Ma. Candelaria Ochoa Avalos
A propósito de Centanarios, este 8 de marzo se cumplen 100 años que las mujeres exigen, luchan, desean y aspiran a ser ciudadas con derechos plenos. Este es un día para recordar la lucha en pro de la igualdad, es para reflexionar acerca de las condiciones de discriminación que aún persisten y de las alternativas para conquistar un mundo más igualitario en donde hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades de desarrollo.
El 8 de marzo es para recordarnos un anhelo elemental que hoy nos parece indiscutible, y a veces hasta parece chocante y exagerado pero que aún no se logra, y es la igualdad entre hombres y mujeres.
Tanto en la vida pública como en la privada, podemos ver la persistencia de la discriminación. A pesar de que las mujeres somos la mitad de la población, la representación política está muy por debajo de esa proporción. En el ámbito familiar, las labores domésticas siguen siendo atendidas en un 99% por las mujeres.
Para justificar estas desigualdades, se ha dicho que las mujeres realizamos las labores domésticas porque nos corresponden, porque esas tareas las hacemos mejor, que las realizamos por amor a los hijos, para estar cerca de ellos y poder educarlos bien, que somos más sensibles y que por ello lo hacemos mejor.
¿Se han preguntado por qué las mujeres no tenemos las mismas condiciones y oportunidades para acceder a la toma decisiones y que para ello tenemos que vencer más obstáculos? ¿Por qué el trabajo doméstico no tiene el mismo reconocimiento social y las mismas prestaciones sociales que otras actividades consideradas "productivas"? sobre todo, cuando el trabajo doméstico como lavar, planchar, hacer la comida, cuidar los hijos es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Además, a las mujeres se nos responsabiliza del "cuidado" de la familia, como si fuéramos las únicas responsables, ya que cuando se dice que hay "pérdida de valores" ¿que acaso la sociedad en su conjunto no es responsable de promover valores como la justicia, la equidad, la no violencia y el respeto? De seguro hay mejores y más educativas formas de convivir con los hijos que lavar la ropa y limpiar la casa, y sobre todo, si todo ello se hace de manera conjunta.
Hoy resulta más difícil de creer que el hombre no es apto para las labores domésticas y culinarias, cuando los que son reconocidos como los mejores cheff son hombres y cuando ya hay aparatos domésticos que realizan prácticamente cualquier labor del hogar, ¿No acaso es el hombre quien se ufana de manejar mejor las maquinas?
El 8 de marzo no fue establecido por un grupo marginal de mujeres resentidas, el Día Internacional de la Mujer fue proclamado por las Naciones Unidas en 1974 como un reconocimiento a la lucha por la igualdad y la equidad de género y como una forma de incentivar las mejoras en beneficio de las mujeres. Se tomó esa fecha, porque el 8 de marzo de 1905 las obreras rusas hicieron una huelga y tres años más tarde en la misma fecha las obreras de la costura en Nueva York, realizaron una huelga exigiendo la jornada de 8 horas, la fábrica fue incendiada por los patrones y murieron en su interior 129 trabajadoras.
Como cualquier otro movimiento social libertario, los logros y mejoras en beneficio de las mujeres, se ha conquistado gracias a años de lucha y de sacrificio del movimiento de mujeres, sacrificio que ha costado vidas, encarcelamientos, represiones y burlas. Como dice la filósofa Amelia Valcárcel, los derechos de las mujeres no son un regalo, sino una conquista. Los frutos y avances de los que hoy gozamos, son el esfuerzo de generaciones pasadas y presentes que lucharon y luchan por mejorar su condición social y por aspirar a ser tratadas como personas completas y como adultas que no necesitan tutelaje.
La historia del derecho al voto femenino, no es una historia color de rosa, ni un proceso alfombrado, exento de riesgos y de esfuerzos. Es la historia de una lucha, de un movimiento social que tuvo que enfrentar y vencer, no sin dificultades numerosos obstáculos antes de hacer valer un derecho que hoy nos parece tan elemental y tan obvio, gracias precisamente al trabajo de esas luchadoras que lo volvieron “natural y normal” que hasta parece que siempre ha existido y reconocido por todos.
Pero no siempre fue así, antes no era normal y era tan antinatural, que en la Revolución Francesa Olimpia de Gouges, quien escribió la Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, la primera declaración sobre los derechos de las mujeres, fue guillotinada por criticar a “los padres de la patria”.
En Inglaterra en 1905 Cristabel Pankhurst fue la primera mujer en ir a la cárcel por exigir el derecho al voto públicamente. En los años posteriores las sufragistas inglesas se ven obligadas a enfrentar al poder público, rompen escaparates, interrumpen comunicaciones y hasta colocan bombas como protesta por la negativa de reconocer sus derechos políticos. Es hasta mayo de 1917 cuando se aprueba el voto femenino en Inglaterra después de 50 años de lucha.
México no ha sido la excepción, tuvieron que pasar más de 40 años para que se reconociera los derechos políticos de las mujeres. En 1917 en el Constituyente Hermila Galindo propuso al Congreso que se incluyera el derecho al voto para las mujeres, sin embargo su solicitud fue rechazada, nadie respaldó su propuesta porque consideraban que las mujeres eran incapaces para ejercer adecuadamente esos derechos por carecer de educación para elegir y ser electas.
Para obtener el derecho al sufragio fue necesario la organización y lucha de las mujeres, crear frentes y convocar a congresos nacionales, de esta necesidad las mujeres del siglo pasado conformaron un gran pacto y realizaron congresos nacionales de mujeres en los años de 1931, 33 y 34 y ese mismo año, conformaron el Frente Único Pro Derechos de la Mujer.
En 1918 Hermila Galindo, en 1926 Elvia Carrillo Puerto y en 1937 Refugio García, triunfan como candidatas a diputadas, pero no se les reconoce su triunfo con el argumento legal de que las mujeres no tenían derechos políticos. En 1938 el Frente realiza una huelga de hambre frente a los Pinos, encabezada por las excandidatas, para exigir los derechos políticos para las mujeres, logrando que el Presidente Cárdenas enviara la iniciativa al Congreso de la Unión, quien la aprueba, pero un duende machista evita que sea publicada en el Diario Oficial. Es hasta 1953 cuando se otorga el voto femenino y lo ejercemos por primera vez hasta el año siguiente.
En los años setenta, después de un periodo de letargo, se renueva la movilización social femenina, poniendo el acento en los derechos reproductivos, en la lucha contra la violencia intra familiar y en acciones afirmativas para garantizar una mayor representación en los órganos de gobierno.
Como parte de esa movilización social, surgen en México centros de estudio en muchas de las universidades, dedicados a analizar la problemática de la desigualdad de las mujeres y se publican libros, revistas y suplementos donde se aborda el tema.
En las últimas décadas el activismo social de las mujeres y de los hombres a favor de la igualdad de género ha conseguido reformas al Código Civil para castigar la violencia, a la ley electoral para promover las candidaturas de las mujeres a puestos de elección popular, cuotas de acción positiva en las directivas de algunos partidos, comisiones de género para legislar en torno al tema en las Cámaras y en los Cabildos, y el establecimiento de instituciones y programas a favor de las mujeres en los diferentes niveles de gobierno.
Aún sin ser suficiente, existe un interés y una mayor preocupación por la situación de la mujer en México y un reconocimiento de la necesidad de fortalecer la lucha contra la desigualdad. Hoy podemos decir, que en todos los discursos políticos, en los partidos, en las universidades, ese es un tema de discusión. Hoy estamos aquí producto de esta nueva cultura, sin embargo, en muchas ocasiones se está pervirtiendo este discurso de la igualdad, porque nuevamente quieren traer al debate, que los problemas sociales son porque las mujeres hay "descuidado" a la familia. Este es un falso debate, porque entonces habría que preguntarnos ¿en dónde están los hombres y cuáles valores promueven? ¿qué hacen esos hombres para fortalecer los lazos familiares? sobre todo en una sociedad que carece de la participación activa de ellos en el afecto, cuidado y trato con los y las hijas.
Hoy queremos que se respeten nuestros derechos como ciudadanas plenas, que se reformen las leyes y códigos que nos discriminan, que cambie la cultura que dice que las mujeres valemos menos que los hombres, que la maternidad sea una opción y no una obligación social, que la sexualidad sea placentera y sin culpa, que la violencia de género se castigue, que no exista el hostigamiento sexual como condición para acceder y ascender en el empleo, que los partidos respeten que tenemos derecho a ser electas.
Debo reconocer que tenemos logros, sin duda, no nos hemos quedado con los brazos cruzados, cada una de nostras todos los días administra los recursos para que nos alcance para comer y sobrevivir y eso no se reconoce como un logro de las mujeres, quienes tienen que partir y compartir. Hemos sido presas de las crisis económicas, especialmente las mujeres más pobres, con menos recursos y menos educadas, son las más afectadas. Por eso también hoy se reconoce que las mujeres viven condiciones de pobreza mayor que los hombres -aun cuando estos sean pobres- porque ellas, comen menos y de menor calidad. Todos estos estudios son parte del pensamiento feminista. Hoy hemos ganado algunas leyes como la que penaliza la violencia y quizá ustedes no están informadas de ella, así que las conmino a acompañarnos en esta tarea, unas con pensamientos y acciones, otras con acciones, otras con solicitar información, pero todas, exigiendo que se nos respeten nuestros derechos como ciudadanas plenas. En esto sí, no debemos dar ni un solo paso atrás.
