La derecha y sus colores
La Jornada
Al secretario de Gobernación le es imposible ocultar sus muy peculiares opiniones sobre cada tema, por más que pretenda conducirse con la adustez propia de ese inalcanzable ideal del funcionario neutro –que no neutral– subrayado por la costumbre y la ley. No me parece un tropiezo menor, un simple desajuste conceptual, sino la expresión de un pensamiento que en los hechos niega al Estado laico, decir que los colores de la bandera representan “el verde la religión; el blanco y el rojo la unión de los mexicanos”. Aparte del error de confundir el verde con el blanco, Ramírez Acuña supone que nada ha cambiado en materia de símbolos (y sus significados) desde la entrada del Ejército Trigarante bajo el mando de Iturbide. Si alguien cree que este es un debate secundario, le propongo releer el libro de Enrique Florescano La bandera mexicana, breve historia de su formación y simbolismo, editado por el Fondo de Cultura Económica en 1998, valioso ensayo rico en datos e ilustraciones como en argumentos. Allí Florescano cuenta cómo los símbolos patrios, en particular el escudo con el águila y el nopal devorando a la serpiente, al igual que la bandera tricolor –y la guadalupana– surgen y se modifican atendiendo a tres tradiciones diferentes: la indígena, la herencia religiosa hispánica, colonial, y la tradición liberal, cuyas influencias y confrontaciones marcan la historia mexicana a través de los últimos cinco siglos. El Plan de Iguala, de 1821, defendía “la conservación de la religión católica, apostólica y romana sin tolerancia de otra alguna; la independencia bajo la forma de gobierno monárquico moderado, y la unión entre americanos y europeos”, según palabras de Lucas Alamán, citado por Florescano.
Conviene no olvidar que bajo la superficie de la “guerra de los símbolos” se halla, más terrenal si cabe, la búsqueda de una identidad propia, pero sobre todo la asunción de una determinada concepción sobre el quehacer nacional, su pasado y el futuro. La renuncia a la herencia liberal más consecuente, tan cara a la derecha mexicana, conduce a rescribir la historia en beneficio de aquellos intereses que, tras sucesivos cambios de piel, hoy se presentan bajo el rostro de la modernidad truncada, fallida, es decir, como la continuidad del pensamiento de origen oligárquico, intolerante y excluyente que puede adaptarse a las contingencias del poder pero es incapaz de vislumbrar un verdadero proyecto nacional. Las pretensiones recientes de un poderoso sector de la jerarquía católica en el sentido de echar por la borda las últimas restricciones legales que les impiden ser un sujeto activo en la vida pública, incluida la participación de los sacerdotes en los procesos electorales, forma parte de ese intento de recreación de la hegemonía conservadora, una de cuyas ramas dio origen al Partido Acción Nacional, surgido como reacción a las grandes reformas sociales llevadas a cabo durante el periodo del presidente Lázaro Cárdenas.
Cierto que la nueva derecha mexicana no se atreve a decir su nombre en voz alta y prefiere definirse a sí misma como de “centro”, siguiendo la pauta del Partido Popular aznariano, cuyo combate contra el laicismo y otros temas relacionados con la educación para la democracia sólo viene a confirmar su solera reaccionaria. Aquí, pragmático, el panismo gobernante evita la identificación automática con el pensamiento derechista, e incluso observa con buenos ojos la formación de un protopartido con los restos del sinarquismo y otros grupos, pero en cuanto se rasca un poco en la superficie de los “valores” que defienden, se muestra que muy poco ha cambiado en ellos. No diré que los traiciona el subconsciente, pero hay cuestiones donde la pretendida modernidad de la derecha gobernante naufraga irremediablemente. Ahí esta el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Procuraduría General de la República ante la Suprema Corte para frenar la ley que autoriza bajo ciertas condiciones la interrupción voluntaria del embarazo. Allí están, para quien quiera comprobarlo, las declaraciones inauditas del señor Manuel Espino en Chile pidiéndole a la democracia cristiana de ese país que rompa la concertación con la izquierda, no obstante que a ese país se le tenga por modelo a seguir entre los derechistas menos radicales. La última perla del secretario de Gobernación confirma esa irresistible tendencia a mostrarse como en realidad son. Los otros “errores”: la censura a la intervención de la presidenta del Congreso, o la súbita defensa de los consejeros del IFE ante el “capricho” de los legisladores, dan cuenta de la otra carta de la nueva derecha: la intolerancia y el autoritarismo en la toma de decisiones.
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jueves, septiembre 06, 2007
jueves, agosto 30, 2007
Opinion - Adolfo Sánchez Rebolledo
¿De “izquierda” y “socialista”?
La Jornada
Recién fundado el PRD en algunos círculos internos se debatía cuál debería ser la “marca” particular de esta nueva organización, tan diversa como el amplio Frente que le había dado origen. No era fácil englobar en una definición a todos los que se reunieron en el hotel Vasco de Quiroga en torno a la figura carismática de Cuauhtémoc Cárdenas, cuyo éxito electoral modificó de raíz el escenario político nacional. Portador de variadas tradiciones ideológicas y políticas, a muchos les bastaba con que el nuevo partido se pronunciara por una nueva “revolución democrática”, entendiendo que, más allá, de la vieja polémica sobre la violencia como partera de la historia, se discutía la naturaleza del cambio por realizar.
El objetivo era unir a las fuerzas populares y opositoras en una gran alianza que abriera el camino a un “gobierno de salvación nacional”, considerando que el grupo en el poder sería incapaz de concluir el sexenio sin agravar más la crisis nacional. Aunque jamás renuncia a la “vía electoral” y también se rechaza la violencia, la retórica antigobiernista (que no siempre antiautoritaria) del PRD insiste en la movilización social, en la dinámica liberadora del “movimiento”, más que en la organización del partido dominado desde entonces por la lógica de los grupos internos.
El término transición aún no ocupa el lugar trillado que luego alcanzaría, de modo que la “salida democrática” pretende la inmediata liquidación del “partido de Estado”, el fin del régimen presidencialista autoritario, la construcción de verdaderas instituciones democráticas a partir de la expulsión del PRI del poder, no antes. A pesar de todo, si bien la ilegitimidad originaria siguió al presidente hasta el final, la esperanza en la revolución democrática se diluyó ante la ofensiva brutal del régimen, la alianza sustantiva PRI- PAN para las reformas estructurales, la manipulación mediática empresarial y los malos resultados obtenidos por la izquierda en las elecciones de 1991.
El gran mérito del partido fue resistir y recomponerse ante la adversidad. Sin embargo, pasaron algunos años antes de que en el PRD se hablara de “transición pactada” sin traicionar los principios fundadores o se proclamara como un partido “de izquierda”, obviedad que luego ocurrió sin la aprobación explícita de algunos de sus máximos líderes, convencidos de que toda alusión ideológica, así fuera vaga y genérica, restaba en vez de sumar en la tarea de unir al vasto espectro de las potenciales fuerzas democráticas. Pero el PRD avanzó electoralmente y ganó la capital. Se fortaleció, pero no resolvió sus propios problemas.
