"Reflexiones sobre el proceso de erradicación del trabajo infantil en América."Crítica de las actuaciones que desde mediados de la década de 1990 se vienen realizando para enfrentar el problema del trabajo infantil en nuestra América.
Por : Walter Alarcón Glasinovich.
Magnitud del problema.
Según estimados de la OIT, hacia el año 2000 en América Latina habían cerca de 18 millones de niños y niñas entre los 5 y 14 años de edad en condición de trabajadores. Si a esta cifra se añade los adolescentes de 15 a 17 años, es bastante probable que el total de trabajadores menores de edad en nuestra América alcancen los 30 millones de personas.
Independiente de la rigurosidad de la cifra, lo que quisiera subrayar es que millones de niñas, niños y adolescentes –presionados por la pobreza de sus familias– se han visto obligados a dejar de lado roles y conductas propias de su edad. Sus derechos al juego, a la asistencia escolar, a la salud, entre otros, no se pueden ejercer cabalmente por tener que trabajar. La existencia del trabajo infantil es un factor de negación de la ciudadanía.
Esto tiene un costo inmenso para la vida personal de los niños, niñas y sus familias, pero también para la sociedad. Hace algún tiempo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en una investigación logró determinar que los niños que trabajan tienen en promedio 1 a 2 años menos de educación escolar en relación a los que no trabajan. Esta pérdida en educación significará que los actuales niños trabajadores ganarán 20% menos de ingresos durante toda su vida adulta, en comparación con aquellos que no trabajan.
La gran paradoja –principalmente desde la década del noventa– es que, en nuestros países, mientras millones de niños y niñas se ven obligados a salir a trabajar, sus padres son despedidos de sus empleos y aquellos otros que conservan su trabajo lo hacen en condiciones absolutamente desfavorables. Esto quiere decir que una de las razones de fondo porque actualmente los niños y niñas trabajan en América Latina se debe a un modelo de desarrollo incapaz de ofrecer empleos de calidad a la población adulta.
Y es que el trabajo infantil es solamente un síntoma de problemas mucho más profundos que tienen que ver con la extrema pobreza, pero principalmente con la inequitativa distribución de la riqueza social. No existe lo primero sin lo segundo. Así pues, la vulneración de derechos básicos de los adultos está asociada a la vulneración de derechos de niños y niñas.
La erradicación del trabajo infantil en los países industrializados.
Como contexto para examinar el proceso de erradicación del trabajo infantil en la región, quisiera rápidamente recordar cómo ocurrió la eliminación de este fenómeno en los países actualmente desarrollados, para extraer de allí algunas lecciones claves.
El impulso inicial de la revolución industrial se basó en la brutal explotación de niños, niñas y mujeres en fábricas donde trabajaban más de 12 horas al día. Alessandro Stella recuerda que en Inglaterra –a mediados de 1800– la principal industria era la textil y, del total de trabajadores textiles, 50% eran menores de edad. Es decir, la llamada civilización moderna se levantó sobre la explotación cruel de niños y niñas; sobre el abuso contra mujeres y obreros.
Los primeros cuestionamientos al fenómeno del trabajo infantil recién se producen en las primeras décadas del siglo XIX.
La primera reacción desde el Estado para enfrentar este problema fue el uso de instrumentos legislativos. No se prohibía totalmente el trabajo infantil, pero se creaban ciertos controles. En Francia, por ejemplo, en 1841 se fija como edad mínima para el trabajo los ocho años de edad y se prohibe el trabajo nocturno.
Por otro lado, el propio desarrollo económico y la moderna tecnología comenzó a exigir mano de obra con mayor calificación. El aparato productivo necesitaba mayor capacitación de las clases trabajadoras para poder incrementar la productividad. En este marco, la educación de las mayorías se convierte en una necesidad del sistema económico, razón por lo cual, desde la segunda mitad del siglo XIX los Estados de Europa comienzan a hacer de la educación escolar un servicio público obligatorio y gratuito para todos.
Estos cambios encuentran legitimación en el plano cultural. Así, la infancia comienza a ser percibida como un período de formación y moratoria social; período en el cual la centralidad de la vida social debe ser puesta en la educación y no en el trabajo. Esta moderna concepción de infancia, como vemos, no parte de cuestiones éticas sino de las necesidades económicas y sociales del sistema.
