Opinión - Jenaro Villamil

El embate de la telecracia

proceso

México, D.F., 12 de septiembre (apro).- Los dueños de los medios electrónicos, principalmente los de Televisa y TV Azteca, alentaron en las últimas horas un embate en contra del Senado de la República para frenar una reforma constitucional en materia electoral que afecta el núcleo central de su poder: la posibilidad de que a través de la pantalla ellos influyan, decidan, censuren o destruyan a cuanto político afecte sus intereses.

No es únicamente los casi 20 mil millones de pesos –según cálculos de distintos especialistas-- que dejarán de recibir ante la prohibición absoluta de compra de spots y de gacetillas electrónicas.

De esos 20 mil millones de pesos –cerca de dos mil millones de dólares, 70 por ciento se quedan en Televisa y TV Azteca, y 13% por ciento en sólo 9 grandes grupos radiofónicos.

Su preocupación va más allá del dinero. Ellos ya convirtieron las señales concesionadas de un bien público en un intermitente supermercado electrónico donde todo se vende: desde la diversión más chabacana hasta la propaganda política disfrazada de “información” o de “entrevistas especiales”.

Los concesionarios comercializan entre el sector privado más de 18 minutos por hora en publicidad abierta o encubierta. La publicidad política –así lo ha reconocido el mismo Emilio Azcárraga Jean- sólo representa el 4 por ciento de sus ingresos, por tanto, no hará caer sus inversiones en la bolsa de valores.

Tampoco les preocupa la libertad de expresión, a pesar que ahora se envuelvan de nuevo en esta demagogia que revive cada vez que se plantea una regulación. Los principales censores de periodistas, conductores, políticos o analistas que no están de acuerdo con sus intereses son ellos mismos. Ahí está la historia del litigio entre Canal 40 y TV Azteca donde Salinas Pliego utilizó todo para asfixiar una opción distinta. Ahí está el expediente abierto del litigio entre José Gutiérrez Vivó y Grupo Radio Centro. Ahí está el bloqueo de Televisa y TV Azteca a la posibilidad de que exista una tercera cadena que les haga competencia.

Mucho menos les preocupa la autonomía del IFE o la “ciudadanización” del organismo electoral. Han utilizado a un desacreditado Luis Carlos Ugalde como pretexto para frenar el dictamen de las reformas constitucionales.

En realidad, la preocupación fundamental de los dueños de medios electrónicos es la posibilidad de perder el enorme poder político que adquirieron durante los últimos seis años, a raíz de que las elecciones se “hipercomercializaron” y los spots se transformaron en la mercancía más cara de todas.

Cualquier partido, político o ciudadano que quiera promoverse en Canal 2, en horario de mayor rating, tiene que pagar, por sólo 30 segundos de promoción, más de 600 mil pesos. Es el precio más alto del mundo: 60 mil dólares por un suspiro de publicidad que, por supuesto, para ser eficaz, debe repetirse intensamente.

Ese poder político alcanzó dimensiones escandalosas durante el gobierno de Vicente Fox. Ahí está la imagen de Bernardo Gómez besándole la mano a Marta Sahagún, en agradecimiento al “decretazo” del 2002. Ahí está la ceremonia en Valle de Bravo, organizada por los funcionarios de Televisa, para presionar a todos los candidatos presidenciales a que permitieran la aprobación de la Ley Televisa que les otorgaría el dominio perpetuo del espectro radioeléctrico. Ahí está la impunidad de TV Azteca para apropiarse de la señal de Canal 40, más por las malas que por las buenas.

El embate de los concesionarios es, quizá, el inicio de una nueva guerra sucia que pondrá a prueba el poder público frente al poder de la telecracia. En medio de esta batalla, lo que está en juego es el futuro de la calidad democrática mexicana, ahora secuestrada por el rating.

Correo electrónico: jenarovi@yahoo.com.mx

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