Continua la lucha del SME por recuperar su empresa

Desde hace algunos días, el Sindicato Mexicano de Electricistas ha tomado el zócalo. Y lo han hecho porque consideran que desde ese espacio central del país, serán escuchados. Ya tienen muchos meses en la resistencia y hoy nuevamente marcharon por las calles de la capital de país para exigir que se les restituya su empleo. Tuvieron una marcha a la Junta de Conciliación, de ahí al zócalo y luego a la Cámara de Diputados.
Cada uno de ellos y de ellas, realiza cualquier actividad comercial para sobrevivir. Entre ellos se venden agua, comida, refrescos, bolean zapatos y otros enseres posibles, es una muestra de que esos grandes sueldos que teníasn no son reales, a muchos y muchs de les ven los pantalones raidos, los zapatos viejos y sobre todo, la cara cansada, pero como bien lo dicen, no los veremos caer.
Y es que el gobierno espurio no fue el del empleo, sino todo lo contrario, cerca de sesenta mil trabajadores echados a la calle. Muchos jóvenes, muchas personas maduras, muchas mujeres, muchos hombres y todos codo a codo para recuperar su empleo, exigen y gritan: AQUI SE VE LA FUERZA DEL SME y otras consignas en donde manifiestan que no están "quebrados" y no los verán caer.
Recorrer el campamento da mucho ánimo, entre ellos se vuelven a saludar, se hacen bromas, lo que refleja la camaradería, pero sobre todo, coinciden en que quieren regresar a trabajar.
Cuando llegan al zócalo, Martín Esparza informa de los acuerdos y enfatiza su intervención en el desacuerdo para reformar la ley del trabajo, que no se cumple y que es el gobierno el primero en violarla, ya que como bien lo grita, el espurio es un empleado del gobierno y se le deberían dar contratos trimestrales y verificar su productividad y de seguro sería corrido.
En el recorrido por el campamento, tienen una colecta de zapatos viejos para lanzarlos en contra del secretario del trabajo Javier Lozano y en eso descargan mucha energía, se rien, gritan, chiflan y eso descarga mucha de su frustración. Ay que país en el que vivimos, tan rico, pero tan desigual. Mientras unos acumulan más, otros se quedan sin trabajo y con dificultades para sobrevivir.
Se fueron en marcha a la Cámara a manifestarse en contra de las reformas laborales que violan todos los derechos humanos de los y las trabajdoras.

Cande Ochoa

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2011::

Luz y fuerza… y esperanza

Foto tomada de: Ciudad de las sombras

JORGE GÓMEZ NAREDO

La Jornada

La conquista y el retorno

Tomaron las instalaciones de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Fueron miles de policías, de esos que llevan toletes y escudos, de esos que amenazan y que se juntan para que nadie pase. Sacaron a los trabajadores. Fue un día de futbol: la selección mexicana había conseguido el pase al Mundial del próximo año: júbilo y festejo. Cuando los trabajadores eran sacados como delincuentes de las instalaciones donde laboraban, pocos sabían qué ocurría. Quizá era una embestida directa contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), o una forma de impedir una posible huelga. Era algo más: en unos cuantos minutos, el “gobierno” (es un decir) panista decidió liquidar a una empresa estatal. Lo hizo rápido, sin avisar a los trabajadores ni plantear alternativas viables. Fue la conquista de las instalaciones de LFC. Los del PRI de antes, los que amenazaban, intimidaban y mataban, aplaudirían si vieran las acciones de Felipe Calderón. Se sentirían orgullos de él.

Los argumentos y los medios

Al día siguiente, la noticia no fue otra: el “gobierno” (es un decir) había tomado las instalaciones de LFC y decretaba su inexistencia. Los argumentos eran simples: empresa ineficaz e incompetente y obreros sindicalizados llenos de lujos, de prebendas y canonjías. La mayoría de los medios de comunicación, con sus presentadores de noticias y sus “analistas” políticos y sociales, comenzaron a decir que qué bueno, que ya hacía falta, que era una medida de Calderón ejemplar, valiente; que los mexicanos todos estaríamos mejor, muy felices.

Las críticas a los trabajadores del SME se recrudecieron en la mayoría de los medios de comunicación: además de holgazanes, tenían buenos sueldos, seguridad social, prestaciones y eran organizados. Los presentadores de noticias, que ganan muchísimo más que los empleados de LFC, señalaban acerbamente que era inadmisible que en un país como México hubiera obreros medianamente pagados, que se defendieran y tuvieran dignidad. Se preguntaban, con rictus de intelectuales analíticos, “¿cómo es posible que en México un sindicato defienda a sus agremiados?” Se merecían la liquidación.

Y la culpable de todo es…

Calderón y Gómez-Mont y Lozano y Carstens y Ruiz y Cordero y Kessel, todos arguyeron al unísono que LFC era una rémora para el país y, por ende, había que liquidarla. A los trabajadores les ofrecieron gloria y opulencia, además de desempleo, unos cuantos pesos, la remota posibilidad de ser re-contratados y la oportunidad de emprender micro-empresas, como poner puestitos de jugos o montar un catálogo de DVD piratas en algún tianguis; al cabo, en este país, estamos llenos de bondades. Y todo estas acciones las hizo el “gobierno” (es un decir) por los pobres, porque LFC se llevaba miles de millones de pesos, era ineficiente y lo peor, sus trabajadores andaban llenos de lujos. Ahora, el dinero que se iba a la compañía, se invertirá en programas para combatir la pobreza. Falta que se especifique a cuál pobreza: la existente antes de Calderón o la mucha que él ha creado. Minucias, pues.

