Ramírez Acuña ha hecho caso omiso; podría ser consignado
ROSA ELVIRA VARGAS
El presidente Felipe Calderón Hinojosa será obligado por la vía judicial, a más tardar hoy viernes, a utilizar todos los medios a su alcance para que el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, cumpla con la sentencia ejecutoriada que dictó el juez sexto en materia administrativa respecto del amparo concedido a la Alianza Binacional Braceroproa.
De no hacerlo, el jefe del Ejecutivo incurrirá en responsabilidades y se haría acreedor a la sanción que establece la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en su condición de superior jerárquico de Ramírez Acuña.
Sin embargo, el propio titular de Gobernación, al hacer caso omiso de los requerimientos establecidos en dicha ejecutoria, ya es merecedor de la sanción, la cual establece no sólo la separación del cargo, sino su inmediata consignación ante un juez de distrito por el delito de presunto desacato judicial.
Igual suerte correrán con él, Abraham González, subsecretario de Gobernación, y René de Jesús Henry, director general adjunto de la Unidad de Enlace Federal, de la misma dependencia.
Una vez agotado el término otorgado por el juez para que Ramírez Acuña obligara a estos dos funcionarios a cumplir con la entrega de los documentos, pruebas y demás elementos necesarios para resolver el litigio de los braceros que reclaman al gobierno mexicano el fondo de ahorro que se formó entre las décadas de 1940 y 1960, cuando laboraron en Estados Unidos, el juez dictó el miércoles un nuevo auto para apercibir, ahora a Calderón Hinojosa, de las consecuencias de su negativa a responder.
En tal sentido, se ordena hacer ''del conocimiento del presidente de la República que respecto al requerimiento que se le hace en su carácter de superior jerárquico, su intervención no sólo se constriñe a enterarse de que su subordinado es renuente a acatar la sentencia constitucional ni se limita a enviarle recordatorios o comunicados pidiéndole que cumpla con el fallo protector, sino que debe hacer uso de todos los medios a su alcance, inclusive de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer a su subalterno para conminarlo a que cumpla con el fallo federal, pues no sólo las autoridades directamente responsables se encuentran obligadas al cumplimiento de la ejecutoria, sino todas las que deben intervenir en el procedimiento y de manera fundamental, los superiores jerárquicos de aquellas...''
Luego de agotar diversas vías para lograr justicia, la organización Braceroproa obtuvo, en enero de este año, un amparo otorgado por el entonces juez sexto en materia administrativa en el Distrito Federal, José Manuel Villeda Ayala. A partir de ese momento, Gobernación quedó obligada a entregar los documentos que permitan sustanciar y resolver los recursos de revisión de dicha sentencia.
En marzo iniciaron los apercibimientos hacia el superior jerárquico de quien estaba obligado a entregar tal información (el director adjunto René de Jesús Henry), o sea, el subsecretario Abraham González, quien al igual que aquél hizo caso omiso al requerimiento del juzgador y, por tanto, el impartidor de justicia acudió a la siguiente autoridad responsable de hacerlos cumplir -Ramírez Acuña- y le envió avisos similares.
El caso es que ninguno de los tres ha respondido y, por tanto, incurrieron ya en la figura de desacato judicial que está sancionada, además de la Constitución, por la ley de amparo, que lo equipara con el delito de abuso de autoridad.
Pasado el término judicial para la entrega de los documentos, el juzgado sexto deberá remitir el expediente a su superior jerárquico, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que, a su vez, dará vista al Ministerio Público Federal para que inicie una averiguación previa contra estos altos funcionarios.
De acuerdo con Porfirio Martínez González, representante legal de los braceros, como los funcionarios de la Secretaría de Gobernación ''nunca dieron cumplimiento'' a la ejecutoria del amparo, incurrieron en desacato judicial y ''ya no se pueden salvar de ninguna manera''.
Precisó que independientemente de la pena a la que ya se hicieron merecedores estos funcionarios, para la organización Braceroproa lo importante es que se cumpla la sentencia ejecutoriada.
Según el Código Penal Federal, en su artículo 215, se sancionará a los funcionarios que incurran en el delito de abuso de autoridad (equiparable al de desacato judicial) con una pena de cárcel inconmutable de uno a ocho años, así como a una multa de hasta 300 días de salario mínimo y la destitución e inhabilitación para ocupar un cargo público, de uno a ocho años.
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