes a la Otra Campaña salieron alrededor de las 17:30 horas desde la plaza Juárez y se detuvieron en las instalaciones de la PGR para ampliar la denuncia penal que el 13 de diciembre pasado interpusieron en la ciudad de México contra el actual secretario de Gobernación, Francisco Ramírez; el otro contingente, encabezado por la Coordinadora 28 de Mayo, salió a las 18:30 desde la Normal y poco a poco fue tomando los carriles de la avenida hasta ocuparla por completo al llegar a Catedral.

Alrededor de las 19:20 horas ambos grupos se avistaron e hicieron sonar con más fuerza sus consignas, la calle entera ya era suya, los policías permanecían a la expectativa y se vieron desconcertados cuando el grupo que caminaba hacia el sur prefirió dejar atrás la plaza de Armas para continuar hasta avenida Juárez y encontrarse con los otros caminantes. Al toparse de frente comenzaron a bailar en la confluencia de las dos arterias y por unos minutos el crucero fue un sitio arrebatado a los automóviles y habitado por más de 300 personas de todas edades y colores.
En su recorrido, ambos contingentes fueron custodiados de cerca por policías municipales, estatales, agentes de Tránsito y las “orejas” de Gobernación e inteligencia militar que imaginan poderse diluir entre los reporteros. Las filas de gendarmes se iban cerrando conforme la manifestación se acercaba al primer cuadro, en respuesta, los marchantes lanzaron una descarga con: “los uniformados también son explotados”, que causó sonrisa en algunos de ellos.

Varios elementos rodearon la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y el Palacio Municipal, el kiosco de la Plaza de Armas fue tomado por los antimotines y más de 20 policías hicieron valla frente a las puertas del Palacio de Gobierno.
Después de su encuentro, los grupos volvieron a separarse para ocupar distintos sitios en la Plaza de Armas: el M28, L@s Proces@dos del 28 de Mayo y los adherentes a la Otra Campaña se plantaron frente a las puertas cerradas del Palacio de Gobierno para leer un documento en el que exigieron justicia y denunciaron lo que ellos consideran los síntomas fascistas del gobierno federal, como el uso cotidiano del Ejército bajo pretexto de combate al narco.

Ahí explicaron que la ampliación de la denuncia interpuesta contra Francisco Ramírez Acuña es por los delitos de lesiones, violencia física y moral, robo, abuso de autoridad y tortura.


Del otro lado de la plaza, pasando entre las bancas y la gente que la frecuenta, se colocaron los convocados por la Coordinadora 28 de Mayo, que fueron abordados por Mario Reynoso Esparza, subsecretario de Asuntos Interiores del gobierno del estado, quien al ver que trataban de levantar un toldo les pidió retirarse. Después de un breve diálogo, los organizadores y el funcionario estatal llegaron a un acuerdo: podrían permanecer hasta las 22 horas.

Y mientras algunos intentaban levantar el toldo bajo el que proyectaron algunos documentales informativos sobre el caso 28 de mayo, dos policías anarcopunks rondaban entre la gente satirizando el actuar de los gendarmes: “pareja, pos que aquí un grupo de rebeldes se quieren quezque manifestar, vamos a reprimirlos”.


Las actividades se extendieron hasta la hora acordada y los manifestantes se retiraron tranquilamente, aunque desconfiados de que el gobernador, Emilio González Márquez, inicie las investigaciones del caso: “él (Emilio González) dice que sí, pero yo realmente lo dudo, porque son del mismo partido, de Acción Nacional, y son del mismo grupo de gente de gobierno; ellos se cubren, no creo que vaya a querer echarse de enemigo a Ramírez Acuña, el represor principal”, dijo el papá de uno de los jóvenes torturados aquel 28 de mayo.

