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miércoles, octubre 08, 2008

Hubo ejecuciones extrajudiciales en Chincultik, confirman testimonios




Señores /as Destinatarios /as.

Ruego a ustedes tengan a bien tener su solidaridad, con el pueblo de Chiapas, acosado y asesinado una vez más por las autoridades estatales. Publicando en sus prestigiosas publicaciones una nota sobre los artículos a continuación.

Hermann Bellinghausen, escribió:

Chinkultic, Chiapas 2008

Las noticias no son metáforas, aunque a veces sirven como tales. Los hechos represivos de Chinkultic y el ejido Miguel Hidalgo, en La Trinitaria, Chiapas, el pasado 3 de octubre, se deben una vez más a la respuesta de los pueblos contra el enajenamiento de sus tierras y sus derechos territoriales. Y una vez más, el motor de la agresión criminal de la fuerza pública es el turismo (y cierta "soberanía" de las instituciones): protegerlo, propiciarlo, monopolizarlo para los poderes políticos y económicos.

La gente, los pobladores, no se han dejado tan fácilmente. Su futuro no puede decidirse en las mesas de los arquitectos, las proyecciones de los inversionistas ni los planes gubernamentales impulsados por el Banco Mundial o sus equivalentes que, impuestos a los pueblos en nombre del "desarrollo", pretenden arrasar la vida de dichos pueblos.

Chinkultic, la ciudad maya del periodo clásico (años 600 a 900) que duró hasta entrado el posclásico (hacia 1200), a diferencia del resto de ciudades antiguas de la región que se colapsaron antes del primer milenio. Ahora, abandonada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, su administrador oficial, quedaba en la doble condición de recurso abandonado y potencial proyecto "detonante".

La gente se organizó, en los márgenes si se quiere. No se trata de una organización política en particular, sino de un ejido más bien oficialista. Sus representantes estaban negociando con el gobierno estatal. La policía los atacó masiva y criminalmente, pues un mes atrás osaron tomar la caseta de peaje al acceso de las ruinas y usufructuarla en beneficio de la comunidad. Y se propusieron dar mejor cuidado a la semiexplorada zona arqueológica, vecina a los lagos de Montebello y sitio del hermoso Cenote Azul, que se puede contemplar de lo alto de la pirámide principal.

No es (¿o sí?) un caso como Atenco. Tampoco Bolon Ajaw o San Sebastián Bachajón, en Chiapas, donde el conflicto "turístico" por las cascadas de Agua Azul ha movilizado a los pobladores en tiempos recientes, y los ha confrontado por acción oficial y con la fuerza pública.

Algo parecido ocurre en las mismas lagunas de Montebello, no lejos de la frontera con Guatemala. Los pueblos y ejidos ocuparon los "atractivos turísticos" donde ellos viven. Y las autoridades los demandaron por "despojo".

Chiapas no es Quintana Roo. No pueden llegar los planes, los buldózer y los hoteles así como así. Pudieron en Cancún (esa especie de Las Vegas caribeño), y como son imparables ya van sobre Tulum, otra "ruina". No es igual para los pueblos tzeltales, choles o tojolabales, que ancestralmente viven en las tierras mayas, y son campesinos allí, tiene derechos, tienen razón y tienen, si algo, lo que pisan las plantas de sus pies.

Seis campesinos asesinados, tres con tiro de gracia, por policías federales y estatales. Quisieron quitarlos de ahí, los gasearon, golpearon, vejaron y balearon. Y además, no pudieron quitarlos. Eso significa algo.

Hubo ejecuciones extrajudiciales en Chincultik, confirman testimonios

Ángeles Mariscal (Corresponsal)

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 5 de octubre. Cuatro de los seis campesinos muertos en el desalojo de la zona arqueológica de Chincultik fueron ejecutados extrajudicialmente, según se desprende de las declaraciones que han proporcionado tanto policías como los lugareños. Cinco de 11 agentes involucrados en los homicidios ya fueron detenidos; dos confesaron su participación y tres más rendían declaración esta noche.

De acuerdo con esas declaraciones, Agustín Alfaro Alfaro, de 31 años, originario del ejido Ocotal, quien transportaba al hospital de Comitán a dos heridos durante el desalojo, recibió un disparo en la sien. Las otras tres personas que viajaban con él y que resultaron muertas, incluidos los que ya iban heridos, recibieron balazos en la espalda.

