Vergüenza nacional

Ricardo Rocha/ Detrás de la Noticia

Si alguien le dijera que hay un país donde a una mujer le matan un hijo y luego por exigir justicia le encarcelan a otro y por exigir justicia la matan a ella misma y por exigir justicia ejecutan a su hermano y por exigir justicia secuestran a otros dos hermanos y a su cuñada y por exigir justicia queman la casa de su madre y por exigir justicia los tres desaparecidos aparecen muertos tirados en un descampado, tal vez usted se negaría a creer todo esto salvo porque es verdad y sucede en un país llamado México. Para vergüenza de todos nosotros. Peor aún, que esta cadena de crímenes de exterminio contra una misma familia se ha producido a lo largo de tres años en el escenario cómplice de la indiferencia asesina de autoridades municipales, estatales y federales. Y aún más grave, señalándose como responsables a miembros del Ejército.

La cronología de Josefina Reyes Salazar y su familia es escalofriante: en noviembre de 2008 su hijo Julio César es desaparecido por soldados y luego encontrado muerto a los 23 años, por lo que Josefina culpa a miembros del ejército a la vez que se convierte en una reconocida activista que participa y encabeza diversos movimientos contra la represión, la violencia y la violación de los derechos humanos por parte del ejército y las fuerzas federales particularmente en Ciudad Juárez; en respuesta, en agosto de 2009 los soldados detienen a su otro hijo Miguel Angel a quien acusan de narcotráfico y lo desaparecen e incomunican; en enero de 2010 Josefina es acribillada y muerta cerca de su casa en Guadalupe, municipio anexo a Juárez; seis meses después Rubén su hermano es también ejecutado a unos metros de donde mataron a Josefina.

Pero la persecución perruna y feroz contra la familia Reyes no cesó. Hace tres semanas, este 7 de febrero, un grupo armado levantó a Elías y Magdalena Reyes Salazar —también hermanos de Josefina— así como a la esposa de Elías, Luisa Ornelas, en el mismo municipio de Guadalupe.

La saña persecutoria siguió inaudita e insaciable. Apenas nueve días después de ese secuestro múltiple la casa de Sara Salazar, madre de Josefina y sus hermanos, fue incendiada tan sólo unas horas después de que hiciera un llamado para que Elías, Malena y Luisa le fueran devueltos. Frente a la casa calcinada sólo pudo decir: “Lo único que quiero es que me devuelvan a mis hijos. Le pedí al gobierno que nos pusiera seguridad, pero no me ha contestado. El gimnasio de enfrente está lleno de soldados y no hicieron nada”. Cierto, hay un destacamento del Ejército mexicano a sólo 100 metros de la casa. Y a menos de un kilómetro, apenas este viernes los tres cuerpos fueron encontrados.

Ahora es la propia Sara quien encabeza las protestas y demandas de su cada vez más reducida familia. Pero al mismo tiempo se ha convertido en un símbolo de la resistencia de todos aquellos luchadores sociales que están siendo hostigados y perseguidos por las armas y la muerte. Por eso me pregunto qué es peor, si la irracionalidad furiosa de quienes han sido denunciados —soldados, agentes federales y policías estatales— que luego se convierten en verdugos o la irracionalidad cómplice e increíblemente negligente de autoridades de todos los niveles.
Somos el único país en el mundo donde se criminaliza a las víctimas. También el único en el que se persigue hasta la muerte a los familiares de las víctimas que denuncian a militares o policías asesinos y aún con más encono a los luchadores sociales que intentan defender los derechos humanos más elementales como el derecho a la vida misma.

Perseguidos por esa violencia criminal en su contra Sara Salazar y sus hijos sobrevivientes vinieron a la Ciudad de México. Instalaron un campamento tan elemental como conmovedor a las afueras del Senado de la República. Ni de esa puerta ni de alguna otra recibieron jamás una respuesta satisfactoria a sus elementalísimas demandas de justicia y seguridad. Y se repiten así los círculos perversos y oprobiosos donde se comete el peor delito en este país que es exigir justicia para las víctimas como fue el caso de Rubí Marisol Frayre, por cuyo crimen protestó durante meses su madre Marisela Escobedo hasta que fue ejecutada a las puertas del palacio de gobierno en la ciudad de Chihuahua.

Dramas vergonzantes que se multiplican en una guerra perdida con su cauda infame de lo que los hipócritas llaman daños colaterales. Una vergüenza nacional que podría sintetizarse en la frase de Sara que ahora es expresión de todo un México que dice: “no he dejado de cavar tumbas”.

ddn_rocha @hotmail.com Twitter: @RicardoRocha_MX Facebook: Ricardo Rocha-Detrás de la Noticia

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2011::

¡A las urnas!

Foto: César Huerta/Extensión Medios

Ricardo Rocha

El Universal

Yo digo que si no vamos a las urnas, otra vez nos van a ganar los mismos abusivos de siempre: los delincuentes de cuello blanco

