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domingo, septiembre 02, 2007

Continúa la impunidad: un caso más de violaciones a los derechos humanos

JORGE GÓMEZ NAREDO

El 28 de mayo de 2004, en la ciudad de Guadalajara, cientos de ciudadanos (en su mayoría jóvenes) se manifestaron para protestar –con todo derecho– por la tercera reunión de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. El entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña (que días después “destaparía” a Felipe Calderón como candidato a la Presidencia de México y que en pago a dicho favor obtendría la Secretaría de Gobernación), ordenó reprimir a los marchantes. Los testimonios de quienes fueron capturados ese día son aterradores: tortura, golpes, intimidación, incomunicación, amenazas y un sinfín de vejaciones más. Organismos defensores de derechos humanos locales, nacionales e internacionales pidieron que se esclarecieran los hechos y se castigara a los culpables. El Ejecutivo local no tomó en cuenta las recomendaciones y, en su lugar, premió a los uniformados que participaron en la represión.

El entonces subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Filiberto Ortiz Amador, participó en el operativo y, según cuentan los testimonios de quienes fueron capturados, fungió como uno de los más fieros torturadores. A este personaje, fácilmente reconocible por padecer problemas de vitiligo (manchas blancas en la piel producidas por la pérdida de células productoras de pigmento –melanocitos–), se le conoce con el apodo de El Pinto. Era común verlo en toda manifestación, siempre acompañado de más de diez efectivos, siempre fiero, siempre intimidador. El primero de noviembre de 2006, decenas de personas marcharon por las calles de Guadalajara para protestar por la violación a los derechos humanos en Oaxaca. Ese mismo día Ortiz Amador tomó, junto con más de 40 antimotines, el quiosco de la Plaza de Armas de la capital jalisciense. Su sorpresa fue mucha cuando los manifestantes enrollaron el quiosco con papel de baño para condenar la ocupación del citado espacio público. A El Pinto se le observó torvo, amenazador: rompiendo el papel con enojo, con rabia, colérico.

El 2 de julio, Absalón García Ochoa, ex subsecretario de Asuntos Internos durante el sexenio de Ramírez Acuña, ganó la presidencia municipal de Ocotlán y nombró, rápidamente, a Filiberto Ortiz Amador como jefe de la policía municipal. Las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) desde la llegada de El Pinto a Ocotlán se han incrementado de una manera alarmante: en 2005 y 2006 la policía de dicho municipio acumuló cinco; en lo que va de 2007 se han recibido 42. El alcalde panista ha apoyado a Ortiz Amador en todo momento. El miércoles pasado, cuando la mitad del cabildo pretendió suspender al jefe policiaco mientras se realizan las investigaciones sobre los casos de tortura, persecución e intimidación, lo salvó el voto de calidad de Absalón García como presidente municipal.

El gobernador de Jalisco, presto a aprovechar los reflectores periodísticos en todo momento, no pudo quedarse callado y dejar que las investigaciones siguieran su curso; raudo, respaldó a Ortiz Amador: “igual [y el aumento de quejas ante la CEDHJ en Ocotlán] es porque la policía está cumpliendo con su deber”. Es decir, para González Márquez, que se haya incrementado el número de quejas estrepitosamente no indica que la población esté sufriendo vejaciones, sino que la policía realiza su labor. Podría resumirse su visión de la siguiente manera: quien acude a la CEDHJ es un embustero hasta que se demuestre lo contrario.

Filiberto Ortiz Amador también se ha defendido. En una entrevista realizada por el reportero de La Jornada Jalisco, Juan Carlos G. Partida, arguyó que ha cumplido su labor de una manera eficiente, pues “el índice [delictivo indica] que ha bajado la delincuencia en Ocotlán un 66 por ciento en ocho meses, imagínate de aquí a tres años”. Quizá lo que no entienda El Pinto sea que no se le acusa de no haber combatido la delincuencia, sino de haber cometido violaciones a los derechos humanos.

Es muy difícil hacerles entender a los gobiernos y a los cuerpos policiacos que todos, absolutamente todos los ciudadanos tienen derechos humanos que se deben respetar. El combate a la delincuencia es, sin duda, una labor necesaria y loable; sin embargo, no se puede realizar sin respetar las garantías constitucionales.

Filiberto Ortiz Amador es, sin duda, un ejemplo de la impunidad. El 28 de mayo de 2004 participó en la represión en contra de cientos de jóvenes. No se le castigó y sí se le permitió continuar con los excesos, las torturas, la intimidación y la siempre constante amenaza de formar, de facto, una policía encubierta, secreta. Pero no es el único que sigue libre y sin castigo. Ejemplos hay muchos y, el más emblemático es, sin duda, el de Francisco Ramírez Acuña. ¿Cuándo se castigará al hoy secretario de Gobernación? ¿Cuándo?

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::

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