Alfaro Alfaro pasaba por la comunidad –aproximadamente a las siete de la noche–, en una camioneta Ford Ranger, acompañado de su esposa y su hijo de tres años. En ese momento Miguel Antonio Martínez López, de 19 años, le pidió ayuda para trasladar a su padre, Miguel Martínez García, quien recibió un tiro. También subió a Rigoberto López Vázquez y Alfredo Hernández Ramírez y otra lugareña que necesitaba atención médica.

En total, en el vehículo iban cinco hombres, dos mujeres y el niño de tres años. A casi un kilómetro de la comunidad encontraron un retén de la Policía Estatal Preventiva (PEP), al frente del que se encontraba el jefe del agrupamiento de caballería y 11 uniformados, a cargo de Amílcar Corzo Díaz, herido durante el desalojo.

Los policías de este agrupamiento sostuvieron en sus declaraciones ministeriales que "alguien" les gritó que los lugareños que pretendían pasar iban armados, lo que habría motivado que dispararán contra ellos. Sin embargo, de acuerdo a los reportes preliminares, Alfaro Alfaro murió de un disparo en la sien izquierda, que le dieron cuando ya había bajado del vehículo.

A Rigoberto López Vázquez lo ultimaron cuando se encontraba sobre la góndola. Alfredo Hernández Ramírez y Miguel Antonio Ramírez López intentaron correr y recibieron disparos en la espalda. Actualmente, los 312 policías que participaron en el operativo están en calidad de presentados y son investigados.

En tanto, policías que participaron en el operativo denunciaron que no hubo organización ni planeación táctica, que los dejaron "solos" y únicamente un subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana "azuzaba a la gente".

Un grupo denunció que en los hechos del 3 de octubre pasado, "nos llevaron como borregos, porque era un operativo federal (de la policía federal) pero cuando empezó todo ellos (los policías federales) se retiraron.

"Cuando llegamos al poblado San Manuel la gente ya sabía (del operativo) y se nos vino encima; en ese momento los policías federales se retiraron y todo se volvió un caos."

"Lo mataron como a un perro"

Elio Henríquez, corresponsal

Ojo de Agua Ocotal, Chis., 6 de octubre. "Lo mataron como a un perro; siete balazos le dieron los policías y sin deber nada, porque iba a apoyar a los heridos", dijo Eloísa Margarita Espinosa Morales, quien vio morir a su esposo, Agustín Alfaro, y otros pobladores de Miguel Hidalgo.

"Me lo empezaron a golpear y yo le dije: 'No llores'. Lo agarré y le besé la frente, pero lo arrastraron al monte y le dispararon", agrega la viuda, de 24 años, quien denunció que los agentes dijeron a las víctimas: "Con el gobierno no se juega, malditos".

La joven madre de dos niños relató que el viernes 3 su esposo, de 31 años, quien trabajaba de chofer, le propuso visitar a su suegra en Miguel Hidalgo. Al entrar al poblado, le dijeron que no fuera al centro porque estaba muy duro; pero él "no entendió y fuimos a ver a mi mamá". Al llegar –continúa– su amigo Miguel Antonio Martínez (quien fue asesinado) le rogó: "Échame la mano, mi papá está herido". Agustín puso reversa, el amigo subió y con él otros heridos.

Eludieron el bloqueo campesino a la entrada del pueblo y enfilaron a Comitán hacia las 18:30 horas. En el camino hallaron a varios agentes que los dejaron pasar porque llevaban heridos, pero a la altura del kilómetro 30 varios policías "empezaron a disparar hacia la camioneta y una bala le pegó a Agustín en el pie".

Los uniformados se acercaron, gritando: "Bájate, perro". Él les contestó: "Llevo heridos, estoy ayudando; pero le decían que se callara y lo empezaron a golpear". A ella y otros heridos los bajaron de la camioneta. "Cubrí a mi bebé de tres años para que no viera nada. Lo único que hacía yo era rezar. Me decían que no levantara la vista. Me sentaron atrás. Me golpearon, me quitaron mis aretes a jalones, una cadena; a él su reloj y las carteras a los demás.

A rastras lo llevaron al monte. "Oí que disparaban pero no pensé que fueran balas de verdad. A dos señoras que nos acompañaban les decían: 'Ustedes, malditas, nos agredieron'".

Prosigue: "Yo los veía y me cacheteaban: 'Cállense y no hablen si no quieren morir igual que estos perros, malditas'. Después le dieron el séptimo balazo a mi esposo. Fue cuando él gritó. A esa hora empezaron a pasar los policías que venían de regreso", cuando ya habían asesinado a Rigoberto López Vázquez, Alfredo Hernández Ramírez y Miguel Antonio Martínez, cuyo padre, Miguel Martínez, iba herido en la camioneta y se salvó al darlo por muerto.