Hoy, el PRD avanza un trecho en ese camino al definirse en su décimo congreso, y cito a Alejandro Encinas, “como una organización de izquierda, plural, amplia, socialista y democrática” (El Universal, 28/08/07). Nada que objetar, aunque reitero que a ese reconocimiento nominal le falta la reflexión teórica que nos diga cuáles son los límites de esos conceptos y nos explique a qué se refiere cuando aquí y ahora se define como socialista. No es un tema menor, pues aun dentro del PRD coexisten las interpretaciones socialdemócratas con otras heredadas de la experiencia internacional revolucionaria más antigua o reciente de matriz nacionalista o popular.
Más que aclarar en forma escolástica la identidad del partido, la cuestión de fondo es la unidad de la izquierda y el despliegue de una hipótesis de trabajo verdaderamente nacional. Es verdad que la unidad formal no zozobró en el congreso, pero sí demostró su fragilidad y, al parecer, nadie salió contento tras la prueba de fuerza que vimos al final a juzgar por la reacción de Jesús Ortega, reconociendo que en el PRD conviven dos visiones sobre la izquierda y las contradicciones entre éstas no son menores (Excélsior, 28/08/07). Lo malo no es que tales diferencias existan, sino que se empantanen o sirvan de pantalla para darle un tono respetable a la lucha interna por el poder sin aceptar la pluralidad. Y me temo que, al margen de las malas razones planteadas por la realpolitik para declararse unidos, subsisten resquemores, desconfianzas mutuas, el riesgo latente de la división, en fin, la tensión entre los objetivos de hoy y los principios que rigen la vida de cualquier organismo político.
El centro del debate, en parte por influencia de los medios, se ha trasladado, en mi opinión erróneamente, del conjunto de planteamiento formulados por Andrés Manuel López Obrador en la Coalición por el Bien de Todos –cuyo desarrollo implicaba consolidar el programa, avanzar en las alianzas, la organización ciudadana y el fortalecimiento de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista–, a la sacralización del combate coyuntural contra la ilegitimidad presidencial que, en todo caso, era el punto de partida de la oposición de izquierda en la búsqueda de una alternativa general.
En ese contexto, preocupa escuchar voces subestimando la necesidad de un fuerte partido de izquierda o restando importancia a la división entre las fuerzas que hoy sostienen el lopezobradorismo. Por ejemplo, el respetable periodista Ortiz Pinchetti, quien es además secretario de relaciones políticas del gobierno legítimo, desliza una crítica a la influencia de “Nueva izquierda y las demás corrientes del PRD para que este partido no asuma a plenitud en las Cámaras una oposición que pudiera estarnos redituando las enormes ventajas del mal desempeño de Calderón” (Apro, 27 de agosto), crítica que me parece excesiva, pero, según lo visto y leído, tiene numerosos adeptos y no pocos voceros oficiosos. Otra reflexión de Ortiz Pinchetti me parece más preocupante. Cito al reprtero Juan Pablo Proal, de Proceso: “El ex secretario de Gobierno del Distrito Federal reconoce que la izquierda partidista, principalmente en los estados, continúa sin un proyecto definido y con claras tendencias oficialistas: ‘Esto es un problema muy grave. En muchos lugares, en muchos estados, los grupúsculos de izquierda han venido estableciendo un modo de vida que para ellos es magnífico (...) Los gobiernos generalmente manipulan a muchos de estos grupúsculos, pero evidentemente que el país ya requiere otro tipo de expresión, ya estamos maduros para un partido progresista moderado, un partido de centro-izquierda’”.
Creo que eso merece algunas explicaciones: ¿a qué grupúsculos se refiere? ¿Qué significa el término moderado en el contexto de la resistencia encabezada por el “gobierno legítimo”? ¿Cómo conciliar la apuesta que ve la necesidad de convertir al FAP en un polo de referencia más allá de la izquierda partidista con la idea de construir un “partido de centro-izquierda” como al fin sugiere Ortiz Pinchetti. Creo que hay materia para la reflexión y el debate.
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La Jornada
Recién fundado el PRD en algunos círculos internos se debatía cuál debería ser la “marca” particular de esta nueva organización, tan diversa como el amplio Frente que le había dado origen. No era fácil englobar en una definición a todos los que se reunieron en el hotel Vasco de Quiroga en torno a la figura carismática de Cuauhtémoc Cárdenas, cuyo éxito electoral modificó de raíz el escenario político nacional. Portador de variadas tradiciones ideológicas y políticas, a muchos les bastaba con que el nuevo partido se pronunciara por una nueva “revolución democrática”, entendiendo que, más allá, de la vieja polémica sobre la violencia como partera de la historia, se discutía la naturaleza del cambio por realizar.
El objetivo era unir a las fuerzas populares y opositoras en una gran alianza que abriera el camino a un “gobierno de salvación nacional”, considerando que el grupo en el poder sería incapaz de concluir el sexenio sin agravar más la crisis nacional. Aunque jamás renuncia a la “vía electoral” y también se rechaza la violencia, la retórica antigobiernista (que no siempre antiautoritaria) del PRD insiste en la movilización social, en la dinámica liberadora del “movimiento”, más que en la organización del partido dominado desde entonces por la lógica de los grupos internos.
El término transición aún no ocupa el lugar trillado que luego alcanzaría, de modo que la “salida democrática” pretende la inmediata liquidación del “partido de Estado”, el fin del régimen presidencialista autoritario, la construcción de verdaderas instituciones democráticas a partir de la expulsión del PRI del poder, no antes. A pesar de todo, si bien la ilegitimidad originaria siguió al presidente hasta el final, la esperanza en la revolución democrática se diluyó ante la ofensiva brutal del régimen, la alianza sustantiva PRI- PAN para las reformas estructurales, la manipulación mediática empresarial y los malos resultados obtenidos por la izquierda en las elecciones de 1991.
El gran mérito del partido fue resistir y recomponerse ante la adversidad. Sin embargo, pasaron algunos años antes de que en el PRD se hablara de “transición pactada” sin traicionar los principios fundadores o se proclamara como un partido “de izquierda”, obviedad que luego ocurrió sin la aprobación explícita de algunos de sus máximos líderes, convencidos de que toda alusión ideológica, así fuera vaga y genérica, restaba en vez de sumar en la tarea de unir al vasto espectro de las potenciales fuerzas democráticas. Pero el PRD avanzó electoralmente y ganó la capital. Se fortaleció, pero no resolvió sus propios problemas.
Hoy, el PRD avanza un trecho en ese camino al definirse en su décimo congreso, y cito a Alejandro Encinas, “como una organización de izquierda, plural, amplia, socialista y democrática” (El Universal, 28/08/07). Nada que objetar, aunque reitero que a ese reconocimiento nominal le falta la reflexión teórica que nos diga cuáles son los límites de esos conceptos y nos explique a qué se refiere cuando aquí y ahora se define como socialista. No es un tema menor, pues aun dentro del PRD coexisten las interpretaciones socialdemócratas con otras heredadas de la experiencia internacional revolucionaria más antigua o reciente de matriz nacionalista o popular.