De tal grado fue el paroxismo del “gobierno” (es un decir), que el “presidente” (es un decir) declaró que el “problema” de LFC “había llegado ahora a niveles insostenibles para la vida económica nacional y para las finanzas públicas”. Arguyó igualmente que gracias a esa empresa, se “habían dejado de generar más de 100 mil empleos en la Zona Centro del país. Y se había perdido capacidad de crecimiento de entre medio y un punto del Producto Interno Bruto”. ¡Vaya descubrimiento!: no toda la crisis vino de fuera, también llegó de LFC.

Mentiras, hipocresías y…, esperanza

Con la liquidación de LFC se atacó a un sindicato independiente, el SME, que ha hecho ingentes intentos por ser democrático, que tiene gran raigambre e identidad y que es comprometido con la defensa de los derechos de los trabajadores. Un sindicato que como muchos otros en México y en el extranjero, tiene vicios y prácticas que deben eliminarse. Esto, sin embargo, no debe ser motivo para su criminalización por parte de varios medios de comunicación y del “gobierno” (es un decir).

La embestida mediática contra el SME ha sido despiadada. Se les ha denigrado por pelear por los derechos de los trabajadores y por las “prebendas” que éstos gozan (la mayoría de ellas, simple y llanamente, conquistas obreras que representan un mínimo de justicia social). Se ha dejado en la calle a más de 40 mil empleados de LFC, y se ha hecho de la peor manera: a escondidas, sin avisar, en plena noche, con miles de policías dispuestos a reprimir.

Y todo se ha realizado para pagar facturas, para hacer negocios particulares. LFC tiene una red de fibra óptica que permite ofrecer el triple play: datos, imágenes y sonido, es decir, Internet, cable y teléfono. Ahí se encuentra el meollo del conflicto: el otorgar a particulares la red de fibra óptica es uno más de los beneficios que Calderón le dará a los de siempre, a los potentados de este país, a quienes se sienten dueños de México. Ojalá la marcha multitudinaria del jueves pasado no sea una movilización más, sino la semilla de un gran movimiento social que aglutine a las diversas izquierdas y que luche contra Felipe Calderón y los que se sienten dueños de la nación. Ojalá así sea, y ojalá que sea rápido: el país se está cayendo en pedacitos.

jorge_naredo@yahoo.com

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

Las cinco cegueras

Bernardo Bátiz V.

La Jornada

Para gobernar hay que tener los ojos bien abiertos, hay que ver bien lo que se hace y sus efectos en el futuro. En el caso de Luz y Fuerza del Centro el gobierno federal ha mostrado diversos grados de ceguera, mientras que el gobierno de la ciudad, en voz de su titular, dijo algo muy prudente, al calificar la acción de su contraparte de éticamente incompatible con el futuro de la sociedad, también fue atinada su propuesta de establecer una mesa de diálogo.

La disolución de la compañía y despido de todos sus trabajadores confirman el sabio dicho popular según el cual cuando Dios quiere perder a alguien primero lo ciega. El personaje que asumió la presidencia por la trastienda del Congreso, tachado de tramposo, cabeza de un gobierno ineficaz, demostró cuando menos cinco puntos de ceguera en el asunto del que nos ocupamos.

Ceguera histórica: hace cien años los atropellos contra trabajadores de las textileras de Orizaba y Río Blanco y las arbitrariedades contra los mineros de Cananea fueron el preludio de la Revolución.

Ceguera jurídica: unilateralmente, el gobierno da por terminado un contrato de trabajo, sin tomar en cuenta a su contraparte; en efecto, el contrato colectivo celebrado entre Luz y Fuerza del Centro y el sindicato estaba vigente y no puede legalmente darse por concluido por determinación de una de las dos partes. Esto, independientemente de la invasión de facultades del Poder Legislativo, que ya se ha señalado en otros espacios, y la ignorancia de que una empresa en liquidación mantiene su personalidad jurídica y por tanto prevalecen sus obligaciones, cargas y derechos, un decreto no puede alterar el procedimiento de liquidación que se encuentra regulado por normas jurídicas.

Ceguera política, que se manifiesta en el uso de la fuerza sin ninguna justificación legal; la Policía Federal, que nació como policía preventiva y ahora es también investigadora, no tiene nada que hacer invadiendo oficinas de un órgano descentralizado del estado, cuando no hay dato alguno que lo justifique.

Cuando los gendarmes, muchos de ellos provenientes del Ejército, invadieron las áreas de trabajo de Luz y Fuerza lo hicieron sin que mediaran una denuncia o un llamado porque no había ni la comisión de delitos ni desórdenes públicos que requirieran su presencia.

Ceguera económica: no se contempló que el despido de más de 40 mil trabajadores sindicalizados y otro número no determinado de trabajadores de confianza deja sin ingresos a sus familias, que afrontarán graves problemas económicos, que repercutirán en cascada sobre familiares, amigos, negocios, deudas y compromisos pendientes, ampliando la mancha de pobreza.

