Opinión - Adolfo Sánchez Rebolledo

¿Cuál política laboral?

La Jornada

Durante las semanas recientes hemos sido testigos de un intenso activismo por parte del secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano. Lo mismo en la prensa que en la televisión, el funcionario acomete con singular verbosidad la tarea de justificar la postura del gobierno ante los distintos conflictos sindicales suscitados en los últimos tiempos. Algunos, como el que se vive en el sector minero o, mejor dicho, entre un poderoso grupo de empresas y la dirigencia sindical, vienen de lejos; otros, entre ellos el de los sobrecargos, se origina en la carencia absoluta de visión estratégica que ha rematado al mejor postor las compañías de aviación (y los bancos, las concesiones carreteras, los ferrocarriles) para “abaratar los costos” y, perdón por el eufemismo, “mantener las fuentes de empleo”.

Como sea, es obvio que estamos ante una situación que se irá agudizando en la medida que las condiciones generales del país, las económicas, en primer lugar, se sigan agravando. La estructura sindical vigente fue construida paso a paso para impedir, justamente, el ejercicio de aquellos derechos que la Constitución promete: la restauración del equilibrio de los factores de la producción mediante el uso de los instrumentos al alcance de los trabajadores, la huelga, la negociación colectiva, es decir, ese arsenal jurídico cuya viabilidad ponen en duda los teóricos de la “nueva cultural laboral”.

En la práctica, dada la estructuración corporativa del sindicalismo, su aplicación cabal estuvo siempre sujeta a la interpretación superior de las autoridades, al manipuleo de los líderes o a la voluntad de los empresarios. Con el avance de la reforma estructural que lanzó a la calle –y al subempleo informal, por lo menos, a millones de personas, los viejos sindicatos de empresa probaron ser cascarones vacíos, sustituibles con ventajas por los llamados “contratos de protección”, verdaderos fantasmas a cargo de la salvaje capitalización del país. Una fuerza laboral débil y siempre disponible se considera la condición número uno para asegurar la competitividad, a la hora del comercio global, si bien, como demuestra la experiencia reciente, es imposible en esa materia superar a China o India. Ahora es evidente que la salida fácil también resultó ser la más riesgosa. El camino trillado seguido no ha dado resultados y las promesas de campaña de Felipe Calderón se han quedado en un gesto intrascendente: quien quiso ser conocido como el futuro “ presidente del empleo”, no acierta a delinear una ruta que permita al país crecer sin rematar el patrimonio nacional. Por el contrario, se ha enredado en la visión tecnocrática de la seguridad social que impide hacer reformas sin sacrificar los principios que le dan sustento, legitimidad. Y no hay verdadero crecimiento. La pretendida reforma fiscal busca asegurar mayores ingresos al gobierno, pero deja intactas las ganancias que marcan la desigualdad, esto es, pospone para nunca el reajuste fiscal que para una nación con las necesidades y la demografía de México resulta indispensable. Mientras, se agota la reserva energética.

Es obvio que hace falta una reforma laboral que mejore la salud de la economía, pero sin la participacion activa, autónoma y democrática de los asalariados, tal vez se consiga una nueva camisa de fuerza para mantener sometido al mundo del trabajo, no un cambio cualitativo en la forma de producir y la mejoría en las condiciones de vida para la gente. El gobierno se llena la boca al hablar de los migrantes, pero ya es hora de que el problema se vea también como parte de la problemática laboral no resuelta, erróneamente tratada por las autoridades. Sin embargo, los altos funcionarios viven en la inopia o, tal vez, en el mundo feliz e inasible del derecho. Un ejemplo: en respuesta al presidente internacional de la United Steelworkers, Leo W. Gerard, el secretario del Trabajo perfila su propia visión utópica en torno a los problemas laborales y políticos suscitados entre el sindicato minero, las empresas del Grupo México y las mismas autoridades. Según él, todo marcha bien y las investigaciones sobre Pasta de Conchos “se realizan al margen de presiones políticas y de expresiones ajenas al estricto cumplimiento de la normatividad”. (La Jornada, 22/08/07).

Curioso país es éste, donde el secretario del Trabajo se persigna con la ley a la vez que la secretaria de Educación Pública se toma la foto con su enemiga, dueña y señora del sindicato que hace y deshace en la materia, interviene en las elecciones y, en el camino de la derechización obsecuente, escucha los reclamos de un pretendido “representante” de los padres de familia, invitado por primera vez al acto de apertura de clases. Claro que hay de corporativismo a corporativismo.

P. D. Los líderes del PRD quieren corregir con declaraciones el penoso espectáculo final del décimo congreso. Pero el palo está dado. Vimos un conglomerado volcado hacia adentro, insensible, reiterativo hasta el tedio, sectario en el peor sentido de la palabra. No puedo entender un partido donde una parte considera “traidores” a los otros y al día siguiente todos siguen en el mismo barco, como si nada hubiera pasado. En fin, son expertos en ponerse trampas, como si de verdad nadie los observara. O tal vez no les importe.


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