Más que aclarar en forma escolástica la identidad del partido, la cuestión de fondo es la unidad de la izquierda y el despliegue de una hipótesis de trabajo verdaderamente nacional. Es verdad que la unidad formal no zozobró en el congreso, pero sí demostró su fragilidad y, al parecer, nadie salió contento tras la prueba de fuerza que vimos al final a juzgar por la reacción de Jesús Ortega, reconociendo que en el PRD conviven dos visiones sobre la izquierda y las contradicciones entre éstas no son menores (Excélsior, 28/08/07). Lo malo no es que tales diferencias existan, sino que se empantanen o sirvan de pantalla para darle un tono respetable a la lucha interna por el poder sin aceptar la pluralidad. Y me temo que, al margen de las malas razones planteadas por la realpolitik para declararse unidos, subsisten resquemores, desconfianzas mutuas, el riesgo latente de la división, en fin, la tensión entre los objetivos de hoy y los principios que rigen la vida de cualquier organismo político.
El centro del debate, en parte por influencia de los medios, se ha trasladado, en mi opinión erróneamente, del conjunto de planteamiento formulados por Andrés Manuel López Obrador en la Coalición por el Bien de Todos –cuyo desarrollo implicaba consolidar el programa, avanzar en las alianzas, la organización ciudadana y el fortalecimiento de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista–, a la sacralización del combate coyuntural contra la ilegitimidad presidencial que, en todo caso, era el punto de partida de la oposición de izquierda en la búsqueda de una alternativa general.
En ese contexto, preocupa escuchar voces subestimando la necesidad de un fuerte partido de izquierda o restando importancia a la división entre las fuerzas que hoy sostienen el lopezobradorismo. Por ejemplo, el respetable periodista Ortiz Pinchetti, quien es además secretario de relaciones políticas del gobierno legítimo, desliza una crítica a la influencia de “Nueva izquierda y las demás corrientes del PRD para que este partido no asuma a plenitud en las Cámaras una oposición que pudiera estarnos redituando las enormes ventajas del mal desempeño de Calderón” (Apro, 27 de agosto), crítica que me parece excesiva, pero, según lo visto y leído, tiene numerosos adeptos y no pocos voceros oficiosos. Otra reflexión de Ortiz Pinchetti me parece más preocupante. Cito al reprtero Juan Pablo Proal, de Proceso: “El ex secretario de Gobierno del Distrito Federal reconoce que la izquierda partidista, principalmente en los estados, continúa sin un proyecto definido y con claras tendencias oficialistas: ‘Esto es un problema muy grave. En muchos lugares, en muchos estados, los grupúsculos de izquierda han venido estableciendo un modo de vida que para ellos es magnífico (...) Los gobiernos generalmente manipulan a muchos de estos grupúsculos, pero evidentemente que el país ya requiere otro tipo de expresión, ya estamos maduros para un partido progresista moderado, un partido de centro-izquierda’”.
Creo que eso merece algunas explicaciones: ¿a qué grupúsculos se refiere? ¿Qué significa el término moderado en el contexto de la resistencia encabezada por el “gobierno legítimo”? ¿Cómo conciliar la apuesta que ve la necesidad de convertir al FAP en un polo de referencia más allá de la izquierda partidista con la idea de construir un “partido de centro-izquierda” como al fin sugiere Ortiz Pinchetti. Creo que hay materia para la reflexión y el debate.
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jueves, agosto 23, 2007
Opinión - Adolfo Sánchez Rebolledo
¿Cuál política laboral?
La Jornada
Durante las semanas recientes hemos sido testigos de un intenso activismo por parte del secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano. Lo mismo en la prensa que en la televisión, el funcionario acomete con singular verbosidad la tarea de justificar la postura del gobierno ante los distintos conflictos sindicales suscitados en los últimos tiempos. Algunos, como el que se vive en el sector minero o, mejor dicho, entre un poderoso grupo de empresas y la dirigencia sindical, vienen de lejos; otros, entre ellos el de los sobrecargos, se origina en la carencia absoluta de visión estratégica que ha rematado al mejor postor las compañías de aviación (y los bancos, las concesiones carreteras, los ferrocarriles) para “abaratar los costos” y, perdón por el eufemismo, “mantener las fuentes de empleo”.
Como sea, es obvio que estamos ante una situación que se irá agudizando en la medida que las condiciones generales del país, las económicas, en primer lugar, se sigan agravando. La estructura sindical vigente fue construida paso a paso para impedir, justamente, el ejercicio de aquellos derechos que la Constitución promete: la restauración del equilibrio de los factores de la producción mediante el uso de los instrumentos al alcance de los trabajadores, la huelga, la negociación colectiva, es decir, ese arsenal jurídico cuya viabilidad ponen en duda los teóricos de la “nueva cultural laboral”.
En la práctica, dada la estructuración corporativa del sindicalismo, su aplicación cabal estuvo siempre sujeta a la interpretación superior de las autoridades, al manipuleo de los líderes o a la voluntad de los empresarios. Con el avance de la reforma estructural que lanzó a la calle –y al subempleo informal, por lo menos, a millones de personas, los viejos sindicatos de empresa probaron ser cascarones vacíos, sustituibles con ventajas por los llamados “contratos de protección”, verdaderos fantasmas a cargo de la salvaje capitalización del país. Una fuerza laboral débil y siempre disponible se considera la condición número uno para asegurar la competitividad, a la hora del comercio global, si bien, como demuestra la experiencia reciente, es imposible en esa materia superar a China o India. Ahora es evidente que la salida fácil también resultó ser la más riesgosa. El camino trillado seguido no ha dado resultados y las promesas de campaña de Felipe Calderón se han quedado en un gesto intrascendente: quien quiso ser conocido como el futuro “ presidente del empleo”, no acierta a delinear una ruta que permita al país crecer sin rematar el patrimonio nacional. Por el contrario, se ha enredado en la visión tecnocrática de la seguridad social que impide hacer reformas sin sacrificar los principios que le dan sustento, legitimidad. Y no hay verdadero crecimiento. La pretendida reforma fiscal busca asegurar mayores ingresos al gobierno, pero deja intactas las ganancias que marcan la desigualdad, esto es, pospone para nunca el reajuste fiscal que para una nación con las necesidades y la demografía de México resulta indispensable. Mientras, se agota la reserva energética.
Es obvio que hace falta una reforma laboral que mejore la salud de la economía, pero sin la participacion activa, autónoma y democrática de los asalariados, tal vez se consiga una nueva camisa de fuerza para mantener sometido al mundo del trabajo, no un cambio cualitativo en la forma de producir y la mejoría en las condiciones de vida para la gente. El gobierno se llena la boca al hablar de los migrantes, pero ya es hora de que el problema se vea también como parte de la problemática laboral no resuelta, erróneamente tratada por las autoridades. Sin embargo, los altos funcionarios viven en la inopia o, tal vez, en el mundo feliz e inasible del derecho. Un ejemplo: en respuesta al presidente internacional de la United Steelworkers, Leo W. Gerard, el secretario del Trabajo perfila su propia visión utópica en torno a los problemas laborales y políticos suscitados entre el sindicato minero, las empresas del Grupo México y las mismas autoridades. Según él, todo marcha bien y las investigaciones sobre Pasta de Conchos “se realizan al margen de presiones políticas y de expresiones ajenas al estricto cumplimiento de la normatividad”. (La Jornada, 22/08/07).