Finalmente, hay ceguera ética en el manejo del problema. Primero, al intervenir en la vida interna del sindicato, las autoridades de la Secretaría del Trabajo negaron la toma de nota al dirigente sindical y con ese pretexto congelaron cuentas y recursos, contra el principio de que los dirigentes salientes de una persona moral continúan con sus facultades mientras los nuevos no hayan tomado posesión de sus cargos.

Simultáneamente, se montó un operativo mediático de descalificación de un sindicato que tiene reconocido espacio en el mundo obrero, tanto por sus 95 años de vida, como por la fama de independiente y democrático.

Después, en forma desaseada, aprovechando las sombras de la noche y la distracción que había con motivo del futbol, se tomaron las instalaciones por la fuerza y con desprecio a las formas prudentes y pacíficas.

Un gobierno con ética no usa campañas de calumnias y la descalificación sin derecho de réplica para preparar el ambiente que justifique el golpe de mano que después dará. Un gobierno que cuente con el apoyo popular y con el reconocimiento de sus gobernados no necesita romper con los principios de la moral para alcanzar sus objetivos.

jusbbv@hotmail.com

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

SME: Calderón tiene un pie en el abismo

Desfiladero

Jaime Avilés

La Jornada

Según versiones oficialistas, en octubre de 2006, Felipe Calderón trazó el plan para acabar con Luz y Fuerza del Centro (LFC) y, a la vez, con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), un gremio aguerrido, que tiene vínculos fuertes con organizaciones sociales radicales y con el PRD, de acuerdo con un supuesto estudio encargado en aquel entonces por la oficina del político michoacano.

¿Es verdad que el golpe al SME se debió a su cercanía con (Andrés Manuel) López Obrador?, preguntó el pasado lunes, en su show matutino, un levantacejas de Televisa al secretario del Trabajo. De ninguna manera, la decisión fue técnica, no política, y apegada a la ley, respondió Javier Lozano, impertérrito.

LFC no es la empresa pública más antigua del país –como irreflexivamente escribió el autor de estas líneas en una apresurada crónica nocturna publicada ayer–, sino quizá la más joven: Salinas la creó por decreto en febrero de 1994. En cambio, el SME es sin duda el sindicato más longevo de México: dentro de dos meses cumplirá 95 años y, por como pintan las cosas, los celebrará en medio de la más difícil de sus batallas o al calor de la más gloriosa de sus victorias.

En la mesa de supuestas negociaciones –que se instaló ayer en Bucareli– los representantes del gobierno insistieron en liquidar a los 44 mil electricistas echados a la calle. Hasta el cierre de esta columna, el gremio no había planteado la demanda que reunió la tarde-noche del jueves a cientos de miles de personas en el corazón de la ciudad de México: la abolición del decreto extinguidor o, en su defecto, la renuncia de Calderón.

Como es obvio, el gobierno fingirá que negocia, garrote en mano, para ganar tiempo y ver si surte efecto su campaña de dividir al sindicato comprando a buena parte de sus afiliados con cheques de 300 y 400 mil pesos. Ese cálculo es erróneo: los del SME son trabajadores altamente especializados y no se venderán por unas migajas. El sentimiento de frustración y rabia que comparten lo sintetizaba el jueves un hombre que iba por Reforma con un chaleco sobre el que había escrito: De ingeniero a taquero. ¿Tantos años de estudio y de esfuerzo ya no le van a servir de nada? ¿Ahora venderá tacos de canasta? No: lo más probable es que, al disponer de tanto tiempo libre, se dedique intensamente a hacer política en contra de quien, de un plumazo, destruyó su vida y las expectativas de sus hijos para poner en manos de los mismos ricachones de siempre un negocio de miles de millones de dólares: el de la fibra óptica.

El golpe militar –con soldados disfrazados de policías– que Calderón asestó la noche del sábado pasado es un eslabón más de una larga cadena de acciones ilícitas cometidas por los últimos gobiernos para privatizar la industria eléctrica nacional. Todo comenzó en 1998, cuando los dueños de México descubrieron que en LFC había una red de fibra óptica de mil 100 kilómetros de longitud que, además de transmitir energía eléctrica, podía ser usada para mandar imágenes de televisión, señales telefónicas y dar servicio de Internet, exactamente lo que hoy en día ofrece Cablevisión y desea ardientemente hacer Carlos Slim.

Esa red fue instalada hace 30 años, la última vez que LFC fue modernizada por el gobierno federal, antes que Salinas la fusionara con las empresas distribuidoras de electricidad en los estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Desde que Zedillo supo que esa maraña de fibra óptica servía para otras cosas, la compañía dejó de recibir mantenimiento. Las máquinas compradas por el gobierno de López Portillo se quedaron sin refacciones, pero siguieron funcionando gracias a la sabiduría y la constancia de los trabajadores del SME.

