Opinión - Jenaro Villamil

‘Aspirinas’ como reforma electoral

proceso

México, D.F., 28 de agosto (apro).- Ocho de cada diez pesos gastados en la campaña electoral de 2006 se destinaron a propaganda, y de éstos, siete esos fueron a parar a Televisa y TV Azteca.

El entonces presidente Vicente Fox invirtió mil 700 millones de pesos para publicitar al PAN, en franca violación a la imparcialidad y equidad del proceso.

Así mismo, se invirtieron más de 400 millones de pesos en spots de “guerra sucia” pagados irregularmente por terceros que nunca fueron sancionados; se contrató a consultores estadunidenses como Dick Morris o el español Antonio Solá –en franca violación de la ley mexicana-- para impulsar una campaña de odio.

Incluso, Televisa impuso durante este proceso precios exorbitantes para las campañas y presionó en el Congreso para que los partidos le aprobaran una ley a modo que le garantizara privilegios monopólicos. Todos los partidos despilfarraron el dinero público en las campañas más caras y polémicas en la historia reciente.

Estos son tan sólo algunos de los grandes problemas que se denunciaron antes, durante y después de la contienda del 2006.

Y todos ellos se vinculan a la relación entre partidos, dinero y medios de comunicación, en especial, la televisión privada.

Todos se relacionan con el uso y abuso de la pantalla televisiva que ha convertido los comicios en una batalla campal sin importar se rebasen los topes de gasto, como vimos recientemente en Yucatán y Baja California.

A pesar de considerarse focos rojos de nuestro sistema electoral, las propuestas que hasta ahora se conocen en el Congreso, IFE y entre otros actores sólo tocan tímidamente estos asuntos.

En ningún caso, salvo en la propuesta del Comité Conciudadano y de algunos investigadores, se aboga por la prohibición expresa en la ley electoral de la compra de tiempo-aire durante las campañas.

Los actores pretenden arrancar la “tercera generación” de reformas electorales –como las ha bautizado Jorge Alcocer, responsable de sistematizar las propuestas en el Senado-- con algunas “aspirinas” que no van al fondo del verdadero problema de nuestra legislación en la materia: el secuestro perverso de la voluntad popular y de la política en manos del negocio del rating.

Por ello, la disputa se concentrará en la renuncia de los actuales consejeros electorales del IFE y en la posibilidad de crear un nuevo organismo, el Instituto Nacional Electoral (INE), según la propuesta del Comité Conciudadano.

Prácticamente todas las fuerzas han aceptado que el relevo de los actuales consejeros sea escalonado, pero el PAN y el propio Luis Carlos Ugalde se resisten a la renovación total del actual Consejo General.

En la prensa se filtra incluso la posibilidad de que algunos de los consejeros surgidos del opaco proceso de selección de octubre de 2003 se amparen ante cualquier cambio.

En otras palabras, la reforma electoral se vuelve un nuevo escenario para el reparto de cuotas entre grupos de poder, y no de nuevas reglas que transformen de raíz la estructura que ha convertido a las urnas en un negocio de pocos y un mal para la salud política pública.

El relevo de los actuales integrantes del IFE prácticamente ya está decidido. El blanquiazul ya ofreció la salida de cinco de los actuales nueve consejeros, incluyendo a Ugalde, mientras que PRI y PRD presionan para que la renovación sea total.

Por otro lado las propuestas sintetizadas por el Centro de Estudios para un Proyecto Alternativo, coordinado por Jorge Alcocer, plantean algunos de los consensos básicos:

--La reducción en 50% del costo de las campañas electorales.

--Una regulación clara para las precampañas.

--Nuevos criterios para definir el financiamiento a los partidos.

--Reformar la estructura del Consejo General del IFE y crear una Contraloría General, cuyo titular sería designado por los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.

--La renovación escalonada de los consejeros quienes durarán nueve años en su encargo.

--Nuevas reglas para el sistema de partidos.

Sin embargo, estas propuestas “oficiales” no se pronuncian en torno de la posibilidad de que el Registro Nacional Electoral se transforme.

El PAN pugna por que el responsable de la nueva cédula de identidad ciudadana sea el Consejo Nacional de Población –organismo que depende de la Secretaría de Gobernación--, mientras PRI y PRD han propuesto que esta responsabilidad quede en manos del INEGI, institución que sí goza de plena autonomía.

Tristemente ninguno de los partidos ni de los redactores de propuestas ha querido entrar al fondo del problema vinculado con la relación entre dinero, campañas y televisión.

Sí se han planteado nuevos topes y un sistema mixto que utilice los tiempos oficiales en tiempos de campaña, pero la parte medular del despilfarro sigue intacta: la enorme discrecionalidad que existe entre las empresas televisivas y las dirigencias partidistas, precandidatos, candidatos y autoridades para transformar las elecciones en un talk show caro, malo y sin reglas.

Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx

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