Curioso país es éste, donde el secretario del Trabajo se persigna con la ley a la vez que la secretaria de Educación Pública se toma la foto con su enemiga, dueña y señora del sindicato que hace y deshace en la materia, interviene en las elecciones y, en el camino de la derechización obsecuente, escucha los reclamos de un pretendido “representante” de los padres de familia, invitado por primera vez al acto de apertura de clases. Claro que hay de corporativismo a corporativismo.
P. D. Los líderes del PRD quieren corregir con declaraciones el penoso espectáculo final del décimo congreso. Pero el palo está dado. Vimos un conglomerado volcado hacia adentro, insensible, reiterativo hasta el tedio, sectario en el peor sentido de la palabra. No puedo entender un partido donde una parte considera “traidores” a los otros y al día siguiente todos siguen en el mismo barco, como si nada hubiera pasado. En fin, son expertos en ponerse trampas, como si de verdad nadie los observara. O tal vez no les importe.
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La Jornada
Durante las semanas recientes hemos sido testigos de un intenso activismo por parte del secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano. Lo mismo en la prensa que en la televisión, el funcionario acomete con singular verbosidad la tarea de justificar la postura del gobierno ante los distintos conflictos sindicales suscitados en los últimos tiempos. Algunos, como el que se vive en el sector minero o, mejor dicho, entre un poderoso grupo de empresas y la dirigencia sindical, vienen de lejos; otros, entre ellos el de los sobrecargos, se origina en la carencia absoluta de visión estratégica que ha rematado al mejor postor las compañías de aviación (y los bancos, las concesiones carreteras, los ferrocarriles) para “abaratar los costos” y, perdón por el eufemismo, “mantener las fuentes de empleo”.
Como sea, es obvio que estamos ante una situación que se irá agudizando en la medida que las condiciones generales del país, las económicas, en primer lugar, se sigan agravando. La estructura sindical vigente fue construida paso a paso para impedir, justamente, el ejercicio de aquellos derechos que la Constitución promete: la restauración del equilibrio de los factores de la producción mediante el uso de los instrumentos al alcance de los trabajadores, la huelga, la negociación colectiva, es decir, ese arsenal jurídico cuya viabilidad ponen en duda los teóricos de la “nueva cultural laboral”.
En la práctica, dada la estructuración corporativa del sindicalismo, su aplicación cabal estuvo siempre sujeta a la interpretación superior de las autoridades, al manipuleo de los líderes o a la voluntad de los empresarios. Con el avance de la reforma estructural que lanzó a la calle –y al subempleo informal, por lo menos, a millones de personas, los viejos sindicatos de empresa probaron ser cascarones vacíos, sustituibles con ventajas por los llamados “contratos de protección”, verdaderos fantasmas a cargo de la salvaje capitalización del país. Una fuerza laboral débil y siempre disponible se considera la condición número uno para asegurar la competitividad, a la hora del comercio global, si bien, como demuestra la experiencia reciente, es imposible en esa materia superar a China o India. Ahora es evidente que la salida fácil también resultó ser la más riesgosa. El camino trillado seguido no ha dado resultados y las promesas de campaña de Felipe Calderón se han quedado en un gesto intrascendente: quien quiso ser conocido como el futuro “ presidente del empleo”, no acierta a delinear una ruta que permita al país crecer sin rematar el patrimonio nacional. Por el contrario, se ha enredado en la visión tecnocrática de la seguridad social que impide hacer reformas sin sacrificar los principios que le dan sustento, legitimidad. Y no hay verdadero crecimiento. La pretendida reforma fiscal busca asegurar mayores ingresos al gobierno, pero deja intactas las ganancias que marcan la desigualdad, esto es, pospone para nunca el reajuste fiscal que para una nación con las necesidades y la demografía de México resulta indispensable. Mientras, se agota la reserva energética.
Es obvio que hace falta una reforma laboral que mejore la salud de la economía, pero sin la participacion activa, autónoma y democrática de los asalariados, tal vez se consiga una nueva camisa de fuerza para mantener sometido al mundo del trabajo, no un cambio cualitativo en la forma de producir y la mejoría en las condiciones de vida para la gente. El gobierno se llena la boca al hablar de los migrantes, pero ya es hora de que el problema se vea también como parte de la problemática laboral no resuelta, erróneamente tratada por las autoridades. Sin embargo, los altos funcionarios viven en la inopia o, tal vez, en el mundo feliz e inasible del derecho. Un ejemplo: en respuesta al presidente internacional de la United Steelworkers, Leo W. Gerard, el secretario del Trabajo perfila su propia visión utópica en torno a los problemas laborales y políticos suscitados entre el sindicato minero, las empresas del Grupo México y las mismas autoridades. Según él, todo marcha bien y las investigaciones sobre Pasta de Conchos “se realizan al margen de presiones políticas y de expresiones ajenas al estricto cumplimiento de la normatividad”. (La Jornada, 22/08/07).
Curioso país es éste, donde el secretario del Trabajo se persigna con la ley a la vez que la secretaria de Educación Pública se toma la foto con su enemiga, dueña y señora del sindicato que hace y deshace en la materia, interviene en las elecciones y, en el camino de la derechización obsecuente, escucha los reclamos de un pretendido “representante” de los padres de familia, invitado por primera vez al acto de apertura de clases. Claro que hay de corporativismo a corporativismo.
P. D. Los líderes del PRD quieren corregir con declaraciones el penoso espectáculo final del décimo congreso. Pero el palo está dado. Vimos un conglomerado volcado hacia adentro, insensible, reiterativo hasta el tedio, sectario en el peor sentido de la palabra. No puedo entender un partido donde una parte considera “traidores” a los otros y al día siguiente todos siguen en el mismo barco, como si nada hubiera pasado. En fin, son expertos en ponerse trampas, como si de verdad nadie los observara. O tal vez no les importe.
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jueves, julio 05, 2007
Opinión - Adolfo Sanchez Rebolledo
A un año
La Jornada
Andrés Manuel informó el domingo que ya llevaba registrados un millón de representantes del gobierno legítimo de los cinco que espera reunir durante esta etapa. En buena hora. Se trata de un gigantesco conglomerado ciudadano dispuesto a movilizarse en torno a varias causas fundamentales, entre las cuales destaca la defensa del patrimonio nacional y, por ende, la oposición radical a toda forma de privatización de las industrias del petróleo y la electricidad. En esa fuerza emergente se halla, sin duda, parte importante del capital político acumulado por López Obrador, la concreción de un esfuerzo electoral que tuvo como bandera principal la causa de los más desprotegidos y olvidados, la reivindicación de un programa donde la desigualdad deja de ser una cifra más, un dato revelador y moralmente inasimilable, pero funcional con la lógica del sistema y el poder.