En síntesis, en una perspectiva histórica, en la base de la eliminación del trabajo infantil en Europa se entrelazan diversos procesos: en primer lugar, la promulgación de medidas legislativas para evitar los abusos del trabajo infantil y ligado a esto la capacidad de los Estados para hacer cumplir dichas leyes; en segundo lugar, la efectiva gratuidad y obligatoriedad de la educación escolar para todos los niños y niñas; en tercer término, la emergencia en el plano cultural de una concepción moderna de la infancia donde el lugar de los niños es la escuela, y no el trabajo; en cuarto lugar, todos estos cambios ocurren en el contexto de un proceso de desarrollo económico y tecnológico, el cual creó condiciones materiales para mejorar relativamente la redistribución de la riqueza social y elevar la calidad de vida de las familias.
La historia constata que no bastan medidas legislativas de orden prohibicionista para erradicar el trabajo infantil. Queda claro que tampoco bastó la obligatoriedad de la educación escolar para que de manera automática los niños dejen de trabajar. Ningún abordaje unilateral ha derrotado al trabajo infantil.
Si bien la pobreza no debe servir de justificación para el trabajo infantil, también debe tenerse en cuenta que todos los países del norte que de manera sostenida han tenido éxito en erradicar el trabajo infantil, también han tenido éxito en crear un entorno macroeconómico favorable. No podemos hablar de eliminar el trabajo infantil de manera consistente sin referirnos críticamente a las políticas económicas y sociales en curso.
Quizá la lección más esencial que deja la historia de los países industrializados es que la erradicación del trabajo infantil exigió inevitablemente una estrategia multidimensional, la cual tiene como médula la definición de políticas públicas nacionales, orientadas, no solamente a niños y niñas que ya están trabajando, sino a toda la infancia y sus familias.
Esto es muy importante: al trabajo infantil solamente se le puede derrotar en el marco de una lucha más amplia por todos los derechos humanos para todas las niñas y niños. Así la conciencia que todos y todas somos ciudadanos con iguales derechos un factor clave para comenzar a abrir un nuevo camino en la historia de la infancia.
El actual proceso de erradicación del trabajo infantil en América Latina.
Antes de pasar a una suerte de rápida mirada sobre cómo hemos enfrentado el trabajo infantil en la región, primero habría que decir que ni el problema del trabajo infantil ni el proceso de erradicación de este fenómeno es similar en todos los países. La magnitud porcentual del trabajo de niños y niñas no es similar, por ejemplo, entre países como Chile en relación a Bolivia. Pero tampoco la reacción de la sociedad y el compromiso del Estado frente al trabajo infantil ha sido igual. Brasil, por ejemplo, es uno de los países pioneros y donde con mayor claridad, tanto las organizaciones de la sociedad civil como del Estado, se han posicionado contra el trabajo infantil. En cambio, en otros países como el Paraguay, los avances son demasiado lentos. Incluso en Nicaragua y Perú, desde hace más de veinte años existen movimientos nacionales de niños trabajadores organizados, relativamente sólidos, los cuales reivindican la tesis del trabajo infantil como un derecho de niños y niñas.
El panorama del trabajo infantil en la región no es, entonces, homogéneo. Mis observaciones se limitarán a ofrecer un perfil general que quizá no sea válido por igual a todos los países.
Comenzaremos señalando que en América Latina durante el largo período que va desde las primeras décadas del siglo XX hasta los años noventa, en el enfrentamiento al trabajo infantil primó una óptica básicamente normativa-jurídica. Los Estados de la región se limitaban a incorporar dentro de las legislaciones nacionales una serie de normas internacionales orientadas a elevar la edad mínima para el trabajo, prohibir el trabajo nocturno, fijar la duración de la jornada de trabajo, &c. En verdad muy poco de esto se cumplía en la realidad social.
Es recién a comienzos de la década de 1990 que el trabajo infantil adquiere un renovado interés; es importante decir que el rol de ciertos organismos internacionales fue sumamente importante para motivar dicho interés.
En esta segunda etapa, se pasa del plano jurídico al plano social. Se inician en la región experiencias concretas que apuntan al retiro laboral de niños y niñas que trabajan.
En este esfuerzo colectivo hemos tenido aciertos, errores y olvidos, pero finalmente hemos logrado avanzar. Enunciaré rápidamente algunos logros para concentrarme luego en las limitaciones y plantear, finalmente, algunos retos al futuro.
Lo más importante de estos años es haber contribuido a mejorar la calidad de vida de miles de niñas y niños que han participado de los proyectos. Por lo menos un sector de niñas y niños que trabajaban en ocupaciones evidentemente dañinas y peligrosas, hoy día ya no lo hacen. Estos niños y niñas seguramente tendrán un mejor futuro. Haber colaborado para abrir oportunidades sociales a estos niños y niñas, por cierto, es un logro muy importante.