Cuando me refiero a nuevos valores en la sociedad y en la familia, me refiero a esos valores concretos con los que se construye una sociedad y que sin duda deberían estar presentes en la familia, pero que parece que se olvidan: la justicia en el trato significa que mujeres y niñas tienen derecho a ser tratadas con ella; la equidad tiene significado si compensamos las condiciones de vida; la no discriminación significa, que ser mujeres no es estar al "servicio" de los varones; la no violencia se refiere precisamente a ello, a no vivir violencia en la calle ni en el hogar, que no se supone que nos dicen que ese es el espacio más seguro para nosotras y a veces se convierte en el espacio del miedo y el terror.
Un país más democrático es aquel que disminuye en mayor medida las condiciones de desigualdad entre mujeres y hombres y en ese caso en México nos falta todavía mucho. Según el Foro Económico Mundial, México está en el lugar 99 de 134 países, y ocupamos el lugar 19 de los 20 de América Latina, sólo un lugar arriba de Guatemala que es el último. Este dato mide la brecha entre mujeres y hombres en el acceso a dichos recursos y oportunidades.
Hay que cerrar la brecha entre mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones: porque los poderes reconocidos como legales son masculinos: el poder político, el poder económico, el poder militar y el poder eclesiástico.
La equidad de género en la vida de mujeres y de hombres implica: compartir equitativamente cuidado del hogar, trabajo remunerado y crianza infantil; compartir equitativamente tiempo de trabajo y tiempo de ocio; compartir equitativamente las decisiones políticas y las y decisiones económicas.
Aspiramos a la igualdad como seres humanos y a la equidad como un reconocimiento a nuestras diferencias. La equidad, como la cualidad por la cual ninguna parte sea favorecida de manera injusta en perjuicio de otra.
Falta mucho camino por andar para conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y según Amelia Valcarcel, esta es la palabra que más miedo nos da por sus implicaciones, también se requiern nuevos contratos sociales, pero lo que se ha conseguido, y seguramente lo que se conseguirá mañana, sólo será posible con la participación y el esfuerzo de las mujeres, que tenemos derecho a la mitad del cielo y la experiencia indica que para acceder a él, tendremos que conquistarlo con mucho esfuerzo.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2010::
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domingo, marzo 07, 2010
sábado, julio 25, 2009
Disculpen la molestia: armados contra los pobres (ll parte) Eduardo Galeano
Si la justicia internacional de veras existe, ¿por qué nunca juzga a los poderosos? No van presos los autores de las más feroces carnicerías. ¿Será porque son ellos quienes tienen las llaves de las cárceles?
¿Por qué son intocables las cinco potencias que tienen derecho de veto en Naciones Unidas? ¿Ese derecho tiene origen divino? ¿Velan por la paz los que hacen el negocio de la guerra? ¿Es justo que la paz mundial esté a cargo de las cinco potencias que son las principales productoras de armas? Sin despreciar a los narcotraficantes, ¿no es éste también un caso de “crimen organizado”?
Pero no demandan castigo contra los amos del mundo los clamores de quienes exigen, en todas partes, la pena de muerte. Faltaba más. Los clamores claman contra los asesinos que usan navajas, no contra los que usan misiles.
Y uno se pregunta: ya que esos justicieros están tan locos de ganas de matar, ¿por qué no exigen la pena de muerte contra la injusticia social? ¿Es justo un mundo que cada minuto destina 3 millones de dólares a los gastos militares, mientras cada minuto mueren 15 niños por hambre o enfermedad curable? ¿Contra quién se arma, hasta los dientes, la llamada comunidad internacional? ¿Contra la pobreza o contra los pobres?
¿Por qué los fervorosos de la pena capital no exigen la pena de muerte contra los valores de la sociedad de consumo, que cotidianamente atentan contra la seguridad pública? ¿O acaso no invita al crimen el bombardeo de la publicidad que aturde a millones y millones de jóvenes desempleados, o mal pagados, repitiéndoles noche y día que ser es tener, tener un automóvil, tener zapatos de marca, tener, tener, y quien no tiene, no es?
¿Y por qué no se implanta la pena de muerte contra la muerte? El mundo está organizado al servicio de la muerte. ¿O no fabrica muerte la industria militar, que devora la mayor parte de nuestros recursos y buena parte de nuestras energías? Los amos del mundo sólo condenan la violencia cuando la ejercen otros. Y este monopolio de la violencia se traduce en un hecho inexplicable para los extraterrestres, y también insoportable para los terrestres que todavía queremos, contra toda evidencia, sobrevivir: los humanos somos los únicos animales especializados en el exterminio mutuo, y hemos desarrollado una tecnología de la destrucción que está aniquilando, de paso, al planeta y a todos sus habitantes.
Esa tecnología se alimenta del miedo. Es el miedo quien fabrica los enemigos que justifican el derroche militar y policial. Y en tren de implantar la pena de muerte, ¿qué tal si condenamos a muerte al miedo? ¿No sería sano acabar con esta dictadura universal de los asustadores profesionales? Los sembradores de pánicos nos condenan a la soledad, nos prohíben la solidaridad: sálvese quien pueda, aplastaos los unos a los otros, el prójimo es siempre un peligro que acecha, ojo, mucho cuidado, éste te robará, aquél te violará, ese cochecito de bebé esconde una bomba musulmana y si esa mujer te mira, esa vecina de aspecto inocente, es seguro que te contagia la peste porcina.
Eduardo Galeano
Primera parte
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::
domingo, mayo 27, 2007
La postura del gobernador sobre el caso 28 de mayo, una forma de darle largas
Innecesario, pedir a la CEDHJ una recomendación para investigar la represión de 2004
La Coordinadora 28 de Mayo se manifestará para pedir que se emita el pronunciamiento al Ejecutivo
RAUL TORRES
Con la participación de diversos grupos musicales en un festival cultural informativo, realizado en plaza Juárez, jaliscienses recordaron la represión sufrida en mayo de 2004 Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO
Para la Coordinadora 28 de Mayo, la postura del gobernador del estado, Emilio González Márquez, respecto de iniciar las investigaciones sobre la represión policial contra altermundistas ocurrida en 2004 sólo si la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) le hace una recomendación, es sólo una forma de darle largas al asunto; no obstante, la mañana del lunes se manifestarán en el organismo para pedir que se emita el pronunciamiento y se envíe al Ejecutivo estatal.
Guadalupe Zepeda Díaz, vocero de la coordinadora, indicó que aunque es innecesario pedir tal recomendación para que el gobierno cumpla con su obligación, se manifestarán para exigir al presidente del organismo, Carlos Manuel Barba García, que haga lo que Emilio González le está pidiendo.
“Vamos a darle respuesta al gobernador. Si dice que la comisión estatal debe exigirle que se reabra el caso, entonces nosotros vamos a estar el próximo lunes a las 10:30 de la mañana en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el presidente, para exigirle que le diga al gobernador que tiene que cumplir con su obligación”.
Recordó que ya hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y varios pronunciamientos de organizaciones internacionales, por lo que está de más la petición de una nueva recomendación.
Independientemente de esto, Zepeda Díaz aseguró que la Coordinadora 28 de Mayo está dando seguimiento al caso a nivel internacional, con organismos como la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
“Amnistía Internacional acaba de entregar su informe y dice exactamente lo mismo que en 2004, que en México se siguen violando los derechos humanos de los mexicanos y que el Estado mexicano sigue siendo un Estado represor”.
El activista consideró que lo sucedido el 28 de mayo en Guadalajara fue sólo una muestra de lo que ahora se está haciendo en todo el país.
“Toda la estrategia que se utilizó aquí se está repitiendo o se repitió en Oaxaca, Atenco, San Luis Potosí y en Yucatán, con la venida de Bush; el 28 de mayo fue un laboratorio. Felipe Calderón se ha llevado a uno de los grandes represores de México, como es Francisco Ramírez Acuña, y han hecho mancuerna para transformar al país en un país fascista”.
Convocó a las marchas que se efectuarán mañana para exigir que el gobierno del estado comience con las investigaciones por este caso; una saldrá a las 5 de la tarde desde la plaza Juárez y la otra iniciará a las 6 en la glorieta de la Normal. Ambas confluirán en la Plaza de Armas, donde habrá una sesión informativa.
La Coordinadora 28 de Mayo se manifestará para pedir que se emita el pronunciamiento al Ejecutivo
RAUL TORRES
Con la participación de diversos grupos musicales en un festival cultural informativo, realizado en plaza Juárez, jaliscienses recordaron la represión sufrida en mayo de 2004 Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO
Para la Coordinadora 28 de Mayo, la postura del gobernador del estado, Emilio González Márquez, respecto de iniciar las investigaciones sobre la represión policial contra altermundistas ocurrida en 2004 sólo si la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) le hace una recomendación, es sólo una forma de darle largas al asunto; no obstante, la mañana del lunes se manifestarán en el organismo para pedir que se emita el pronunciamiento y se envíe al Ejecutivo estatal.
Guadalupe Zepeda Díaz, vocero de la coordinadora, indicó que aunque es innecesario pedir tal recomendación para que el gobierno cumpla con su obligación, se manifestarán para exigir al presidente del organismo, Carlos Manuel Barba García, que haga lo que Emilio González le está pidiendo.
“Vamos a darle respuesta al gobernador. Si dice que la comisión estatal debe exigirle que se reabra el caso, entonces nosotros vamos a estar el próximo lunes a las 10:30 de la mañana en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el presidente, para exigirle que le diga al gobernador que tiene que cumplir con su obligación”.
Recordó que ya hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y varios pronunciamientos de organizaciones internacionales, por lo que está de más la petición de una nueva recomendación.
Independientemente de esto, Zepeda Díaz aseguró que la Coordinadora 28 de Mayo está dando seguimiento al caso a nivel internacional, con organismos como la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
“Amnistía Internacional acaba de entregar su informe y dice exactamente lo mismo que en 2004, que en México se siguen violando los derechos humanos de los mexicanos y que el Estado mexicano sigue siendo un Estado represor”.
