Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación y antes gobernador de mano dura y arbitraria en Jalisco, debe renunciar, y no sólo porque así lo demande el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados (La Jornada, 4/9/2007).
El Centro de Producción de Programas Informativos Especiales (Cepropie), supuesto responsable de la censura a la intervención de Ruth Zavaleta el pasado primero de septiembre, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Su (ex) director, René Antonio Palavicini, era un subordinado de Ramírez Acuña. Se le hizo renunciar para que el secretario pudiera decir que un funcionario público que cometa errores en su actividad se tendrá que ir y, claro, el “error” no lo cometió el propio secretario, sino su empleado. Otro chivo expiatorio corrido de la Secretaría de Gobernación por errores deliberados y quizá dolosos de su titular (antes fueron cesados otros funcionarios también dependientes de la misma secretaría). Es una fortuna que el Canal 11 de Televisión dependa del Instituto Politécnico Nacional, órgano desconcentrado también, pero de la Secretaría de Educación Pública. Y digo que es una fortuna porque su titular ha reconocido, implícitamente, que el primero de este mes hubo censura, al decir que “en canales como los nuestros (11 y 22) la censura se alejó desde hace muchos años” (La Jornada, idem).
Lo que ocurrió no fue un error técnico pero sí político, y grave. Esto ha sido demostrado de muchas maneras en estas y otras páginas. Fue una censura ordenada probablemente por Felipe Calderón. Y si no fue así, peor, pues tendríamos que interpretar que la decisión la tomó el secretario de Gobernación sin la aprobación de su superior, pero eso sí, con la complicidad de Televisa y de Tv Azteca.
Ramírez Acuña es lenguaraz e inculto, es decir, lo contrario de lo que debe ser un encargado de la política interior de un país. El lunes mismo dijo que el verde del lábaro patrio representaba la religión. Esta tontería (que además demuestra ignorancia sobre las primeras interpretaciones de nuestra bandera) sólo se explica por el origen religioso de su autor y por la necedad de ciertos panistas de considerar que su religión, la católica, es la única y verdadera (lo cual también habla de su intolerancia a la libertad de creencias).
Cuando los empleados de un funcionario hacen algo que adorna a este último suelen ser ignorados públicamente: “mi secretaría hizo esto o aquello”, “logré tal o cual cosa”, etcétera. Así ha sido el discurso. Pero cuando ese mismo funcionario comete un atropello a la ley, a los derechos humanos, a los acuerdos políticos en una nación civilizada y supuestamente democrática, entonces los culpables son sus empleados, no él (o ella). Olvidan que el responsable de una secretaría de Estado es su titular, y que lo que hagan o dejen de hacer sus empleados es también parte de sus responsabilidades.
Y si además ese funcionario, en nuestro caso Ramírez Acuña, dice que lo de la omisión televisiva del breve discurso de la diputada fue un error técnico y no censura, y que, por si no fuera suficiente, los que afirmamos que fue esto último somos mentirosos, entonces debe renunciar, no sólo por llamarnos mentirosos sin demostrarlo sino porque es un insulto a la inteligencia, de la que, obviamente, carece. Debe renunciar. No es apto para el cargo, y Calderón Hinojosa, si bien le debe que lo haya “destapado” en 2005, debería ponderar seriamente que con colaboradores como el secretario no necesita enemigos.
Estoy convencido de que Calderón es autoritario, pero también de que no quisiera parecerlo, no por lo menos de manera tan burda como censurar unas cuantas palabras que, de todos modos, han dado la vuelta al mundo gracias a la prensa independiente, a la “corrección” tardía y descontextualizada de la censura y a la televisión (extranjera) no subordinada a los intereses de Azcárraga Jean y Salinas Pliego. Un buen secretario de Gobernación, que en otros países se les llama ministros del Interior, es quien establece acuerdos con las fuerzas políticas y económicas para facilitar la gestión de quien figura como presidente de un país, no para crearle obstáculos y exhibirlo como intolerante y autoritario (aunque lo sea, repito). El secretario de Gobernación, en los tiempos actuales y no cuando era temido por todos como el jefe de persecuciones políticas en el país, es o debe ser un negociador, el encargado de la paz interior mediante arreglos, compromisos, concesiones, y no por la vía de actos represivos o de censuras que, también en los tiempos actuales, duran lo mismo que un suspiro (pues ahora todo se sabe tarde o temprano, todo se filtra, y ya no hay misterios inescrutables como antes). Un secretario de Gobernación, y lo debería saber Ramírez Acuña, no es ya un gobernador de un estado, por lo menos formalmente dueño de sus actos, sino un colaborador del Poder Ejecutivo nacional, es decir, parte del gobierno de la nación.
Si Calderón, como Salinas de Gortari en su gobierno, quiere ganar legitimidad a pesar de su origen electoral objetado, debería dejar de pagar favores y escoger mejor a sus colaboradores. No es cosa de que los llame a la mesura y a la rectificación de sus abusos. “Lo que natura non da, Salamanca non presta”, dice un viejo dicho que significaba que una universidad, incluso tan reconocida como la de Salamanca, no podía enseñar a nadie a ser inteligente si no tenía ese atributo personal. Es el caso, y Calderón debería saberlo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario