Si la justicia internacional de veras existe, ¿por qué nunca juzga a los poderosos? No van presos los autores de las más feroces carnicerías. ¿Será porque son ellos quienes tienen las llaves de las cárceles?
¿Por qué son intocables las cinco potencias que tienen derecho de veto en Naciones Unidas? ¿Ese derecho tiene origen divino? ¿Velan por la paz los que hacen el negocio de la guerra? ¿Es justo que la paz mundial esté a cargo de las cinco potencias que son las principales productoras de armas? Sin despreciar a los narcotraficantes, ¿no es éste también un caso de “crimen organizado”?
Pero no demandan castigo contra los amos del mundo los clamores de quienes exigen, en todas partes, la pena de muerte. Faltaba más. Los clamores claman contra los asesinos que usan navajas, no contra los que usan misiles.
Y uno se pregunta: ya que esos justicieros están tan locos de ganas de matar, ¿por qué no exigen la pena de muerte contra la injusticia social? ¿Es justo un mundo que cada minuto destina 3 millones de dólares a los gastos militares, mientras cada minuto mueren 15 niños por hambre o enfermedad curable? ¿Contra quién se arma, hasta los dientes, la llamada comunidad internacional? ¿Contra la pobreza o contra los pobres?
¿Por qué los fervorosos de la pena capital no exigen la pena de muerte contra los valores de la sociedad de consumo, que cotidianamente atentan contra la seguridad pública? ¿O acaso no invita al crimen el bombardeo de la publicidad que aturde a millones y millones de jóvenes desempleados, o mal pagados, repitiéndoles noche y día que ser es tener, tener un automóvil, tener zapatos de marca, tener, tener, y quien no tiene, no es?
¿Y por qué no se implanta la pena de muerte contra la muerte? El mundo está organizado al servicio de la muerte. ¿O no fabrica muerte la industria militar, que devora la mayor parte de nuestros recursos y buena parte de nuestras energías? Los amos del mundo sólo condenan la violencia cuando la ejercen otros. Y este monopolio de la violencia se traduce en un hecho inexplicable para los extraterrestres, y también insoportable para los terrestres que todavía queremos, contra toda evidencia, sobrevivir: los humanos somos los únicos animales especializados en el exterminio mutuo, y hemos desarrollado una tecnología de la destrucción que está aniquilando, de paso, al planeta y a todos sus habitantes.
Esa tecnología se alimenta del miedo. Es el miedo quien fabrica los enemigos que justifican el derroche militar y policial. Y en tren de implantar la pena de muerte, ¿qué tal si condenamos a muerte al miedo? ¿No sería sano acabar con esta dictadura universal de los asustadores profesionales? Los sembradores de pánicos nos condenan a la soledad, nos prohíben la solidaridad: sálvese quien pueda, aplastaos los unos a los otros, el prójimo es siempre un peligro que acecha, ojo, mucho cuidado, éste te robará, aquél te violará, ese cochecito de bebé esconde una bomba musulmana y si esa mujer te mira, esa vecina de aspecto inocente, es seguro que te contagia la peste porcina.
Ruego a ustedes tengan a bien tener su solidaridad, con el pueblo de Chiapas, acosado y asesinado una vez más por las autoridades estatales. Publicando en sus prestigiosas publicaciones una nota sobre los artículos a continuación.
Hermann Bellinghausen, escribió:
Chinkultic, Chiapas 2008
Las noticias no son metáforas, aunque a veces sirven como tales. Los hechos represivos de Chinkultic y el ejido Miguel Hidalgo, en La Trinitaria, Chiapas, el pasado 3 de octubre, se deben una vez más a la respuesta de los pueblos contra el enajenamiento de sus tierras y sus derechos territoriales. Y una vez más, el motor de la agresión criminal de la fuerza pública es el turismo (y cierta "soberanía" de las instituciones): protegerlo, propiciarlo, monopolizarlo para los poderes políticos y económicos.
La gente, los pobladores, no se han dejado tan fácilmente. Su futuro no puede decidirse en las mesas de los arquitectos, las proyecciones de los inversionistas ni los planes gubernamentales impulsados por el Banco Mundial o sus equivalentes que, impuestos a los pueblos en nombre del "desarrollo", pretenden arrasar la vida de dichos pueblos.
Chinkultic, la ciudad maya del periodo clásico (años 600 a 900) que duró hasta entrado el posclásico (hacia 1200), a diferencia del resto de ciudades antiguas de la región que se colapsaron antes del primer milenio. Ahora, abandonada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, su administrador oficial, quedaba en la doble condición de recurso abandonado y potencial proyecto "detonante".