El activista consideró que lo sucedido el 28 de mayo en Guadalajara fue sólo una muestra de lo que ahora se está haciendo en todo el país.
“Toda la estrategia que se utilizó aquí se está repitiendo o se repitió en Oaxaca, Atenco, San Luis Potosí y en Yucatán, con la venida de Bush; el 28 de mayo fue un laboratorio. Felipe Calderón se ha llevado a uno de los grandes represores de México, como es Francisco Ramírez Acuña, y han hecho mancuerna para transformar al país en un país fascista”.
Convocó a las marchas que se efectuarán mañana para exigir que el gobierno del estado comience con las investigaciones por este caso; una saldrá a las 5 de la tarde desde la plaza Juárez y la otra iniciará a las 6 en la glorieta de la Normal. Ambas confluirán en la Plaza de Armas, donde habrá una sesión informativa.
La CNDH, "tapadera del poder", afirma el alcalde de Soledad Atzompa
Rechaza el edil ir a la instancia para aportar datos sobre la muerte de Ernestina
La indagatoria sigue abierta, dice el enviado del ombudsman en un foro sobre el caso
EMIR OLIVARES ALONSO
El pueblo de Soledad Atzompa "ha sufrido una gran violación" a sus derechos, luego de que la agresión a la anciana Ernestina Ascensión Rosario -quien presuntamente fue violada y asesinada por militares- ha quedado en la impunidad, aseguró el alcalde de ese municipio, Javier Pérez Pascuala.
Agregó que aunque la familia de la indígena nahua "se haya dejado manipular" para no impugnar la resolución de la Procuraduría de Justicia de Veracruz, en el sentido de que la mujer no fue violada ni asesinada, la comunidad de Soledad Atzompa continuará exigiendo justicia y que se aclare el caso, pues en "cualquier momento el Ejército puede regresar a la sierra y cometer más violaciones a nuestras mujeres, lo cual no vamos a permitir".
Durante el foro Zongolica, Ernestina, reclamo de justicia, derechos humanos y autonomía indígena y municipal, se denunció que en Veracruz han ocurrido mil 495 asesinatos de mujeres desde 2000 hasta 2005, de los cuales 70 por ciento no han sido resueltos con sentencia condenatoria, por lo que permanecen impunes ante las instancias nacionales.
En el encuentro -organizado por agrupaciones campesinas y de derechos humanos de Veracruz y varios ayuntamientos de comunidades indígenas-, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desplegó un equipo de monitoreo con cámaras de video, grabaciones y varios colaboradores, colocados en distintos puntos del lugar en el que se efectuó.
Inclusive, Héctor Lecuona, visitador de la CNDH, interrumpió una entrevista que Pérez Pascuala sostenía con reporteros para exhortarlo a acudir a la comisión a entrevistarse con el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, y aportar elementos para la investigación del caso, que a decir del visitador "aún no está cerrado". "Las puertas de la CNDH están abiertas para que acuda el día que usted lo solicite", le ofreció al edil.
El funcionario hizo la invitación al leer un documento entregado por los visitadores, el cual en el punto número siete señala que solicitarían audiencia tanto con Felipe Calderón como con Soberanes.
No obstante, como el texto fue redactado el 27 de marzo pasado -dato que en un principio se omitió-, el alcalde de Soledad Atzompa respondió que ya no tiene caso acudir a una instancia "tapadera del poder", que ya emitió un dictamen "preocupante" al determinar que Ascensión Rosario falleció de causas naturales. "Nosotros vimos que es una burla que hace la CNDH si ya declaró públicamente cuál hacía sido la causa de la muerte de la compañera Ernestina, según su visión. Somos indígenas, pero entendemos y tenemos la lógica de analizar cualquier engaño que nos quiera hacer alguna institución; entonces, por eso, valorando la petición con todas mis autoridades no quisimos contestarlo porque es absurdo. La comisión nacional no está para defender los derechos humanos, sino al Presidente de la República, por cuestiones de intereses".
Reforma al sistema de justicia
En tanto, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, propuso que para que las violaciones a derechos humanos en las que incurre el Ejército no queden en la impunidad "es urgente" una reforma al sistema de justicia penal para que los presuntos delitos cometidos por militares sean investigados por las autoridades civiles. Y agregó que en el caso de Zongolica la sociedad debe acudir a las instancias internacionales y crear un mecanismo de investigación propia como se hace en Ciudad Juárez, donde especialistas forenses argentinas analizan las causas de las muertes en ese municipio chihuahuense.
Para Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, no existe razón para que el Ejército esté presente en comunidades indígenas realizando tantas labores como la alfabetización, atención médica y ayuda en desastres naturales, por lo que ironizó: "¡mejor deberíamos canonizarlos!" No puede ser, añadió, que el Ejército tenga tantas funciones, mientras que los profesores y las instituciones de salud, a quienes corresponden esas acciones, no cuentan con los recursos y salarios adecuados para tales fines".
La indagatoria sigue abierta, dice el enviado del ombudsman en un foro sobre el caso
EMIR OLIVARES ALONSO
El pueblo de Soledad Atzompa "ha sufrido una gran violación" a sus derechos, luego de que la agresión a la anciana Ernestina Ascensión Rosario -quien presuntamente fue violada y asesinada por militares- ha quedado en la impunidad, aseguró el alcalde de ese municipio, Javier Pérez Pascuala.
Agregó que aunque la familia de la indígena nahua "se haya dejado manipular" para no impugnar la resolución de la Procuraduría de Justicia de Veracruz, en el sentido de que la mujer no fue violada ni asesinada, la comunidad de Soledad Atzompa continuará exigiendo justicia y que se aclare el caso, pues en "cualquier momento el Ejército puede regresar a la sierra y cometer más violaciones a nuestras mujeres, lo cual no vamos a permitir".
Durante el foro Zongolica, Ernestina, reclamo de justicia, derechos humanos y autonomía indígena y municipal, se denunció que en Veracruz han ocurrido mil 495 asesinatos de mujeres desde 2000 hasta 2005, de los cuales 70 por ciento no han sido resueltos con sentencia condenatoria, por lo que permanecen impunes ante las instancias nacionales.
En el encuentro -organizado por agrupaciones campesinas y de derechos humanos de Veracruz y varios ayuntamientos de comunidades indígenas-, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desplegó un equipo de monitoreo con cámaras de video, grabaciones y varios colaboradores, colocados en distintos puntos del lugar en el que se efectuó.
Inclusive, Héctor Lecuona, visitador de la CNDH, interrumpió una entrevista que Pérez Pascuala sostenía con reporteros para exhortarlo a acudir a la comisión a entrevistarse con el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, y aportar elementos para la investigación del caso, que a decir del visitador "aún no está cerrado". "Las puertas de la CNDH están abiertas para que acuda el día que usted lo solicite", le ofreció al edil.
El funcionario hizo la invitación al leer un documento entregado por los visitadores, el cual en el punto número siete señala que solicitarían audiencia tanto con Felipe Calderón como con Soberanes.
No obstante, como el texto fue redactado el 27 de marzo pasado -dato que en un principio se omitió-, el alcalde de Soledad Atzompa respondió que ya no tiene caso acudir a una instancia "tapadera del poder", que ya emitió un dictamen "preocupante" al determinar que Ascensión Rosario falleció de causas naturales. "Nosotros vimos que es una burla que hace la CNDH si ya declaró públicamente cuál hacía sido la causa de la muerte de la compañera Ernestina, según su visión. Somos indígenas, pero entendemos y tenemos la lógica de analizar cualquier engaño que nos quiera hacer alguna institución; entonces, por eso, valorando la petición con todas mis autoridades no quisimos contestarlo porque es absurdo. La comisión nacional no está para defender los derechos humanos, sino al Presidente de la República, por cuestiones de intereses".
Reforma al sistema de justicia
En tanto, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, propuso que para que las violaciones a derechos humanos en las que incurre el Ejército no queden en la impunidad "es urgente" una reforma al sistema de justicia penal para que los presuntos delitos cometidos por militares sean investigados por las autoridades civiles. Y agregó que en el caso de Zongolica la sociedad debe acudir a las instancias internacionales y crear un mecanismo de investigación propia como se hace en Ciudad Juárez, donde especialistas forenses argentinas analizan las causas de las muertes en ese municipio chihuahuense.
Para Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, no existe razón para que el Ejército esté presente en comunidades indígenas realizando tantas labores como la alfabetización, atención médica y ayuda en desastres naturales, por lo que ironizó: "¡mejor deberíamos canonizarlos!" No puede ser, añadió, que el Ejército tenga tantas funciones, mientras que los profesores y las instituciones de salud, a quienes corresponden esas acciones, no cuentan con los recursos y salarios adecuados para tales fines".
viernes, mayo 25, 2007
LA LEY, EXPRESIÓN DE LAICIDAD
México DF, 24 mayo 07 (CIMAC)
La "objeción de conciencia", nombrada reiteradamente en el debate sobre la interrupción del embarazo, es una negativa a realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos, mismos que suelen acomodarse a los grandes movimientos o transformaciones culturales de la historia, advierte el doctor Raúl Carrancá y Rivas.
En el estudio que el catedrático presentó acerca de la Reforma al Código Penal del Distrito Federal en materia de aborto al diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, coordinador de la fracción parlamentaria de Alternativa Social Demócrata y Campesina en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el penalista cita la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público:
En su artículo primero, esta Ley señala que "Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes".
El Doctor en derecho penal distingue entre objeción de conciencia, convicciones religiosas o motivos religiosos.
Explica que la convicción es un convencimiento y, por lo tanto, es razonar; o sea, sostener o probar algo de manera que racionalmente no se pueda negar. Motivo es la causa o razón que mueve para algo.