En su casa –con veladoras ante un altar con fotos de Agustín– la mujer dice que cuando su esposo y los demás habían sido asesinados, comenzaron a pasar más policías, preguntando quién había matado a la gente. Ella respondió: "Compañeros de ustedes", a lo que uno repuso que eso no era posible.

La madre replicó: "Se los juro por la Virgencita de Guadalupe. Tengan piedad de mí". Entonces un uniformado le indicó: "Señora, métase a la cabina, yo la cubro; soy padre y tengo hijos". Ella esperó a que se fueran unos 300 policías para escapar y pedir auxilio; abrazó al bebé y corrió cuando estaba oscureciendo.

"Lo único que pido es justicia porque me lo mataron peor que a un animal. Siete balazos le dieron sin piedad. Como digo en mis declaraciones: Lo único que pido es justicia, ¡que se haga justicia, justicia! ¡Que paguen lo que hicieron!", clamó.

Magdalena Gómez

Chinkultic: patrimonialismo estatal, criminalización y negación de derechos indígenas

Una vez más en el estado de Chiapas los gobiernos federal y estatal utilizan fuerzas policiacas contra población civil en la supuesta lógica de aplicar la ley. Esta vez le tocó a de la comunidad Miguel Hidalgo, en el municipio de La Trinitaria. Sólo el saldo de muertos, heridos y detenidos ameritaría una real investigación y aplicación de justicia. Las víctimas eran habitantes de dicha comunidad, que decidió en asamblea el pasado 7 de septiembre administrar la zona arqueológica de Chinkultic, al considerar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no le da el mantenimiento adecuado y de su usufructo no se generan beneficios para las comunidades de la zona.

Días antes, habitantes de Santa Rita, Ojo de Agua, Nuevo Porvenir, Venustiano Carranza, Antela, San Nicolás, Tierra Blanca y Nueva Rosita, del mismo municipio, se posesionaron del parque nacional Lagunas de Montebello. Planeaban administrar ambos lugares en forma comunitaria y los mantenían abiertos al público.

En respuesta, autoridades del INAH y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas demandaron penalmente a los campesinos, por el delito de despojo.

La averiguación previa que dio lugar a la orden de desalojo de los tojolabales acusados no consideró ni por asomo que éstos tienen derechos y con base en ello pueden sustentar la decisión que tomaron.

La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 11, señala que "los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos". Por su parte el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo señala en su artículo 4º: "a) 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

"b) 2. Tales medidas no deberán ser contrarias a los deseos libremente expresados de los pueblos interesados.

"c) 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberán sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales."

En su artículo 5º señala que al aplicar las disposiciones del presente convenio:

"a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto individual como colectivamente".

En contraste, veamos que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 establece el patrimonialismo de Estado sin consideración alguna a los pueblos originarios. Basta observar un testimonio de la visión predominante en la hegemonía jurídica e ideológica en el artículo 28 de la ley, cuando da cuenta de un pasado que no parece tener descendientes vivos, persistentes y resistentes, como han sido los pueblos indígenas: "Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional –nótese establecimiento en lugar de invasión–, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas".

Ya existía hacía 24 años un Instituto Nacional Indigenista destinado a promover la integración de los indígenas vivos, pero, ante todo, existían los pueblos, y lo habían hecho contra ésta y muchas más disposiciones que los ignoraban, como el resto de la legislación, donde el Estado mexicano daba cuenta una y otra vez de la desaparición oficial de los pueblos indígenas; sólo se les permitía ser parte de nuestros antepasados. De ese tamaño es la confrontación de los últimos años entre los pueblos vivos y luchando que simbólicamente se expresaron en la voz del movimiento zapatista. Se ha dicho que sería una locura y un enorme riesgo dar intervención directa a estos pueblos, porque no tienen condiciones ni conocimientos técnicos e infraestructura para conservar los bienes patrimoniales, pero jamás se ha planteado un proyecto específico para que los pueblos puedan acceder a la formación de sus cuadros de alto nivel.

Así tenemos que el caso de Chinkultic amerita un enfoque más allá de la mesa de negociación donde el gobierno del estado se lava las manos frente al resultado de la intervención policiaca y " generosamente" ofrece indemnizaciones y proyectos y se ufana de que todo volvió a la "normalidad": el INAH puede seguir administrando "las ruinas", como llaman a los que fueron lugares sagrados. Ya es hora de que se defina si, tratándose de derechos indígenas, se abren espacios de justiciabilidad más allá de la criminalización.

La Jornada 06/09/2008.

Enviado por: Héctor Guillermo Robles Garnica.




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