El Secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, uno de los funcionarios del gobierno federal más cuestionado por su implicación como gobernador de Jalisco en la protección de graves violaciones a los derechos humanos en las que se incluye la tortura, acaba de declarar que operativos como el de Michoacán se extenderán a todo el país “paso a paso” "y llevaremos a cabo las acciones necesarias para dar la batalla contra el crimen organizado".
Y es que en Michoacán, Felipe Calderón piensa que para combatir a la delincuencia basta con enviar un alto número de soldados, establecer arbitrarios retenes, realizar detenciones ilegales, catear propiedades sin la orden respectiva de un juez; y es por esa causa que al arranque del sexenio, hace ya un mes, se enviaron a esa entidad 4,260 soldados y 1,054 de la Secretaria de Marina además de 1,420 elementos -entre PFP y AFI.
Los operativos implementados por los militares y el establecimiento de retenes, permanentes o intermitentes, además de otra serie de actos que están relacionados con la privación arbitraria de la libertad, como la realización de interrogatorios, en donde la privación de la libertad puede durar horas, se continúan practicando sin que hasta el momento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos proteste por esa situación. ¿El silencio cómplice de José Luis Soberanes será parte del “borrón y cuenta nueva” que ofreció públicamente al gobierno calderonista?.
Para justificar el despliegue de tropas y de violaciones a las garantías constitucionales, se informa que en conjunto han destruído en Michoacán plantíos de mariguana, decomisaron armas y han realizado detenciones, provocándoles pérdidas según sus alegres cifras, de cerca de siete mil millones de pesos entre drogas decomisadas, plantíos destruidos, armas decomisadas, vehículos incautados y 1,400 pesos en efectivo.
No se informa de la afectación directa de quienes presuntamente se quiere destruir, con el aseguramiento de las empresas de los narcotraficantes en donde se lavan millones de pesos, incluyendo medios de comunicación, ni tampoco de la captura de personajes destacados de la delincuencia organizada, ni mucho menos del desmantelamiento de las llamadas “narcotienditas” que al igual que en el resto del país, deben de pulular en la entidad michoacana.
Eso sí: anuncian la detención en el inicio del operativo de 56 personas acusadas de diversos delitos, como si la captura de estos individuos establezca alguna culpabilidad y a la hora de que sean juzgados, muchos de ellos no recobrarán su libertad por falta de pruebas o por las circunstancias en que se les detuvo. Es decir, sin que hubiera flagrancia u orden de un juez.
Los soldados están autorizados a detener a civiles cuando cuentan con una orden de aprehensión para ello, o cuando capturan a una persona en el momento de cometer un delito. Una vez detenidos, los civiles deben ser remitidos inmediatamente a las autoridades civiles, lo que no ha ocurrido pues generalmente en vehículos castrenes se les traslada a instalaciones militares o a la ciudad de México.
Pero a pesar de la masiva presencia castrense, las ejecuciones en el estado continúan en diversas partes. Por ejemplo el fin de semana anterior se informó de siete casos y 13 en los primeros diez días del operativo, datos que por supuesto no se incluyen en los informes de resultados.
Con escasa visión a largo plazo, nuestros gobernantes piensan que con acciones que tienen más de espectacularidad que de efectividad, combatirán exitosamente al narcotráfico. En sus planes no existen acciones paralelas como la disminución de la narcodependencia, mediante programas educativos y de atención a las adicciones, con el apoyo de recursos suficientes para que cumplan con ese objetivo, y dejen de ser programas cosméticos, como hasta el presente.
A cambio al arranque del sexenio, se habló de un aumento salarial para las Fuerzas Armadas y el congelamiento o disminución en el resto de la estructura del gobierno federal. Al proyecto militarista del actual gobierno, se sumó la Cámara de Diputados donde se autorizaron 6,000 millones de pesos más para el área castrense en el 2007, y ya se anuncia la compra de vehículos y aeronaves militares y la fabricación de 10 mil fusiles FX 05, mejor conocido como “Serpiente de fuego”.
Para darnos una idea del aumento del militarismo en México, diremos que en el año 2000 los militares recibieron de aguinaldo $488,110.987.07, mientras que en el 2006 la cifra se incrementó a $666,577.584.93. Es decir, crece el número de militares en el país.
Aunque desde la década de los cuarenta del siglo pasado el Ejército participa en acciones antinarco, el proceso de militarización se justifica con la lucha contra el narcotráfico al que definió Miguel de Lamadrid como un “problema que afecta a la seguridad nacional”, invitando Ernesto Zedillo en su momento a las Fuerzas Armadas a formar parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, instituyendo de facto que los militares pueden intervenir en asuntos que competen exclusivamente a los civiles. En enero de 2001, Vicente Fox manifestó su intención de librar una "guerra sin cuartel" contra los traficantes de drogas, y Felipe Calderón arrancó su sexenio con el anuncio de la intervención masiva de militares en el combate a la delincuencia anunciando además la incorporación de 10,000 militares más a la Policía Federal Preventiva.
Cabe destacar que la participación del ejército en el mantenimiento del orden público está permitida por la Constitución mexicana, pero solamente en el caso de que así sea requerido por las autoridades civiles, y no se violen los derechos de las personas y se efectúe de conformidad con la legislación y la Constitución
Lo grave y preocupante es que los sucesivos gobiernos federales han desoído las recomendaciones internacionales para que disminuya la intervención de militares en asuntos de competencia civil, y de que en caso de violaciones a los derechos humanos, éstos respondan ante la justicia civil.
En la Constitución se indica que cuando los soldados cometen abusos contra ciudadanos civiles, están sujetos a la jurisdicción del sistema de procuración e impartición de justicia militar. Aunque según la Constitución mexicana la jurisdicción militar cubre solamente "delitos y faltas contra la disciplina militar”, el Código de Justicia Militar ofrece una noción expansiva de dichos delitos que incluyen delitos del orden común o federal "cuando fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo."
Las quejas por los abusos de los militares, motivaron que el Relator Especial sobre Tortura de la ONU emitiera un informe sobre México en 1998 en el que afirmaba que "el personal militar parece ser inmune a la justicia civil y generalmente protegido por la justicia militar." El informe recomendaba que "Los casos de delitos graves cometidos por el personal militar contra ciudadanos civiles, en particular tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, deberían, independientemente de que tuvieran lugar en acto de servicio, ser conocidos por la justicia civil."
fuente: en línea directa
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