Y objeción es un concepto del tema que lo ocupa y que va acompañado de la palabra conciencia, calificándola.
Aclara que conciencia es la prioridad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta.
Raúl Carrancá indica que para la psicología tener conciencia es un acto (concentración del ánimo en un sentimiento o disposición) psíquico, una manera de sentir y que atañe fundamentalmente al espíritu.
No se desconoce que la conciencia lleva consigo un conocimiento reflexivo de las cosas, pero ya diluido en la sustancia espiritual y, en consecuencia, se trata de las "razones del corazón" de las que hablaba Pascal.
"La famosa objeción de conciencia es una negativa a realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos; sin olvidar que lo ético y lo religioso son siempre materia movediza que se suele acomodar, si vale el término, a los grandes movimientos o transformaciones culturales de la historia. No son iguales, por ejemplo, la ética cristiana y la ética islámica", subraya.
En su análisis, el doctor Carrancá y Rivas considera que en la objeción de conciencia se entremezclan distintos y ricos componentes. En ella no predomina la razón pura, estricta, ni tampoco el mero "sentimiento espiritual", se objeta algo, una ley, un mandato, por aquellas "razones del corazón".
No obstante y al margen de lo anterior, que no en contra, dicho servidor tiene la inexcusable obligación de atender directamente al aborto o de orientar y aconsejar a la solicitante de lo contrario le acarrearía una grave responsabilidad de carácter penal.
Lo anterior, porque se contravienen la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la ley General de Salud, de la Ley de Salud para el Distrito Federal.
LA LEY, EXPRESIÓN DE LAICIDAD
La primera parte del Artículo 145 del nuevo Código Penal para el Distrito Federal no obliga a nadie a interrumpir el embarazo, porque es facultativa o potestativa, lo que la convierte en una expresión legal, jurídica del Estado laico mexicano, asevera en su análisis.
Carrancá y Rivas agrega que en un Estado laico tan grave sería obligar a abortar a las mujeres que no quieran hacerlo como criminalizar a las que decidan llevarlo a cabo, volviéndolas delincuentes, toda vez que atenerse a la conciencia propia es la mejor garantía de libertad individual y social.
El penalista reconoce que la objeción de conciencia es una figura jurídica fundamental, que puede o no ser atraída por la ley, como ocurre con la fracción IX del Artículo 15 del Código Penal Federal.
"Yo definiría esa figura, que tiene hondas raíces en la filosofía del Derecho, como la manifestación expresa de la conciencia individual que rechaza una ley o disposición legal, y también una disposición de carácter político, cuando atenta contra las propias convicciones morales, de conciencia, de la persona", concluye el profesor emérito de la Máxima Casa de Estudios, Raúl Carrancá y Rivas.
La "objeción de conciencia", nombrada reiteradamente en el debate sobre la interrupción del embarazo, es una negativa a realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos, mismos que suelen acomodarse a los grandes movimientos o transformaciones culturales de la historia, advierte el doctor Raúl Carrancá y Rivas.
En el estudio que el catedrático presentó acerca de la Reforma al Código Penal del Distrito Federal en materia de aborto al diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, coordinador de la fracción parlamentaria de Alternativa Social Demócrata y Campesina en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el penalista cita la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público:
En su artículo primero, esta Ley señala que "Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes".
El Doctor en derecho penal distingue entre objeción de conciencia, convicciones religiosas o motivos religiosos.
Explica que la convicción es un convencimiento y, por lo tanto, es razonar; o sea, sostener o probar algo de manera que racionalmente no se pueda negar. Motivo es la causa o razón que mueve para algo.
Y objeción es un concepto del tema que lo ocupa y que va acompañado de la palabra conciencia, calificándola.
Aclara que conciencia es la prioridad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta.
Raúl Carrancá indica que para la psicología tener conciencia es un acto (concentración del ánimo en un sentimiento o disposición) psíquico, una manera de sentir y que atañe fundamentalmente al espíritu.
No se desconoce que la conciencia lleva consigo un conocimiento reflexivo de las cosas, pero ya diluido en la sustancia espiritual y, en consecuencia, se trata de las "razones del corazón" de las que hablaba Pascal.
"La famosa objeción de conciencia es una negativa a realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos; sin olvidar que lo ético y lo religioso son siempre materia movediza que se suele acomodar, si vale el término, a los grandes movimientos o transformaciones culturales de la historia. No son iguales, por ejemplo, la ética cristiana y la ética islámica", subraya.
En su análisis, el doctor Carrancá y Rivas considera que en la objeción de conciencia se entremezclan distintos y ricos componentes. En ella no predomina la razón pura, estricta, ni tampoco el mero "sentimiento espiritual", se objeta algo, una ley, un mandato, por aquellas "razones del corazón".
No obstante y al margen de lo anterior, que no en contra, dicho servidor tiene la inexcusable obligación de atender directamente al aborto o de orientar y aconsejar a la solicitante de lo contrario le acarrearía una grave responsabilidad de carácter penal.
Lo anterior, porque se contravienen la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la ley General de Salud, de la Ley de Salud para el Distrito Federal.
LA LEY, EXPRESIÓN DE LAICIDAD
La primera parte del Artículo 145 del nuevo Código Penal para el Distrito Federal no obliga a nadie a interrumpir el embarazo, porque es facultativa o potestativa, lo que la convierte en una expresión legal, jurídica del Estado laico mexicano, asevera en su análisis.
Carrancá y Rivas agrega que en un Estado laico tan grave sería obligar a abortar a las mujeres que no quieran hacerlo como criminalizar a las que decidan llevarlo a cabo, volviéndolas delincuentes, toda vez que atenerse a la conciencia propia es la mejor garantía de libertad individual y social.
El penalista reconoce que la objeción de conciencia es una figura jurídica fundamental, que puede o no ser atraída por la ley, como ocurre con la fracción IX del Artículo 15 del Código Penal Federal.
"Yo definiría esa figura, que tiene hondas raíces en la filosofía del Derecho, como la manifestación expresa de la conciencia individual que rechaza una ley o disposición legal, y también una disposición de carácter político, cuando atenta contra las propias convicciones morales, de conciencia, de la persona", concluye el profesor emérito de la Máxima Casa de Estudios, Raúl Carrancá y Rivas.
martes, mayo 22, 2007
Con invitación a viaje evitan que familia de Ernestina Ascensión impugne el fallo
Jugar con los sentimientos de una familia que sólo exigía justicia por la violación y muerte de Ernestina y que se les engañe de esta manera por ser indígenas, monolingues y pobres. Si esto no es indigno, qué es?
El caso de la indígena de Zongolica quedó cerrado jurídicamente el 15 de mayo
Legisladora propone solicitar una opinión consultiva a organismos internacionales
VICTOR BALLINAS
El caso de la muerte de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, quien presuntamente fue violada por militares el 6 de febrero pasado, quedó cerrado jurídicamente el martes 15 de mayo, toda vez que la familia no impugnó la resolución de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, que determinó que "la mujer indígena no fue violada ni asesinada".
Cabe recordar que al conocerse la agresión contra la anciana, la procuraduría estatal y el resultado de la primera necropsia sostenían que la indígena había sido violada. Incluso en el certificado médico se señaló que "su muerte se clasifica como mecánica" y que "presentaba desgarres en la región anal".
Después de practicada la segunda necropsia y en entrevista con La Jornada, el presidente Felipe Calderón aseguró que tenía información de que Ascensión Rosario no había sido violada y que su muerte "se debió a una gastritis mal atendida".
Días más tarde, la Comisión Nacional de Derechos Humanos apoyó la versión del Ejecutivo y dio a conocer que había solicitado una exhumación y una renecropsia de Ascensión Rosario porque "los resultados de la primera necropsia contienen inexactitudes, contradicciones y dudas", y aseguró que el resultado de esta nueva revisión reveló que "no hubo homicidio ni violación, sino que la mujer murió de anemia".
Sin embargo, el gobierno de Veracruz y la procuraduría estatal continuaron insistiendo en que tenían pruebas de que Ascensión Rosario había sido violada y que en su deceso hubo un homicidio. Incluso el fiscal del caso, Juan Alatriste Gómez, sostenía que"existen desgarros anales" y que "sí hubo violación".
No obstante, semanas después, la procuraduría de Veracruz dio marcha atrás en la versión del diagnóstico que había sostenido durante más de dos meses, y aseveró que "la indígena no fue violada ni asesinada" y que el caso quedaba cerrado.
A partir de ese dictamen del 30 de abril pasado, de acuerdo con el Código Penal del estado de Veracruz, los familiares tenían 10 días para inconformarse con el dictamen, pero debido a que "fueron invitados primero por el gobierno estatal, y luego se dijo que por el gobierno federal, estuvieron fuera del estado, por lo que no pudieron interponer recurso alguno, con lo cual el caso se cerró".
La presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, la perredista Maricela Contreras, manifestó que "como a la familia se le mantuvo fuera del estado, en paseos e incomunicada, no interpuso la revisión del caso; ahora, que ha sido cerrado, sólo nos queda solicitar una opinión consultiva ante organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".
El caso de la indígena de Zongolica quedó cerrado jurídicamente el 15 de mayo
Legisladora propone solicitar una opinión consultiva a organismos internacionales
VICTOR BALLINAS
El caso de la muerte de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, quien presuntamente fue violada por militares el 6 de febrero pasado, quedó cerrado jurídicamente el martes 15 de mayo, toda vez que la familia no impugnó la resolución de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, que determinó que "la mujer indígena no fue violada ni asesinada".
Cabe recordar que al conocerse la agresión contra la anciana, la procuraduría estatal y el resultado de la primera necropsia sostenían que la indígena había sido violada. Incluso en el certificado médico se señaló que "su muerte se clasifica como mecánica" y que "presentaba desgarres en la región anal".