De otro lado, el enfoque de la erradicación del trabajo infantil ha ganado definitivamente espacio social y político en América Latina. Si bien subsisten en algunos países instituciones que reivindican el trabajo infantil como un derecho de los niños y niñas, en la actualidad tiene incuestionable hegemonía el enfoque de la prevención y erradicación del trabajo infantil, enfoque compartido tanto por los Estados como por sectores significativos de la sociedad civil. Esto no sucedía en la década del 80.
En el plano normativo también se han logrado avances importantes. Durante la década del 90 se ha creado una nueva generación de Códigos de Niños y Adolescentes, los cuales recogen el enfoque de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo todos los Estados de la región han ratificado el Convenio 138 de la OIT relativo a la edad mínima para ingresar a trabajar. De igual modo, la ratificación del Convenio 182 de la OIT sobre la erradicación de las peores formas de trabajo infantil avanza raudamente.
En suma, hemos avanzado. Sin embargo, si queremos tener éxito en la tarea empeñada es necesario ser autocríticos y reconocer una serie de errores y limitaciones sobre las cuales es necesario reflexionar.
Un primer aspecto se refiere a la escasa cobertura en términos del número de niños y niñas que ya no trabajan como resultado de los programas y proyectos de erradicación del trabajo infantil.
Los datos más optimistas indican que en América Latina trabajarían actualmente cerca de 18 millones de niños y niñas entre 5 a 14 años de edad. ¿Cuántos han dejado de trabajar producto de los proyectos y programas de erradicación del trabajo infantil? La cifra no aparece en ningún informe internacional, pero si estimamos generosamente en algunos centenares de miles los niños y niñas que ya no trabajan producto de las intervenciones, esto probablemente no cubra ni al 1% del total de la población objetivo.
Tenemos un serio problema de cobertura que no podemos eludir. Al respecto haría dos reflexiones elementales. Los programas y proyectos de erradicación del trabajo infantil, aun siendo 100% eficientes, siempre llegarán a una población reducida porque desde el diseño están planteados como experiencias demostrativas o pilotos en zonas geográficas y ocupaciones muy delimitadas. Estos proyectos no se plantean eliminar nacionalmente el trabajo infantil, sino demostrar que esta tarea es posible. La responsabilidad de eliminar nacionalmente el trabajo infantil, a fin de cuentas, no es de las ONG o de la cooperación internacional, sino de los Estados.
La pregunta de fondo es: ¿cómo llegar a más niños y niñas trabajadores? Una veta que no se ha explotado lo suficiente en los países de nuestra región es enfrentar el trabajo infantil enfatizando la formulación e implementación de políticas públicas de desarrollo cuyo eje sea la infancia.
Esto implica que la preocupación por evitar el trabajo de niñas y niños debe ser transversal a todas las políticas sociales, tanto de educación, salud, empleo, etc. Lo que proponemos, en otras palabras, es la centralidad de la infancia en la política y presupuestos de Estado, en sus diversos niveles de gobierno; esto, en la perspectiva de crear un entorno económico-social y familiar favorable a la infancia, como marco para cortar los mecanismos de reproducción del trabajo infantil.
No hablamos de programas o proyectos solamente para niños y niñas que trabajan, sino de políticas públicas para todos los niños y niñas. Evidentemente, con prioridad en los más excluidos para quienes han de definirse programas focalizados; y es que, desde nuestro punto de vista, reiteramos, la eliminación del trabajo infantil no se puede separar del respeto y lucha por los derechos humanos de la infancia en general.
No será posible eliminar el trabajo infantil de manera sostenible mientras existan familias en extrema pobreza, mientras existan altos índices de violencia dentro de las familias; mientras se mantengan las altas tasas de embarazo precoz de las adolescentes. No será posible eliminar el trabajo infantil de manera sostenible mientras la deserción escolar, especialmente en zonas rurales, mantenga índices tan elevados como los actuales; mientras la calidad de la enseñanza sea tan baja; mientras coexistan en nuestros países escuelas dignas del primer mundo junto a escuelas del cuarto mundo. Necesitamos políticas para mejorar la calidad de vida de las familias y políticas para mejorar la calidad de la educación escolar. Estos son ejes centrales para el bienestar de la infancia y contra el trabajo infantil.
Creo que frente al trabajo infantil debería haber mayor balance entre las actividades orientadas a la erradicación del trabajo infantil y las actividades de prevención.
Si en las políticas y programas privilegiamos la erradicación del trabajo de niños y niñas, estamos llegando a los chicos cuando éstos ya han perdido oportunidades por tener que trabajar. Ya han afectado su salud, su educación, su capacidad de vivir la infancia. En otras palabras, el daño ya está hecho. Evidentemente que debemos esforzarnos por salvar a niños y niñas, muy especialmente a aquellos que se encuentran trabajando en las llamadas peores formas extremas de trabajo infantil. En esto no cabe duda alguna.