La gente se organizó, en los márgenes si se quiere. No se trata de una organización política en particular, sino de un ejido más bien oficialista. Sus representantes estaban negociando con el gobierno estatal. La policía los atacó masiva y criminalmente, pues un mes atrás osaron tomar la caseta de peaje al acceso de las ruinas y usufructuarla en beneficio de la comunidad. Y se propusieron dar mejor cuidado a la semiexplorada zona arqueológica, vecina a los lagos de Montebello y sitio del hermoso Cenote Azul, que se puede contemplar de lo alto de la pirámide principal.
No es (¿o sí?) un caso como Atenco. Tampoco Bolon Ajaw o San Sebastián Bachajón, en Chiapas, donde el conflicto "turístico" por las cascadas de Agua Azul ha movilizado a los pobladores en tiempos recientes, y los ha confrontado por acción oficial y con la fuerza pública.
Algo parecido ocurre en las mismas lagunas de Montebello, no lejos de la frontera con Guatemala. Los pueblos y ejidos ocuparon los "atractivos turísticos" donde ellos viven. Y las autoridades los demandaron por "despojo".
Chiapas no es Quintana Roo. No pueden llegar los planes, los buldózer y los hoteles así como así. Pudieron en Cancún (esa especie de Las Vegas caribeño), y como son imparables ya van sobre Tulum, otra "ruina". No es igual para los pueblos tzeltales, choles o tojolabales, que ancestralmente viven en las tierras mayas, y son campesinos allí, tiene derechos, tienen razón y tienen, si algo, lo que pisan las plantas de sus pies.
Seis campesinos asesinados, tres con tiro de gracia, por policías federales y estatales. Quisieron quitarlos de ahí, los gasearon, golpearon, vejaron y balearon. Y además, no pudieron quitarlos. Eso significa algo.
Hubo ejecuciones extrajudiciales en Chincultik, confirman testimonios
Ángeles Mariscal (Corresponsal)
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 5 de octubre. Cuatro de los seis campesinos muertos en el desalojo de la zona arqueológica de Chincultik fueron ejecutados extrajudicialmente, según se desprende de las declaraciones que han proporcionado tanto policías como los lugareños. Cinco de 11 agentes involucrados en los homicidios ya fueron detenidos; dos confesaron su participación y tres más rendían declaración esta noche.
De acuerdo con esas declaraciones, Agustín Alfaro Alfaro, de 31 años, originario del ejido Ocotal, quien transportaba al hospital de Comitán a dos heridos durante el desalojo, recibió un disparo en la sien. Las otras tres personas que viajaban con él y que resultaron muertas, incluidos los que ya iban heridos, recibieron balazos en la espalda.
Alfaro Alfaro pasaba por la comunidad –aproximadamente a las siete de la noche–, en una camioneta Ford Ranger, acompañado de su esposa y su hijo de tres años. En ese momento Miguel Antonio Martínez López, de 19 años, le pidió ayuda para trasladar a su padre, Miguel Martínez García, quien recibió un tiro. También subió a Rigoberto López Vázquez y Alfredo Hernández Ramírez y otra lugareña que necesitaba atención médica.
En total, en el vehículo iban cinco hombres, dos mujeres y el niño de tres años. A casi un kilómetro de la comunidad encontraron un retén de la Policía Estatal Preventiva (PEP), al frente del que se encontraba el jefe del agrupamiento de caballería y 11 uniformados, a cargo de Amílcar Corzo Díaz, herido durante el desalojo.
Los policías de este agrupamiento sostuvieron en sus declaraciones ministeriales que "alguien" les gritó que los lugareños que pretendían pasar iban armados, lo que habría motivado que dispararán contra ellos. Sin embargo, de acuerdo a los reportes preliminares, Alfaro Alfaro murió de un disparo en la sien izquierda, que le dieron cuando ya había bajado del vehículo.
A Rigoberto López Vázquez lo ultimaron cuando se encontraba sobre la góndola. Alfredo Hernández Ramírez y Miguel Antonio Ramírez López intentaron correr y recibieron disparos en la espalda. Actualmente, los 312 policías que participaron en el operativo están en calidad de presentados y son investigados.
En tanto, policías que participaron en el operativo denunciaron que no hubo organización ni planeación táctica, que los dejaron "solos" y únicamente un subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana "azuzaba a la gente".
Un grupo denunció que en los hechos del 3 de octubre pasado, "nos llevaron como borregos, porque era un operativo federal (de la policía federal) pero cuando empezó todo ellos (los policías federales) se retiraron.
"Cuando llegamos al poblado San Manuel la gente ya sabía (del operativo) y se nos vino encima; en ese momento los policías federales se retiraron y todo se volvió un caos."