El hundimiento de Luz y Fuerza, y de la industria eléctrica en general, se agudizó durante el sexenio de Fox: éste permitió, violando la Constitución, que empresas privadas generaran 30 por ciento de la energía que consume actualmente el país, lo que obligó a que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) redujeran en la misma proporción sus actividades, hecho que en 2007 ocasionó la inundación de Villahermosa debido a la sobrecarga de la presa Peñitas, que fue desfogada a toda prisa cuando estaba a punto de reventar.

La segunda jugada sucia de Fox consistió en imponernos, a todos los mexicanos, la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), gracias a la cual nuestros recibos de luz subieron escandalosamente. A una familia que pagaba 180 pesos al bimestre de pronto le empezaron a cobrar 3 mil. Iba uno a reclamar a LFC y luego de horas de espera en oficinas atestadas, antiguas e incómodas, se enteraba de que le habían aplicado la tarifa DAC. De este modo, la cartera vencida de la empresa creció a niveles inmanejables, y los medios hicieron el resto.

Desde que empezó este sexenio, los levantacejas emprendieron una campaña contra LFC y contra el SME, culpando a ambos de todo: los injustos cobros, el mal servicio, la corrupción y demás calamidades. Todo para alcanzar la meta que Calderón se habría fijado en octubre de 2006, dos meses antes de colocarse la banda tricolor.

¿Por qué los técnicos de la CFE que ahora operan las instalaciones de Luz y Fuerza no pueden arreglar los apagones? Porque no saben cómo funcionan las carcachas en que Zedillo, Fox y Calderón convirtieron las instalaciones de la empresa para adueñarse del negocio de la fibra óptica. Hasta ayer, las fallas eléctricas en toda la ciudad habían ocasionado pérdidas de al menos 3 mil millones de pesos.

Durante el mitin del pasado lunes en San Lázaro, el senador Ricardo Monreal dijo que la solución de este conflicto será política. Quizá sea verdad que la bancada del PRI está dividida y que algunos de sus integrantes formarán el grupo de 125 legisladores que se requiere para solicitar que la Suprema Corte derogue el decreto extinguidor. Pero todos sabemos que la Corte es un despacho de abogados al servicio de Los Pinos. Así que por ese camino las cosas no llegarán a ningún lado.

La única estrategia que puede tener éxito es la que plantearon los líderes sindicales el jueves en el Zócalo: una huelga general que obligue al gobierno a anular el decreto. Hay óptimas condiciones para ello. El golpe contra el SME sacó a la calle a obreros, campesinos, amas de casa, jubilados, desempleados, artistas y jóvenes, miles y miles de jóvenes, estudiantes o no. El nuevo movimiento social que nació antier contra Calderón puede extenderse por todo el país, si en los estados de la República las movilizaciones en apoyo al SME agregan otras demandas: abolición de la tarifa DAC y rechazo al proyecto económico que pretende aumentar los impuestos y reducir aun más el consumo de la población.

Calderón tiene un pie en el abismo: si su audacia provoca un apagón generalizado en la ciudad de México, si su tozudez conduce al pueblo a la huelga general, si los nuevos impuestos se traducen en saqueos de supermercados y farmacias, 2010 será el último año de su ilegítimo, destructivo y corrupto gobierno.

jamastu@gmail.com

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

La nueva "guerra" de Felipe Calderón

Magdalena Gómez

La Jornada

El desafío al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y a los amplios sectores sociales que lo respaldan con la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) no le depara a Felipe Calderón mejor suerte que la lograda en su combate a la delincuencia organizada. Su primer fracaso es que no resultaron los preparativos del golpe a uno de los sindicatos emblemáticos, como fue la negativa de la toma de nota para su dirigencia a fin de profundizar la división: de manera ejemplar, y pese a los conflictos intrasindicales, la primera decisión de asamblea, a unas horas de la toma policiaca de las instalaciones de LFC fue que enfrentarían en unidad la agresión gubernamental.

La decisión calderonista se anunció con la incursión policiaca horas antes de que se publicara el decreto, cuestión que habrá de analizarse en la defensa jurídica, pues resulta inadmisible el dicho del secretario de Gobernación: El secretario de Seguridad Pública recibió instrucciones (de su parte) para que se realizaran todos los actos tendientes a preservar la paz pública, el orden y preservar la integridad de personas y de instalaciones propiedad del gobierno federal, en preparación de la publicación del decreto. Y el mérito de ello es que no hubo costo humano que lamentar. Sacaron a los empleados de LFC de su centro de trabajo, ocuparon las instalaciones sin que existiera fundamento jurídico.

La patética decisión, tomada sin medir las consecuencias, se refleja en el boletín 184 leído primero por Gómez Mont a los medios hacia el mediodía del domingo y reproducido casi textualmente, horas después, por Felipe Calderón en cadena nacional. Esto de las jerarquías de cargos de plano no les resulta.

Para convencer a la ciudadanía del despropósito financiero de LFC señalaron ambos que tan sólo en 2009, el subsidio al organismo es equiparable a casi la totalidad del presupuesto anual del Programa Oportunidades, el principal programa de combate a la pobreza y que beneficia a más de 25 millones de mexicanos; o dos veces el presupuesto de la UNAM, que conforma una comunidad de más de 350 mil personas. Esto equivale a lo que se requeriría para construir un millón 200 mil viviendas de interés social. Mantener estas transferencias hubiera implicado elevar las tarifas de manera desproporcionada y pedir más impuestos a los contribuyentes. Les faltó informarnos a cuánto equivalen los altísimos sueldos y prestaciones en la Suprema Corte, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal con su alta burocracia.