El punto a reflexionar es el énfasis casi absoluto puesto en los últimos años en la erradicación del trabajo infantil. Hacer esto equivale a pretender evitar el naufragio de un barco sacando con baldes el agua de adentro y tirándola al mar, cuando los inmensos boquetes de la pobreza siguen empujando niños y niñas al trabajo. Así difícilmente evitaremos el naufragio.
Se estima que en América Latina la mitad de todos los niños y niñas son pobres. Es decir, viven en condiciones sociales donde el trabajo infantil es siempre una posibilidad, un riesgo. No podemos esperar a que trabajen para hacer algo por ellos. Es necesario actuar antes. Es necesario enfatizar con más contundencia la prevención al trabajo infantil.
De otro lado, tengo la impresión que una limitación adicional de nuestro trabajo en estos años ha sido el poco espacio o tiempo destinado a fortalecer la participación y el empoderamiento de niños y niñas.
Desde el enfoque de la Convención Sobre los Derechos del Niño es evidente la necesidad de promover la participación infantil, no solamente como «beneficiarios» de las políticas y programas, sino como actores en las decisiones fundamentales. Evidentemente esto es todo un reto porque vivimos en un ambiente cultural –tanto en la familia, la escuela o la comunidad– donde los niños y niñas ocupan un lugar subordinado. En el fondo de nuestro pensamiento permanece la idea que los chicos no son capaces. Les falta experiencia. Ellos no pueden y nosotros sí. Convivimos en una cultura que, desde tiempos ancestrales, desvaloriza la infancia.
Lo peor es que, aun reconociendo la necesidad de la participación y sus dificultades, no nos arriesgamos a promover una voz autónoma de niños y niñas. Queremos escucharlos, pero si repiten nuestros planteamientos. Quizá con algún matiz, pero no fuera de nuestro enfoque.
El reto que tenemos es cómo logramos que niños, niñas y adolescentes se conviertan en promotores de su propio desarrollo; cómo en las políticas y programas abrimos espacios verdaderamente democráticos para que niñas y niños opinen y su opinión se recoja. Lo que está en discusión es el tema de cómo construimos ciudadanos democráticos desde la infancia. Es increíble tener que decirlo, pero parece que hay que perderle miedo a la libertad de los niños y atreverse a avanzar junto a ellos. Como todos sabemos, la ciudadanía no se limita a poder votar y ejercer cargos públicos, sino que es el ejercicio real de todos nuestros derechos.
Un último comentario sobre nuestros retos tiene que ver con la necesidad de crear mecanismos que aseguren el cumplimiento de las leyes y normas. Prácticamente todos nuestros países han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y los Convenios 138 y 182 de la OIT. Los Códigos de Niños y Adolescentes han sido reformulados y sostienen mayoritariamente un enfoque de derechos. Sin embargo, ¿acaso se respeta la edad mínima para comenzar a trabajar? Todas las leyes, invariablemente, prohíben el trabajo nocturno infantil. ¿Dónde se respeta esto? Nuestros Estados ratifican Convenios y firman acuerdos que, fatalmente, en muchos casos no se cumplen o, en el mejor de los casos, sólo se cumplen parcialmente. Esto revela la debilidad del Estado de Derecho en América Latina.
Así como los libros sólo existen si le leen, los derechos humanos sólo existen si se cumplen.
Entonces, es esencial no solamente el reconocimiento de los derechos humanos de niños y niñas, sino crear los mecanismos jurídicos y sociales para que se cumplan tales derechos. Para esto la voluntad política del Estado en pieza vital. El Estado –es decir, las autoridades en sus diversos niveles– deben definir sus prioridades. Esto no siempre es sencillo porque el tema de los derechos humanos no es políticamente neutral. Para favorecer a un grupo social necesariamente hay que restar ventajas de otros. Inevitablemente se choca con intereses.
Sin embargo, también la sociedad civil tiene un rol fundamental en el respeto de los derechos humanos de niños y niñas. Hay que crear o fortalecer los mecanismos de vigilancia ciudadana para así poder ejercer control en el cumplimiento de los Convenios y compromisos suscritos por los Estados relativos al cumplimiento de los derechos de la infancia y, en particular, lo relativo a la eliminación del trabajo infantil.
Para culminar, vale la pena remarcar y dejar explícito que –desde un enfoque de derechos humanos– nuestra finalidad última no es erradicar el trabajo infantil, sino lograr que todos los niños y niñas, trabajen o no, tengan las mismas oportunidades sociales al bienestar y la felicidad. En el horizonte por una apuesta ética de construir una sociedad más justa y solidaria, la erradicación del trabajo infantil es solamente un paso en un largo camino orientado a conquistar todos los derechos para todos los niños y niñas.