Perseverar en ese camino es, en mi opinión, el saldo más favorable de un año realmente difícil, la aportación singular de la izquierda a un exiguo debate nacional, caracterizado por el afán oficialista de conseguir la normalidad sin intentar siquiera reflexionar sobre la naturaleza de la crisis que aqueja al país. Y es que, en definitiva, la democracia no puede sobrevivir sin negarse cuando pretende edificar sobre una nación polarizada por la desigualdad de la población.
Es una ilusión creer que México puede modernizarse sin una política volcada a buscar el desarrollo económico y social, aunque en ese punto no hay cambios a la vista. El gobierno repite las viejas fórmulas o procura la mediocridad del arreglo "táctico" para no levantar polvaredas en materia fiscal, sin demostrar, al menos, el deseo de modificar ligeramente el rumbo principal. Obviamente, el futuro inmediato no será sencillo para nadie.
Encuestas van y vienen, pero lo cierto es que la disputa seguirá presente en la escena mientras persistan las causas que la engendraron. Un ejemplo: el linchamiento mediático como recurso permanente contra "el enemigo". En un año hemos visto toda suerte de campañas contra López Obrador, incluyendo la que se hizo para probar ex ante que éste fracasaría en el intento de reunir en la plaza a sus partidarios. No lo han conseguido.
Ahora está en curso otra ofensiva cuyo objetivo es bastante elemental: introducir la cuña de la división entre López Obrador, los gobernadores y los grupos parlamentarios que constituyen el Frente Amplio Progresista (FAP), aprovechando la aparente descoordinación entre ambos (o diferencias reales) y la ausencia de un trabajo político cotidiano y visible por parte de los partidos aliados. Pero hay algunos elementos que contribuyen a dichas campañas. Por ejemplo, la desconfianza existente en algunos círculos izquierdista a concebir el trabajo parlamentario como esencial para el despliegue de la alternativa de la izquierda o la aceptación acrítica de la dicotomía entre la acción "desde abajo" y la actuación en "las instituciones del Estado", como si la complejidad del momento se redujera, una vez más, a la redición del viejo debate entre "dialoguistas" e "intransigentes". Sin embargo, la izquierda perdería una de sus razones de ser en el México de hoy si no consigue que sus planteamientos sean debatidos (y, eventualmente, aprobados) en esas instancias. Así se hizo con rigor y compromiso indiscutible durante los años en que la representación de la izquierda era absolutamente minoritaria en el Congreso, no sólo ante la aplanadora gubernamental, sino también frente a otros grupo, como el del PAN. Esa lúcida presencia contribuyó, sin duda, a transformar las instituciones y a darle nuevas perspectivas a la ciudadanía. ¿Cómo no hacerlo con mayores exigencias ahora que se cuenta, además, con el respaldo de una votación histórica y la movilización cotidiana de millones de personas dispuestas a conseguir los cambios necesarios.?
Aunque la situación objetiva "trabaja" a favor del cambio, es imposible olvidar que la actual coalición dominante cuenta con el aparato gubernamental, con la docilidad de buena parte del Poder Judicial, con el apoyo no disimulado de la Iglesia católica y el empresariado y, sobre todo, cuenta con los medios, cuya responsabilidad trasciende el ámbito de la "comunicación" política al constituirse en el principal inspirador del "sentido común" conservador sobre el cual descansa la aceptación de la oferta de la derecha.
En ese sentido, ninguna "alternativa" será viable si no se concreta en las urnas. Si la izquierda aspira a ganar las elecciones de 2009 y luego las presidenciales de 2012 tiene que comenzar ahora, construyendo la estructura territorial que es imprescindible para que no se pierda un solo voto favorable. Este trabajo no es opcional, pese al desencanto que ya consignan las encuestas.
Se dirá, con razón, que el problema es político y no organizativo. Pero es difícil imaginar un cambio de fondo sin modificar esa especie de bipartidismo electoral, sin duda anómalo, sobre el cual se sustenta el "régimen de partidos" en algunas regiones del del país. Además, ganar las elecciones supone hacer realidad la unidad dentro y fuera de los partidos que participan en el FAP, y atraer a sectores distantes de la izquierda organizada, lo cual es complicado de lograr, como hemos visto. En el futuro próximo, la izquierda tendrá que reflexionar a fondo sobre su futuro y hacer el balance que sigue pendiente.
La Jornada
Andrés Manuel informó el domingo que ya llevaba registrados un millón de representantes del gobierno legítimo de los cinco que espera reunir durante esta etapa. En buena hora. Se trata de un gigantesco conglomerado ciudadano dispuesto a movilizarse en torno a varias causas fundamentales, entre las cuales destaca la defensa del patrimonio nacional y, por ende, la oposición radical a toda forma de privatización de las industrias del petróleo y la electricidad. En esa fuerza emergente se halla, sin duda, parte importante del capital político acumulado por López Obrador, la concreción de un esfuerzo electoral que tuvo como bandera principal la causa de los más desprotegidos y olvidados, la reivindicación de un programa donde la desigualdad deja de ser una cifra más, un dato revelador y moralmente inasimilable, pero funcional con la lógica del sistema y el poder.
Perseverar en ese camino es, en mi opinión, el saldo más favorable de un año realmente difícil, la aportación singular de la izquierda a un exiguo debate nacional, caracterizado por el afán oficialista de conseguir la normalidad sin intentar siquiera reflexionar sobre la naturaleza de la crisis que aqueja al país. Y es que, en definitiva, la democracia no puede sobrevivir sin negarse cuando pretende edificar sobre una nación polarizada por la desigualdad de la población.
Es una ilusión creer que México puede modernizarse sin una política volcada a buscar el desarrollo económico y social, aunque en ese punto no hay cambios a la vista. El gobierno repite las viejas fórmulas o procura la mediocridad del arreglo "táctico" para no levantar polvaredas en materia fiscal, sin demostrar, al menos, el deseo de modificar ligeramente el rumbo principal. Obviamente, el futuro inmediato no será sencillo para nadie.
Encuestas van y vienen, pero lo cierto es que la disputa seguirá presente en la escena mientras persistan las causas que la engendraron. Un ejemplo: el linchamiento mediático como recurso permanente contra "el enemigo". En un año hemos visto toda suerte de campañas contra López Obrador, incluyendo la que se hizo para probar ex ante que éste fracasaría en el intento de reunir en la plaza a sus partidarios. No lo han conseguido.