Después de practicada la segunda necropsia y en entrevista con La Jornada, el presidente Felipe Calderón aseguró que tenía información de que Ascensión Rosario no había sido violada y que su muerte "se debió a una gastritis mal atendida".
Días más tarde, la Comisión Nacional de Derechos Humanos apoyó la versión del Ejecutivo y dio a conocer que había solicitado una exhumación y una renecropsia de Ascensión Rosario porque "los resultados de la primera necropsia contienen inexactitudes, contradicciones y dudas", y aseguró que el resultado de esta nueva revisión reveló que "no hubo homicidio ni violación, sino que la mujer murió de anemia".
Sin embargo, el gobierno de Veracruz y la procuraduría estatal continuaron insistiendo en que tenían pruebas de que Ascensión Rosario había sido violada y que en su deceso hubo un homicidio. Incluso el fiscal del caso, Juan Alatriste Gómez, sostenía que"existen desgarros anales" y que "sí hubo violación".
No obstante, semanas después, la procuraduría de Veracruz dio marcha atrás en la versión del diagnóstico que había sostenido durante más de dos meses, y aseveró que "la indígena no fue violada ni asesinada" y que el caso quedaba cerrado.
A partir de ese dictamen del 30 de abril pasado, de acuerdo con el Código Penal del estado de Veracruz, los familiares tenían 10 días para inconformarse con el dictamen, pero debido a que "fueron invitados primero por el gobierno estatal, y luego se dijo que por el gobierno federal, estuvieron fuera del estado, por lo que no pudieron interponer recurso alguno, con lo cual el caso se cerró".
La presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, la perredista Maricela Contreras, manifestó que "como a la familia se le mantuvo fuera del estado, en paseos e incomunicada, no interpuso la revisión del caso; ahora, que ha sido cerrado, sólo nos queda solicitar una opinión consultiva ante organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".
lunes, mayo 07, 2007
Detenidos de Atenco cambian de infierno; Molino de Flores, ''peor que Santiaguito''
Sus familiares denuncian amenazas de muerte, torturas y golpizas por parte de otros reos
Acusan ''complicidad'' de las autoridades de ese centro carcelario ubicado en Texcoco
BLANCHE PETRICH
Los 18 detenidos en San Salvador Atenco hace un año, procesados por diversos delitos y trasladados el martes pasado del penal de Santiaguito al de Molino de Flores, en Texcoco, denunciaron que han sido amenazados "de muerte y de golpizas por parte de otros reos que gozan de protección de las autoridades penitenciarias".
Rosaura de Selvas, esposa del médico Guillermo Selvas y madre de Mariana Selvas, ambos ''presos políticos'', informó que, según informes de los detenidos, sus condiciones de reclusión son intolerables: en la sección para varones, en celdas para seis presos son hacinados hasta 25; se dispone de cuatro letrinas para 200 personas, hay asaltos constantes donde el principal botín son las apreciadísimas tarjetas para llamar por teléfono. El grupo de Atenco sufre amenazas y aislamiento y han escuchado que los asesinatos en el interior de esta cárcel "son moneda común".
Dos de los jóvenes detenidos sufren síndrome de depresión profunda y hablan de su intención de suicidio. Las constantes solicitudes para que se atienda el grave problema de salud mental de estos dos muchachos han sido desatendidas por todas las autoridades aludidas.
La corrupción en el penal es otro problema grave. Existe en Molino de Flores la conocida "área verde", donde reos con privilegios pagan 5 mil pesos al mes por una celda individual. En el área de visitas se cobra inclusive el derecho a mesas (20 pesos) y sillas (cinco).
¿La CNDH?, bien...
En dos ocasiones, la señora Selvas y otros familiares de los prisioneros de Atenco han acudido con la segunda visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Susana Pedroza, encargada del caso. ''Ni siquiera ha querido recibirnos y escucharnos personalmente. Ella dice que ya nada tiene que ver con el asunto. Sus asistentes nos indican que tenemos que acudir a la comisión mexiquense de derechos humanos. Ahí es peor. Lo único que hemos logrado es que los representantes de la comisión del estado de México hagan visitas de cortesía al director del penal, Gilberto Trinidad Gutiérrez. Ni siquiera han intentado escuchar la versión de los presos".
Rosaura de Selvas, junto con una docena de madres y familiares de los presos mantiene en condiciones de extrema dificultad un plantón frente al penal de Santiaguito, en el municipio de Almoloya. "Pero si pensábamos que las condiciones de Santiaguino eran injustas y muy duras, nunca imaginamos que podía haber algo peor. Molino de Flores es un infierno, según nos dicen nuestros reclusos".
En efecto, este Cereso, uno de los más reducidos del estado de México, fue construido para contener 350 presos. Actualmente alberga a mil 500.
La semana pasada, luego de que el juez Juan Maldonado fuera declarado incompetente para conocer los juicios de los presos de Atenco, el expediente fue recibido por el juez primero de Texcoco, Juan Alberto Cervantes. Fueron trasladados a Molino de Flores la mazahua Magdalena García Durán; las floristas de Texcoco María Luisa López Mora y Norma Jiménez Osorio; Mariana Selvas, y Cecilia Ramírez. También el doctor Guillermo Selvas, padre de Mariana, y los estudiantes Vicente García Murguía, Jorge Armando Ramírez Aguilar, David Medina Neri, Martín Garrido Romero, Oscar Hernández Pacheco y Juan Carlos Estrada Cruces. Se espera que otros 14 presos que aún quedan en Santiaguito sean cambiados a Texcoco en breve.
Apenas se realizó el traslado, Juan Carlos Estrada, uno de los detenidos recién llegado fue atacado y golpeado brutalmente por los internos de Molino de Flores. Según denuncia de Rosalía de Selvas, presos del área de sentenciados se infiltran a la zona de reclusión de los reos en proceso, con el tácito permiso de los custodios. Estos son los que amenazan al grupo de Atenco.
En ese mismo penal, pero aislado del resto de detenidos en los hechos del 3 y 4 de mayo del año pasado, se encuentra otro atenquense, Juan Ramírez. Este fue quien, el día de la invasión policiaca a San Salvador Atenco, según las tomas aéreas de las televisoras, golpeó y pateó brutalmente a un policía federal preventivo. Según testigos, estos hechos ocurrieron pocos momentos después de que un adolescente del pueblo, Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, cayera muerto por los disparos de la policía.
Lo que las televisoras no informaron posteriormente fue que Ramírez fue capturado ese mismo día y golpeado y torturado a tal grado que la policía, creyendo que había muerto, tiró su cuerpo en un descampado. Rescatado y hospitalizado, el atenquense se recuperó. Cuatro meses más tarde, después de una intensa búsqueda en la que algunos miembros de su familia fueron inclusive torturados, según denuncias de los defensores de los detenidos, se descubrió su escondite y fue detenido. Su causa penal no es considerada como parte del expediente de San Salvador Atenco y su familia, aislada a causa de las amenazas oficiales, ha pedido que no se le mencione.
Acusan ''complicidad'' de las autoridades de ese centro carcelario ubicado en Texcoco
BLANCHE PETRICH
Los 18 detenidos en San Salvador Atenco hace un año, procesados por diversos delitos y trasladados el martes pasado del penal de Santiaguito al de Molino de Flores, en Texcoco, denunciaron que han sido amenazados "de muerte y de golpizas por parte de otros reos que gozan de protección de las autoridades penitenciarias".
Rosaura de Selvas, esposa del médico Guillermo Selvas y madre de Mariana Selvas, ambos ''presos políticos'', informó que, según informes de los detenidos, sus condiciones de reclusión son intolerables: en la sección para varones, en celdas para seis presos son hacinados hasta 25; se dispone de cuatro letrinas para 200 personas, hay asaltos constantes donde el principal botín son las apreciadísimas tarjetas para llamar por teléfono. El grupo de Atenco sufre amenazas y aislamiento y han escuchado que los asesinatos en el interior de esta cárcel "son moneda común".
Dos de los jóvenes detenidos sufren síndrome de depresión profunda y hablan de su intención de suicidio. Las constantes solicitudes para que se atienda el grave problema de salud mental de estos dos muchachos han sido desatendidas por todas las autoridades aludidas.
La corrupción en el penal es otro problema grave. Existe en Molino de Flores la conocida "área verde", donde reos con privilegios pagan 5 mil pesos al mes por una celda individual. En el área de visitas se cobra inclusive el derecho a mesas (20 pesos) y sillas (cinco).
¿La CNDH?, bien...
En dos ocasiones, la señora Selvas y otros familiares de los prisioneros de Atenco han acudido con la segunda visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Susana Pedroza, encargada del caso. ''Ni siquiera ha querido recibirnos y escucharnos personalmente. Ella dice que ya nada tiene que ver con el asunto. Sus asistentes nos indican que tenemos que acudir a la comisión mexiquense de derechos humanos. Ahí es peor. Lo único que hemos logrado es que los representantes de la comisión del estado de México hagan visitas de cortesía al director del penal, Gilberto Trinidad Gutiérrez. Ni siquiera han intentado escuchar la versión de los presos".
Rosaura de Selvas, junto con una docena de madres y familiares de los presos mantiene en condiciones de extrema dificultad un plantón frente al penal de Santiaguito, en el municipio de Almoloya. "Pero si pensábamos que las condiciones de Santiaguino eran injustas y muy duras, nunca imaginamos que podía haber algo peor. Molino de Flores es un infierno, según nos dicen nuestros reclusos".
En efecto, este Cereso, uno de los más reducidos del estado de México, fue construido para contener 350 presos. Actualmente alberga a mil 500.