Hace tres años... un 28 de mayo en Guadalajara, la represion

El 28 de mayo de 2004, en el marco de la Cumbre Iberoamericana, los altermunidistas realizaron una manifestación pacífica en repudio a las políticas neoliberales de la región. Sin embargo, dicho evento, preparado con meses de anticipación, terminó en la represión que ha conocido el mundo entero y de la que es responsable Francisco Ramírez Acuña, quien siendo gobernador -con el autoritarismo que le caracteriza hasta ahora como secretario de gobernación- reprimió y torturó a cientos de jóvenes que osaron enfrentar a unos policías que iban armados hasta con gases lacrímogenos para enfrentar a los manifestantes.

Estos videos son una muestra de que hubo infiltrados en la manifestación, pero ninguno de ellos fue detenido.

Y sí lo fueron los jóvenes que se manifestaban pacíficamente, tan es así que a cualquiera que tuviera las características de "un joven en manifestación" fue detenido, muchos lo fueron horas después de terminado el acto y en lugares absolutamente distantes de donde se sucedieron los hechos.

Prevalece la impunidad a tres años de la represión contra altermundistas

Con motivo del tercer aniversario, varias ONG realizarán hoy dos marchas que confluirán en el centro

González dice estar dispuesto a iniciar la investigación sobre el caso si la CEDHJ se lo pide

Aspecto del festival cultural que diversos grupos realizaron en la plaza Juárez para recordar el 28 de mayo de 2004 Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

JUAN CARLOS G. PARTIDA

Nadie recuerda en Jalisco una represión tan cruenta como la que ocurrió hace hoy exactamente tres años. El 28 de mayo de 2004, en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE), 111 manifestantes fueron detenidos y 49 de ellos encarcelados vejando toda norma judicial; casi todos padecieron maltratos y torturas que ameritaron el repudio nacional e internacional, según informes de los más influyentes organismos defensores de los derechos humanos y la solidaridad de grupos altermundistas en varias partes del mundo.

Sin embargo, la historia sigue siendo de injusticia. Los dos principales orquestadores de la represión, el entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña, es hoy secretario de Gobernación en la administración federal; y el que fue alcalde de Guadalajara ese año, hoy es gobernador de Jalisco. Y del otro lado, los 49 encarcelados –hoy todos libres, la mayoría bajo fianza– perdieron meses y hasta años de su vida en un encierro sin pruebas y al menos 20 de ellos aún ahora deben acudir periódicamente a los juzgados para firmar la libertad condicional en procesos que se mantienen abiertos.

Una ligera luz para esclarecer desde la oficialidad lo ocurrido se dio apenas hace unos días, cuando el 24 de mayo el gobernador González Márquez dijo que estaba dispuesto a abrir las investigaciones sobre este caso siempre y cuando hubiera una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al día siguiente el ombudsman estatal declaró que haría del conocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tal declaración, lo que hace prever una recomendación conjunta en poco tiempo y con ello la posibilidad de que por fin pueda irse al fondo de la actuación bestial de las policías jaliscienses, como lo consignan en todos los casos los organismos que de su lado –entre ellos la propia CNDH– indagaron los hechos.

Faltaría ver qué tanto respeta su propia palabra el gobernador González Márquez en el juego político que significa investigar el talón de Aquiles de Ramírez Acuña, el uso de la fuerza que a final de cuentas podría ser su debilidad.

Por lo pronto hoy, a las 17 horas, desde plaza Juárez, y a las 18 desde la glorieta de la Normal, saldrán sendas marchas para recordar el tercer aniversario de una fecha que parece no será olvidada hasta que se haga justicia. Ambas confluirán en el centro de la ciudad.

Cronología para no olvidar

Todos los informes y opiniones de más de 180 organismos locales, nacionales e internacionales de derechos humanos que se han dado desde hace tres años, coinciden que en Guadalajara, a raíz de la marcha, se devinieron 19 casos de tortura, 15 detenciones arbitrarias, 73 retenciones ilegales, 55 de tratos crueles, inhumanos y degradantes y 73 casos de incomunicación.

Durante el 28 de mayo la participación de alrededor de 4 mil manifestantes reunió a ONG, partidos políticos, medios independientes, colectivos libertarios, indígenas, sindicatos, redes de trabajadores, intelectuales, campesinos, ex braceros, ciudadanos a título personal venidos de varios lugares de América Latina y Europa.

