“Se nos pasó la mano” hace 4 años"

Se “disfrazó” a policías para infiltrarlos como militantes anarquistas o estudiantes

Un ex funcionario estatal admite que el Ejecutivo ordenó la represión a la manifestación del 28 de mayo y que hubo excesos.

El 28 de mayo, 111 personas fueron detenidas. Organismos internacionales documentaron torturas y abusos, pero el gobierno estatal no lo admitió. Foto: Marco A. Vargas

Publico

Que en mayo de 2004 el gobierno del estado infiltró a grupos civiles, que siguió a dirigentes de organizaciones, que pactó con algunas agrupaciones para que no asistieran a la marcha del viernes 28, que se vejó y golpeó a los detenidos y que entre éstos había inocentes, no es noticia fresca. Lo vienen denunciando desde hace cuatro años altermundistas y organismos oficiales e independientes de derechos humanos.

Lo que sí es noticia fresca es que un funcionario estatal que participó en el operativo reconozca la tarea de infiltración, y que además admita que la fuerza pública se excedió durante las detenciones de ciudadanos en los sucesos del 28 de mayo: “Se nos pasó la mano”.

La infiltración y seguimiento de los colectivos y grupos locales y foráneos que anunciaron diversas manifestaciones en contra de la III Cumbre de jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE) fue encomendada al grupo Sigma, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

Se decidió “disfrazar” a policías para hacerlos pasar como militantes de grupos anarquistas o estudiantes de la UNAM. Un ejemplo de infiltración, reveló esta fuente, ocurrió el mediodía del jueves 27 de mayo en el parque Revolución. Al empezar la tensión el gobierno pidió a los altermundistas integrar una comisión negociadora y resultó que un policía Sigma, pelo corto y camisa negra, quedó entre los cinco miembros de dicha comisión. Al poco rato, ese policía fue identificado por los altermundistas. Unas horas más tarde otro policía Sigma, vestido con una camiseta de los Pumas de la UNAM, fue identificado en la avenida Constituyentes, donde se había escenificado una trifulca entre policías y manifestantes. Para evitar que fuera agredido, un funcionario dio la orden para que fuera subido a una patrulla de Guadalajara y sacarlo del lugar.

Una labor adicional que se encomendó al equipo que coordinaba la vigilancia y seguimiento a los altermundistas fue llevar hasta la Plaza Juárez a los colectivos que querían acampar en el parque Revolución. La razón es que en este espacio hay cámaras, mediante las cuales fueron monitoreados desde un centro de la SSP.

La misma fuente dijo estar enterada de que en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública se golpeó a algunas de las 111 personas detenidas por la policía.

Estas confesiones contradicen la versión oficial que siempre difundió el gobierno de Francisco Ramírez Acuña en el sentido de negar las acusaciones de represión y tortura, y por tanto rechazar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los pronunciamientos de organismos internacionales.

Pero en la confesión no hay arrepentimiento. La fuente entrevistada dice estar segura que la actuación del gobierno estatal y de sus fuerzas de seguridad fue correcta. Como si fueran suyas, repite las palabras del entonces gobernador: “Los globalifóbicos vinieron a destruir la ciudad”.

Desde que ocurrieron los hechos, las organizaciones altermundistas han sostenido que su marcha era pacífica y que el enfrentamiento con la policía, en el centro de la ciudad la tarde de ese viernes, y los posteriores destrozos a negocios, fueron obra de provocadores del gobierno. Ahora el gobierno reconoce la infiltración, pero niega que se provocaran los enfrentamientos. Éste es el punto de vista del ex secretario general de Gobierno Héctor Pérez Plazola (ver nota aparte).

Por su parte, Leobardo Treviño Marroquín, subsecretario de Gobierno y quien participó en el grupo coordinador junto con el procurador Gerardo Octavio Solís y el titular de Seguridad, Alfonso Gutiérrez Santillán, sostiene que sólo se empezó a detener a manifestantes cuando estuvieran cometiendo delitos, es decir en flagrancia o “cuasi flagrancia”. “La intención de ellos no fue de una manifestación pacífica, punto, porque no empezó el gobierno ni la policía a detener absolutamente ni a una persona. La indicación fue: ‘Hay que dejarlos que se manifiesten, con total amplitud y libertad’, pero cuando ya hay una violación al Código Penal […] hay que actuar”.

La orden de actuar fue dada por el gobernador, quien en ese momento estaba en la cena oficial que se ofreció a los jefes de Estado en Palacio de Justicia. Ramírez Acuña recibió varias llamadas de Solís Gómez y de Gutiérrez Santillán.

El exceso en el sótano de la SSP, a donde fueron llevadas los aprehendidos, encendió la alarma entre funcionarios que se percataron de la magnitud que estaba cobrando el operativo, por lo que decidieron “depurar” el número de detenidos. En esto jugó un papel importante un joven detenido que se ofreció a “identificar” a los responsables de enfrentarse a los policías y de los destrozos a negocios, a cambio de que lo dejaran en libertad. Se le pusieron un pasamontañas, lentes oscuros y sombrero y luego se le puso frente a cada uno de los detenidos. Con la cabeza respondía sí o no a la pregunta de si era responsable. Con esta información, más el cotejo con las fotos y videos que se revisaban en el monitoreo de la SSP, decidió quién quedaba libre.

Claramente hubo inocentes, pues seis de cada diez detenidos la noche del 28 de mayo quedaron libres antes de las 17:00 horas del sábado 29. El resto enfrentó procesos jurídicos y pasó varios meses en prisión. De los 44 consignados, sólo a uno se le reconoció su inocencia, a pesar de las evidencias que aportaron los demás.