La semana pasada, luego de que el juez Juan Maldonado fuera declarado incompetente para conocer los juicios de los presos de Atenco, el expediente fue recibido por el juez primero de Texcoco, Juan Alberto Cervantes. Fueron trasladados a Molino de Flores la mazahua Magdalena García Durán; las floristas de Texcoco María Luisa López Mora y Norma Jiménez Osorio; Mariana Selvas, y Cecilia Ramírez. También el doctor Guillermo Selvas, padre de Mariana, y los estudiantes Vicente García Murguía, Jorge Armando Ramírez Aguilar, David Medina Neri, Martín Garrido Romero, Oscar Hernández Pacheco y Juan Carlos Estrada Cruces. Se espera que otros 14 presos que aún quedan en Santiaguito sean cambiados a Texcoco en breve.
Apenas se realizó el traslado, Juan Carlos Estrada, uno de los detenidos recién llegado fue atacado y golpeado brutalmente por los internos de Molino de Flores. Según denuncia de Rosalía de Selvas, presos del área de sentenciados se infiltran a la zona de reclusión de los reos en proceso, con el tácito permiso de los custodios. Estos son los que amenazan al grupo de Atenco.
En ese mismo penal, pero aislado del resto de detenidos en los hechos del 3 y 4 de mayo del año pasado, se encuentra otro atenquense, Juan Ramírez. Este fue quien, el día de la invasión policiaca a San Salvador Atenco, según las tomas aéreas de las televisoras, golpeó y pateó brutalmente a un policía federal preventivo. Según testigos, estos hechos ocurrieron pocos momentos después de que un adolescente del pueblo, Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, cayera muerto por los disparos de la policía.
Lo que las televisoras no informaron posteriormente fue que Ramírez fue capturado ese mismo día y golpeado y torturado a tal grado que la policía, creyendo que había muerto, tiró su cuerpo en un descampado. Rescatado y hospitalizado, el atenquense se recuperó. Cuatro meses más tarde, después de una intensa búsqueda en la que algunos miembros de su familia fueron inclusive torturados, según denuncias de los defensores de los detenidos, se descubrió su escondite y fue detenido. Su causa penal no es considerada como parte del expediente de San Salvador Atenco y su familia, aislada a causa de las amenazas oficiales, ha pedido que no se le mencione.
domingo, abril 22, 2007
Intenta el gobierno federal dividir a defensores del caso Ascensión Rosario
¿Qué justicia podemos esperar de un gobierno que a través del fraude se ha impuesto? Gónzalez Uyeda está acusado de comprar la justicia para su beneficio familiar y en el caso de Ernestina quieren hacer lo mismo. Basta ya de injusticias para las mujeres pobres, marginadas y excluídas. JUSTICIA para Ernestina YA!!!!!
Compró a dirigentes para facilitar presiones a familiares de la víctima, acusan
Pretende que los deudos se desistan de señalamientos contra soldados, dice alcalde
ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL
Soledad Atzompa, Ver., 21 de abril. Para dividir el frente formado entre autoridades municipales, organizaciones indígenas y familiares de la anciana Ernestina Ascensión Rosario, quienes exigen justicia por el crimen y que defienden el último testimonio de la víctima, que señala a militares como los responsables de la agresión sexual, el gobierno federal comenzó a "comprar" a dirigentes de organizaciones indígenas e imponer amenazas a la familia Inés Ascensión.
"Al parecer hay una estrategia para que los deudos se desistan del señalamiento contra los soldados por el crimen contra su madre", aseveró Javier Pérez Pascuala, alcalde de Soledad Atzompa, quien acusó a René Huerta, presidente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), de haber negociado apoyos económicos con Abraham González Uyeda, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, para facilitar las presiones y amenazas hacia los familiares de la víctima.
Desde su primera visita a la región, el 10 de abril pasado, González Uyeda sostuvo una reunión a las 23 horas de ese día, "a puerta cerrada", con René Huerta, en el domicilio de éste en Ciudad Mendoza, de quien se notó un cambio en su discurso, afirmó Pérez Pascuala.
Explicó que a la mañana siguiente, ambos subieron de madrugada a la comunidad de Tetlatzinga para dialogar con los cinco hijos de Ernestina Ascensión Rosario, casi dos horas antes de la cita formal que se realizaría en el poblado de Atzompa, a unos kilómetros del lugar, como se había acordado formalmente.
"Yo llegué a la cita y como a las 7.30 arribó González Uyeda a bordo de una camioneta resguardada por agentes, y acompañado por los familiares, así como por René Huerta, que ya habían sostenido una reunión a espaldas de las autoridades y los representantes comunales", expuso el edil.
La misma estrategia se repitió el pasado jueves, cuando el subsecretario de Gobierno se reunió por segunda ocasión con la familia Inés Ascensión, la cual fue transportada desde las 8 de la mañana hacia Ciudad Mendoza y posteriormente a Boca del Río y Jalapa. "Lo grave no es que hayan evadido a las autoridades municipales, sino que los encuentros en solitario con los deudos tienen el fin de presionarlos, amenazarlos o comprarlos para desistirse en los señalamientos contra los agresores de doña Ernestina".
Nos prohibieron hablar: familiares
René Huerta se ha negado a informar a los medios sobre el contenido de la charla entre los deudos de la anciana y los funcionarios federales.
Pero en Tetlatzinga, la única persona que tiene acceso a la familia Inés Ascensión es el líder de la CROISZ, afirmaron Rosendo Antonio Dolores, subagente municipal, y el juez indígena Francisco Juárez Juliana, quienes dejaron de ser notificados sobre las reuniones de los familiares con funcionarios del gobierno, y señalaron que los deudos dejaron de recibir a periodistas a petición de los enviados gubernamentales.
Para estos dirigentes comunitarios, el objetivo es tender un cerco alrededor de los familiares para evitar que sostengan públicamente el último testimonio de la anciana, que está dirigido contra sus agresores: los soldados. "No sabemos qué sucede, a nosotros tampoco nos dan explicación de esta actitud", dijo Antonio Dolores.
Francisco Inés Ascensión, hijo menor de Ernestina Ascensión Rosario, aseguró en breve charla y sin dar detalles que se les "prohibió hablar con la prensa, con ningún reportero".
-¿Es verdad que les darán ayuda económica?
-Sí, pero no sabemos cuándo y cuánto.
Temeroso de ser reprendido, Francisco corta la conversación y se encierra en la casa que compartía con su madre.
El viernes, los cinco hijos de Ernestina Ascensión fueron trasladados a la ciudad de Jalapa y hospedados en el hotel México. Ahí, los reporteros intentaron abordarlos y la respuesta fue la misma: "nos prohibieron hablar".
Por su lado, alcaldes de la Sierra de Zongolica exigieron al presidente Calderón "sacar las manos" de la investigación. También respaldaron la petición de los pobladores de Soledad Atzompa para que el Ejército salga de los poblados indígenas. Acusaron al gobierno federal de "politizar y desvirtuar las investigaciones" sobre el asesinato.
Compró a dirigentes para facilitar presiones a familiares de la víctima, acusan
Pretende que los deudos se desistan de señalamientos contra soldados, dice alcalde
ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL
Soledad Atzompa, Ver., 21 de abril. Para dividir el frente formado entre autoridades municipales, organizaciones indígenas y familiares de la anciana Ernestina Ascensión Rosario, quienes exigen justicia por el crimen y que defienden el último testimonio de la víctima, que señala a militares como los responsables de la agresión sexual, el gobierno federal comenzó a "comprar" a dirigentes de organizaciones indígenas e imponer amenazas a la familia Inés Ascensión.
"Al parecer hay una estrategia para que los deudos se desistan del señalamiento contra los soldados por el crimen contra su madre", aseveró Javier Pérez Pascuala, alcalde de Soledad Atzompa, quien acusó a René Huerta, presidente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), de haber negociado apoyos económicos con Abraham González Uyeda, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, para facilitar las presiones y amenazas hacia los familiares de la víctima.
Desde su primera visita a la región, el 10 de abril pasado, González Uyeda sostuvo una reunión a las 23 horas de ese día, "a puerta cerrada", con René Huerta, en el domicilio de éste en Ciudad Mendoza, de quien se notó un cambio en su discurso, afirmó Pérez Pascuala.
Explicó que a la mañana siguiente, ambos subieron de madrugada a la comunidad de Tetlatzinga para dialogar con los cinco hijos de Ernestina Ascensión Rosario, casi dos horas antes de la cita formal que se realizaría en el poblado de Atzompa, a unos kilómetros del lugar, como se había acordado formalmente.
"Yo llegué a la cita y como a las 7.30 arribó González Uyeda a bordo de una camioneta resguardada por agentes, y acompañado por los familiares, así como por René Huerta, que ya habían sostenido una reunión a espaldas de las autoridades y los representantes comunales", expuso el edil.
La misma estrategia se repitió el pasado jueves, cuando el subsecretario de Gobierno se reunió por segunda ocasión con la familia Inés Ascensión, la cual fue transportada desde las 8 de la mañana hacia Ciudad Mendoza y posteriormente a Boca del Río y Jalapa. "Lo grave no es que hayan evadido a las autoridades municipales, sino que los encuentros en solitario con los deudos tienen el fin de presionarlos, amenazarlos o comprarlos para desistirse en los señalamientos contra los agresores de doña Ernestina".
Nos prohibieron hablar: familiares
René Huerta se ha negado a informar a los medios sobre el contenido de la charla entre los deudos de la anciana y los funcionarios federales.
Pero en Tetlatzinga, la única persona que tiene acceso a la familia Inés Ascensión es el líder de la CROISZ, afirmaron Rosendo Antonio Dolores, subagente municipal, y el juez indígena Francisco Juárez Juliana, quienes dejaron de ser notificados sobre las reuniones de los familiares con funcionarios del gobierno, y señalaron que los deudos dejaron de recibir a periodistas a petición de los enviados gubernamentales.