Ahora está en curso otra ofensiva cuyo objetivo es bastante elemental: introducir la cuña de la división entre López Obrador, los gobernadores y los grupos parlamentarios que constituyen el Frente Amplio Progresista (FAP), aprovechando la aparente descoordinación entre ambos (o diferencias reales) y la ausencia de un trabajo político cotidiano y visible por parte de los partidos aliados. Pero hay algunos elementos que contribuyen a dichas campañas. Por ejemplo, la desconfianza existente en algunos círculos izquierdista a concebir el trabajo parlamentario como esencial para el despliegue de la alternativa de la izquierda o la aceptación acrítica de la dicotomía entre la acción "desde abajo" y la actuación en "las instituciones del Estado", como si la complejidad del momento se redujera, una vez más, a la redición del viejo debate entre "dialoguistas" e "intransigentes". Sin embargo, la izquierda perdería una de sus razones de ser en el México de hoy si no consigue que sus planteamientos sean debatidos (y, eventualmente, aprobados) en esas instancias. Así se hizo con rigor y compromiso indiscutible durante los años en que la representación de la izquierda era absolutamente minoritaria en el Congreso, no sólo ante la aplanadora gubernamental, sino también frente a otros grupo, como el del PAN. Esa lúcida presencia contribuyó, sin duda, a transformar las instituciones y a darle nuevas perspectivas a la ciudadanía. ¿Cómo no hacerlo con mayores exigencias ahora que se cuenta, además, con el respaldo de una votación histórica y la movilización cotidiana de millones de personas dispuestas a conseguir los cambios necesarios.?
Aunque la situación objetiva "trabaja" a favor del cambio, es imposible olvidar que la actual coalición dominante cuenta con el aparato gubernamental, con la docilidad de buena parte del Poder Judicial, con el apoyo no disimulado de la Iglesia católica y el empresariado y, sobre todo, cuenta con los medios, cuya responsabilidad trasciende el ámbito de la "comunicación" política al constituirse en el principal inspirador del "sentido común" conservador sobre el cual descansa la aceptación de la oferta de la derecha.
En ese sentido, ninguna "alternativa" será viable si no se concreta en las urnas. Si la izquierda aspira a ganar las elecciones de 2009 y luego las presidenciales de 2012 tiene que comenzar ahora, construyendo la estructura territorial que es imprescindible para que no se pierda un solo voto favorable. Este trabajo no es opcional, pese al desencanto que ya consignan las encuestas.
Se dirá, con razón, que el problema es político y no organizativo. Pero es difícil imaginar un cambio de fondo sin modificar esa especie de bipartidismo electoral, sin duda anómalo, sobre el cual se sustenta el "régimen de partidos" en algunas regiones del del país. Además, ganar las elecciones supone hacer realidad la unidad dentro y fuera de los partidos que participan en el FAP, y atraer a sectores distantes de la izquierda organizada, lo cual es complicado de lograr, como hemos visto. En el futuro próximo, la izquierda tendrá que reflexionar a fondo sobre su futuro y hacer el balance que sigue pendiente.
jueves, mayo 31, 2007
Opinión - Adolfo Sanchez Rebolledo
Controversia contra el Estado laico
La Jornada
Incapaces de sumar un solo voto a la minoría legislativa que se opuso a la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas del embarazo, el PAN acudió a a la Procuraduría General de la República y a la Comisión de los Derechos Humanos para que éstas presentaran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de inconstitucionalidad, cosa que ya ha logrado. Detrás de esta acción se encuentra la estela de organismos oficiosos que hablan por los altos prelados de las Iglesias, la católica a la cabeza, lanzados a una nueva aventura de su ya histórica carrera contra el laicismo. No de otra forma se puede entender que se pretenda, so pretexto de la defensa de los derechos humanos, hacer obligatoria una determinada moral que, ella sí, niega los derechos de los demás a pensar y vivir conforme a otros valores.
La despenalización, recordemos, no obliga a ninguna mujer a la interrupción del embarazo. En cambio establece las condiciones bajo las cuales esa riesgosa práctica puede evitar males mayores, dando a la mujer el derecho a decidir bajo circunstancias definidas por la ley.
Argüir, como ha hecho el procurador, y reitera sin convicción el ombudsman, que se trata de un asunto eminentemente jurídico, al margen de otras controversias, es un verdadero insulto a la inteligencia de la ciudadanía.
Resulta transparente que detrás del fiscal está la decisión del Presidente de revertir un indiscutible avance del pluralismo real, confirmando al menos dos cosas muy importantes para el presente y el futuro del Estado mexicano: 1) la disposición presidencial a escuchar el llamado confesional en una materia donde debía ser especialmente cuidadoso, más allá de sus personales creencias, y 2) la indisposición a respetar en sus términos el resultado de un largo y complejo legislativo que permitió escuchar las voces de todos los interesados.
En este caso la apelación a las disposiciones federales, supuestamente contrariadas por la despenalización, no es más que un argumento legalista, destinado a ocultar el fondo de la cuestión: se trata de amarrarle las manos al órgano legislativo capitalino para que éste quede objetivamente subordinado al poder federal. En el fondo, como es notorio, sobre la crisis de valores de la derecha se sobrepone la crisis política que hace del gobierno rehén de sus propias debilidades de origen.
La Suprema Corte de Justicia tiene ahora el delicado encargo de mantener en pie el edificio constitucional del laicismo mexicano. Eso es lo que, en última instancia, se va a decidir en cuanto se entre al fondo del asunto. Justamente, la erosión del Estado laico de origen liberal es la piedra angular del nuevo milenarismo católico encabezado por el Papa, la apuesta del alto clero para teñir con el velo de lo sagrado hasta el último intersticio de la vida cotidiana. Roma teme a la secularización y por ello nos propone una vuelta al Estado confesional, así sea mediante fórmulas "modernas" que asimilan la promoción de la"libertad religiosa" a los derechos humanos, concebidos siempre como derechos prexistentes, al margen de toda legalidad de carácter histórico. El "derecho a la vida" se convierte así en una entelequia, en simple recurso para justificar la moral única, mientras en la realidad se observa con fatalismo y resignación los peores crímenes contra la humanidad.
En ese camino coinciden con otros grupos no católicos, como los evangelistas neoconservadores que en Estados Unidos ejercen gran influencia sobre el poder. También allí la "defensa de la vida" equivale al combate, a veces violento, contra las clínicas que realizan abortos, pero también contra otros derechos sexuales cuyo ejercicio pleno sigue vedado por los tabúes religiosos. Y todo, por supuesto, en nombre de la libertad.
Ojalá y no lleguemos (por la vía del formalismo jurídico) al absurdo de cuestionar dogmáticamente la teoría de la evolución, a la disociación ezquizofrénica entre la necesidad de impulsar el pensamiento racional, científico (como pide, por cierto, nuestra Constitución) y la difusión de creencias propias de la Edad Media. Pero en ésas estamos.
La Jornada
Incapaces de sumar un solo voto a la minoría legislativa que se opuso a la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas del embarazo, el PAN acudió a a la Procuraduría General de la República y a la Comisión de los Derechos Humanos para que éstas presentaran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de inconstitucionalidad, cosa que ya ha logrado. Detrás de esta acción se encuentra la estela de organismos oficiosos que hablan por los altos prelados de las Iglesias, la católica a la cabeza, lanzados a una nueva aventura de su ya histórica carrera contra el laicismo. No de otra forma se puede entender que se pretenda, so pretexto de la defensa de los derechos humanos, hacer obligatoria una determinada moral que, ella sí, niega los derechos de los demás a pensar y vivir conforme a otros valores.
La despenalización, recordemos, no obliga a ninguna mujer a la interrupción del embarazo. En cambio establece las condiciones bajo las cuales esa riesgosa práctica puede evitar males mayores, dando a la mujer el derecho a decidir bajo circunstancias definidas por la ley.