Según estimados de la OIT, hacia el año 2000 en América Latina habían cerca de 18 millones de niños y niñas entre los 5 y 14 años de edad en condición de trabajadores. Si a esta cifra se añade los adolescentes de 15 a 17 años, es bastante probable que el total de trabajadores menores de edad en nuestra América alcancen los 30 millones de personas.
Independiente de la rigurosidad de la cifra, lo que quisiera subrayar es que millones de niñas, niños y adolescentes –presionados por la pobreza de sus familias– se han visto obligados a dejar de lado roles y conductas propias de su edad. Sus derechos al juego, a la asistencia escolar, a la salud, entre otros, no se pueden ejercer cabalmente por tener que trabajar. La existencia del trabajo infantil es un factor de negación de la ciudadanía.
Esto tiene un costo inmenso para la vida personal de los niños, niñas y sus familias, pero también para la sociedad. Hace algún tiempo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en una investigación logró determinar que los niños que trabajan tienen en promedio 1 a 2 años menos de educación escolar en relación a los que no trabajan. Esta pérdida en educación significará que los actuales niños trabajadores ganarán 20% menos de ingresos durante toda su vida adulta, en comparación con aquellos que no trabajan.
La gran paradoja –principalmente desde la década del noventa– es que, en nuestros países, mientras millones de niños y niñas se ven obligados a salir a trabajar, sus padres son despedidos de sus empleos y aquellos otros que conservan su trabajo lo hacen en condiciones absolutamente desfavorables. Esto quiere decir que una de las razones de fondo porque actualmente los niños y niñas trabajan en América Latina se debe a un modelo de desarrollo incapaz de ofrecer empleos de calidad a la población adulta.
Y es que el trabajo infantil es solamente un síntoma de problemas mucho más profundos que tienen que ver con la extrema pobreza, pero principalmente con la inequitativa distribución de la riqueza social. No existe lo primero sin lo segundo. Así pues, la vulneración de derechos básicos de los adultos está asociada a la vulneración de derechos de niños y niñas.
La erradicación del trabajo infantil en los países industrializados.
Como contexto para examinar el proceso de erradicación del trabajo infantil en la región, quisiera rápidamente recordar cómo ocurrió la eliminación de este fenómeno en los países actualmente desarrollados, para extraer de allí algunas lecciones claves.
El impulso inicial de la revolución industrial se basó en la brutal explotación de niños, niñas y mujeres en fábricas donde trabajaban más de 12 horas al día. Alessandro Stella recuerda que en Inglaterra –a mediados de 1800– la principal industria era la textil y, del total de trabajadores textiles, 50% eran menores de edad. Es decir, la llamada civilización moderna se levantó sobre la explotación cruel de niños y niñas; sobre el abuso contra mujeres y obreros.
Los primeros cuestionamientos al fenómeno del trabajo infantil recién se producen en las primeras décadas del siglo XIX.
La primera reacción desde el Estado para enfrentar este problema fue el uso de instrumentos legislativos. No se prohibía totalmente el trabajo infantil, pero se creaban ciertos controles. En Francia, por ejemplo, en 1841 se fija como edad mínima para el trabajo los ocho años de edad y se prohibe el trabajo nocturno.
Por otro lado, el propio desarrollo económico y la moderna tecnología comenzó a exigir mano de obra con mayor calificación. El aparato productivo necesitaba mayor capacitación de las clases trabajadoras para poder incrementar la productividad. En este marco, la educación de las mayorías se convierte en una necesidad del sistema económico, razón por lo cual, desde la segunda mitad del siglo XIX los Estados de Europa comienzan a hacer de la educación escolar un servicio público obligatorio y gratuito para todos.
Estos cambios encuentran legitimación en el plano cultural. Así, la infancia comienza a ser percibida como un período de formación y moratoria social; período en el cual la centralidad de la vida social debe ser puesta en la educación y no en el trabajo. Esta moderna concepción de infancia, como vemos, no parte de cuestiones éticas sino de las necesidades económicas y sociales del sistema.
En síntesis, en una perspectiva histórica, en la base de la eliminación del trabajo infantil en Europa se entrelazan diversos procesos: en primer lugar, la promulgación de medidas legislativas para evitar los abusos del trabajo infantil y ligado a esto la capacidad de los Estados para hacer cumplir dichas leyes; en segundo lugar, la efectiva gratuidad y obligatoriedad de la educación escolar para todos los niños y niñas; en tercer término, la emergencia en el plano cultural de una concepción moderna de la infancia donde el lugar de los niños es la escuela, y no el trabajo; en cuarto lugar, todos estos cambios ocurren en el contexto de un proceso de desarrollo económico y tecnológico, el cual creó condiciones materiales para mejorar relativamente la redistribución de la riqueza social y elevar la calidad de vida de las familias.