"Lo mataron como a un perro"
Elio Henríquez, corresponsal
Ojo de Agua Ocotal, Chis., 6 de octubre. "Lo mataron como a un perro; siete balazos le dieron los policías y sin deber nada, porque iba a apoyar a los heridos", dijo Eloísa Margarita Espinosa Morales, quien vio morir a su esposo, Agustín Alfaro, y otros pobladores de Miguel Hidalgo.
"Me lo empezaron a golpear y yo le dije: 'No llores'. Lo agarré y le besé la frente, pero lo arrastraron al monte y le dispararon", agrega la viuda, de 24 años, quien denunció que los agentes dijeron a las víctimas: "Con el gobierno no se juega, malditos".
La joven madre de dos niños relató que el viernes 3 su esposo, de 31 años, quien trabajaba de chofer, le propuso visitar a su suegra en Miguel Hidalgo. Al entrar al poblado, le dijeron que no fuera al centro porque estaba muy duro; pero él "no entendió y fuimos a ver a mi mamá". Al llegar –continúa– su amigo Miguel Antonio Martínez (quien fue asesinado) le rogó: "Échame la mano, mi papá está herido". Agustín puso reversa, el amigo subió y con él otros heridos.
Eludieron el bloqueo campesino a la entrada del pueblo y enfilaron a Comitán hacia las 18:30 horas. En el camino hallaron a varios agentes que los dejaron pasar porque llevaban heridos, pero a la altura del kilómetro 30 varios policías "empezaron a disparar hacia la camioneta y una bala le pegó a Agustín en el pie".
Los uniformados se acercaron, gritando: "Bájate, perro". Él les contestó: "Llevo heridos, estoy ayudando; pero le decían que se callara y lo empezaron a golpear". A ella y otros heridos los bajaron de la camioneta. "Cubrí a mi bebé de tres años para que no viera nada. Lo único que hacía yo era rezar. Me decían que no levantara la vista. Me sentaron atrás. Me golpearon, me quitaron mis aretes a jalones, una cadena; a él su reloj y las carteras a los demás.
A rastras lo llevaron al monte. "Oí que disparaban pero no pensé que fueran balas de verdad. A dos señoras que nos acompañaban les decían: 'Ustedes, malditas, nos agredieron'".
Prosigue: "Yo los veía y me cacheteaban: 'Cállense y no hablen si no quieren morir igual que estos perros, malditas'. Después le dieron el séptimo balazo a mi esposo. Fue cuando él gritó. A esa hora empezaron a pasar los policías que venían de regreso", cuando ya habían asesinado a Rigoberto López Vázquez, Alfredo Hernández Ramírez y Miguel Antonio Martínez, cuyo padre, Miguel Martínez, iba herido en la camioneta y se salvó al darlo por muerto.
En su casa –con veladoras ante un altar con fotos de Agustín– la mujer dice que cuando su esposo y los demás habían sido asesinados, comenzaron a pasar más policías, preguntando quién había matado a la gente. Ella respondió: "Compañeros de ustedes", a lo que uno repuso que eso no era posible.
La madre replicó: "Se los juro por la Virgencita de Guadalupe. Tengan piedad de mí". Entonces un uniformado le indicó: "Señora, métase a la cabina, yo la cubro; soy padre y tengo hijos". Ella esperó a que se fueran unos 300 policías para escapar y pedir auxilio; abrazó al bebé y corrió cuando estaba oscureciendo.
"Lo único que pido es justicia porque me lo mataron peor que a un animal. Siete balazos le dieron sin piedad. Como digo en mis declaraciones: Lo único que pido es justicia, ¡que se haga justicia, justicia! ¡Que paguen lo que hicieron!", clamó.
Magdalena Gómez
Chinkultic: patrimonialismo estatal, criminalización y negación de derechos indígenas
Una vez más en el estado de Chiapas los gobiernos federal y estatal utilizan fuerzas policiacas contra población civil en la supuesta lógica de aplicar la ley. Esta vez le tocó a de la comunidad Miguel Hidalgo, en el municipio de La Trinitaria. Sólo el saldo de muertos, heridos y detenidos ameritaría una real investigación y aplicación de justicia. Las víctimas eran habitantes de dicha comunidad, que decidió en asamblea el pasado 7 de septiembre administrar la zona arqueológica de Chinkultic, al considerar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no le da el mantenimiento adecuado y de su usufructo no se generan beneficios para las comunidades de la zona.
Días antes, habitantes de Santa Rita, Ojo de Agua, Nuevo Porvenir, Venustiano Carranza, Antela, San Nicolás, Tierra Blanca y Nueva Rosita, del mismo municipio, se posesionaron del parque nacional Lagunas de Montebello. Planeaban administrar ambos lugares en forma comunitaria y los mantenían abiertos al público.
En respuesta, autoridades del INAH y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas demandaron penalmente a los campesinos, por el delito de despojo.