Yo digo que dentro de un mes demos una gran muestra de fuerza ciudadana. Yo digo que estamos moralmente obligados a homenajear a todos los que a lo largo de 200 años han dado su vida por la libertad, la justicia y la democracia. Yo digo que, a propósito, hoy es Jueves de Corpus. Yo digo que ni la crisis económica ni el desempleo ni la incertidumbre ni la tragedia de Hermosillo nos deben amedrentar o abatir. Yo digo que la rabia se manifiesta en las calles y no encerrados en nuestras casas. Yo digo que con la abstención perdemos todo, todos. Yo digo que con la participación ganamos algo, todos. A ver: no se trata de la polémica sobre la anulación del voto. Ni del voto en blanco. Mis respetos a quienes así lo decidan: a lo que voy es a la predicción de abstencionismo que según los expertos puede llegar a 65%; es decir, dos de cada tres ciudadanos pazguatos aplastadotes en su casa frente a la tele o encervezados en el restaurante mientras el otro de esos tres decide por todos; con el riesgo, por supuesto, de que sea un enviado específico de alguno de los partidos de los que tanto nos quejamos. Yo digo que si no vamos a las urnas, otra vez nos van a ganar los mismos abusivos de siempre: los delincuentes de cuello blanco; los violadores de leyes y niños; los avorazados que hacen negocios seguros al amparo del poder; los que perpetraron matanzas como Acteal y Aguas Blancas; los que cerraron nuestros institutos productores de vacunas; los que desde sus oficinas magníficas generan más pobres cada día; los que han saqueado durante tantos años a este país; los que quieren robarnos el futuro; vamos, las ratas de dos patas, que diría la filósofa política Paquita la del Barrio. Es muy en serio. No podemos dejarnos embozalar por los pillastres de cuarta; tenemos que ser ciudadanos de primera: ¡a las urnas! Yo digo que podríamos darles una desagradable pero muy merecida sorpresa a los agoreros del desastre democrático. Yo digo que ya es hora de decirles que estamos hartos de que decidan por nosotros. Yo digo que ya es tiempo de restregarles en la cara que no nos pueden seguir engañando. Yo digo que hay que decirles a las claras que este país es patrimonio de todos y no de unos cuantos. A ver otra vez, yo ni loco intentaría imponer nada, sólo sugiero: por qué no, para empezar, ejercitamos la democracia ciudadana y en corto; discutámoslo en casa, en la oficina, con los condiscípulos, con los cuates. Ir a las urnas, como una posibilidad de expresar un esfuerzo por escoger alguna de las opciones, aunque ninguna de ellas nos deslumbre. Ir a las urnas para enviar un mensaje muy claro a los hombres y mujeres del poder de que no somos una masa informe sino la suma de individuos pensantes y actuantes. Ir a las urnas para votar por quien se quiera. O para dejar claro nuestro rechazo con la anulación del voto. Para anotar el nombre de algún ciudadano honesto, de los que jamás son considerados por los partidos. O para escribir que “así no” o lo que se quiera. Pero ir a las urnas. Yo digo, ¿no?

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

Yo soy Atenco

Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
12 de marzo de 2009
El Universal

Es un crimen de Estado. Y no hablo sólo de la muerte de los jóvenes Javier Cortés Santiago y Ollin Alexis Benhumea a manos de los policías en mayo de 2006. Ni siquiera de los allanamientos ilegales, las persecuciones perrunas hasta las azoteas, las golpizas profesionales y luego las vejaciones a los hombres y las violaciones a las mujeres. Me refiero, sobre todo, a los 13 presos políticos de Atenco que están sufriendo penas de 32, 67 y hasta 112 años de prisión.

Ni los más repugnantes asesinos, ni los despiadados secuestradores mochaorejas, ni los narcotraficantes envenenadores de cuerpos y almas, ni los más voraces estafadores de cuello blanco. Nadie en este país ha recibido condenas más brutales, más inhumanas: Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández, Héctor Galindo Gochicoa, Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero, Pedro Reyes Flores, Alejandro Pilón Zacate, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinoza Ramos, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Édgar Eduardo Morales, Óscar Hernández Pacheco y Narciso Arellano Hernández no son una estadística o un número: se trata de seres humanos sometidos a un castigo peor que la muerte; aun el más joven de ellos habrá de pasar 30 o 60 años encerrado el resto de su existencia; a otros no les alcanzará la vida para pagar una pena no sólo cruel, sino absolutamente injusta. Impuesta, desde el poder, para pagar por tres pecados imperdonables para los regímenes represores: ser pobre, ser indígena y alzar la voz frente a las injusticias.

Por eso Atenco es un punto de quiebre para el país. Si permitimos esta infamia, renunciaremos a las libertades que tanta sangre nos han costado en el pasado. Y viviremos de rodillas en el futuro.

Porque, hay que decirlo con todas sus letras, los de Atenco han sido condenados no por haber cometido delito alguno sino por haberse opuesto a la construcción del nuevo aeropuerto en 2001. Se negaron a entregar su territorio y a desaparecer como comunidad con siglos de historia. El problema es que les tumbaron el gran negocio a los corruptos de Fox y Montiel, que respondieron como mercachifles afectados, con un rencor que todavía no se acaba.

Así que el Estado se equivocó al optar por la violencia ante una problemática eminentemente social que gestó el Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra. Una vez más los gobiernos federal y estatal se decidieron por la misma y cavernaria respuesta de quienes tienen la fuerza, mas no la razón: la criminalización de la protesta social. Como si este no fuera un derecho constitucional a la vez que instrumento fundamental para oponerse pacífica, pero decididamente, a los abusos de los poderes temporales que intentan aplastar los valores universales.

Un dato importante es que uno de los perseguidos y exiliados de Atenco, Bernardino Cruz Cardona, acaba de ganar un amparo que le ha permitido regresar a su pueblo sin la amenaza de ser aprehendido. Sin duda un referente legal que lo exonera del delito de “secuestro equiparado”, el mismo por el que están acusados los presos de Atenco. El caso es que se ha formado el Comité Libertad y Justicia para Atenco que reúne a un connotado grupo de intelectuales, artistas, activistas y organismos civiles que pugnan por la libertad de los 13 presos políticos de Atenco. Los gobiernos volverán a equivocarse si menosprecian este indignado esfuerzo.