La historia constata que no bastan medidas legislativas de orden prohibicionista para erradicar el trabajo infantil. Queda claro que tampoco bastó la obligatoriedad de la educación escolar para que de manera automática los niños dejen de trabajar. Ningún abordaje unilateral ha derrotado al trabajo infantil.
Si bien la pobreza no debe servir de justificación para el trabajo infantil, también debe tenerse en cuenta que todos los países del norte que de manera sostenida han tenido éxito en erradicar el trabajo infantil, también han tenido éxito en crear un entorno macroeconómico favorable. No podemos hablar de eliminar el trabajo infantil de manera consistente sin referirnos críticamente a las políticas económicas y sociales en curso.
Quizá la lección más esencial que deja la historia de los países industrializados es que la erradicación del trabajo infantil exigió inevitablemente una estrategia multidimensional, la cual tiene como médula la definición de políticas públicas nacionales, orientadas, no solamente a niños y niñas que ya están trabajando, sino a toda la infancia y sus familias.
Esto es muy importante: al trabajo infantil solamente se le puede derrotar en el marco de una lucha más amplia por todos los derechos humanos para todas las niñas y niños. Así la conciencia que todos y todas somos ciudadanos con iguales derechos un factor clave para comenzar a abrir un nuevo camino en la historia de la infancia.
El actual proceso de erradicación del trabajo infantil en América Latina.
Antes de pasar a una suerte de rápida mirada sobre cómo hemos enfrentado el trabajo infantil en la región, primero habría que decir que ni el problema del trabajo infantil ni el proceso de erradicación de este fenómeno es similar en todos los países. La magnitud porcentual del trabajo de niños y niñas no es similar, por ejemplo, entre países como Chile en relación a Bolivia. Pero tampoco la reacción de la sociedad y el compromiso del Estado frente al trabajo infantil ha sido igual. Brasil, por ejemplo, es uno de los países pioneros y donde con mayor claridad, tanto las organizaciones de la sociedad civil como del Estado, se han posicionado contra el trabajo infantil. En cambio, en otros países como el Paraguay, los avances son demasiado lentos. Incluso en Nicaragua y Perú, desde hace más de veinte años existen movimientos nacionales de niños trabajadores organizados, relativamente sólidos, los cuales reivindican la tesis del trabajo infantil como un derecho de niños y niñas.
El panorama del trabajo infantil en la región no es, entonces, homogéneo. Mis observaciones se limitarán a ofrecer un perfil general que quizá no sea válido por igual a todos los países.
Comenzaremos señalando que en América Latina durante el largo período que va desde las primeras décadas del siglo XX hasta los años noventa, en el enfrentamiento al trabajo infantil primó una óptica básicamente normativa-jurídica. Los Estados de la región se limitaban a incorporar dentro de las legislaciones nacionales una serie de normas internacionales orientadas a elevar la edad mínima para el trabajo, prohibir el trabajo nocturno, fijar la duración de la jornada de trabajo, &c. En verdad muy poco de esto se cumplía en la realidad social.
Es recién a comienzos de la década de 1990 que el trabajo infantil adquiere un renovado interés; es importante decir que el rol de ciertos organismos internacionales fue sumamente importante para motivar dicho interés.
En esta segunda etapa, se pasa del plano jurídico al plano social. Se inician en la región experiencias concretas que apuntan al retiro laboral de niños y niñas que trabajan.
En este esfuerzo colectivo hemos tenido aciertos, errores y olvidos, pero finalmente hemos logrado avanzar. Enunciaré rápidamente algunos logros para concentrarme luego en las limitaciones y plantear, finalmente, algunos retos al futuro.
Lo más importante de estos años es haber contribuido a mejorar la calidad de vida de miles de niñas y niños que han participado de los proyectos. Por lo menos un sector de niñas y niños que trabajaban en ocupaciones evidentemente dañinas y peligrosas, hoy día ya no lo hacen. Estos niños y niñas seguramente tendrán un mejor futuro. Haber colaborado para abrir oportunidades sociales a estos niños y niñas, por cierto, es un logro muy importante.
De otro lado, el enfoque de la erradicación del trabajo infantil ha ganado definitivamente espacio social y político en América Latina. Si bien subsisten en algunos países instituciones que reivindican el trabajo infantil como un derecho de los niños y niñas, en la actualidad tiene incuestionable hegemonía el enfoque de la prevención y erradicación del trabajo infantil, enfoque compartido tanto por los Estados como por sectores significativos de la sociedad civil. Esto no sucedía en la década del 80.