Además de la represión de esa noche y del hostigamiento desde días antes que fueron bien documentados, una historia poco contada es la que ocurrió después. El sábado 29 por la madrugada empieza a correr el rumor entre los colectivos participantes de que los detenidos se encuentran en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Las autoridades se niegan a dar cualquier tipo de información oficial del paradero o de los nombres de los hasta entonces desaparecidos.

Durante el transcurso del día sueltan a varios, pero consignan a 49 que son enviados a las oficinas de la Procuraduría estatal, primero en la calzada Independencia y más tarde en la Calle 14, en la zona industrial. En el grupo va una joven en bata médica y con la cabeza vendada, cuya salud, informan los visitadores de las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, es “bastante delicada”. Ocho extranjeros –cuatro españoles, una australiana, una canadiense, un italiano y un estadunidense– son trasladados esa noche a la estación migratoria de Iztapalapa, en la capital del país; de ellos, la canadiense y el estadunidense fueron arrestados en hospitales públicos donde recibían atención médica.

El domingo 30 de mayo, a eso de las 2 de la tarde, los consignados son regresados de la sede de la PGJE, de Calle 14, a las oficinas en la calzada Independencia. Hasta entonces no se les ha permitido ver a los abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quienes ofrecieron de inmediato sus servicios como defensores de los detenidos. Las únicas personas que tienen acceso a los detenidos son los visitadores de las comisiones de Derechos Humanos. Hasta las 5 de la tarde los padres de familia que reclaman ver a sus hijos pueden hacerlo; después, muchos atestiguan que en el Ministerio Público a los muchachos se les torturó física o psicológicamente. Poco a poco se conoce lo ocurrido durante las horas que siguieron a las detenciones: fueron sometidas a insultos, golpes, vejaciones y tortura; se les ató las manos con cinta canela y se les obligó a permanecer de pie durante toda la noche; se les privó del sueño, de tomar agua y alimentos; a algunos les colocaron bolsas de plástico en la cabeza, les aplicaron “tehuacanazos”, se les acosó sexualmente y les dieron toques eléctricos en los testículos; la mayoría fue obligada a firmar declaraciones en las que se culpaban, base para que se les cite auto de formal prisión por los delitos de motín, robo calificado, lesiones, daños a las cosas, pandillerismo, resistencia a la autoridad y daño a las vías de comunicación.

Comienza la semana y el lunes los consignados son trasladados a Puente Grande, donde se establecen las fianzas para quienes puedan salir de esa manera: 25 mil para los detenidos de Guadalajara y 50 mil para los que venían de fuera. Sin embargo, la mayoría debe también pagar por los daños cometidos, lo que suma de 137 a 247 mil pesos por cada uno. Doce son acusados de robo calificado y no tienen derecho a fianza.

El martes primero de junio, el gobernador Ramírez Acuña otorga en un evento organizado en la Plaza de la Liberación un reconocimiento público y un estímulo económico a los policías que intervinieron en los hechos del 28 de mayo por su “heroico” desempeño, y declara que “debe quedar bien claro que Jalisco no es el Distrito Federal, Jalisco no es el Zócalo de la ciudad de México, donde pueden levantar sus carpas y sus casas de campaña”.