La averiguación previa que dio lugar a la orden de desalojo de los tojolabales acusados no consideró ni por asomo que éstos tienen derechos y con base en ello pueden sustentar la decisión que tomaron.
La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 11, señala que "los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos". Por su parte el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo señala en su artículo 4º: "a) 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.
"b) 2. Tales medidas no deberán ser contrarias a los deseos libremente expresados de los pueblos interesados.
"c) 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberán sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales."
En su artículo 5º señala que al aplicar las disposiciones del presente convenio:
"a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto individual como colectivamente".
En contraste, veamos que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 establece el patrimonialismo de Estado sin consideración alguna a los pueblos originarios. Basta observar un testimonio de la visión predominante en la hegemonía jurídica e ideológica en el artículo 28 de la ley, cuando da cuenta de un pasado que no parece tener descendientes vivos, persistentes y resistentes, como han sido los pueblos indígenas: "Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional –nótese establecimiento en lugar de invasión–, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas".
Ya existía hacía 24 años un Instituto Nacional Indigenista destinado a promover la integración de los indígenas vivos, pero, ante todo, existían los pueblos, y lo habían hecho contra ésta y muchas más disposiciones que los ignoraban, como el resto de la legislación, donde el Estado mexicano daba cuenta una y otra vez de la desaparición oficial de los pueblos indígenas; sólo se les permitía ser parte de nuestros antepasados. De ese tamaño es la confrontación de los últimos años entre los pueblos vivos y luchando que simbólicamente se expresaron en la voz del movimiento zapatista. Se ha dicho que sería una locura y un enorme riesgo dar intervención directa a estos pueblos, porque no tienen condiciones ni conocimientos técnicos e infraestructura para conservar los bienes patrimoniales, pero jamás se ha planteado un proyecto específico para que los pueblos puedan acceder a la formación de sus cuadros de alto nivel.
Así tenemos que el caso de Chinkultic amerita un enfoque más allá de la mesa de negociación donde el gobierno del estado se lava las manos frente al resultado de la intervención policiaca y " generosamente" ofrece indemnizaciones y proyectos y se ufana de que todo volvió a la "normalidad": el INAH puede seguir administrando "las ruinas", como llaman a los que fueron lugares sagrados. Ya es hora de que se defina si, tratándose de derechos indígenas, se abren espacios de justiciabilidad más allá de la criminalización.
El presidente del Comité de Defensa Ambiental de El Salto, Raúl Muñoz Delgadillo, presentará mañana en el Ministerio Público del municipio en cuestión a testigos que presenciaron su detención el pasado 9 de julio cuando se dirigía a Guadalajara para protestar por las inundaciones en las colonias Jardines del Castillo y La Azucena.
De esta manera comenzará el proceso legal a la contrademanda penal que interpuso para deslindar a los responsables, entre ellos dos policías que lo acusan de poseer 39 gramos de mariguana en envoltorios para su venta.
“Eso me ha quitado un poco de tiempo, pero no me ha detenido. Ya tenemos reuniones con los vecinos, vamos a seguir con las demandas de reubicación, documentando más casos de enfermos que siguen apareciendo y, bueno, vamos a tratar de cómo les informe a los vecinos; es necesario que den un paso adelante”, dijo.
Muñoz Delgadillo mencionó que en cualquier momento le pueden girar una orden de aprehensión, razón por la que es importante que los propios habitantes empiecen a denunciar y demandar, hacerle ver al gobierno del estado que tiene que “mandar obedeciendo”.
“Se tiene que cambiar esto, ya no pueden ser emperadores, ricos con un pueblo pobre. La dinámica del pueblo, tienen que entender, que el mandar obedeciendo es algo que tal vez sea nuevo para nosotros, pero se comienza con la autonomía”, puntualizó.
El activista adelantó que solicitará al juez que le dictó auto de formal prisión llamar al director de Comunicación de El Salto, Francisco Javier López, porque mediante él se gestó su captura, ya que supuestamente los elementos lo llevarían a él para conseguir transporte hacia la ciudad de Guadalajara.
Durante la realización del Diálogo Nacional, ayer en la mañana, Muñoz Delgadillo recibió el apoyo económico de gente que se solidarizó con su causa. Una polla que se hizo en el momento y cuyo dinero le servirá para pagar sus traslados al Juzgado Séptimo de Puente Grande, a donde va cada semana para firmar su libertad bajo caución.
“Yo les agradezco mucho a todos ellos. Me siento orgulloso de contar con compañeros así, solidarios, pues me compromete más en seguir adelante con la lucha, no estoy acostumbrado a esto. Me da pena”, comentó.
Raúl enfatizó que no aceptará los cargos que se le imputan bajo ningún precio o condición, pues afirmó que es más importante la dignidad humana.