Por cierto, a riesgo de ser ingenuo, si Calderón y Peña Nieto aspiran de verdad a la grandeza debían decidir a conciencia y retirar los cargos. Sería una luz en medio de la tormenta. Sí, sí, ya dije que soy ingenuo.

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

Hubo ejecuciones extrajudiciales en Chincultik, confirman testimonios

Señores /as Destinatarios /as.

Ruego a ustedes tengan a bien tener su solidaridad, con el pueblo de Chiapas, acosado y asesinado una vez más por las autoridades estatales. Publicando en sus prestigiosas publicaciones una nota sobre los artículos a continuación.

Hermann Bellinghausen, escribió:

Chinkultic, Chiapas 2008

Las noticias no son metáforas, aunque a veces sirven como tales. Los hechos represivos de Chinkultic y el ejido Miguel Hidalgo, en La Trinitaria, Chiapas, el pasado 3 de octubre, se deben una vez más a la respuesta de los pueblos contra el enajenamiento de sus tierras y sus derechos territoriales. Y una vez más, el motor de la agresión criminal de la fuerza pública es el turismo (y cierta "soberanía" de las instituciones): protegerlo, propiciarlo, monopolizarlo para los poderes políticos y económicos.

La gente, los pobladores, no se han dejado tan fácilmente. Su futuro no puede decidirse en las mesas de los arquitectos, las proyecciones de los inversionistas ni los planes gubernamentales impulsados por el Banco Mundial o sus equivalentes que, impuestos a los pueblos en nombre del "desarrollo", pretenden arrasar la vida de dichos pueblos.

Chinkultic, la ciudad maya del periodo clásico (años 600 a 900) que duró hasta entrado el posclásico (hacia 1200), a diferencia del resto de ciudades antiguas de la región que se colapsaron antes del primer milenio. Ahora, abandonada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, su administrador oficial, quedaba en la doble condición de recurso abandonado y potencial proyecto "detonante".

La gente se organizó, en los márgenes si se quiere. No se trata de una organización política en particular, sino de un ejido más bien oficialista. Sus representantes estaban negociando con el gobierno estatal. La policía los atacó masiva y criminalmente, pues un mes atrás osaron tomar la caseta de peaje al acceso de las ruinas y usufructuarla en beneficio de la comunidad. Y se propusieron dar mejor cuidado a la semiexplorada zona arqueológica, vecina a los lagos de Montebello y sitio del hermoso Cenote Azul, que se puede contemplar de lo alto de la pirámide principal.

No es (¿o sí?) un caso como Atenco. Tampoco Bolon Ajaw o San Sebastián Bachajón, en Chiapas, donde el conflicto "turístico" por las cascadas de Agua Azul ha movilizado a los pobladores en tiempos recientes, y los ha confrontado por acción oficial y con la fuerza pública.

Algo parecido ocurre en las mismas lagunas de Montebello, no lejos de la frontera con Guatemala. Los pueblos y ejidos ocuparon los "atractivos turísticos" donde ellos viven. Y las autoridades los demandaron por "despojo".

Chiapas no es Quintana Roo. No pueden llegar los planes, los buldózer y los hoteles así como así. Pudieron en Cancún (esa especie de Las Vegas caribeño), y como son imparables ya van sobre Tulum, otra "ruina". No es igual para los pueblos tzeltales, choles o tojolabales, que ancestralmente viven en las tierras mayas, y son campesinos allí, tiene derechos, tienen razón y tienen, si algo, lo que pisan las plantas de sus pies.

Seis campesinos asesinados, tres con tiro de gracia, por policías federales y estatales. Quisieron quitarlos de ahí, los gasearon, golpearon, vejaron y balearon. Y además, no pudieron quitarlos. Eso significa algo.

Hubo ejecuciones extrajudiciales en Chincultik, confirman testimonios

Ángeles Mariscal (Corresponsal)

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 5 de octubre. Cuatro de los seis campesinos muertos en el desalojo de la zona arqueológica de Chincultik fueron ejecutados extrajudicialmente, según se desprende de las declaraciones que han proporcionado tanto policías como los lugareños. Cinco de 11 agentes involucrados en los homicidios ya fueron detenidos; dos confesaron su participación y tres más rendían declaración esta noche.

De acuerdo con esas declaraciones, Agustín Alfaro Alfaro, de 31 años, originario del ejido Ocotal, quien transportaba al hospital de Comitán a dos heridos durante el desalojo, recibió un disparo en la sien. Las otras tres personas que viajaban con él y que resultaron muertas, incluidos los que ya iban heridos, recibieron balazos en la espalda.

Alfaro Alfaro pasaba por la comunidad –aproximadamente a las siete de la noche–, en una camioneta Ford Ranger, acompañado de su esposa y su hijo de tres años. En ese momento Miguel Antonio Martínez López, de 19 años, le pidió ayuda para trasladar a su padre, Miguel Martínez García, quien recibió un tiro. También subió a Rigoberto López Vázquez y Alfredo Hernández Ramírez y otra lugareña que necesitaba atención médica.

En total, en el vehículo iban cinco hombres, dos mujeres y el niño de tres años. A casi un kilómetro de la comunidad encontraron un retén de la Policía Estatal Preventiva (PEP), al frente del que se encontraba el jefe del agrupamiento de caballería y 11 uniformados, a cargo de Amílcar Corzo Díaz, herido durante el desalojo.

Los policías de este agrupamiento sostuvieron en sus declaraciones ministeriales que "alguien" les gritó que los lugareños que pretendían pasar iban armados, lo que habría motivado que dispararán contra ellos. Sin embargo, de acuerdo a los reportes preliminares, Alfaro Alfaro murió de un disparo en la sien izquierda, que le dieron cuando ya había bajado del vehículo.