Al día siguiente, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por unanimidad, se pronuncia para que el gobierno de Jalisco deslinde responsabilidades por la represión y ordene la inmediata libertad de las y los detenidos. El 3 de junio la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emite un boletín de prensa donde declara que “de los 111 detenidos reportados a este organismo por personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social (SSPPRS), 59 quedaron en libertad sin haberles impuesto alguna sanción, lo que pone en duda la legalidad del actuar de esa dependencia. Constatamos que los detenidos en las instalaciones de esa secretaría estuvieron incomunicados; no se les permitió hablar con sus familiares, abogados ni con personal de este organismo. Desde las 00:50 horas del 29 de mayo y durante la mañana, personal de la Comisión Estatal pidió en forma verbal a diversos funcionarios de la SSPPRS y del gobierno del estado se le permitiera el acceso con los detenidos. A las 14:54 horas se dirigió el oficio 690/DGOQ/04 al titular de dicha secretaría para pedirle, con fundamento en el artículo 55 de la ley de la CEDHJ, que suspendiera la incomunicación de los detenidos y resolviera oportunamente su situación jurídica, así como que se nos permitiera entrevistarlos. No obtuvimos respuesta. Lamentamos que esa dependencia obstaculizara el trabajo de nuestros visitadores, quienes sólo pedían cumplir con su deber. Exhortamos a su titular para que colabore con este organismo en la protección y defensa de los derechos humanos y gire instrucciones precisas a sus subalternos con el mismo fin”.

El viernes, colectivos de ocho partes del mundo se movilizan frente a los consulados de México. En Guadalajara se realiza una marcha pacífica en la que los participantes se protegen de las infiltraciones con lazos alrededor de los contingentes. El sábado se dicta formal prisión a cuatro de los detenidos, el lunes a los 41 restantes.

El martes 8 de junio, diputados del Parlamento Europeo de la facción de Los Verdes, la European Free Alliance, envían un comunicado al presidente Vicente Fox donde expresan su “profunda indignación (...) por las brutales violaciones a los derechos humanos” a las que fueron sujetos los manifestantes. En ese mismo sentido se pronuncian el Congreso del Trabajo de Canadá, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) y la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA).

El 15 de julio, Human Rights Watch envía una carta al gobernador de Jalisco para expresarle su profunda preocupación por los informes sobre graves violaciones a los derechos humanos contra los civiles detenidos después de la marcha del 28 de mayo. “Instamos respetuosamente a vuestra excelencia a exigir investigaciones exhaustivas e imparciales de estos hechos y el enjuiciamiento y castigo de los responsables, pues además de violar la legislación mexicana, los abusos denunciados por los detenidos vulneran tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México”.

El 16 de agosto, el presidente de la CNDH presentó un informe a la nación denominado Informe especial relativo a los hechos de violencia suscitados en la ciudad de Guadalajara con motivo de la celebración de la III cumbre de jefes de Estado de América Latina, el Caribe y Unión Europea, que fue resultado de un amplio proceso de investigación plenamente sustentada atendiendo el marco legal vigente al realizar 592 diligencias y arrojó como resultado que se cometieron 235 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de ellas tipificadas a nivel internacional como actos de lesa humanidad.

Un día después, Ramírez Acuña rechaza investigar los presuntos casos de tortura: “no se acepta dar vista al procurador de Justicia del Estado ni iniciar procedimientos administrativos en contra de servidores o de los cuerpos policiacos”. El informe especial provoca que el cardenal Juan Sandoval Iñiguez declare que las cabezas que deben rodar son las de personal de Derechos Humanos y no de los policías: “mejor que rueden cabezas de los de Derechos Humanos, porque a esa organización la está manteniendo el pueblo, la paga el gobierno, ¿para qué?”.

El martes 24 de agosto, la Coordinadora 28 de Mayo instala un plantón permanente en la Plaza de Armas de Guadalajara. Y el 3 de septiembre, Anders Kompass, comisionado en México de la ONU para los Derechos Humanos, es recibido en sesión solemne en el Congreso del Estado de Jalisco. Ante la prensa, dijo que cualquier “gobierno democrático” debería atender un informe tan serio como el de la CNDH, que denuncia algo tan grave como torturas a detenidos.

Dos días después, escritores, académicos y artistas emiten un manifiesto titulado Ni un paso más a la tortura, el próximo torturado podrías ser tú, en donde repudian la actitud del gobernador de Jalisco de no reconocer la represión y violencia de los cuerpos policiacos contra los altermundistas, además de exigir se investiguen los hechos y la inmediata liberación de los aún presos y el castigo a los funcionarios responsables. Entre las 45 firmas figuran: Carlos Montemayor, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Vicente Leñero, José Emilio Pacheco, Víctor Castillo, Vicente Rojo y Luisa Gabayet.