Para justificar la afectación de LFC a la economía nacional se anotó que las cadenas de autoservicio en el valle de México han tenido que invertir en promedio 400 millones de pesos cada una para suplir las deficiencias en el suministro eléctrico.

Por fortuna tenemos las evidencias del boletín de prensa en Bucareli y luego el mensaje en cadena nacional; de lo contrario se pensaría que abusamos de la ironía o el humor negro. Porque, aparte de que con la extinción decretada la economía se reactivará, se fomentará el establecimiento de más centros comerciales, oficinas y fábricas, lo que redundará en la creación de más y mejores empleos.

Luego vinieron las aclaraciones, no pedidas, por aquello de las acusaciones manifiestas: Esta medida no implica la privatización del servicio eléctrico. La prestación de dicho servicio seguirá a cargo del Estado, como lo ordena la Constitución y la ley en la materia. Y después se aclaró que las modalidades de operación de un nuevo organismo se definirán en el futuro.

Con todas estas razones fundadas, según su lógica la ciudadanía saldrá a las calles a felicitar al gobierno, seguida de los trabajadores, porque a ellos se les respetarán todos sus derechos, menos el principal: el empleo. Y no quedan ahí los ofrecimientos: cual vendedores de enciclopedias con el objeto de hacer mucho más tersa la transición, les ofrecen un bono extra si aceptan en un mes la liquidación y además los orientarán para que con su jugosa liquidación pongan un changarro (perdón, ése era el proyecto foxista)e inviertan en proyectos de autoempleo. Parece inocente y no lo es: apuestan nuevamente a dividir a los trabajadores.

La cuestión de fondo es dar un paso más en la cadena de privatización, de momento manteniendo el servicio por conducto de la Comisión Federal de Electricidad. Además de que ya se tendrá que aclarar el uso que pretenden dar a los recursos de la empresa.

Seguramente el SME ya está preparando la estrategia jurídica, políticamente se está moviendo con rapidez y con suma precaución para evitar un enfrentamiento con la policía federal. Si se deja pasar esta nueva agresión nadie los detendrá para avanzar en otros espacios. Todos los sectores estamos expuestos al veredicto de la improductividad.

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

Proyección y extinción

Foto tomada de: M1RO_BONPIEDBONOEIL

Pedro Miguel

La Jornada

El pelele de los intereses empresariales cruzó el punto de no retorno con un discurso esclarecedor: La mayor parte de los recursos que recibía este organismo de manos de los mexicanos no se podían destinar a mejorar la calidad del servicio sino que, fundamentalmente, iban a pagar privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral, y esto se agravaba año con año, el número de trabajadores seguía creciendo desproporcionadamente, el bajo desempeño no sólo era muy costoso para todos (sino que) también afectó a la economía nacional y una desmesurada proporción de los presupuestos se perdía por robos, por fallas técnicas, por corrupción o por ineficiencias, y para mantener ese estado de cosas hubiera (sic) sido necesario subir desproporcionadamente las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos.

No hace muchos meses, el secretario técnico de la dictadura corporativa incluyó el nombre de Sigmund Freud en una lista de economistas ilustres. No es de extrañar, entonces, que carezca de la menor noción sobre el significado sicoanalítico del mecanismo de proyección, una ocultación involuntaria e inconsciente mediante la cual el sujeto localiza en una persona o cosa externa sentimientos o valoraciones que corresponden más bien a sí mismo: aun formuladas con estilo deplorable y sintaxis que se atropella a sí misma, las frases citadas en el primer párrafo de este texto son una descripción precisa y eficaz del régimen que, nominalmente, encabeza Felipe Calderón Hinojosa, y no es necesario tener muchos dedos de frente para perdonar la pobreza idiomática y compartir y suscribir su corolario: tenemos que cambiar lo que no funciona en el país porque ya no quedan otras opciones, porque el tiempo y los recursos se nos agotan; hoy, cambiar a fondo no sólo es la mejor, es la única alternativa.

El conflicto interno en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) perdió relevancia; la torva y malintencionada actuación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ante ese diferendo resultó ser un mero tornillo en la estrategia del gran capital, mandante real de Calderón Hinojosa y de Lozano Alarcón, para dar un doble golpe al sindicalismo independiente y a lo que queda de propiedad nacional. El servicio eléctrico no se privatiza, dijo, muy enfático, el mentiroso presidente del empleo y de la seguridad; créanle ahora, cuando pretende, mediante un plumazo inconstitucional y furtivo, lanzar al desempleo a algo así como 50 mil personas, y cuando tiene al país hundido en un baño de sangre sin precedentes.

Las vías institucionales no le dieron buenos resultados cuando, el año pasado, intentó entregar la industria petrolera a las empresas trasnacionales. Ahora recurre al golpe de mano, a la movilización nocturna de policías y militares, al asalto embozado a las centrales eléctricas, para ensayar un nuevo plan de negocio y para extinguir, junto con Luz y Fuerza del Centro, a un sindicato combativo. Cincuenta mil nuevos desempleados que presionarán a la baja en la bolsa de los salarios, y dos piezas comidas en la estrategia de liquidación de instituciones: tal es el cálculo de la jugada que hicieron, por mano de Felipe el extinguidor, los consejos de accionistas.