A Rigoberto López Vázquez lo ultimaron cuando se encontraba sobre la góndola. Alfredo Hernández Ramírez y Miguel Antonio Ramírez López intentaron correr y recibieron disparos en la espalda. Actualmente, los 312 policías que participaron en el operativo están en calidad de presentados y son investigados.

En tanto, policías que participaron en el operativo denunciaron que no hubo organización ni planeación táctica, que los dejaron "solos" y únicamente un subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana "azuzaba a la gente".

Un grupo denunció que en los hechos del 3 de octubre pasado, "nos llevaron como borregos, porque era un operativo federal (de la policía federal) pero cuando empezó todo ellos (los policías federales) se retiraron.

"Cuando llegamos al poblado San Manuel la gente ya sabía (del operativo) y se nos vino encima; en ese momento los policías federales se retiraron y todo se volvió un caos."

"Lo mataron como a un perro"

Elio Henríquez, corresponsal

Ojo de Agua Ocotal, Chis., 6 de octubre. "Lo mataron como a un perro; siete balazos le dieron los policías y sin deber nada, porque iba a apoyar a los heridos", dijo Eloísa Margarita Espinosa Morales, quien vio morir a su esposo, Agustín Alfaro, y otros pobladores de Miguel Hidalgo.

"Me lo empezaron a golpear y yo le dije: 'No llores'. Lo agarré y le besé la frente, pero lo arrastraron al monte y le dispararon", agrega la viuda, de 24 años, quien denunció que los agentes dijeron a las víctimas: "Con el gobierno no se juega, malditos".

La joven madre de dos niños relató que el viernes 3 su esposo, de 31 años, quien trabajaba de chofer, le propuso visitar a su suegra en Miguel Hidalgo. Al entrar al poblado, le dijeron que no fuera al centro porque estaba muy duro; pero él "no entendió y fuimos a ver a mi mamá". Al llegar –continúa– su amigo Miguel Antonio Martínez (quien fue asesinado) le rogó: "Échame la mano, mi papá está herido". Agustín puso reversa, el amigo subió y con él otros heridos.

Eludieron el bloqueo campesino a la entrada del pueblo y enfilaron a Comitán hacia las 18:30 horas. En el camino hallaron a varios agentes que los dejaron pasar porque llevaban heridos, pero a la altura del kilómetro 30 varios policías "empezaron a disparar hacia la camioneta y una bala le pegó a Agustín en el pie".

Los uniformados se acercaron, gritando: "Bájate, perro". Él les contestó: "Llevo heridos, estoy ayudando; pero le decían que se callara y lo empezaron a golpear". A ella y otros heridos los bajaron de la camioneta. "Cubrí a mi bebé de tres años para que no viera nada. Lo único que hacía yo era rezar. Me decían que no levantara la vista. Me sentaron atrás. Me golpearon, me quitaron mis aretes a jalones, una cadena; a él su reloj y las carteras a los demás.

A rastras lo llevaron al monte. "Oí que disparaban pero no pensé que fueran balas de verdad. A dos señoras que nos acompañaban les decían: 'Ustedes, malditas, nos agredieron'".

Prosigue: "Yo los veía y me cacheteaban: 'Cállense y no hablen si no quieren morir igual que estos perros, malditas'. Después le dieron el séptimo balazo a mi esposo. Fue cuando él gritó. A esa hora empezaron a pasar los policías que venían de regreso", cuando ya habían asesinado a Rigoberto López Vázquez, Alfredo Hernández Ramírez y Miguel Antonio Martínez, cuyo padre, Miguel Martínez, iba herido en la camioneta y se salvó al darlo por muerto.

En su casa –con veladoras ante un altar con fotos de Agustín– la mujer dice que cuando su esposo y los demás habían sido asesinados, comenzaron a pasar más policías, preguntando quién había matado a la gente. Ella respondió: "Compañeros de ustedes", a lo que uno repuso que eso no era posible.

La madre replicó: "Se los juro por la Virgencita de Guadalupe. Tengan piedad de mí". Entonces un uniformado le indicó: "Señora, métase a la cabina, yo la cubro; soy padre y tengo hijos". Ella esperó a que se fueran unos 300 policías para escapar y pedir auxilio; abrazó al bebé y corrió cuando estaba oscureciendo.

"Lo único que pido es justicia porque me lo mataron peor que a un animal. Siete balazos le dieron sin piedad. Como digo en mis declaraciones: Lo único que pido es justicia, ¡que se haga justicia, justicia! ¡Que paguen lo que hicieron!", clamó.

Magdalena Gómez

Chinkultic: patrimonialismo estatal, criminalización y negación de derechos indígenas

Una vez más en el estado de Chiapas los gobiernos federal y estatal utilizan fuerzas policiacas contra población civil en la supuesta lógica de aplicar la ley. Esta vez le tocó a de la comunidad Miguel Hidalgo, en el municipio de La Trinitaria. Sólo el saldo de muertos, heridos y detenidos ameritaría una real investigación y aplicación de justicia. Las víctimas eran habitantes de dicha comunidad, que decidió en asamblea el pasado 7 de septiembre administrar la zona arqueológica de Chinkultic, al considerar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no le da el mantenimiento adecuado y de su usufructo no se generan beneficios para las comunidades de la zona.

Días antes, habitantes de Santa Rita, Ojo de Agua, Nuevo Porvenir, Venustiano Carranza, Antela, San Nicolás, Tierra Blanca y Nueva Rosita, del mismo municipio, se posesionaron del parque nacional Lagunas de Montebello. Planeaban administrar ambos lugares en forma comunitaria y los mantenían abiertos al público.