El 30 de septiembre la Comisión Europea para América Latina estudia los casos de tortura a raíz de los hechos del 28 de mayo y de confirmarse, la instancia declara que buscará abrir un diálogo político con México, toda vez que aplicaría la cláusula de cumplimiento a los derechos humanos (cláusula democrática). Tomás Dupla, director de la comisión, externa la preocupación que en los parlamentarios europeos ha surgido con motivo de los informes recibidos, sobre todo el informe especial hecho por la CNDH.

En octubre, una gran sorpresa: durante el 17 Encuentro Nacional de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), celebrado en León Guanajuato, 350 delegados de 12 regiones pastorales se pronuncian contra la actitud intolerante del gobierno del estado de Jalisco y lo exhortan a que modifique su actitud y a que acate las recomendaciones hechas por la CNDH.

Llega la Feria del Libro y el tema subyace como el ingrediente político. En el marco de un homenaje a Manuel Vásquez Montealbán, el editor y ex diplomático Sealtiel Alatriste lee un comunidaco del subcomandante Marcos dedicado a Monte Albán pero omite leer dos párrafos, uno dedicado a ETA y otro a las detenciones del 28 de mayo. El Premio Nobel José Saramago solicita públicamente la liberación de los 11 presos que todavía se encuentran recluidos en Puente Grande. Cientos de firmas de intelectuales y escritores se estampan en un manifiesto para exigir justicia.

En diciembre de ese mismo 2004, Amnistía Internacional adopta el caso del 28 de mayo y emite un informe reprobatorio por la actuación de la oficialidad jalisciense. El manifiesto que comenzó a circular en la FIL reúne más de mil firmantes, entre ellos María Mar Bonet, Xerramequ Tiquis Miquis, Luis Llach, Miguel Gil, Eduard Subirats, Porfirio Muñoz Ledo, Fernando Rodrigo Rodríguez, Jordi Punti, Adolfo Aguilar Zinser, Nelson Caucoto, Carmen Hertz, Elena Poniatowska, Antonio Sabonit, Carlos Monsiváis, Oriol Romanit, David Brunet, Enrique Casusses, Juan Goytisolo, Gustavo Sainz, Rius.

Comienza 2005 y apenas a 12 días de iniciado, en Washington, Keneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, presenta el Informe 2005 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Respecto a México, la organización internacional indica que la tortura y otras formas de maltrato por parte de los agentes policiales, así como la falta de investigación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones de los derechos humanos, son problemas persistentes como se demostró el 28 de mayo.

El 20 de enero, regidores del Ayuntamiento de Guadalajara dictaminan que en la detención de altermundistas el 28 de mayo, policías estatales alteraron algunas pruebas contra los detenidos, también que se encontraron diversas inconsistencias. De inmediato el secretario general de Gobierno, Héctor Pérez Plazola, niega que se hayan alterado pruebas.

El primero de febrero, durante su IV Informe de Gobierno, Francisco Ramírez asegura que volvería a actuar de la misma manera que lo hizo el 28 de mayo pasado.

Durante el primer aniversario se realiza una marcha durante la cual el doctor Raúl Rojas Soriano, cuyas hijas Sofía y Minerva Rojas Ruiz estuvieron detenidas el año pasado, acompañó al contingente y recordó los casos de tortura física y psicológica cometidos contra los detenidos por el “gobernador fascista Francisco Ramírez Acuña”.

A partir de ahí, el tiempo ha cobrado su erosión. Tema de poco interés para la gran mayoría de los medios de comunicación, lo ocurrido el 28 de mayo del 2004 sin embargo renueva su interés por los saldos todavía pendientes y da un aliento de esperanza a los pocos que aún siguen clamando por justicia.