Para estos dirigentes comunitarios, el objetivo es tender un cerco alrededor de los familiares para evitar que sostengan públicamente el último testimonio de la anciana, que está dirigido contra sus agresores: los soldados. "No sabemos qué sucede, a nosotros tampoco nos dan explicación de esta actitud", dijo Antonio Dolores.
Francisco Inés Ascensión, hijo menor de Ernestina Ascensión Rosario, aseguró en breve charla y sin dar detalles que se les "prohibió hablar con la prensa, con ningún reportero".
-¿Es verdad que les darán ayuda económica?
-Sí, pero no sabemos cuándo y cuánto.
Temeroso de ser reprendido, Francisco corta la conversación y se encierra en la casa que compartía con su madre.
El viernes, los cinco hijos de Ernestina Ascensión fueron trasladados a la ciudad de Jalapa y hospedados en el hotel México. Ahí, los reporteros intentaron abordarlos y la respuesta fue la misma: "nos prohibieron hablar".
Por su lado, alcaldes de la Sierra de Zongolica exigieron al presidente Calderón "sacar las manos" de la investigación. También respaldaron la petición de los pobladores de Soledad Atzompa para que el Ejército salga de los poblados indígenas. Acusaron al gobierno federal de "politizar y desvirtuar las investigaciones" sobre el asesinato.
martes, abril 10, 2007
Zapata
Zapata vive! la lucha sigue!
Pedro Miguel
No hay nada más viejo que la modernidad, nada más planetario que el terruño, nada más impotente que el poder omnímodo. Hace poco menos de un siglo, unos campesinos "que no querían cambiar y que, por eso mismo, hicieron una revolución" (Womack), organizaron la "comuna de Morelos" (Gilly) que, en sus formas de ejercicio del poder popular, revivía a la de París y se emparentaba con los soviets obreros surgidos, por esos tiempos, en Petrogrado, al otro lado del mundo. Y esa vieja historia se representa en un nombre: Zapata.
Por aquel entonces los "científicos" porfirianos se afanaban en atraer a México inversiones extranjeras y en insertar al país en la economía mundial. La paz y la estabilidad eran sus palabras favoritas, recurrían a cualquier cosa para garantizar su permanencia en el poder -trampas en las elecciones, represión feroz a los opositores-, rendían culto a los capitales foráneos -les entregaron los campos petroleros, las minas, los bancos, las comunicaciones, los comercios, los servicios de pavimentación y drenaje- y eran promotores y beneficiarios de la concentración de la riqueza y de una terrible desigualdad social.
Tal vez sea ésa la raíz más vieja de una fractura (social, política, moral) que durante décadas pareció hallarse en vías de solución, o cuando menos enterrada, y que ha ido emergiendo conforme la historia se rebobina: la burocracia que cuajó de la Revolución entrega el poder a los liberales, y éstos, a los conservadores. A este paso, Benito Juárez -o tendrá que bajarse del bronce y revivir en las consignas. O Miguel Hidalgo.
Los "científicos" porfirianos eran globalifílicos, por más que el adjetivo, insulto que les salió por la culata a los descalificadores de movimientos de resistencia local, aún no hubiese sido acuñado. Sus sucesores actuales no tienen la dureza facial necesaria para asumirse como herederos políticos e ideológicos de los varios porfiriatos que en el mundo han sido, todas esas tiranías oligárquicas publicitadas como fórmulas de progreso; pero pululan por ahí, enarbolando verdades que no requieren de demostración y que, cuando se someten a la prueba de laboratorio de un país cualquiera, dan como resultado un desastre humano.
Zapata anda también de un lado a otro, muy activo en estos años. Se le busca como fuente de inspiración en las poblaciones rurales ofendidas, en los asentamientos abandonados, en las movilizaciones en defensa de la libertad, del salario y de la tierra. La consigna que lo invoca empieza a una sola voz, como una especie de lamento espectral y lejano que crece, se multiplica en las gargantas de los presentes y estalla en un ritmo furibundo y festivo. Un emblema en los encuentros altermundistas que ocurren en varios continentes es el retrato del caudillo, otra palabra a la que se inyectó desprecio ilustrado, y cuyos significados reales son "hombre que guía y manda la gente de guerra" o "que dirige algún gremio, comunidad o cuerpo".
Zapata vive porque nada hay más moderno que lo ancestral, porque no hay forma más eficaz de incidir en el mundo que la gesta local, y porque nada es más poderoso que la impotencia de los desposeídos.
Pedro Miguel
No hay nada más viejo que la modernidad, nada más planetario que el terruño, nada más impotente que el poder omnímodo. Hace poco menos de un siglo, unos campesinos "que no querían cambiar y que, por eso mismo, hicieron una revolución" (Womack), organizaron la "comuna de Morelos" (Gilly) que, en sus formas de ejercicio del poder popular, revivía a la de París y se emparentaba con los soviets obreros surgidos, por esos tiempos, en Petrogrado, al otro lado del mundo. Y esa vieja historia se representa en un nombre: Zapata.
Por aquel entonces los "científicos" porfirianos se afanaban en atraer a México inversiones extranjeras y en insertar al país en la economía mundial. La paz y la estabilidad eran sus palabras favoritas, recurrían a cualquier cosa para garantizar su permanencia en el poder -trampas en las elecciones, represión feroz a los opositores-, rendían culto a los capitales foráneos -les entregaron los campos petroleros, las minas, los bancos, las comunicaciones, los comercios, los servicios de pavimentación y drenaje- y eran promotores y beneficiarios de la concentración de la riqueza y de una terrible desigualdad social.
Tal vez sea ésa la raíz más vieja de una fractura (social, política, moral) que durante décadas pareció hallarse en vías de solución, o cuando menos enterrada, y que ha ido emergiendo conforme la historia se rebobina: la burocracia que cuajó de la Revolución entrega el poder a los liberales, y éstos, a los conservadores. A este paso, Benito Juárez -o tendrá que bajarse del bronce y revivir en las consignas. O Miguel Hidalgo.
Los "científicos" porfirianos eran globalifílicos, por más que el adjetivo, insulto que les salió por la culata a los descalificadores de movimientos de resistencia local, aún no hubiese sido acuñado. Sus sucesores actuales no tienen la dureza facial necesaria para asumirse como herederos políticos e ideológicos de los varios porfiriatos que en el mundo han sido, todas esas tiranías oligárquicas publicitadas como fórmulas de progreso; pero pululan por ahí, enarbolando verdades que no requieren de demostración y que, cuando se someten a la prueba de laboratorio de un país cualquiera, dan como resultado un desastre humano.
Zapata anda también de un lado a otro, muy activo en estos años. Se le busca como fuente de inspiración en las poblaciones rurales ofendidas, en los asentamientos abandonados, en las movilizaciones en defensa de la libertad, del salario y de la tierra. La consigna que lo invoca empieza a una sola voz, como una especie de lamento espectral y lejano que crece, se multiplica en las gargantas de los presentes y estalla en un ritmo furibundo y festivo. Un emblema en los encuentros altermundistas que ocurren en varios continentes es el retrato del caudillo, otra palabra a la que se inyectó desprecio ilustrado, y cuyos significados reales son "hombre que guía y manda la gente de guerra" o "que dirige algún gremio, comunidad o cuerpo".
Zapata vive porque nada hay más moderno que lo ancestral, porque no hay forma más eficaz de incidir en el mundo que la gesta local, y porque nada es más poderoso que la impotencia de los desposeídos.
domingo, abril 08, 2007
Exige la Auditoría Superior a SG castigar quebranto al Fonden
Manos nada limpias de los panistas: foxistas y calderonistas. La transparencia y la legalidad es que se haga justicia y se sancione la malversacion de fondos de gente sin escrupulos que hizo uso de dinero que estaba destinado a la gente pobre afectada por desastres naturales.
Documenta opacidad en manejo de $863 millones cuando Segura Rangel dirigía el fondo
En 2005 se hicieron pagos por 41 millones 980 mil pesos sin que mediara autorización de Hacienda
ROBERTO GARDUÑO , ENRIQUE MENDEZ
Ante la opacidad y control discrecional de 863 millones 416 mil pesos por Carmen Segura Rangel, cuando se desempeñaba como coordinadora general de Protección Civil -a cuyo cargo se encuentra el Fondo de Desastres Naturales (Fonden)-, en 2005, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados solicitó hace 10 días a la Secretaría de Gobernación (SG) que finque sanciones contra quien resulte responsable por quebranto al erario.
La conclusión sobre el manejo irregular de los recursos destinados a resolver las necesidades de la ciudadanía afectada por fenómenos naturales manifiesta que los funcionarios, principalmente la coordinadora general del fondo para contingencias, a la hora de disponer del presupuesto no fundaron su actuar en "criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguraran las mejores condiciones para el Estado, los cuales debieron constar en escrito firmado por el titular del área requirente".
En la muestra auditada se constató también que las constancias de entrega de insumos a los estados (notas de remisión) que se adjuntaron a la documentación comprobatoria del gasto, por 433 millones de pesos (99.4 por ciento de lo revisado), no fueron validadas y firmadas por la coordinación general del Fondo de Desastres Naturales.
Recomendaciones
En el informe sobre la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2005, el órgano revisor -dependiente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados- manifiesta 18 recomendaciones tras haber revisado el destino de 448 millones 599 mil pesos, de un total de 863 millones 416 mil.