En respuesta, autoridades del INAH y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas demandaron penalmente a los campesinos, por el delito de despojo.

La averiguación previa que dio lugar a la orden de desalojo de los tojolabales acusados no consideró ni por asomo que éstos tienen derechos y con base en ello pueden sustentar la decisión que tomaron.

La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 11, señala que "los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos". Por su parte el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo señala en su artículo 4º: "a) 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

"b) 2. Tales medidas no deberán ser contrarias a los deseos libremente expresados de los pueblos interesados.

"c) 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberán sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales."

En su artículo 5º señala que al aplicar las disposiciones del presente convenio:

"a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto individual como colectivamente".

En contraste, veamos que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 establece el patrimonialismo de Estado sin consideración alguna a los pueblos originarios. Basta observar un testimonio de la visión predominante en la hegemonía jurídica e ideológica en el artículo 28 de la ley, cuando da cuenta de un pasado que no parece tener descendientes vivos, persistentes y resistentes, como han sido los pueblos indígenas: "Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional –nótese establecimiento en lugar de invasión–, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas".

Ya existía hacía 24 años un Instituto Nacional Indigenista destinado a promover la integración de los indígenas vivos, pero, ante todo, existían los pueblos, y lo habían hecho contra ésta y muchas más disposiciones que los ignoraban, como el resto de la legislación, donde el Estado mexicano daba cuenta una y otra vez de la desaparición oficial de los pueblos indígenas; sólo se les permitía ser parte de nuestros antepasados. De ese tamaño es la confrontación de los últimos años entre los pueblos vivos y luchando que simbólicamente se expresaron en la voz del movimiento zapatista. Se ha dicho que sería una locura y un enorme riesgo dar intervención directa a estos pueblos, porque no tienen condiciones ni conocimientos técnicos e infraestructura para conservar los bienes patrimoniales, pero jamás se ha planteado un proyecto específico para que los pueblos puedan acceder a la formación de sus cuadros de alto nivel.

Así tenemos que el caso de Chinkultic amerita un enfoque más allá de la mesa de negociación donde el gobierno del estado se lava las manos frente al resultado de la intervención policiaca y " generosamente" ofrece indemnizaciones y proyectos y se ufana de que todo volvió a la "normalidad": el INAH puede seguir administrando "las ruinas", como llaman a los que fueron lugares sagrados. Ya es hora de que se defina si, tratándose de derechos indígenas, se abren espacios de justiciabilidad más allá de la criminalización.

La Jornada 06/09/2008.

Enviado por: Héctor Guillermo Robles Garnica.

Leer más en Nota de la Jornada


::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2008::

Los proyectos de El Zapotillo y Arcediano, señal de que vivimos en la locura política

En manifestación pacífica, quedó instalado campamento civil que vigilará las obras

Temacapulin, Cañadas de Obregon, 30 de septiembre.- El padre Gabriel Espinosa Iñiguez camina por la brecha que ha trazado personal técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hasta el lugar donde se levantará la cortina de la presa El Zapotillo. Lo acompañan los pobladores de la región; Temacapulín, Acasico, y Palmarejo, así como organizaciones no gubernamentales que han emprendido una batalla en varios frentes para evitar la construcción del embalse que inundará a esas poblaciones.

No es una nueva cruzada cristera, no está en juego la profesión de fe, ni se vislumbra un brote violento, sin embargo, al frente de la caravana sobresalen dos estandartes, uno con la imagen de la Virgen de los Remedios y otro alusivo al Señor de la Peñita, cuya imagen es de especial adoración entre los habitantes.

Es el mediodía y la gente comienza a bajar al sitio exacto donde se levantará la cortina del vaso lacustre. Recorriendo el camino sinuoso y agreste, jóvenes, adultos, niños y ancianos comprueban la destrucción que va ocasionando la entrada de maquinaria pesada y al final la perforación de unos túneles de exploración de 100 metros de longitud en los cerros que rodean al río Verde.

Mientras van bajando, entonan el Cielito lindo para alegrarse el día, al tiempo que reprochan la obra a cuanto trabajador se topan en el trayecto. Los manifestantes no bajaron solos. Al menos seis policías y tres agentes judiciales vestidos de civil, custodiaron la caminata con equipo de video y fotografía.

Los gritos de la gente lograron la suspensión de los trabajos por al menos un par de horas; los empleados apagaron el motor de una excavadora y aprovecharon el momento para darse un tiempo de refresco.

Sobre la maquinaria extendieron una manta en la que el gobernador Emilio González Márquez aparece con el atuendo tradicional de los huicholes, afirmando que si la mitad más uno de la población de Temaca no quiere la presa, ésta se cancela.

De forma pacífica solicitaron el cese de los trabajos, mientras el personal técnico de la obra los observaba desde el otro lado del río. Para que los escucharan, utilizaron altavoces que produjeron un eco en el cañón, y a pesar de que los empleados portaban también el mismo instrumento, no se comunicaron.

Sobre el suelo quedaban restos de la dinamita que han utilizado para perforar los túneles.

“Han dicho que esto es una prueba, que la CFE (Comisión Federal de Electricidad) está haciendo pruebas y de ahí no los sacamos”, dijo Dagoberto Aréchiga, miembro del Comité en Defensa del Pueblo de Temaca,

En el trayecto, la arena y piedras sueltas hacen resbalar a algunos que caen de sentón, pero sin consecuencias mayores. Una lesión grave resultaría inoportuna, pues en las proximidades no existe una unidad médica.