Opinión - Enrique Mendez

Plaza Liberación

Tres años de la represión

Impunidad panista

Jornada Jalisco

Cuando este lunes se cumplan tres años de la represión contra jóvenes altermundistas que ordenó el gobierno autoritario de Francisco Ramírez Acuña, las perspectivas de que se sancione a los responsables o que, al menos, surja un pronunciamiento oficial que reproche el uso abusivo de la fuerza pública, dependen más de que las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos reabran el caso.

También depende de que realmente el actual gobernador y ex alcalde de Guadalajara, Emilio González Márquez, tenga no sólo el interés político en promover una sanción, no sólo política, en contra de su antecesor y actual secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.

Porque basta remitirse a la declaración que hizo la semana pasada, cuando se le preguntó si la represión del 28 de mayo de 2004 ya podía considerarse archivada, para determinar que si bien abrió la puerta a esa posibilidad, la dejó trancada con la cadena: “no hay algo vigente que en este momento deba resolver este gobierno del estado”.

No podría ser de otra manera, si se toma en cuenta que él participó en la ceremonia en que Ramírez Acuña premió a los heróicos policías que detuvieron y torturaron a todos los jóvenes que consideraron globalifóbicos, y emprender una investigación sobre el caso requeriría, forzosamente, revisar ese capítulo y presentar conclusiones sobre la actuación de la policía de Guadalajara que, entonces, estaba a su cargo.

Por lo pronto, el gobernador de Jalisco utilizó la tangente para dejarle la papa caliente a la CEDHJ, en espera de que el organismo presente una nueva recomendación, cuyas conclusiones, difícilmente, serán distintas a las que ya llegó, en su momento, la Comisión Nacional y que pedía iniciar acciones en contra de los responsables de detenciones ilegales y tortura contra los manifestantes.

Así que, en lugar de tomar una decisión para la que está facultado constitucionalmente, Emilio González optó por recurrir a la burocracia, así sea ésta la que corresponde a los defensores de derechos humanos en Jalisco y a nivel nacional. Y aunque por esas razones estaría de más una nueva definición de ambos organismos, en el caso de la CEDHJ hubo respuesta inmediata.

Y en ese sentido, como ha expresado el ombudsman tapatío, Carlos Manuel Barba García, esta semana enviará una notificación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene el expediente en sus manos y debería entonces turnar la recomendación a González Márquez. Se verá entonces si el gobierno estatal inicia una investigación que Ramírez Acuña se negó a emprender o bien sólo optó por una declaración para salir del paso.

Antes, pues, tendrá que ser José Luis Soberanes el que decida si desempolva los documentos o se mantiene ocupado en el recurso de inconstitucionalidad que, casi simultáneamente a la Procuraduría General de la República, presentó en contra de las reformas que legalizan el aborto en la capital de la República.

Por lo pronto, cada día que pasa –y por ello se llega a las protestas de este lunes– el gobierno de González Márquez contribuye a mantener el estado de impunidad, totalitarismo y despotismo que fue el sello característico de Ramírez Acuña y que mantiene en el gobierno de Felipe Calderón para acallar violentamente a los movimientos y protestas sociales, no sólo mediante el uso de la fuerza pública, sino mediante acciones judiciales que equiparan a líderes sociales con terroristas.

Si el gobierno de Vicente Fox reditó la represión de Guadalajara en Atenco y luego en Oaxaca, ya en el tránsito de su administración a la de Calderón, este último arrancó el sexenio con los jóvenes que protestaron por la visita de George Bush a Yucatán, a los que convirtió en los primeros presos políticos de su mandato.

Organismos internacionales defensores de derechos humanos han confirmado que en los dos sucesivos gobiernos de la República, en los gobiernos panistas, no han cesado las violaciones a derechos humanos y, en cambio, se han incrementado.

Ese es el signo del cambio a la derecha y el riesgo de que se ahonde, por la autocomplacencia del panismo, cada vez es mayor. Y si no, ahí está el ejemplo de Paco y su sucesor.