En el plano normativo también se han logrado avances importantes. Durante la década del 90 se ha creado una nueva generación de Códigos de Niños y Adolescentes, los cuales recogen el enfoque de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo todos los Estados de la región han ratificado el Convenio 138 de la OIT relativo a la edad mínima para ingresar a trabajar. De igual modo, la ratificación del Convenio 182 de la OIT sobre la erradicación de las peores formas de trabajo infantil avanza raudamente.
En suma, hemos avanzado. Sin embargo, si queremos tener éxito en la tarea empeñada es necesario ser autocríticos y reconocer una serie de errores y limitaciones sobre las cuales es necesario reflexionar.
Un primer aspecto se refiere a la escasa cobertura en términos del número de niños y niñas que ya no trabajan como resultado de los programas y proyectos de erradicación del trabajo infantil.
Los datos más optimistas indican que en América Latina trabajarían actualmente cerca de 18 millones de niños y niñas entre 5 a 14 años de edad. ¿Cuántos han dejado de trabajar producto de los proyectos y programas de erradicación del trabajo infantil? La cifra no aparece en ningún informe internacional, pero si estimamos generosamente en algunos centenares de miles los niños y niñas que ya no trabajan producto de las intervenciones, esto probablemente no cubra ni al 1% del total de la población objetivo.
Tenemos un serio problema de cobertura que no podemos eludir. Al respecto haría dos reflexiones elementales. Los programas y proyectos de erradicación del trabajo infantil, aun siendo 100% eficientes, siempre llegarán a una población reducida porque desde el diseño están planteados como experiencias demostrativas o pilotos en zonas geográficas y ocupaciones muy delimitadas. Estos proyectos no se plantean eliminar nacionalmente el trabajo infantil, sino demostrar que esta tarea es posible. La responsabilidad de eliminar nacionalmente el trabajo infantil, a fin de cuentas, no es de las ONG o de la cooperación internacional, sino de los Estados.
La pregunta de fondo es: ¿cómo llegar a más niños y niñas trabajadores? Una veta que no se ha explotado lo suficiente en los países de nuestra región es enfrentar el trabajo infantil enfatizando la formulación e implementación de políticas públicas de desarrollo cuyo eje sea la infancia.
Esto implica que la preocupación por evitar el trabajo de niñas y niños debe ser transversal a todas las políticas sociales, tanto de educación, salud, empleo, etc. Lo que proponemos, en otras palabras, es la centralidad de la infancia en la política y presupuestos de Estado, en sus diversos niveles de gobierno; esto, en la perspectiva de crear un entorno económico-social y familiar favorable a la infancia, como marco para cortar los mecanismos de reproducción del trabajo infantil.
No hablamos de programas o proyectos solamente para niños y niñas que trabajan, sino de políticas públicas para todos los niños y niñas. Evidentemente, con prioridad en los más excluidos para quienes han de definirse programas focalizados; y es que, desde nuestro punto de vista, reiteramos, la eliminación del trabajo infantil no se puede separar del respeto y lucha por los derechos humanos de la infancia en general.
No será posible eliminar el trabajo infantil de manera sostenible mientras existan familias en extrema pobreza, mientras existan altos índices de violencia dentro de las familias; mientras se mantengan las altas tasas de embarazo precoz de las adolescentes. No será posible eliminar el trabajo infantil de manera sostenible mientras la deserción escolar, especialmente en zonas rurales, mantenga índices tan elevados como los actuales; mientras la calidad de la enseñanza sea tan baja; mientras coexistan en nuestros países escuelas dignas del primer mundo junto a escuelas del cuarto mundo. Necesitamos políticas para mejorar la calidad de vida de las familias y políticas para mejorar la calidad de la educación escolar. Estos son ejes centrales para el bienestar de la infancia y contra el trabajo infantil.
Creo que frente al trabajo infantil debería haber mayor balance entre las actividades orientadas a la erradicación del trabajo infantil y las actividades de prevención.
Si en las políticas y programas privilegiamos la erradicación del trabajo de niños y niñas, estamos llegando a los chicos cuando éstos ya han perdido oportunidades por tener que trabajar. Ya han afectado su salud, su educación, su capacidad de vivir la infancia. En otras palabras, el daño ya está hecho. Evidentemente que debemos esforzarnos por salvar a niños y niñas, muy especialmente a aquellos que se encuentran trabajando en las llamadas peores formas extremas de trabajo infantil. En esto no cabe duda alguna.