Argüir, como ha hecho el procurador, y reitera sin convicción el ombudsman, que se trata de un asunto eminentemente jurídico, al margen de otras controversias, es un verdadero insulto a la inteligencia de la ciudadanía.
Resulta transparente que detrás del fiscal está la decisión del Presidente de revertir un indiscutible avance del pluralismo real, confirmando al menos dos cosas muy importantes para el presente y el futuro del Estado mexicano: 1) la disposición presidencial a escuchar el llamado confesional en una materia donde debía ser especialmente cuidadoso, más allá de sus personales creencias, y 2) la indisposición a respetar en sus términos el resultado de un largo y complejo legislativo que permitió escuchar las voces de todos los interesados.
En este caso la apelación a las disposiciones federales, supuestamente contrariadas por la despenalización, no es más que un argumento legalista, destinado a ocultar el fondo de la cuestión: se trata de amarrarle las manos al órgano legislativo capitalino para que éste quede objetivamente subordinado al poder federal. En el fondo, como es notorio, sobre la crisis de valores de la derecha se sobrepone la crisis política que hace del gobierno rehén de sus propias debilidades de origen.
La Suprema Corte de Justicia tiene ahora el delicado encargo de mantener en pie el edificio constitucional del laicismo mexicano. Eso es lo que, en última instancia, se va a decidir en cuanto se entre al fondo del asunto. Justamente, la erosión del Estado laico de origen liberal es la piedra angular del nuevo milenarismo católico encabezado por el Papa, la apuesta del alto clero para teñir con el velo de lo sagrado hasta el último intersticio de la vida cotidiana. Roma teme a la secularización y por ello nos propone una vuelta al Estado confesional, así sea mediante fórmulas "modernas" que asimilan la promoción de la"libertad religiosa" a los derechos humanos, concebidos siempre como derechos prexistentes, al margen de toda legalidad de carácter histórico. El "derecho a la vida" se convierte así en una entelequia, en simple recurso para justificar la moral única, mientras en la realidad se observa con fatalismo y resignación los peores crímenes contra la humanidad.
En ese camino coinciden con otros grupos no católicos, como los evangelistas neoconservadores que en Estados Unidos ejercen gran influencia sobre el poder. También allí la "defensa de la vida" equivale al combate, a veces violento, contra las clínicas que realizan abortos, pero también contra otros derechos sexuales cuyo ejercicio pleno sigue vedado por los tabúes religiosos. Y todo, por supuesto, en nombre de la libertad.
Ojalá y no lleguemos (por la vía del formalismo jurídico) al absurdo de cuestionar dogmáticamente la teoría de la evolución, a la disociación ezquizofrénica entre la necesidad de impulsar el pensamiento racional, científico (como pide, por cierto, nuestra Constitución) y la difusión de creencias propias de la Edad Media. Pero en ésas estamos.
jueves, mayo 10, 2007
Opinión - Adolfo Sanchez Rebolledo
Sindicatos e individualismo
La Jornada
Está en curso una campaña bastante bien orquestada que, a título de combatir la corrupción o el "monopolio" sindical, en el fondo cuestiona la idea misma de la necesidad de que los trabajadores se agrupen en defensa de sus intereses. A este juego pertenece el gesto de cancelar la participación presidencial en los actos conmemorativos del primero de mayo, así como los comentarios con dedicatoria lanzados en las semanas recientes no sólo contra el sindicalismo oficial, sino también contra el independiente, vistos ambos como las dos caras de una moneda cuyo valor ya es inexistente. Esa generalización es parte de la ofensiva conservadora en favor de una economía y una sociedad "liberal", si bien injusta y polarizada.
Los trabajadores no necesitan que el Presidente los deje solos en la Plaza de la Constitución para confirmar su autonomía, pues lo que en verdad requieren es que termine la política laboral que protege la desigualdad y con ella al sindicalismo que fuera edificado para satisfacer las necesidades de una economía empresarial vacilante y temerosa, urgida de protecciones extraproductivas, pero también de un Estado dispuesto a comprar la estabilidad mediante la sujeción de las demandas sociales. Mientras el gobierno acepte como un mal menor la existencia de contratos de protección para dar confianza a los inversores foráneos; mientras el registro siga siendo un arma dirigida a coartar la vida interna y la libertad sindical; mientras se considere a los sindicatos de las grandes empresas como simples "correa de transmisión" para lograr ciertos programas o imponer determinadas reformas, el sindicalismo oficialista seguirá siendo un instrumento del poder, así se quieran corregir algunas de sus expresiones simbólicas más negativas.
El "Gracias, señor presidente" de otros tiempos dejará de resonar en la plaza como prueba de sumisión, pero en los salones de Palacio otras figuras ya ensayan las nuevas frases de época, con su cauda de soberbia y sumisión: allí está, con su millón y medio de asalariados bajo el brazo, la profesora Elba Esther Gordillo, negociando votos y "consensos", ocupando espacios de poder en la coalición gobernante. Allí están, para quien no tema a los fantasmas del pasado, los herederos de Paco Pérez Ríos, siempre listos para aprobar cuanta reforma eléctrica les propongan, sin que pese sobre ellos el más minimo sentimiento de responsabilidad social. Allí siguen, incólumes, el verticalismo, la corrupción y, sobre todo, la ausencia de vida interna democrática que hace del sindicalismo mexicano oficialista (aunque sea priísta) un ejemplo negativo para el mundo.
Los trabajadores de México no viven bajo las condiciones impuestas por esa camisa de fuerza por libre elección. La democracia en los sindicatos es una asignatura pendiente, difícil de pasar por la fuerza combinada de la política de protección oficial y las prácticas mafiosas de los seudodirigentes. La incorporación de los asalariados al mercado de trabajo supone ingresar a la plantilla sindical, muchas veces fantasmal o de plano inexistente. No hay vida interna.
Sin embargo, algunos luchan y consiguen deponer a los falsos dirigentes que los explotan y logran la ansiada democratización para descubrir, otra vez, que la alianza entre los charros, el gobierno y las empresas es, hasta hoy, indispensable para aplicar en sus grandes trazos la política económica vigente. Ayer, cuando las necesidades de la crisis y el ajuste hicieron indispensables (para la racionalidad neoliberal) el despido de cientos de miles, la clausura de puestos de trabajo, los sindicatos oficiales se convirtieron en el brazo ejecutor de una política liquidadora. Ahora, desarmados y disminuidos, no atinan a ser de otro modo ante el poder. Sólo la maestra Gordillo ha conseguido la tarea más difícil: unir en una misma fuerza la capacidad económica del mayor sindicato latinoamericano con la más abierta participación política en alianza con el gobierno. Ese neocorporativismo, o como se le quiera llamar, no sería posible, en efecto, sin la aquiescencia del Presidente. Pero tampoco puede ser combatido sin un movimiento democrático que sea a la vez sindical, político y moral. La emergencia de una nueva conciencia sindical está íntimamente vinculada a la construcción de una alternativa a las opciones que hoy se nos presentan como verdades absolutas.
