Víctimas muestran documentos que el jerarca presentó en EU
Confían en que la corte de Los Ángeles le inicie proceso
Alma E. Muñoz
El cardenal Norberto Rivera Carrera incurrió en una serie de contradicciones ante la Corte Superior de Los Ángeles sobre Nicolás Aguilar Rivera, sacerdote acusado de abusar sexualmente de cerca de un centenar de menores, tanto en México como en Estados Unidos.
De acuerdo con documentos que ayer hicieron públicos la Red de Sobrevivientes de Víctimas de Abuso Sexual de Sacerdotes Católicos (SNAP, por sus siglas en inglés) y Joaquín Aguilar –querellante ante el tribunal estadunidense del cardenal Rivera Carrera y de la diócesis de Tehuacán, Puebla, por supuesto encubrimiento a Nicolás Aguilar, su agresor sexual–, en su primera declaración por escrito el prelado argumentó que había rumores de que el presbítero permitía que “hombres adultos” pernoctaran con él en la parroquia San Sebastián Mártir, de Cuaucnopalan, Puebla, en los 80. Pero una denuncia entregada por la defensa jurídica del cardenal establece que se trataba de “chamacos”.
Además, persiste la duda sobre si el jerarca mexicano entregó una carta a su homólogo de Los Ángeles, Roger Mahony, advirtiéndole sobre el comportamiento de aquel sacerdote, cuando le informó sobre la intención de trasladarlo a la arquidiócesis de dicha ciudad estadunidense, pues el papel, escrito con máquina mecánica, no trae membrete ni sello episcopal alguno, sólo la firma de Rivera Carrera.
A la presentación de los documentos acudieron denunciantes de abusos sexuales cometidos por representantes de la Iglesia católica, como José Barba, víctima de Marcial Maciel; Alberto Athié, ex sacerdote que renunció a sus votos por la falta de castigo para quienes comenten ese tipo de agresiones, así como Lizet y José Bonilla –éste último representante legal de Joaquín Aguilar en México–, padres de un menor presuntamente violado por un profesor del Colegio Oxford, de los Legionarios de Cristo, entre otros.
La prensa recibió 80 páginas relacionadas con el caso de Nicolás Aguilar. Entre ellas, el acta ministerial levantada el 8 de agosto de 1986 por la agresión física que sufrió el presbítero en la parroquia de San Sebastián, donde el sacristán Hipólito Pérez Silva y la señora de limpieza (cuyo nombre no se lee con claridad) declararon que el cura recibía a “chamacos” de varias localidades cercanas a Cuaucnopalan.
Destacan las cartas del 27 de enero de 1987, cuando cinco meses después de aquellos sucesos, Nicolás Aguilar solicitó a Rivera Carrera, entonces obispo de Tehuacán, su renuncia irrevocable a la parroquia, misma que de inmediato –en la misma hoja se aprecia– aceptó el prelado.
Ese mismo día, el jerarca católico solicitó por escrito a Roger Mahony que, “por motivos familiares y de salud”, permitiera a Nicolás permanecer por un año al servicio de la arquidiócesis angelina.
No obstante, en su primera declaración ante la corte, del 26 de marzo de 2007, Rivera Carrera aseguró: “no otorgué licencia alguna al padre Aguilar para asumir labores de sacerdote en Los Ángeles (...) ni lo recomendé para desempeñar dichas labores. Dejé al cardenal Mahony la decisión de permitirle trabajar en la arquidiócesis de Los Ángeles”. Entre los documentos entregados se aprecia que el 23 de marzo de 1987, el presbítero mexicano notificó a su obispo que el vicario general del clero, el estadunidense Thomas Curry, pidió las razones de su traslado.
Aparece entonces la carta que según Mahony nunca le entregó Rivera Carrera. En ésta, el obispo de Tehuacán explica, en un hoja sin membrete ni sello episcopal, que la salida del cura de la parroquia de San Sebastián Cuacnopalan se originó tras “una agresión física muy delicada”, relacionada con “problemas de homosexualidad”, y que las acusaciones al respecto “son varias, sin que se haya comprobado ninguna”.
El 20 de diciembre de ese mismo año, Nicolás Aguilar envió otra carta a Rivera Carrera pidiéndole autorización, por tiempo indefinido, para permanecer en la arquidiócesis de Los Ángeles, suplicándole que “no se haga mención del permiso anterior de un año ni renovación del mismo, porque ese permiso no se presentó a la embajada”.
Pero al año siguiente, el 11 de enero, Thomas Curry notificó al obispo mexicano que varias familias acusaron al sacerdote de “haber actuado de manera inadecuada con sus niños” en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
Se anexan recortes de periódicos dando la noticia y las cartas que Mahony envió al prelado, explicándole que el número de jóvenes acólitos que “él (Nicolás Aguilar) ha molestado” es “imposible de determinar”, aunque “es grande”. Le pidió su cooperación para localizarlo y arrestarlo, además de externarle su malestar porque no le advirtió, cuando solicitó el traslado, sobre “algún problema homosexual” del cura. Curiosamente, el 20 de mayo de 2004, ese cardenal pidió al sucesor de Rivera en la diócesis de Tehuacán, Mario Espinosa Contreras, una copia de la carta que supuestamente le había mandado su antecesor informándole al respecto.
Están, además, los permisos otorgados a Nicolás Aguilar, en 1993 y 1995, para ejercer su ministerio en la arquidiócesis de México, con la anuencia de su obispo Norberto Rivera. Destaca el del 17 de diciembre del primer año, para ser vicario parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la colonia Torreblanca, donde el presbítero violó a Joaquín Aguilar Méndez, a los 13 años, como se asentó en la averiguación previa número 46/00385/94 11, de la delegación Miguel Hidalgo.
Joaquín Aguilar confió en que estos y otros documentos permitan al juez Elihu M. Berlé, encargado del caso, dictaminar –en octubre próximo– jurisdicción para iniciar juicio a Norberto Rivera Carrera. Sentenció: “dijo una cosa, escribió otra y presentó otra”.
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