El punto a reflexionar es el énfasis casi absoluto puesto en los últimos años en la erradicación del trabajo infantil. Hacer esto equivale a pretender evitar el naufragio de un barco sacando con baldes el agua de adentro y tirándola al mar, cuando los inmensos boquetes de la pobreza siguen empujando niños y niñas al trabajo. Así difícilmente evitaremos el naufragio.
Se estima que en América Latina la mitad de todos los niños y niñas son pobres. Es decir, viven en condiciones sociales donde el trabajo infantil es siempre una posibilidad, un riesgo. No podemos esperar a que trabajen para hacer algo por ellos. Es necesario actuar antes. Es necesario enfatizar con más contundencia la prevención al trabajo infantil.
De otro lado, tengo la impresión que una limitación adicional de nuestro trabajo en estos años ha sido el poco espacio o tiempo destinado a fortalecer la participación y el empoderamiento de niños y niñas.
Desde el enfoque de la Convención Sobre los Derechos del Niño es evidente la necesidad de promover la participación infantil, no solamente como «beneficiarios» de las políticas y programas, sino como actores en las decisiones fundamentales. Evidentemente esto es todo un reto porque vivimos en un ambiente cultural –tanto en la familia, la escuela o la comunidad– donde los niños y niñas ocupan un lugar subordinado. En el fondo de nuestro pensamiento permanece la idea que los chicos no son capaces. Les falta experiencia. Ellos no pueden y nosotros sí. Convivimos en una cultura que, desde tiempos ancestrales, desvaloriza la infancia.
Lo peor es que, aun reconociendo la necesidad de la participación y sus dificultades, no nos arriesgamos a promover una voz autónoma de niños y niñas. Queremos escucharlos, pero si repiten nuestros planteamientos. Quizá con algún matiz, pero no fuera de nuestro enfoque.
El reto que tenemos es cómo logramos que niños, niñas y adolescentes se conviertan en promotores de su propio desarrollo; cómo en las políticas y programas abrimos espacios verdaderamente democráticos para que niñas y niños opinen y su opinión se recoja. Lo que está en discusión es el tema de cómo construimos ciudadanos democráticos desde la infancia. Es increíble tener que decirlo, pero parece que hay que perderle miedo a la libertad de los niños y atreverse a avanzar junto a ellos. Como todos sabemos, la ciudadanía no se limita a poder votar y ejercer cargos públicos, sino que es el ejercicio real de todos nuestros derechos.
Un último comentario sobre nuestros retos tiene que ver con la necesidad de crear mecanismos que aseguren el cumplimiento de las leyes y normas. Prácticamente todos nuestros países han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y los Convenios 138 y 182 de la OIT. Los Códigos de Niños y Adolescentes han sido reformulados y sostienen mayoritariamente un enfoque de derechos. Sin embargo, ¿acaso se respeta la edad mínima para comenzar a trabajar? Todas las leyes, invariablemente, prohíben el trabajo nocturno infantil. ¿Dónde se respeta esto? Nuestros Estados ratifican Convenios y firman acuerdos que, fatalmente, en muchos casos no se cumplen o, en el mejor de los casos, sólo se cumplen parcialmente. Esto revela la debilidad del Estado de Derecho en América Latina.
Así como los libros sólo existen si le leen, los derechos humanos sólo existen si se cumplen.
Entonces, es esencial no solamente el reconocimiento de los derechos humanos de niños y niñas, sino crear los mecanismos jurídicos y sociales para que se cumplan tales derechos. Para esto la voluntad política del Estado en pieza vital. El Estado –es decir, las autoridades en sus diversos niveles– deben definir sus prioridades. Esto no siempre es sencillo porque el tema de los derechos humanos no es políticamente neutral. Para favorecer a un grupo social necesariamente hay que restar ventajas de otros. Inevitablemente se choca con intereses.
Sin embargo, también la sociedad civil tiene un rol fundamental en el respeto de los derechos humanos de niños y niñas. Hay que crear o fortalecer los mecanismos de vigilancia ciudadana para así poder ejercer control en el cumplimiento de los Convenios y compromisos suscritos por los Estados relativos al cumplimiento de los derechos de la infancia y, en particular, lo relativo a la eliminación del trabajo infantil.
Para culminar, vale la pena remarcar y dejar explícito que –desde un enfoque de derechos humanos– nuestra finalidad última no es erradicar el trabajo infantil, sino lograr que todos los niños y niñas, trabajen o no, tengan las mismas oportunidades sociales al bienestar y la felicidad. En el horizonte por una apuesta ética de construir una sociedad más justa y solidaria, la erradicación del trabajo infantil es solamente un paso en un largo camino orientado a conquistar todos los derechos para todos los niños y niñas.
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