Dicho documento destaca que el Fonden no actualizó los Manuales de Organización y Procedimientos establecidos desde 2004, a través del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con la información de la Cuenta Pública 2005, se constató que en el concepto 2900, referente a mercancías diversas, se ejercieron 863 millones 416 mil pesos, "sin embargo, sólo 821 millones 436 mil correspondieron a pagos de los compromisos adquiridos durante el ejercicio 2005, con cargo a la partida 2902, sobre mercancías para distribuir entre la población. La diferencia de 41 millones 980 mil pesos se erogó para el pago de operaciones que se devengaron en el ejercicio 2004, pero no se contó con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni se presentó evidencia de que se le haya solicitado permiso para que las erogaciones se cubrieran con cargo al patrimonio del Fideicomiso del Fonden".
En el ejercicio 2005 también se hicieron pedidos por mil 275 millones 964 mil pesos, sin que existiera disponibilidad de recursos en el fondo revolvente, porque en ese año únicamente se pagaron 821 millones 436 mil.
"De la diferencia por 454 millones 528 mil pesos, la entidad fiscalizada no presentó evidencia de la autorización expresa de la SHCP que demostrara que se cubrieron con oportunidad las obligaciones que se generaron durante el ejercicio 2005, ni de que se solicitó a dicha dependencia permiso para que, en su caso, la revolvencia del fondo se realizara con cargo al patrimonio del Fideicomiso del Fonden".
Para el año de revisión, el Fonden tampoco constituyó reserva estratégica. En el caso de la asignación por 55 millones 986 mil pesos, el Fondo de Desastres Naturales, encabezado por Carmen Segura, quien fue impuesta en el cargo por el hoy senador Santiago Creel Miranda, no participó en el proceso de los productos; "tampoco opinó respecto a la decisión de ejercer la opción-excepción a la licitación pública, ni conoció a qué proveedor se asignaron los pedidos y características establecidas en los mismos".
Sólo en este caso, la ASF solicitó al organo interno de control de la Secretaría de Gobernación que "finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión adjudicaron directamente pedidos por 55 millones 986 mil pesos".
En este caso, 44 millones 630 mil pesos se destinaron al estado de Veracruz, y 11 millones 355 mil a Chiapas. Tras la revisión del destino de esos recursos, el órgano fiscalizador determinó solicitar a la Secretaría de Gobernación que empiece el procedimiento de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos que exceptuaron a los proveedores de presentar la garantía de cumplimiento por los 55 millones 986 mil pesos, sin haber contado con la autorización del oficial mayor del ramo ni con el escrito que debió presentar la dirección general de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el que se justificara la necesidad de la excepción a la presentación de la garantía de cumplimiento.
Tras la revisión de los 488 millones 599 mil pesos, el Fonden no especificó ante la ASF las características de los insumos entregados para resolver los desastres en distintas entidades del país; "lo anterior ocasionó que en cuatro pedidos, por 52 millones 274 mil pesos, no se detallaran las características de los insumos a adquirir, y en 30 pedidos, por 117 millones 535 mil, difirieran de las especificaciones establecidas en las fichas técnicas".
Documenta opacidad en manejo de $863 millones cuando Segura Rangel dirigía el fondo
En 2005 se hicieron pagos por 41 millones 980 mil pesos sin que mediara autorización de Hacienda
ROBERTO GARDUÑO , ENRIQUE MENDEZ
Ante la opacidad y control discrecional de 863 millones 416 mil pesos por Carmen Segura Rangel, cuando se desempeñaba como coordinadora general de Protección Civil -a cuyo cargo se encuentra el Fondo de Desastres Naturales (Fonden)-, en 2005, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados solicitó hace 10 días a la Secretaría de Gobernación (SG) que finque sanciones contra quien resulte responsable por quebranto al erario.
La conclusión sobre el manejo irregular de los recursos destinados a resolver las necesidades de la ciudadanía afectada por fenómenos naturales manifiesta que los funcionarios, principalmente la coordinadora general del fondo para contingencias, a la hora de disponer del presupuesto no fundaron su actuar en "criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguraran las mejores condiciones para el Estado, los cuales debieron constar en escrito firmado por el titular del área requirente".
En la muestra auditada se constató también que las constancias de entrega de insumos a los estados (notas de remisión) que se adjuntaron a la documentación comprobatoria del gasto, por 433 millones de pesos (99.4 por ciento de lo revisado), no fueron validadas y firmadas por la coordinación general del Fondo de Desastres Naturales.
Recomendaciones
En el informe sobre la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2005, el órgano revisor -dependiente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados- manifiesta 18 recomendaciones tras haber revisado el destino de 448 millones 599 mil pesos, de un total de 863 millones 416 mil.
Dicho documento destaca que el Fonden no actualizó los Manuales de Organización y Procedimientos establecidos desde 2004, a través del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con la información de la Cuenta Pública 2005, se constató que en el concepto 2900, referente a mercancías diversas, se ejercieron 863 millones 416 mil pesos, "sin embargo, sólo 821 millones 436 mil correspondieron a pagos de los compromisos adquiridos durante el ejercicio 2005, con cargo a la partida 2902, sobre mercancías para distribuir entre la población. La diferencia de 41 millones 980 mil pesos se erogó para el pago de operaciones que se devengaron en el ejercicio 2004, pero no se contó con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni se presentó evidencia de que se le haya solicitado permiso para que las erogaciones se cubrieran con cargo al patrimonio del Fideicomiso del Fonden".
En el ejercicio 2005 también se hicieron pedidos por mil 275 millones 964 mil pesos, sin que existiera disponibilidad de recursos en el fondo revolvente, porque en ese año únicamente se pagaron 821 millones 436 mil.
"De la diferencia por 454 millones 528 mil pesos, la entidad fiscalizada no presentó evidencia de la autorización expresa de la SHCP que demostrara que se cubrieron con oportunidad las obligaciones que se generaron durante el ejercicio 2005, ni de que se solicitó a dicha dependencia permiso para que, en su caso, la revolvencia del fondo se realizara con cargo al patrimonio del Fideicomiso del Fonden".
Para el año de revisión, el Fonden tampoco constituyó reserva estratégica. En el caso de la asignación por 55 millones 986 mil pesos, el Fondo de Desastres Naturales, encabezado por Carmen Segura, quien fue impuesta en el cargo por el hoy senador Santiago Creel Miranda, no participó en el proceso de los productos; "tampoco opinó respecto a la decisión de ejercer la opción-excepción a la licitación pública, ni conoció a qué proveedor se asignaron los pedidos y características establecidas en los mismos".
Sólo en este caso, la ASF solicitó al organo interno de control de la Secretaría de Gobernación que "finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión adjudicaron directamente pedidos por 55 millones 986 mil pesos".
En este caso, 44 millones 630 mil pesos se destinaron al estado de Veracruz, y 11 millones 355 mil a Chiapas. Tras la revisión del destino de esos recursos, el órgano fiscalizador determinó solicitar a la Secretaría de Gobernación que empiece el procedimiento de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos que exceptuaron a los proveedores de presentar la garantía de cumplimiento por los 55 millones 986 mil pesos, sin haber contado con la autorización del oficial mayor del ramo ni con el escrito que debió presentar la dirección general de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el que se justificara la necesidad de la excepción a la presentación de la garantía de cumplimiento.
Tras la revisión de los 488 millones 599 mil pesos, el Fonden no especificó ante la ASF las características de los insumos entregados para resolver los desastres en distintas entidades del país; "lo anterior ocasionó que en cuatro pedidos, por 52 millones 274 mil pesos, no se detallaran las características de los insumos a adquirir, y en 30 pedidos, por 117 millones 535 mil, difirieran de las especificaciones establecidas en las fichas técnicas".
lunes, marzo 05, 2007
La cruda realidad de la vida de las mujeres.
Ma. Candelaria Ochoa A.
En el marco del 8 de marzo, “Día internacional de las Mujeres” seguimos conmemorando la lucha de las mujeres en contra de la violación a nuestros derechos y es este caso, exigimos justicia por la vida de la indígena de la sierra de Veracruz que fue violada por militares y que este jueves 1 de marzo falleció a consecuencia de eso. La violencia contra las mujeres es la manifestación más cruda de la subordinación y control que viven las mujeres y cuando ésta es infringida por sujetos que se supone deben “cuidar” nuestra seguridad es todavía peor.
Vivir una vida sin violencia es uno de los derechos más importantes de las mujeres, ya que ésta se ha convertido en una amenaza permanente. La violación de nuestros derechos nos afectan a todas, de distintas regiones y condición social. Ser mujer es por antonomasia una amenaza a nuestra seguridad y bienestar.
México ha firmado y ratificado todos los acuerdos a favor de los derechos de las mujeres, y quien en primer lugar está obligado a cumplir esos acuerdos es el gobierno, por lo que está obligado a castigar a los militares violadores.
Exigimos castigo a los culpables y que sean juzgados por asesinato y violación, no podemos callar estos crímenes que paradójicamente se han sucedido en los últimos años. Recordemos a las mujeres violadas de Atenco; de Oaxaca y de Coahuila y todos los violadores han sido militares y policías y hasta la fecha no se ha hecho nada por castigarlos. Aquella campaña de que “el que golpea a una nos golpea a todas” debemos hacerlo realidad, debemos indignarnos como si nos lo hubieran hecho a cada una de nosotras -y también a cada uno-, porque sólo así podremos combatir la violencia y la violación contra las mujeres.
El gobierno no tiene derecho a mandar militares a las distintas regiones del país en donde además de violar mujeres, invaden su espacio vital, violando también el derecho a su tierra y libertad.
El respeto a los derechos humanos y el castigo a los culpables es una responsabilidad del gobierno. La institución castrense y policiaca no es la excepción, por eso EXIGIMOS que todos los involucrados sean castigados por este y todos estos abominables crímenes.
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