Ahora es el turno de la sociedad. El juego por la vía de la extinción equivale a un manotazo en el tablero y con ello ha quedado claro que este régimen pretende controlar nuestros destinos mediante reglas nuevas: intolerancia total a las oposiciones, liquidación del bien común y extinción del Estado a punta de decretos ilegales. Para salir con bien de este punto crucial es necesario, en primer lugar, otorgar toda la solidaridad a los electricistas del centro del país que se movilizarán, en los días próximos, en defensa de sus fuentes de trabajo, de la sobrevivencia del sindicalismo independiente, del patrimonio nacional, de la dignidad y de la decencia. Pero no basta. También resulta necesario e impostergable, como lo dijo el proyectado declarante, cambiar lo que no funciona en el país, es decir, cambiar a ese remedo de Poder Ejecutivo, más sometido que nunca a los poderes fácticos –de origen sindical, algunos de ellos, como los de Elba Esther y Romero Deschamps–, y hacerlo de manera pacífica y civilizada.

navegaciones@yahoo.com - http://navegaciones.blogspot.com

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Opinión - Adolfo Sanchez Rebolledo

Sindicatos e individualismo

La Jornada

Está en curso una campaña bastante bien orquestada que, a título de combatir la corrupción o el "monopolio" sindical, en el fondo cuestiona la idea misma de la necesidad de que los trabajadores se agrupen en defensa de sus intereses. A este juego pertenece el gesto de cancelar la participación presidencial en los actos conmemorativos del primero de mayo, así como los comentarios con dedicatoria lanzados en las semanas recientes no sólo contra el sindicalismo oficial, sino también contra el independiente, vistos ambos como las dos caras de una moneda cuyo valor ya es inexistente. Esa generalización es parte de la ofensiva conservadora en favor de una economía y una sociedad "liberal", si bien injusta y polarizada.

Los trabajadores no necesitan que el Presidente los deje solos en la Plaza de la Constitución para confirmar su autonomía, pues lo que en verdad requieren es que termine la política laboral que protege la desigualdad y con ella al sindicalismo que fuera edificado para satisfacer las necesidades de una economía empresarial vacilante y temerosa, urgida de protecciones extraproductivas, pero también de un Estado dispuesto a comprar la estabilidad mediante la sujeción de las demandas sociales. Mientras el gobierno acepte como un mal menor la existencia de contratos de protección para dar confianza a los inversores foráneos; mientras el registro siga siendo un arma dirigida a coartar la vida interna y la libertad sindical; mientras se considere a los sindicatos de las grandes empresas como simples "correa de transmisión" para lograr ciertos programas o imponer determinadas reformas, el sindicalismo oficialista seguirá siendo un instrumento del poder, así se quieran corregir algunas de sus expresiones simbólicas más negativas.

El "Gracias, señor presidente" de otros tiempos dejará de resonar en la plaza como prueba de sumisión, pero en los salones de Palacio otras figuras ya ensayan las nuevas frases de época, con su cauda de soberbia y sumisión: allí está, con su millón y medio de asalariados bajo el brazo, la profesora Elba Esther Gordillo, negociando votos y "consensos", ocupando espacios de poder en la coalición gobernante. Allí están, para quien no tema a los fantasmas del pasado, los herederos de Paco Pérez Ríos, siempre listos para aprobar cuanta reforma eléctrica les propongan, sin que pese sobre ellos el más minimo sentimiento de responsabilidad social. Allí siguen, incólumes, el verticalismo, la corrupción y, sobre todo, la ausencia de vida interna democrática que hace del sindicalismo mexicano oficialista (aunque sea priísta) un ejemplo negativo para el mundo.

Los trabajadores de México no viven bajo las condiciones impuestas por esa camisa de fuerza por libre elección. La democracia en los sindicatos es una asignatura pendiente, difícil de pasar por la fuerza combinada de la política de protección oficial y las prácticas mafiosas de los seudodirigentes. La incorporación de los asalariados al mercado de trabajo supone ingresar a la plantilla sindical, muchas veces fantasmal o de plano inexistente. No hay vida interna.

Sin embargo, algunos luchan y consiguen deponer a los falsos dirigentes que los explotan y logran la ansiada democratización para descubrir, otra vez, que la alianza entre los charros, el gobierno y las empresas es, hasta hoy, indispensable para aplicar en sus grandes trazos la política económica vigente. Ayer, cuando las necesidades de la crisis y el ajuste hicieron indispensables (para la racionalidad neoliberal) el despido de cientos de miles, la clausura de puestos de trabajo, los sindicatos oficiales se convirtieron en el brazo ejecutor de una política liquidadora. Ahora, desarmados y disminuidos, no atinan a ser de otro modo ante el poder. Sólo la maestra Gordillo ha conseguido la tarea más difícil: unir en una misma fuerza la capacidad económica del mayor sindicato latinoamericano con la más abierta participación política en alianza con el gobierno. Ese neocorporativismo, o como se le quiera llamar, no sería posible, en efecto, sin la aquiescencia del Presidente. Pero tampoco puede ser combatido sin un movimiento democrático que sea a la vez sindical, político y moral. La emergencia de una nueva conciencia sindical está íntimamente vinculada a la construcción de una alternativa a las opciones que hoy se nos presentan como verdades absolutas.