El sacerdote toma la palabra y exige la cancelación del proyecto, con duras críticas al gobierno de Emilio González Márquez.

“Esta es una manifestación firme, decidida, que queremos también que sea contundente. Que le quede muy claro al gobierno Emilio González Márquez que prácticamente es un gobierno títere del gobierno federal y que estamos unidos, y qué bueno que ellos vengan, que venga el gobierno o la policía estatal o la policía judicial para que vean que es un movimiento totalmente pacífico”, comentó en entrevista.

La parroquia de Temacapulín, construida en el siglo XVIII, no está a cargo del padre Espinosa Iñiguez, (el sacerdote que estaba asignado huyó de la comarca por un escándalo de pederastia y a la fecha no han comisionado a nadie) sin embargo, como oriundo de este lugar, decidió encabezar las protestas.

Por su tenacidad, se ha ganado el afecto de los lugareños, quienes ya se muestran preocupados de que algo pueda ocurrirle, pues no es muy común que dentro del Arzobispado de Guadalajara haya sacerdotes combativos, (esto a pesar de que el cardenal Juan Sandoval Iñiguez se ha pronunciado porque la presa se construya en otro sitio).

En Guanajuato los contrataron

Ninguno de los responsables de la obra respondió a los cuestionamientos de los inconformes. Los que sí lo hicieron fueron empleados encargados de picar piedra y perforar los túneles. Uno de ellos confirmó que los trabajos de exploración los está haciendo una constructora del estado de Guanajuato para la que él trabaja, versión que ya venía manejando el gobierno de Jalisco para deslindarse del asunto.

El sacerdote mencionó que por las características similares que guardan los proyectos de la presa Arcediano y El Zapotillo puede presumirse que responden al mismo promotor, pues ambas requerirán un alto voltaje de electricidad para su propulsión.

“Señal de que hay una locura política y económica. Hay muchos intereses políticos, yo vuelvo a repetir que hay 3 mil millones de pesos por parte de empresas privadas, de tal manera que el agua estaría concesionada en un 33 por ciento para esas empresas, cosa que no podemos aceptar”, añadió.

A su regreso, las personas que decidieron no bajar tenían preparado todo un banquete con los platillos que ellos mismos prepararon. Un regimiento de tacos dorados, mole, tamales, tostadas, y aguas frescas se sirvieron a los hambrientos que llegaron hasta el fondo de la barranca.

Desde ayer se instaló un campamento que vigilará de manera permanente las obras que se estén realizando, pero también se adelanta que habrá acciones legales para impedir que se ejecute la presa.

Miembros del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC (Imdec) alertaron de hostigamientos a los pobladores y siembra de discordia entre ellos mismos por parte de las autoridades.

Más tarde, los habitantes bajaron nuevamente a la barranca para escuchar la misa que celebró el padre Gabriel.

Fuente: La Jornada Jalisco

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2008::

Operaciones de Pemex en siete paraísos fiscales

Nancy Flores

La inversión de Pemex en más de 20 compañías offshore y vehículos financieros que operan al margen de la legislación mexicana asciende a 33 mil millones de pesos; las sedes principales: Islas Caimán, Luxemburgo, Irlanda, Suiza, Bahamas. Rosendo Zambrano, actual director de PMI Comercio Internacional, entre los operadores de esta red empresarial.

Desde la década de 1990 y hasta la fecha, Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus subsidiarias operan una estructura empresarial paralela, establecida en el extranjero: se trata de al menos 20 international bussines corporation o sociedades fantasma y cinco vehículos financieros, habilitados para contratar deuda en nombre de la paraestatal.

Entre sus sedes principales destacan España, Luxemburgo, Irlanda, Suiza, Islas Caimán, Estados Unidos, Países Bajos y Las Bahamas, la mayoría considerados paraísos fiscales por la laxitud de sus leyes financieras. La inversión en capital y en acciones asciende a 33 mil 63 millones 354 mil pesos extraídos del erario, consta en el Informe anual 2007 elaborado por Pemex.

La cifra contrasta con las utilidades, por “efecto de conversión”, de estas empresas que de 2004 a 2006 apenas sumaron 2.06 por ciento de la inversión accionaria, es decir, 684 mil 369 pesos, revela Pemex en su Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2006.

Más aún, por concepto de impuestos pagados al extranjero a nombre de las empresas offshore, Pemex sufragó en ese mismo periodo 11 mil 377 millones de pesos, equivalentes al 34.4 por ciento de la inversión total: 1 mil 414 millones en 2004, 3 mil 776 en 2005 y 6 mil 187 millones de pesos en 2006.

Las empresas

El pasado 17 de julio, el auditor superior Arturo González de Aragón señaló, en el Senado, que “se detectó opacidad, complejidad y confusión en las inversiones de Pemex en acciones de empresas nacionales y extranjeras, las cuales tienen múltiples fines, de las cuales 21 de ellas no son transparentes, no rinde cuentas y sus resultados no son revelados con suficiencia en la cuenta pública federal”.

Y es que las compañías y los cinco vehículos financieros se manejan en forma autónoma y no reportan su situación financiera ni económica a la cuenta de la hacienda pública federal; tampoco están registradas como paraestatales o filiales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El complejo esquema permite a Pemex Corporativo –comandado por Jesús Reyes Heroles– tener el ciento por ciento de las acciones de 12 empresas y operar los cinco vehículos financieros; cuatro compañías pertenecen a Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), subsidiaria encabezada por Roberto Ramírez Soberón; y una más, es propiedad de Pemex Exploración y Producción (PEP), que dirige Carlos Arnoldo Morales Gil.