Del archivero

Como tercer interesado, el gobierno del Distrito Federal defenderá la reforma legal que permite el aborto en los hospitales públicos de la capital, y ayer Marcelo Ebrard advirtió que la Iglesia católica y las organizaciones de ultraderecha que están detrás del recurso de la PGR y la CNDH “no van a ganar nada, perderán más con este procedimiento”. De inmediato, el presidente del Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez Gómez, exigió al jefe de Gobierno de la ciudad a mantenerse fuera de la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez que el Ministerio Público y el ombudsman nacional presentaron sus recursos, el PAN en la Asamblea Legislativa se organiza para interponer su propia querella. Nada más que entre la bancada panista y sus aliados del PVEM sólo suman 22 diputados y se requieren 22 firmas.

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Opinión - Jaime Hernandez Ortiz

¡28 de mayo no se olvida!

El 28 de mayo de 2004 se cometieron en Jalisco varias de las más graves violaciones a los derechos humanos de que se tenga memoria. Como se recordará, ese día jefes de Estado, primeros ministros, presidentes y representantes de más de 55 naciones se reunieron en nuestra ciudad en el marco de la tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y Unión Europea para discutir acuerdos multilaterales. Mientras aprobaban un punto en el que se insistía respetar los derechos humanos tanto en el contexto doméstico como en el internacional, justo a esa hora se iniciaban los preparativos de represión contra más de un centenar de personas a las que ilegalmente se les detuvo para inculparlas de supuestos actos de vandalismo, mientras los verdaderos delincuentes huían sonrientes.

Toque de queda técnico

Todos sabemos que por varias horas se suspendieron las garantías individuales; nadie podía transitar tranquilamente por el centro de la ciudad; se cometieron razzias y se detuvo sin orden de aprehensión a más de un centenar de personas por el simple hecho de tener apariencia de “altermundistas”. Los policías, algunos vestidos de civil, como en la mejor época nazi, se introdujeron a hospitales y hoteles para detener “sospechosos”. Técnicamente fue un toque de queda.

El 16 de agosto de ese mismo año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe denominado Informe especial relativo a los hechos de violencia suscitados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, con motivo de la celebración de la III Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y Unión Europea, mediante el cual se acreditó y comprobó que se cometieron numerosas violaciones en contra de 110 mexicanos y ocho ciudadanos extranjeros, participantes o no en una manifestación antineoliberal, detenidos durante el 28 y la madrugada del 29 de mayo.

Algunas de las violaciones a los derechos humanos aún son considerados delitos de lesa humanidad: 19 casos de tortura, 15 detenciones arbitrarias, 73 retenciones ilegales, 55 de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y 73 casos de incomunicación. La CNDH señaló que “las autoridades responsables de la seguridad y vigilancia se apartaron de los principios de legalidad, eficiencia y profesionalismo, por lo que se transgredieron derechos fundamentales relativos a la dignidad humana, a la integridad física, a la legalidad y a la seguridad jurídica”. Si estos graves hechos los hubiera cometido un gobernante de izquierda los panistas no lo hubieran bajado de criminal y dictador. Pero como era panista, le aplaudieron y le rindieron honores de un salvador.

Lo sucedido el 28 de mayo de 2004 no es un caso aislado. Se tenía la intención de reprimir y dar una lección contundente a todos los manifestantes y opositores políticos del régimen de derecha de que no se toleraría ningún acto mínimo de “indisciplina”. Ahora el caso por la represión mostrada es tal vez uno de los más visibles en los últimos años junto con Oaxaca y Atenco. Es más, fue el modelo inspirador como iba a serlo la policía infiltrada. En su momento numerosas organizaciones como la Coordinadora 28 de Mayo expresaron que si los hechos de Guadalajara no se investigaban era previsible que la impunidad tuviera una expansión inimaginable, como en efecto ha sucedido. Tan sólo en Jalisco creció el fenómeno de una forma alarmante y sin límite.