Avanzar en dicho camino exige múltiples esfuerzos diferenciados, pero obliga a reconocer algo más: como resultado de la imposición del "pensamiento único" se ha desatado una guerra en todos los frentes contra el principio de solidaridad a favor del individualismo. Ninguna instancia colectiva es respetable, a los ojos de los ideólogos oficiales y oficiosos de moda. Por tal motivo, para diseñar las políticas públicas convenientes, se precisa primero dispersar la sociedad en sus átomos constitutivos, el individuo, el ciudadano como entidad solitaria e ideal, que sólo se reconocerá a través de las grandes abstracciones identitarias: la patria, la religión, la ley. En su avance hacia la "victoria cultural", la derecha ha tratado de suprimir la existencia misma de las "conquistas sociales" y ha sometido al descrédito las razones que llevan a la movilización, a la expresión de inconformidades y disidencias, como si éstas no estuvieran también protegidas por la ley. Allí donde prima el individuo en apariencia no hace falta la organización colectiva para conseguir un poco de bienestar. Basta, según esto, exponerse por unos minutos a la publicidad de los medios para saber cómo obtenerlo. Pero no es así. Para las fuerzas populares es imposible cambiar (no ya el rumbo del país, sino de un sindicato) sin organización, sin un trabajo educativo permanente. La derecha puede confiar en la fuerza del sentido común, en la inercia de las ideas dominantes, la izquierda no. Los sindicatos no cambiarán por arte de magia, menos aún cuando se pugna por disolverlos. El país tampoco.

Opinión - Rosario Ibarra

¡Y hasta barren!

Universal - 10 de abril de 2007

Las palabras que dan nombre a estas líneas las leí en este mismo diario el viernes 6 del presente. Son parte de una amplia nota que mereció primera plana y que -la verdad sea dicha- para mí, como para muchos, resulta aterradora. y no es que se desconozca lo que allí se informa, sino que tal vez la mayoría de los lectores, como yo, no podíamos siquiera imaginar las proporciones de tal hecho, a todas luces punible, aunque sólo se califique como "falta administrativa".

¿Quiénes, cuántos de los que venden su fuerza de trabajo podrán catalogar como "falta administrativa" el que se oculte el número de accidentes que suceden en los centros en los que laboran? ¿Cómo hacerlo, si todos ellos saben que 12 millones de trabajadores "laboran bajo algún tipo de riesgo"?

Viví muchos años en una "ciudad obrera" (como solían calificar a Monterrey) y "rancho grande" que decían que era por aquellos años; todo se sabía, nada quedaba en secreto, todo mundo "cuateaba" (como diría José Alvarado) y, por ello, todo salía a la luz y se supo quién fue el asesino en el "crimen de la calle de Aramberri", y de cuántas puñaladas mataron a la chinita Paulina Lee y quiénes fueron los empresarios que se parapetaron a un costado del Casino Monterrey para disparar contra una marcha de obreros y dieron muerte a dos. Y se supo también que los dueños de la Fundidora de Fierro y Acero querían ocultar la horrorosa muerte de dos de sus obreros que fueron alcanzados por el hierro derretido.

Y se conoció también en toda su crueldad la tortura y la muerte del joven ferrocarrilero Román Guerra Montemayor, que no se trató de un "accidente de trabajo", sino de la ilegalidad de funcionarios de gobierno, igual a la que hoy pretenden dar marco jurídico. En fin, que eso de los "accidentes de trabajo" y todo lo ilegal, por más que quieran ocultarlo, a la larga se sabe, como sabemos hoy que en 2005 hubo nada menos que 302 mil accidentes de ese tipo, y que el mismo año, "3 mil 594 empleados sufrieron la amputación de un miembro, debido a accidentes de trabajo".

Conocemos también la negligencia criminal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la que poco o nada le importan dichos accidentes, y a quien lo dude le recordamos un caso reciente: Pasta de Conchos.

¿Cómo es posible que con los presupuestos tan grandes que se dan para todo lo que quieren tengan "solamente 313 inspectores para monitorear 815 mil centros de trabajo"? Esto lo afirman quienes conocen el tema a la perfección y han expresado lo que miles de mexicanos pensamos: que aparte de la incapacidad numérica (llamémosla así) de los inspectores, está lo otro, lo endémico, la corrupción de ambos bandos, la del que da y la del que recibe: el inmoral empresario (esto lo digo yo) que "gratifica" y el inspector que en reciprocidad de igual inmoralidad, sin importar a ambos la seguridad y la vida de los trabajadores, tejen la trama siniestra que puede llevarlos hasta la muerte.

En el colmo de la inmoralidad, el mal gobierno se jacta de "los bajos índices" de accidentes laborales. Presume que México está por debajo de países europeos, aunque sabe muy bien, que las empresas no informan de dichos accidentes. De medio millón que según datos oficiales se dan cada año, "150 permanecen en la clandestinidad".