Las empresas de Pemex Corporativo son Stiching Pemex Lux, radicada en Luxemburgo; PMI Holdings, BV, Países Bajos; en ese mismo país, PMI Services, BV; PMI Services Europe, Ltd, Inglaterra; Kot Insurance Company, AG, constituida en Las Bermudas y reubicada en Suiza; PMI Holdings Petróleos España, SL –antes PMI Holdings, NV, Las Antillas Holandesas–, España; allí también es operada Pemex Internacional España; PMI Trading, Ltd, Irlanda.

También posee el ciento por ciento de las acciones de PMI Services North America, Inc, con sede Estados Unidos; en esa misma nación se ubica PMI Holdings North America, Inc; Integrated Trade Sistems, cuyas cuentas bancarias están radicadas en las Islas Vírgenes Británicas; y de PMI Norteamérica, SA de CV, operada en México.

Además, maneja los vehículos financieros “privados”, destinados a contratar deuda a nombre de Pemex en los mercados internacionales de capital: RepCon Lux, de Luxemburgo; Pemex Capital, Inc, Estados Unidos; Pemex Finance, Islas Caimán; Pemex Project Founding Master Trust, Estados Unidos; y el Fideicomiso F/163, que obtiene líneas de crédito en México, también con carácter de “privado”.

Las empresas de PGPB son Mex Gas Internacional, Ltd (holding), Islas Caimán; Pan American Sulphur, Ltd, Luxemburgo; Pasco Internacional Sulphur, Ltd, Las Bahamas, y Pasco Terminals, Inc, Estados Unidos. Mientras que PEP posee la titularidad de PMI Marine, Ltd, creada y operada en Irlanda.

PMI Norteamérica

El manejo discrecional, señalado por el auditor superior, se observa en la operación de PMI Norteamérica, SA de CV: compañía mexicana constituida con recursos de Pemex que no es considerada filial, subsidiaria o paraestatal. Al igual que las otras 19 empresas, omite rendir cuentas a la federación sobre su situación financiera.

Aunque sus dueñas –las tenedoras de acciones PMI Holdings, BV, y PMI Holdings, NV, ahora PMI Holdings Petróleos España– son, a su vez, propiedad de Pemex, los multimillonarios recursos públicos que se le transfieren o se le extraen son considerados capital privado extranjero, revelan la escritura de creación y las actas de sesión ordinarias y extraordinarias de su Consejo de Administración, en poder de Fortuna.

Los documentos descubren que entre 1993 y 2004 el capital social de la compañía, originalmente fijado en 50 mil pesos, aumentó a 2 mil 631 millones 855 mil pesos y luego disminuyó a 717 millones 795 mil 360 pesos, sin que se sepa el origen y destino de los mismos.

Los movimientos de capital fueron autorizados por los representantes de PMI Holdings, BV, PMI Holdings, NV, y PMI Norteamérica, SA de CV, que a su vez eran o aún son funcionarios de Pemex.

PMI Norteamérica se creó el 13 de enero de 1993, consta en el expediente 169671 del Registro Público del Comercio y en la escritura, firmada por el actual director de Administración de PMI Comercio Internacional, Carlos Armando Cantú Guerra, entonces representante de PMI Holdings, BV, y por Tirso Edmundo Béjar Rojas, exdirector de Administración de esa misma subsidiaria y entonces representante de PMI Holdings, NV.

Sus primeros administradores fueron Pedro Haas García, exfuncionario de PMI Comercio Internacional; Marcos Ramírez Silva, exdirector de PGPB; José María Zubiría Maqueo, extitular del Servicio de Administración Tributaria (SAT); Eduardo Martínez del Río Petricioli, exdirector de PMI Comercio Internacional, y Béjar Rojas.

Como consejeros suplentes participaron Felipe Luna Melo, exfuncionario de la paraestatal; Rosa María Vega Peón, actual administradora general de Recaudación del SAT; Alberto Cervantes Velázquez, exservidor público de PGPB; Salvador García Luna, exfuncionario de esa misma filial, y Cantú Guerra.

El capital social se fijó en 50 mil “nuevos pesos”. Entre los objetos de la sociedad destacan: refinación de petróleo crudo en el extranjero y comercialización de petróleo crudo y productos derivados; comercialización de productos petroquímicos y otros hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos.

El 1 de junio de 1993, Marcela Márquez Alonso, actual subdirectora jurídica de PMI Comercio Internacional, ya fungía como representante de la empresa. Para el 14 de febrero de 1995, con la renovación del Consejo de Administración, se integró Rosendo Zambrano Fernández. La participación en PMI Norteamérica no es la única que ha tenido, en el esquema empresarial paralelo de Pemex, el actual titular de PMI Comercio Internacional: también dirigió PMI Services North America, Inc, ubicada en Houston, Texas.

Como consejero propietario, Zambrano Fernández conoció y aprobó los multimillonarios movimientos de capital “privado extranjero”. Por ejemplo, el 18 de diciembre de 2001 el capital social fijo y variable, que para entonces sumaba los 2 mil 631 millones 855 mil 30 pesos, disminuyó a 718 millones 880 pesos. Este cambio fue protocolizado hasta el 12 de agosto de 2003 por medio de la escritura 13500.

Para la realización de este trabajo periodístico, Fortuna solicitó a Petróleos Mexicanos y al director de PMI Comercio Internacional conocer las explicaciones respecto del entramado empresarial. Hasta el cierre de esta edición, la vocera de la paraestatal, Gabriela Gallegos, no dio respuesta.

LEER articulo Completo


.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando a Andrés Manuel López Obrador en 2008::

Videos - Carmen Aristegui y Ricardo Rocha

un poco retrasados pero aqui estan...

