La Jornada
Para gobernar hay que tener los ojos bien abiertos, hay que ver bien lo que se hace y sus efectos en el futuro. En el caso de Luz y Fuerza del Centro el gobierno federal ha mostrado diversos grados de ceguera, mientras que el gobierno de la ciudad, en voz de su titular, dijo algo muy prudente, al calificar la acción de su contraparte de
éticamente incompatible con el futuro de la sociedad, también fue atinada su propuesta de establecer una mesa de diálogo.
La disolución de la compañía y despido de todos sus trabajadores confirman el sabio dicho popular según el cual cuando Dios quiere perder a alguien primero lo ciega. El personaje que asumió la presidencia por la trastienda del Congreso, tachado de tramposo, cabeza de un gobierno ineficaz, demostró cuando menos cinco puntos de ceguera en el asunto del que nos ocupamos.
Ceguera histórica: hace cien años los atropellos contra trabajadores de las textileras de Orizaba y Río Blanco y las arbitrariedades contra los mineros de Cananea fueron el preludio de la Revolución.
Ceguera jurídica: unilateralmente, el gobierno da por terminado un contrato de trabajo, sin tomar en cuenta a su contraparte; en efecto, el contrato colectivo celebrado entre Luz y Fuerza del Centro y el sindicato estaba vigente y no puede legalmente darse por concluido por determinación de una de las dos partes. Esto, independientemente de la invasión de facultades del Poder Legislativo, que ya se ha señalado en otros espacios, y la ignorancia de que una empresa en liquidación mantiene su personalidad jurídica y por tanto prevalecen sus obligaciones, cargas y derechos, un decreto no puede alterar el procedimiento de liquidación que se encuentra regulado por normas jurídicas.
Ceguera política, que se manifiesta en el uso de la fuerza sin ninguna justificación legal; la Policía Federal, que nació como policía preventiva y ahora es también investigadora, no tiene nada que hacer invadiendo oficinas de un órgano descentralizado del estado, cuando no hay dato alguno que lo justifique.
Cuando los gendarmes, muchos de ellos provenientes del Ejército, invadieron las áreas de trabajo de Luz y Fuerza lo hicieron sin que mediaran una denuncia o un llamado porque no había ni la comisión de delitos ni desórdenes públicos que requirieran su presencia.
Ceguera económica: no se contempló que el despido de más de 40 mil trabajadores sindicalizados y otro número no determinado de trabajadores de confianza deja sin ingresos a sus familias, que afrontarán graves problemas económicos, que repercutirán en cascada sobre familiares, amigos, negocios, deudas y compromisos pendientes, ampliando la mancha de pobreza.
Finalmente, hay ceguera ética en el manejo del problema. Primero, al intervenir en la vida interna del sindicato, las autoridades de la Secretaría del Trabajo negaron la toma de nota al dirigente sindical y con ese pretexto congelaron cuentas y recursos, contra el principio de que los dirigentes salientes de una persona moral continúan con sus facultades mientras los nuevos no hayan tomado posesión de sus cargos.
Simultáneamente, se montó un operativo mediático de descalificación de un sindicato que tiene reconocido espacio en el mundo obrero, tanto por sus 95 años de vida, como por la fama de independiente y democrático.
Después, en forma desaseada, aprovechando las sombras de la noche y la distracción que había con motivo del futbol, se tomaron las instalaciones por la fuerza y con desprecio a las formas prudentes y pacíficas.
Un gobierno con ética no usa campañas de calumnias y la descalificación sin derecho de réplica para preparar el ambiente que justifique el golpe de mano que después dará. Un gobierno que cuente con el apoyo popular y con el reconocimiento de sus gobernados no necesita romper con los principios de la moral para alcanzar sus objetivos.
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