¡Y aún falta. y es bueno saberlo y recalcarlo! Quiero transcribir lo que afirmó una destacada investigadora y que fue publicado en la nota a la que hice referencia al inicio de estas líneas: "Las empresas que serán inspeccionadas son notificadas 24 horas antes. De esta forma se previenen y dejan de utilizar maquinaria insegura, solicitan al personal utilizar todos los aditamentos necesarios y hasta barren".

Dirigente del Comité ¡Eureka!

El despojo

Luis Javier Garrido


La destrucción anunciada del ISSSTE implica un paso adelante en la imposición en México del proyecto trasnacional que, en aras de los privilegios del gran capital, busca cancelar los derechos de los trabajadores a la seguridad social y a la salud. Es, por lo mismo, un nuevo de-safío para todos los mexicanos.

1. La aprobación, en unos cuantos días, por la mayoría PRI-PAN en el Congreso de una ley que siguiendo los lineamientos del Banco Mundial desmantela el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), creado en 1959, es la primera de las grandes contrarreformas legales que los neoliberales mexicanos llamaron "paquete estructural", y constituye por lo mismo un paso significativo en la liquidación del Estado surgido de la Revolución y en la cancelación de derechos básicos de los mexicanos.

2. La nueva contrarreforma no puede dejar de calificarse de histórica, pues al crear el Pensionissste como una Afore pública transitoria para administrar los 2 billones de pesos de las pensiones, que se transferirán en tres años a administradoras privadas, se dejará en el futuro a los trabajadores del Estado sin la posibilidad de un retiro con un mínimo de dignidad y se crearán las condiciones para el desmantelamiento de la infraestructura médica del instituto, cancelándose los derechos de los trabajadores del Estado tanto a la seguridad social como a la salud.

3. El ISSSTE, por ende, sí se privatiza, contrario de lo que sustentan los priístas, pues sus funciones las cumplirán ahora entidades privadas, no con un fin de solidaridad, sino con afán de lucro, y la seguridad social, que era su fin último, se va a tornar incertidumbre para sus afiliados, al tiempo que un puñado de especuladores se va a enriquecer aún más a costas de los trabajadores.

4. La derecha mexicana está, por consiguiente, festejando el acuerdo cupular, concluido en contra de los intereses de los mexicanos y a espaldas de los legisladores, pues asume que las negociaciones secretas y la mecánica fast track seguida constituyen un precedente que propiciará que culminen en 2007 la privatización del sector energético y la contrarreforma laboral que cancele los derechos constitucionales de los trabajadores, como lo exige el capital trasnacional.

5. La forma sí es importante en lo acontecido y sí se trata de un "mayoriteo" a la vieja usanza, al relegar la representación política formal del país a un conjunto de levantadedos, ya que incluso el dictamen de la comisión fue elaborado en las oficinas del gobierno, y es, de paso, una burla más a los mexicanos, pues éstos no se enteraron de lo acordado ni pudieron discutirlo, dado que el anteproyecto no apareció sino hasta el día 15 de marzo en la página web de la Cámara de Diputados.

6. El artífice principal de la contrarreforma no es Felipe Calderón, como pretenden inducir los medios oficialistas, pues éste no es más que un pobre pelele de los intereses dominantes, sino Carlos Salinas de Gortari, quien al dominar el PRI tiene la llave maestra de las decisiones, y logró: a) mediante su operadora en la burocracia oficial, Elba Esther Gordillo, controlar con su nuevo sindicato a la burocracia del ISSSTE -en lo que contó con la complicidad del viejo hampón del priísmo, el también salinista Miguel Angel Yunes, actual director del instituto-, y b) a través de sus dos testaferros en las cámaras -el senador Manlio Fabio Beltrones y el diputado Emilio Gamboa Patrón-, encauzar, sin mucho problema, por cierto, las bancadas tricolores para que aprobaran de manera disciplinada la medida.

7. La contrarreforma, aunque no se diga, constituye paradójicamente un paso más en la desaparición del PRI, que ha perdido ya su razón histórica de ser, pues en el proyecto derivado de los acuerdos Salinas-PAN (1988) este organismo político cumpliría un papel transitorio durante dos o tres sexenios, en los que se desmantelaría el Estado nacional hasta que el poder político quedase de manera definitiva en manos del partido de la derecha mexicana, y la hora está llegando. El PRI, al liquidar el ISSSTE, prosigue su autoliquidación.

8. Esta contrarreforma no hubiese sido posible sin la intervención de la corrupta capo sindical Elba Esther Gordillo, quien está siendo el pilar del nuevo corporativismo blanquiazul, en el que las viejas y nuevas organizaciones sindicales, encabezadas por líderes tanto o más corruptos que los del pasado, son plenamente funcionales a los intereses trasnacionales.

9. El fraude electoral de 2006 no fue, por consiguiente, nada más para llevar a un títere a la Presidencia y garantizar a través del PAN el control del Estado a un puñado de traficantes de influencias, sino para profundizar un proyecto económico y político que busca destruir el Estado nacional y entregar el país al control de multinacionales.

10. El sistema de "seguridad social" impuesto por el Banco Mundial ha fracasado en todo el mundo, como todos los proyectos neoliberales, y no hará en México más que agravar la crisis nacional.