Contra propuesta alternativa al foro económico mundial, presentada por los diferentes países latinoamericanos, en busca de una alternativa real de justicia social. Compensación por devolver la dignidad a los pueblos hermanos latinoamericanos en contra de estas grandes corporaciones multinacionales que saquean América latina, sin importarles la ecología o los pueblos y con un mercantilista afán de lucro.
:: Democracia Ya, Patria Para el Humillado. Apoyando al Presidente Legitimo de México LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR :: Publicado por TONATIUH.
Las modificaciones legales sobre el ISSSTE, que incluyen la reducción drástica de los montos de las jubilaciones a los trabajadores del Estado, fueron acordadas por el PAN y la derecha del PRI, lo que se llama PRIAN. Y el costo político de esa medida ahora se muestra con nuevos y mayores paros, más movilizaciones y el rechazo de una parte muy importante de la opinión pública. Estas y otras acciones, en las cuales ha tenido participación importante el magisterio, han contribuido a un desgaste temprano del Partido Acción Nacional y la tecnocracia priísta o ex priísta que ocupan los puestos gubernamentales federales.
Llega el momento en que a la hora de los "huesos", la unión entre los partidos Acción Nacional y el Revolucionario Institucional ya no es posible en ninguna de sus formas. En Yucatán imperaron la guerra sucia, los golpes por abajo y por arriba de la mesa en diversas formas. Incluso dentro de cada partido, precandidatos "perdedores" que ya no llegaron a candidatos, mostraron en diversas formas su inconformidad.
Y ahí fue donde el PAN recibe su primer fracaso importante en el plano político electoral. La pérdida de la gubernatura de Yucatán y de otros numerosos puestos de elección en ese estado, fueron parte del costo político de toda una serie de medidas antipopulares. Puede haber contado, también aquí, la situación de la legislación del ISSSTE, aunque en ésta participaron también los legisladores del PRI.
En otros casos, no hay duda. La política represiva, que en el estado de Yucatán tiene todavía presos políticos y que en otras entidades se ha manifestado en diversas formas, seguro contó. Y todo el discurso reaccionario acabó de exhibirlo. El costo político en este caso incluyó críticas públicas del líder de Acción Nacional al gobierno de su propio partido.
Ante semejantes costos, es importante la definición clara de la alternativa. Esta debe hablar claro ante la gente y debe estar bien definida.
En el plano del programa, la alternativa de la izquierda debe ocupar un primer plano. No se debe permitir que queden en un primer plano las discusiones relacionadas con quién va a tener esta o la otra candidatura.
De la misma manera, en el plano político partidario, las agrupaciones de izquierda deben actuar impulsando las banderas alternativas. En la medida en que se vuelva la espalda a los principios, se hará imposible que la izquierda sea una alternativa real.
En el plano de los movimientos sociales, han sido importantes las recientes movilizaciones e incluso paros de sindicatos que actúan con independencia del poder público y otras organizaciones campesinas y sociales en general. También lo han sido los reiterados manifiestos, desplegados y pronunciamientos que son parte de este cuadro.
¿Cuáles son al menos algunos de los puntos de programa que se deben defender en estas condiciones?
En materia electoral, que las elecciones yucatecas ponen en un plano importante, se deben incluir medidas contra el fraude, no sólo en los mecanismos propiamente electorales, sino regulando rigurosamente el uso de los medos de difusión como la televisión, y los ingresos y gastos de los partidos. Y se deben sancionar de manera enérgica e inmediata los insultos, falsedades y, en general, lo que se ha llamado guerra sucia.
En materia de seguridad social, no sólo del ISSSTE, sino el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha sido ya muy golpeado, no sólo se deben derogar las reformas reaccionarias, sino que se deben fortalecer las instituciones, atacando el derroche de los funcionarios y actualizando las cuotas de empresas y del sector público.
En materia del sector de energía, no sólo deben frenarse todos los intentos y hechos desnacionalizadores, sino que debe hacerse efectiva la planeación de largo plazo y acabarse con el saqueo de estas entidades, entre muchas otras situaciones.
En resumen, es muy importante que las fuerzas de izquierda cobren plena conciencia de la importancia de mantenerse como alternativa ante los costos políticos que apenas empieza a pagar la derecha.