Apenas cuatro meses antes de los sucesos de la tercera cumbre, el 10 de diciembre de 2003, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había entregado al presidente Vicente Fox un amplio diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos, que incluía recomendaciones concretas de carácter legislativo y no legislativo para efectuar una reforma estructural del Estado que garantizara efectivamente el respeto a los derechos humanos, y se dedicaron varios capítulos relativos a detenciones ilegales, al debido proceso penal y el combate a la tortura. El diagnóstico, sin precedentes en otro país y elaborado por diversos expertos nacionales de la sociedad civil, formaba parte de la segunda fase del Acuerdo de Cooperación Técnica suscrito con la ONU y por medio del cual el gobierno se comprometía a elaborar y aplicar un Programa Nacional de Derechos Humanos. Nada se cumplió. En muy poco tiempo ambos documentos fueron convertidos en letra muerta, primero por el gobierno federal y luego por Francisco Javier Ramírez Acuña, como gobernador y posteriormente como secretario de Gobernación.

¿Reapertura del caso?

En Jalisco, al igual que en el plano federal, el papel de la Procuraduría de Justicia del Estado y el Poder Judicial tienen como propósito procurar y administrar la justicia con fines ideológicos y políticos.

Si en Jalisco tuviéramos un Poder Judicial autónomo e independiente, todos los procesados del 28 de mayo ya hubieran sido liberados y exonerados. Todavía no comprenden que es un poder distinto al Ejecutivo y actúan como apéndice del otro. De esta manera, los mecanismos que dieron sustento y dan cohesión al sistema autoritario que creíamos superado continúan funcionado de forma muy vigorosa: ningún defensor de oficio intervino en lo más mínimo para defender a los detenidos, todos fueron mudos cómplices. Casi todas las declaraciones fueron tomadas en la madrugada para que no hubiera abogados a elección de los propios procesados y en todos los casos fueron obligados a declarar contra sí mismos.

El caso reveló que la confesión, sobre todo aquella arrancada con tortura y trato cruel y degradante, sigue siendo la “reina de las pruebas”, aunque se diga lo contrario. En la redacción de las actas ministeriales y las resoluciones judiciales se sigue dando a la “primera declaración” el valor de “prueba plena”, esto con el objeto de proteger a los agentes torturadores. Todos los jueces que conocieron y sentenciaron a los jóvenes ignoraron los alegatos de tortura y el trato de que fueron objeto. Según la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ambas obligatorias para México por suscribirlas, las investigaciones sobre los hechos debieron abrirse inmediatamente y de oficio.

En los hechos del 28 de mayo se observa con claridad una especie de política de impunidad y de Estado que afecta seriamente los escasos avances que se han dado en la vida democrática nacional y local; de manera que en la lucha contra la impunidad, la sociedad civil está perdiendo la batalla.

Nunca estuvo cerrado legalmente. Pero con reservas hay que tomar la declaración de Emilio González Márquez en el sentido de que retomaría y reabriría el caso 28 de mayo si se lo pide la Comisión Estatal o la Nacional de Derechos Humanos. ¿Podrá de verdad demostrar que respetará los derechos humanos y deslindarse de Ramírez Acuña de forma creíble señalando los abusos de su administración? Tiene el beneficio de la duda. En caso de aceptar la recomendación y tratar de cumplirla, los primeros en estar molestos serían los cotos de poder enquistados al interior de la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública que no van a permitir al gobernador que se trastoque una estructura funcional proclive al abuso de poder y que sólo favorece a sus intereses de grupo y no los de una sociedad que anhela ser libre y democrática.

Mientras no se investiguen los hechos, se sancione a los responsables de violaciones a los derechos humanos y se absuelva de los cargos a los todavía procesados, el 28 de mayo no se olvida.

Exigencias

Hoy, a las 6 de la tarde, marcha de organizaciones civiles y políticas contra la criminalización de las protestas ciudadanas y contra la investigación y castigo de los hechos del 28 de mayo. De glorieta de la Normal a Plaza de Armas.

El viernes primero de junio, 10 de la mañana, manifestación de la APPJ y Movimiento de Bases Magisteriales en el contexto del paro cívico nacional y contra la nueva Ley del ISSSTE, saliendo de plaza Juárez al centro de la ciudad, por la calzada Independencia.