Enrique del Val Blanco
1 de mayo de 2008
El Universal
En cualquier país de la OCDE, es decir, los supuestamente más desarrollados y que por ocurrencia sexenal estamos allí, no se estaría viviendo la situación por la que está pasando nuestro país, provocada por el actuar de sus políticos, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y, especialmente, de algunos gobernadores de cualquiera de los partidos políticos que han dirigido o que hoy dirigen las entidades federativas.
Es público y está documentado el enriquecimiento ilícito de algunos de ellos, y que son protegidos por sus sucesores o por sus partidos; a alguno se le han comprobado acciones ilícitas en contra de una periodista y relaciones con pederastas y aún así continúa tan campante gobernando su entidad, protegido por su partido. Varios otros se dedican a gastar los fondos públicos en proyección personal y no les pasa nada.
Pero ahora tenemos el caso del gobernador panista de Jalisco, que por lo visto también se saldrá con la suya ante la debilidad del gobierno federal y la indiferencia del Congreso de la Unión. Lo que está sucediendo en Jalisco es muy preocupante por varios aspectos: el primero de ellos se refiere a los nexos tan intensos del gobernador con la jerarquía católica; relación que presume como si nada lo limitara, y como muestra tenemos su expresión de la semana pasada vertida en una plática con el peculiar y lenguaraz cardenal Sandoval Íñiguez, cuando le dijo “hicimos un buen desmadre”.
Los panistas deberían sentir vergüenza por tener un gobernador como el de Jalisco, pero lo único que hacen cuando los periodistas les preguntan al respecto es ejercer la política del avestruz. Incluso, y para no variar, el secretario de Gobernación mencionó el sábado pasado que es responsabilidad de los congresos estatales la vigilancia de los recursos públicos “porque son autónomos”, con lo que está demostrando el poco o nulo conocimiento presupuestal que tiene, o quizá también ha de estar muy de acuerdo con el barbaján del gobernador, quien ha manifestado que ganó la gubernatura con el apoyo de la Iglesia católica.
Seguramente habrá necesidad de esperar a que la Auditoría Superior de la Federación intervenga en su momento, para demostrar que no es posible que un gobernador maneje a su antojo los recursos del pueblo y así, sin más consideraciones, destine dinero público para la construcción de un santuario o done millones de pesos a una ONG de la misma Iglesia, que atiende a los pobres de una región de esa entidad federativa.
El gobernador no entiende que entre sus obligaciones está resolver la situación de los que menos tienen en su estado, que por cierto son decenas de miles y a los cuales la acción gubernamental no les llega. Esa debería ser su principal obligación mientras ostenta el cargo, en lugar de andar en reuniones festivas con el cardenal exhibiendo su grosería y haciéndose el simpático.
La Iglesia católica está tomando una ruta peligrosa con la complacencia del gobierno federal panista, demostrando una vez más lo poco que saben sobre lo que le ha costado a este país la intromisión de la Iglesia en la política a lo largo de nuestra historia. Por cierto, hablamos de una de las iglesias más reaccionarias del mundo en este tema. Y lo demuestra todos los días.
Durante este año hemos sido testigos de varios desaguisados de la Iglesia católica mexicana. Entre ellos, la declaración de principio de este mes del líder episcopal, el señor Carlos Aguiar Retes, sobre las donaciones y las obras que hacen los narcotraficantes en sus pueblos de origen. Fue tan descarada que incluso algunos miembros de la propia Iglesia lo desmintieron. Pero lo que no han podido desmentir es la existencia de relaciones estrechas entre los narcotraficantes y la Iglesia, como fue el caso de Amado Carrillo, a quien hasta un cura lo acompañó en su viaje a Jerusalén, o también el de la construcción del seminario del Río en Tijuana, que por cierto más bien parece un hotel de cinco estrellas, y que se dice fue financiada por los Arellano Félix.
Claro que en todos los casos en que la Iglesia católica viola la ley la autoridad federal evita actuar de acuerdo a sus obligaciones. Como ejemplo tenemos a la PGR argumentando que el “secreto de confesión” impide realizar averiguaciones a los curas. Pero eso sí, está a la orden para oponerse a la despenalización del aborto como buenos católicos que se consideran, y no actuando como funcionarios de un gobierno laico.
Si el gobernador de Jalisco se sale con la suya de aportar cerca de 300 millones de pesos del erario público para obras de la Iglesia católica y no hay autoridad que lo pueda parar, será una muestra más no sólo de la incapacidad del gobierno y de los partidos, que están en la negociación de una cosa por otra, sino también de la inaceptable intromisión de los altos jerarcas de la Iglesia católica en asuntos y acciones que son de la esfera laica, como es el presupuesto de egresos. Nadie se opone a que la Iglesia colabore en el tema de la pobreza; lo que no se vale es que lo haga con fondos públicos. ¿Por qué no recolectan dinero entre sus poderosos y ricos fieles?
Los curas deben quedarse en sus iglesias y seminarios. Y por supuesto, los jerarcas gozar de sus comilonas, albercas y campos de golf a imagen y semejanza de como disfrutó Jesucristo en su vida terrenal.
Analista político y economista
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