El pasado miércoles Amnistía Internacional presentó su Informe 2007, en el que documenta las cuestiones de derechos humanos que motivaron su preocupación en 2006. En la introducción, significativamente titulada Libertad frente al terror, su secretaria general explica las graves violaciones a los derechos humanos que en cadena se dan contra las personas y grupos en el mundo actual, como productos del miedo, el cual, como nosotros sabemos, en los manuales de contrainsurgencia es propuesto por los regímenes autoritarios como medida de desmovilización social y de control político. Con la experiencia que le ha dado la investigación de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, y sin pretender desde luego hacer un análisis estructural completo, menos desde la perspectiva de América Latina, en la raíz de esta situación sicológica individual y colectiva, Irene Khan encuentra de manera pertinente al "capitalismo desenfrenado" -con sus secuelas de desigualdad social, pobreza, delincuencia y violencia-, en el contexto de gobiernos débiles y corruptos, empresas y actores económicos refractarios a una regularización internacional obligatoria, una política ineficaz contra el terror, e incluso organismos internacionales de protección a los derechos humanos ineficaces. Todo lo cual ha producido una manera errónea y perversa de enfrentar los masivos problemas sociales como migración, marginación, discriminación, disentimiento, inseguridad y violencia, conculcando derechos humanos y comprometiendo de manera efectiva el bienestar de todos. Al fin y al cabo los derechos humanos son obstáculos para la expansión actual del capitalismo mundial.
En congruencia con la misión de su organización, al final, la secretaria general propone un futuro sostenible sin miedo, basado en el fortalecimiento verdadero del estado de derecho y en la garantía de los derechos humanos, y en un rechazo de una mentalidad propia de la guerra fría. "Un sistema basado en el estado de derecho -sostiene Irene Khan-, que funcione adecuadamente en el ámbito nacional, es la salvaguardia última de los derechos humanos. Pero tal sistema, si pretende ser verdaderamente justo, ha de incluir a las mujeres y a los sectores desfavorecidos."
"La mayoría de las personas indigentes -dice con razón- no están amparadas por la ley. Para que su inserción en el sistema sea significativo -añade-, es necesario hacer efectivos los derechos económicos y sociales, materializándolos en políticas y programas públicos." Para ello se requiere, igualmente, revitalizar la reforma de la ONU en materia de derechos humanos, eliminar el exclusivismo político y la manipulación de su nuevo consejo en la materia, y que el nuevo secretario general haga valer su liderazgo como defensor de los derechos humanos. Para lograrlo se cuenta sobre todo con la gran reserva, cada vez más amplia, de la organización de la sociedad civil, a la que también ella considera como el hecho más significativo que permite albergar esperanzas de transformación en el panorama de los derechos humanos.
Para la secretaria general de Amnistía Internacional, en efecto, si la migración no regulada es el miedo de las clases ricas, el capitalismo desenfrenado -impulsado por la globalización y cuyos efectos sociales son muy dispares, tanto en el ámbito mundial, como en cada país- es el temor de los pobres.
Además, la debilidad, el gran empobrecimiento y, con frecuencia, la profunda corrupción de ciertos Estados, han generado un vacío de poder que están llenando las empresas y otros agentes económicos, los cuales llevan tiempo resistiéndose a normas internacionales vinculantes. Por ello, la respuesta a esa situación no radica, de fondo, en la construcción de muros para impedir la entrada, sino en la promoción de sistemas que protejan los derechos de las personas vulnerables, al mismo tiempo que se quieran respetar las prerrogativas de los Estados para regular la migración.
"El aumento de la delincuencia y la violencia armada -dice también- son fuente de miedo constante, lo que ha llevado a muchos gobiernos a adoptar políticas que en teoría combaten enérgicamente la delincuencia, pero que en realidad criminalizan a los sectores más desfavorecidos y los exponen al doble peligro de las bandas y la brutalidad policial." Y como si pensara en nuestro propio país, afirma enfáticamente que proporcionar seguridad a un grupo de personas, a costa de los derechos de otros, no soluciona el problema.
"La experiencia muestra que la mejor forma de reforzar la seguridad pública es mediante un enfoque integral, que combine una actuación policial mejorada, con la provisión de servicios básicos, como la atención a la salud, la educación y el alojamiento de las comunidades más desfavorecidas, de modo que éstas sientan que defender la seguridad y estabilidad de la sociedad, redunda en beneficio propio". Pues, como afirma Irene Khan, la sociedad no quiere vivir bajo el síndrome del miedo, sino de la sostenibilidad.
Los mixtecos que viven en Estados Unidos equivalen a 80% de los que habitan en Oaxaca
Debe el gobierno redoblar oportunidades para combatir la pobreza: Consultores Internacionales
SUSANA GONZALEZ G.
México está perdiendo su población indígena porque la alta marginación que prevalece en sus comunidades de origen crea una "sostenida corriente migratoria" hacia Estados Unidos, advirtió la firma Consultores Internacionales.
Ejemplo de lo anterior es el pueblo mixteco, pues los miembros de esta etnia que viven en el país vecino prácticamente equivalen 80 por ciento de las 556 mil 250 personas que todavía radican en nueve distritos de Oaxaca.