“No hay carpetazo”: CEDHJ (Guadalajara•Maricarmen Rello)

• Ante las críticas de activistas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), por lo que consideran una actitud pasiva para retomar la investigación por los hechos violentos ocurridos en esta ciudad el 28 de mayo de 2004, el primer visitador general, César Alejandro Orozco Sánchez, aseguró que “no se le dio carpetazo” al caso, sino que el seguimiento está en manos de una instancia nacional.

“Desde luego que no hay un carpetazo, no tenemos facultad siquiera para dar ese carpetazo, porque la queja fue atraída por la Comisión Nacional [de Derechos Humanos] y cualquier acción oficial, en ese sentido, es competencia de esa instancia”, indicó, tras recordar que efectivamente la CEDHJ mantuvo una presencia constante desde los días previos a la III Cumbre de jefes de Estado.

- Claves
Paso por paso

• Guadalajara fue elegida para celebrar en mayo de 2004 la III Cumbre de jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE). Asistieron 58 mandatarios a esta cumbre diplomática que tuvo como sede el Instituto Cultural Cabañas

• Dada la magnitud del evento diplomático, el gobierno federal mexicano y el de Jalisco pusieron en marcha el operativo de seguridad más grande en la historia de la ciudad: 2,500 elementos del Estado Mayor Presidencial (al mando del general brigadier Ramón Anaya Ramírez) y cientos de policías federales y miles de policías estatales y municipales

• En paralelo a esta Cumbre, diversas organizaciones sociales globales, nacionales y locales convocaron al Encuentro Social de América Latina, Europa y El Caribe del 25 al 28 de mayo en el CUCSH de la UdeG

• A la marcha convocada del viernes 28 de mayo, de la Minerva al centro, asistieron seis mil personas según los organizadores, dos mil según la policía. La caminata se desarrolló de manera pacífica. Pero al topar con la valla de la policía estatal en avenida 16 de Septiembre un grupo de cerca de 20 jóvenes ataviados con cascos mineros y portando gruesos palos (y martillos algunos) se enfrentaron con los uniformados por cerca de 40 minutos a partir de las 19:00 horas

• Posteriormente otras dos vallas de policías estatales y de Guadalajara avanzaron desde el cruce de las calles Colón y Juárez. Gerardo Octavio Solís Gómez (procurador) y Alfonso Gutiérrez Santillán (Seguridad) reportan al gobernador la situación. Éste da la orden de “actuar”, con lo que empiezan la persecución en contra de los manifestantes y las detenciones

• Cientos de manifestantes corrieron por la avenida 16 de Septiembre hacia el parque San Francisco; en tanto, un grupo rompió vidrios en catorce negocios y saqueó otros tres: el banco Banamex, Discos Aguilar y un 7 Eleven

• A partir de entonces, grupos de policías estatales y de Guadalajara hacen diversas razzias en el centro de la ciudad y en algunos lugares más alejados. Entre las 20:00 horas del viernes 28 de mayo y la 1:00 am del sábado 29 de mayo (aproximadamente) son detenidas 111 personas, la mayoría con lujo de fuerza, y golpeadas con pies, puños, macanas, escudos, armas de los policías

• El grueso de los detenidos es conducido hacia el sótano de la Secretaría de Seguridad Pública, donde muchos de ellos son golpeados y vejados

• Al ver la magnitud de los detenidos y del trato que recibieron, los funcionarios a cargo del operativo admitieron: “Se nos pasó la mano”. La madrugada del sábado 29 de mayo el secretario de Seguridad ordena: “Hay que depurar”

• A lo largo de la madrugada y hasta cerca de las 17:00 horas del sábado 29 de mayo se libera a 67 personas, entre ellas a cuatro menores de edad y ocho extranjeros (cuatro españoles, una canadiense, una australiana, un italiano y un estadunidense)

• La mañana del sábado 29 de mayo el entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña (antes de acudir a un rancho a Tlajomulco a destapar a Felipe Calderón) recorre el centro de la ciudad y declara que no permitirá que Guadalajara se convierta en un Distrito Federal, y pide “que dejen de inmediato el estado de Jalisco quienes hicieron los desmanes”. Un empresario paga tres autobuses para sacar de la entidad a manifestantes de otros estados

• La tarde del sábado 29 de mayo se traslada a 44 personas a las instalaciones de la Procuraduría estatal en la calle 14 de la Zona Industrial. Ahí algunos fueron golpeados y torturados: bolsas en la cabeza para asfixiarlos momentáneamente, golpes en el cuerpo, simulacro de disparos en la sien, amenazas de muerte a ellos o sus familias, posturas corporales lesivas por varias horas, impedimento para comunicarse con familiares o abogados; además, fueron vejados para obligarlos a que aceptaran y firmaran las acusaciones de culpabilidad que les presentaba el Ministerio Público, según consta en sus testimonios a los medios, a la CNDH y en sus declaraciones ante el juez

• Según el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en conjunto hubo 68 retenciones ilegales, 70 casos de tratos crueles y degradantes, 70 casos de incomunicación y seis casos de tortura

• A los detenidos se les acusa de diversos delitos, entre ellos: motín, pandillismo, daño en las cosas, delitos cometidos en contra de representantes de la autoridad, desobediencia o resistencia de particulares, robo calificado y lesiones

• Entre mayo de 2004 y abril de 2005 salieron 40 de los consignados, todos bajo fianza. De todos, únicamente Manuel de Jesús Pereyra Anguiano fue exonerado en agosto de 2005

Guadalajara•Rubén Martín