Avanzar en dicho camino exige múltiples esfuerzos diferenciados, pero obliga a reconocer algo más: como resultado de la imposición del "pensamiento único" se ha desatado una guerra en todos los frentes contra el principio de solidaridad a favor del individualismo. Ninguna instancia colectiva es respetable, a los ojos de los ideólogos oficiales y oficiosos de moda. Por tal motivo, para diseñar las políticas públicas convenientes, se precisa primero dispersar la sociedad en sus átomos constitutivos, el individuo, el ciudadano como entidad solitaria e ideal, que sólo se reconocerá a través de las grandes abstracciones identitarias: la patria, la religión, la ley. En su avance hacia la "victoria cultural", la derecha ha tratado de suprimir la existencia misma de las "conquistas sociales" y ha sometido al descrédito las razones que llevan a la movilización, a la expresión de inconformidades y disidencias, como si éstas no estuvieran también protegidas por la ley. Allí donde prima el individuo en apariencia no hace falta la organización colectiva para conseguir un poco de bienestar. Basta, según esto, exponerse por unos minutos a la publicidad de los medios para saber cómo obtenerlo. Pero no es así. Para las fuerzas populares es imposible cambiar (no ya el rumbo del país, sino de un sindicato) sin organización, sin un trabajo educativo permanente. La derecha puede confiar en la fuerza del sentido común, en la inercia de las ideas dominantes, la izquierda no. Los sindicatos no cambiarán por arte de magia, menos aún cuando se pugna por disolverlos. El país tampoco.
La Jornada
Está en curso una campaña bastante bien orquestada que, a título de combatir la corrupción o el "monopolio" sindical, en el fondo cuestiona la idea misma de la necesidad de que los trabajadores se agrupen en defensa de sus intereses. A este juego pertenece el gesto de cancelar la participación presidencial en los actos conmemorativos del primero de mayo, así como los comentarios con dedicatoria lanzados en las semanas recientes no sólo contra el sindicalismo oficial, sino también contra el independiente, vistos ambos como las dos caras de una moneda cuyo valor ya es inexistente. Esa generalización es parte de la ofensiva conservadora en favor de una economía y una sociedad "liberal", si bien injusta y polarizada.
Los trabajadores no necesitan que el Presidente los deje solos en la Plaza de la Constitución para confirmar su autonomía, pues lo que en verdad requieren es que termine la política laboral que protege la desigualdad y con ella al sindicalismo que fuera edificado para satisfacer las necesidades de una economía empresarial vacilante y temerosa, urgida de protecciones extraproductivas, pero también de un Estado dispuesto a comprar la estabilidad mediante la sujeción de las demandas sociales. Mientras el gobierno acepte como un mal menor la existencia de contratos de protección para dar confianza a los inversores foráneos; mientras el registro siga siendo un arma dirigida a coartar la vida interna y la libertad sindical; mientras se considere a los sindicatos de las grandes empresas como simples "correa de transmisión" para lograr ciertos programas o imponer determinadas reformas, el sindicalismo oficialista seguirá siendo un instrumento del poder, así se quieran corregir algunas de sus expresiones simbólicas más negativas.
El "Gracias, señor presidente" de otros tiempos dejará de resonar en la plaza como prueba de sumisión, pero en los salones de Palacio otras figuras ya ensayan las nuevas frases de época, con su cauda de soberbia y sumisión: allí está, con su millón y medio de asalariados bajo el brazo, la profesora Elba Esther Gordillo, negociando votos y "consensos", ocupando espacios de poder en la coalición gobernante. Allí están, para quien no tema a los fantasmas del pasado, los herederos de Paco Pérez Ríos, siempre listos para aprobar cuanta reforma eléctrica les propongan, sin que pese sobre ellos el más minimo sentimiento de responsabilidad social. Allí siguen, incólumes, el verticalismo, la corrupción y, sobre todo, la ausencia de vida interna democrática que hace del sindicalismo mexicano oficialista (aunque sea priísta) un ejemplo negativo para el mundo.
Los trabajadores de México no viven bajo las condiciones impuestas por esa camisa de fuerza por libre elección. La democracia en los sindicatos es una asignatura pendiente, difícil de pasar por la fuerza combinada de la política de protección oficial y las prácticas mafiosas de los seudodirigentes. La incorporación de los asalariados al mercado de trabajo supone ingresar a la plantilla sindical, muchas veces fantasmal o de plano inexistente. No hay vida interna.
Sin embargo, algunos luchan y consiguen deponer a los falsos dirigentes que los explotan y logran la ansiada democratización para descubrir, otra vez, que la alianza entre los charros, el gobierno y las empresas es, hasta hoy, indispensable para aplicar en sus grandes trazos la política económica vigente. Ayer, cuando las necesidades de la crisis y el ajuste hicieron indispensables (para la racionalidad neoliberal) el despido de cientos de miles, la clausura de puestos de trabajo, los sindicatos oficiales se convirtieron en el brazo ejecutor de una política liquidadora. Ahora, desarmados y disminuidos, no atinan a ser de otro modo ante el poder. Sólo la maestra Gordillo ha conseguido la tarea más difícil: unir en una misma fuerza la capacidad económica del mayor sindicato latinoamericano con la más abierta participación política en alianza con el gobierno. Ese neocorporativismo, o como se le quiera llamar, no sería posible, en efecto, sin la aquiescencia del Presidente. Pero tampoco puede ser combatido sin un movimiento democrático que sea a la vez sindical, político y moral. La emergencia de una nueva conciencia sindical está íntimamente vinculada a la construcción de una alternativa a las opciones que hoy se nos presentan como verdades absolutas.
Avanzar en dicho camino exige múltiples esfuerzos diferenciados, pero obliga a reconocer algo más: como resultado de la imposición del "pensamiento único" se ha desatado una guerra en todos los frentes contra el principio de solidaridad a favor del individualismo. Ninguna instancia colectiva es respetable, a los ojos de los ideólogos oficiales y oficiosos de moda. Por tal motivo, para diseñar las políticas públicas convenientes, se precisa primero dispersar la sociedad en sus átomos constitutivos, el individuo, el ciudadano como entidad solitaria e ideal, que sólo se reconocerá a través de las grandes abstracciones identitarias: la patria, la religión, la ley. En su avance hacia la "victoria cultural", la derecha ha tratado de suprimir la existencia misma de las "conquistas sociales" y ha sometido al descrédito las razones que llevan a la movilización, a la expresión de inconformidades y disidencias, como si éstas no estuvieran también protegidas por la ley. Allí donde prima el individuo en apariencia no hace falta la organización colectiva para conseguir un poco de bienestar. Basta, según esto, exponerse por unos minutos a la publicidad de los medios para saber cómo obtenerlo. Pero no es así. Para las fuerzas populares es imposible cambiar (no ya el rumbo del país, sino de un sindicato) sin organización, sin un trabajo educativo permanente. La derecha puede confiar en la fuerza del sentido común, en la inercia de las ideas dominantes, la izquierda no. Los sindicatos no cambiarán por arte de magia, menos aún cuando se pugna por disolverlos. El país tampoco.
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