"México no debería seguir perdiendo una parte tan importante de su población, como son los grupos indígenas, por los elevados niveles de pobreza que enfrentan", manifestó la consultoría, por lo que demandó a las autoridades redoblar las oportunidades en las comunidades nativas para mejorar las oportunidades de desarrollo "y no perder el potencial y valores de este sector, raíz ancestral de México".
El 15 de abril pasado, el Banco Mundial alertó que el país se ha convertido en el mayor expulsor de trabajadores migrantes del planeta, al asegurar que entre 2000 y 2005 dejaron el territorio 2 millones de personas para buscar trabajo en Estados Unidos. El informe del organismo internacional concentra datos de sus 185 socios, de los cuales, México es el que tiene más ciudadanos que viven fuera de sus fronteras, por encima de China, Pakistán e India.
California y NY, principales receptores de indígenas
Al referirse únicamente a dos regiones estadunidenses donde se ha notado la presencia de migrantes indígenas, Consultores Internacionales precisó que al sur de California laboran unos 240 mil mixtecos, quienes representan 40 por ciento de los 600 mil migrantes provenientes de Oaxaca, mientras en Nueva York las dos terceras partes de los 300 mil trabajadores agrícolas mexicanos pertenecen a la Mixteca poblana.
Es decir, que en California y Nueva York laboran casi 440 mil mixtecos, mientras en los nueve distritos de Oaxaca donde habita esta etnia la población asciende a 556 mil 250, lo que se traduce en que "el número de integrantes de esta etnia que vive en Estados Unidos representa 80 por ciento de los que habitan en Oaxaca".
Enfocado desde otro ángulo y considerando que los mixtecos no sólo habitan en Oaxaca, Consultores Internacionales aseveró que "más de 40 por ciento de la etnia podría hallarse viviendo fuera de México, o cuatro de cada nueve".
Si se toma en cuenta sólo a los trabajadores agrícolas que laboran en Estados Unidos, la firma mencionó que cuatro de cada 10 nacieron en México, y de ellos una proporción creciente es indígena. Como caso concreto mencionó el de California, donde 75 por ciento de los obreros agrícolas es mexicano, y de este porcentaje, 27 por ciento es indígena, según datos de la Universidad de California.
La expulsión de este sector de la población se debe al alto o muy alto grado de marginación que se padece en 80.4 por ciento de los municipios en que habitan predominantemente, aseveró la firma, basada en datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
En 36 por ciento de dichos municipios las viviendas carecen de agua potable, y 17 por ciento no tiene energía eléctrica, factores que, aunados a las limitadas oportunidades de desarrollo para la población indígena, han sostenido "una corriente migratoria que, al paso de los años, está generando un cambio significativo en la ubicación geográfica de varios grupos étnicos".
La presencia cada vez mayor de los indígenas como trabajadores migrantes en Estados Unidos se refleja también en las remesas familiares, pues cuatro entidades donde los grupos étnicos forman una proporción elevada de su población tienen tasas de crecimiento mayores a la media nacional.
"En 2006, Oaxaca recibió casi mil 200 millones de dólares de remesas familiares; Puebla mil 386 millones; Guerrero, mil 157 millones, y Chiapas, 807 millones. Entre 2005 y 2006, el aumento del monto de las remesas fue de 23 por ciento para Chiapas y 19 por ciento para Oaxaca, mientras el promedio nacional se ubicó en 15 por ciento, en contraste con una disminución de 4.7 por ciento que experimentó Michoacán", puntualizó la consultoría.
1. La complejidad social y la diversidad cultural y regional han acompañado la evolución de México por lo menos desde que el país decidió construir un Estado nacional gracias al triunfo sobre la intervención extranjera y el emprendimiento de la gran gesta de la Reforma Liberal a mediados del siglo XIX. Esta complejidad, sin embargo, fue gobernada y subordinada por el propósito de construir y consolidar el Estado y una pauta de desarrollo capitalista.
2. Las formas de gobernabilidad que se implantaron en esta época fueron la dictadura, primero, y el Estado autoritario después, surgido de las grandes transformaciones sociales y políticas que trajo consigo la Revolución Mexicana. En éste, la conducción del Estado buscó formas de inclusión social, mediante modalidades (re)distributivas de la riqueza y la acción directa del Estado a través de intervenciones institucionales y de asignación de los recursos públicos. En todos los casos, estas formas de gobernabilidad incluyente quedaron supeditadas a las prioridades históricas mencionadas.
3. Con la llegada de la democracia y la erosión de las formas autoritarias del Estado, la complejidad social y la diversidad cultural se apoderan de la vida pública y cotidiana. Ponderadas por la urbanización acelerada y cruzadas por una aguda concentración económica y social, así como por una masificación de la pobreza que se urbaniza, la complejidad empieza a ser vista como un desafío a la gobernabilidad que se quiere democrática.
4. Mucha ingeniería institucional y constitucional, como está de moda decirlo, tendrá que hacerse para superar esta disonancia. Contar con un Estado capaz de sustentar un orden democrático pleno y legítimo requiere mucho más que elecciones libres, aunque esto siga siendo un componente no resuelto de nuestra gobernabilidad. En estas notas, sin embargo, se pone énfasis más bien en la necesidad de recuperar, por un lado, y de implantar e innovar, por otro, tres principios que se consideran básicos para que pueda hablarse de un Estado a la altura de las exigencias y las restricciones que son propias de un orden democrático digno de tal nombre.
5. En primer lugar, es indispensable y se ha vuelto urgente recuperar y actualizar, dar plena vigencia, al principio fundador del Estado moderno: el principio del Estado laico. No es posible tener un Estado para la democracia y la globalidad, sometido a una serie de guerras, en realidad guerrillas, dizque culturales, que mal disfrazan ofensivas fideístas y de afirmación de creencias religiosas encabezadas por las jerarquías de las iglesias, en primer término la católica. El principio del Estado laico ha sido puesto en capilla, escribió recientemente el destacado jurista universitario Diego Valadés, y es preciso que el Plan Nacional de Desarrollo se proponga rescatarlo cuanto antes de tal circunstancia, si es necesario mediante la revisión del artículo 130 constitucional y de sus leyes reglamentarias, pero desde luego con la acción firme y afirmativa de la Secretaría de Gobernación, encargada de velar por la vigencia plena del carácter laico del Estado. Esta no es una misión contingente sino fundamental, y en su realización nos va mucho de la estabilidad política y social que el país requiere para remprender su desarrollo económico y consolidar su democracia.
6. El Estado moderno puede ser visto como un conjunto institucional multivariado y multifactorial destinado a promover y asegurar la comunicación política y cultural de una sociedad. Sin comunicación no hay política ni gobernabilidad, pero tampoco mercados eficientes ni acumulación para el crecimiento. Y en esta dimensión de sus tareas fundamentales, el Estado mexicano, en trance de democratización y reforma, está seriamente rezagado. El sistema de comunicación social está dominado por intereses privados concentrados que no cumplen con la asignatura elemental de contribuir a la ilustración y a la educación para una ciudadanía democrática. Por lo contrario, este sistema ha hecho de la política y de los políticos una actividad y unos actores tributarios de las grandes empresas mediáticas, lo que redunda en un encarecimiento artificial de la actividad pública electoral y en una distorsión sistemática del intercambio y la deliberación políticas. Urge una reforma a la reglamentación y la organización misma del sistema nacional de comunicación para romper estas distorsiones, que tiene que considerar con claridad la restricción democrática por excelencia en esta materia, y que es la libertad de expresión y la libertad de empresa que le es propia. Para empezar, el plan debería proponerse liberar a la política electoral del yugo actual a que está sujeta desde el punto de vista de la propaganda y la publicidad, volviéndolas públicas y sin opción mercantil durante los periodos electorales. Sería un principio liberador y racionalizador y nos pondría en la dirección de un Estado plenamente soberano como entidad comunicativa nacional, que hoy no es.
7. Por último, pero no al último. No habrá gobernabilidad ni orden democráticos en medio de tanta pobreza y tan oprobiosa desigualdad. Dejar atrás el dogma neoliberal de que la pobreza y la desigualdad son mandatos o fatalidades de unas leyes inmanentes del mercado o los costos inevitables de la globalización de México, es urgente y se ha convertido en la prioridad mayor, insoslayable, de esta etapa de la evolución del pueblo mexicano. Por el bien de todos, primero los pobres, no es un eslogan de campaña sino una asignatura fundamental y no cursada por el Estado ni por la sociedad que se quiere moderna y democrática. Urge poner por delante lo social y coronar mediante una reforma social del Estado las reformas económicas y políticas emprendidas pero no concluidas en estos lustros de cambio y crisis. Una reforma del Estado para convertirlo en un Estado social pleno y presentable, creíble y eficiente, es la condición sine qua non para aspirar a un Estado democrático y de derecho, capaz de sustentar y dar vida a una nueva gobernabilidad dispuesta a enriquecer y enriquecerse con la complejidad y la diversidad social y cultural que han dado vida a la historia profunda de la nación y el pueblo mexicanos.
* Notas sobre los principios del Estado. Esta fue mi intervención en la Secretaría de Gobernación en los Foros Nacionales de Consulta Ciudadana sobre Gobernabilidad Democrática y Relación Estado-Sociedad Civil, que se llevó a cabo en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