Aristegui - Senado y poderes fácticos chocan por la reforma electoral 11 SEP 200



Reporte 13 - Mensaje de Lopez Obrador en Sn Lazaro 11 Sep 07



::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::

Opinión - Ricardo Rocha

Detrás de la Noticia

´Guerra santa´

Universal

Estos no han sido días de guardar. Al menos para los jerarcas de la Iglesia católica. Por el contrario, las semanas Santa y de Pascua han sido de una actividad frenética para urdir y sellar alianzas con otras iglesias cristianas a fin de armar un santo ejército que luche en todos los frentes contra la demoniaca amenaza del aborto. Una cruzada pues. Una ofensiva total contra la "embestida del mal" que atenta "contra los valores mas queridos de los mexicanos" según ha dicho el propio cardenal Norberto Rivera Carrera.

Para empezar, hay un problema profundo de percepción. Porque la iniciativa de la despenalización del aborto no es en modo alguno una embestida contra nadie, y -que se sepa- no es producto de rituales satánicos en misas negras. Es, en cambio, fruto de un largo debate de muchos años en una institución legal y representativa que nos hemos dado los habitantes de la ciudad de México: la Asamblea Legislativa del DF, que no tiene como propósito socavar los valores morales ni religiosos de nadie; que lo único que se propone es quitar los castigos a aquellas mujeres que en un ejercicio pleno de libertad de conciencia decidan -en el marco de la ley- poner fin a un embarazo no deseado. Y en ese empeño se han esgrimido cientos de argumentos psicológicos, fisiológicos y sociológicos que han llevado a la conclusión de que se trata de un gravísimo y doloroso problema de salud pública. Además, claro, de un ejemplo verdaderamente patético de doble moral por aquello de las mujeres con recursos que aquí y en Houston abortan confortablemente, frente a las miles que mueren condenadas por una absurda clandestinidad criminal.

Ya decíamos que la desventaja para los nuevos cruzados es que no han expuesto argumentos convincentes ni científicos ni éticos. Y, peor aún, carecen de estatura moral para condenar cualquier cosa, cuando han guardado ominoso silencio ante las trapacerías mas abusivas de los poderosos del dinero y los gobiernos. Por el contrario, en ningún lugar del mundo como en México hay una Iglesia tan impúdicamente ligada a lo terrenal, tan comprometida con los excesos, tan superficial, tan frívola. Tan distante de los pobres. Tan lejos del cielo.

Por eso no es un asunto de fe. Ni siquiera religioso. Es un asunto eclesiástico. Y no sería la primera vez que la llamada Santa Madre Iglesia se mostrase más preocupada y ocupada en sus propios intereses que en los de su feligresía. Y para nadie es un secreto que esa falta de apego y comprensión de su realidad, ha provocado una de las más graves crisis en sus 2 mil años de historia. Baste ver los templos vacíos y semidesiertas las vocaciones sacerdotales. Tampoco pueden ocultarse los ríos de desertores que en las décadas y sobre todo años recientes han vuelto su mirada a otras opciones religiosas que se han fortalecido velozmente. Sólo así se explica la estridencia que ha generado el aborto. Eso y los infames escándalos de los curas pederastas que apenas hoy son lamentados tardíamente. Puros trucos de sobrevivencia. Y es que está claro que se trata también de una trampa. Meter al mismo costal los temas del aborto y la pederastia sacerdotal bajo el signo de cero tolerancia no es lógico ni justo. En el primer caso se trata de un acto individual. En cambio, el sacerdote pederasta es un criminal flagrante que viola y destruye la vida de un niño con premeditación, alevosía y ventaja.

Pero la Iglesia necesita una causa. Aunque ésta sea desesperada. Porque, además de los argumentos, hay una opinión pública cada vez mas informada que -según la gran mayoría de las encuestas- se pronuncia por que las mujeres decidan sobre su cuerpo, su maternidad y su destino.

A pesar de todo, el clero conservador y los mas diversos grupos de derecha y ultraderecha como los de El Yunque incrustado en el panismo, han decidido satanizar una legítima demanda ciudadana. Y en eso andan, azuzando desde los púlpitos y en los atrios. Juegan con fuego y el gobierno los arropa.

Sin embargo, condenarlos sería caer en su juego grotesco de sinrazones y descalificaciones. Pero sí hay que estar atentos al riesgo. La historia dentro y fuera nos ha dado durísimas y sangrientas lecciones.

ddn_rocha@hotmail.com

Como capturaron a Flavio Sosa

Detrás de la NoticiaRicardo Rocha 11 de diciembre de 2006
Oaxaca: la sangre que viene
El gran pintor oaxaqueño y universal Francisco Toledo tiene razón: Oaxaca está al borde de la guerra civil. Y es que sólo estando ahí se puede percibir la descomposición a que ha llegado el actual estado de cosas: enfrentamientos entre la APPO y la PFP; detenciones arbitrarias de sospechosos de ser sospechosos; gavillas pagadas para destruir el patrimonio oaxaqueño y justificar la violencia; consignaciones masivas e ilegales de activistas o gente que pasaba por ahí y que son enviados a prisiones federales de alta seguridad, lejos, muy lejos de su estado; violaciones cotidianas a los derechos humanos mediante agresiones físicas, intimidación y tortura. En suma, el incubamiento de un nuevo capítulo que podría alcanzar dimensiones catastróficas en muertos y sangre.
Hasta ahora, Oaxaca y los oaxaqueños han sido rehenes de las disputas políticas de los grupos que pelean ferozmente por el poder: el todavía gobernador Ulises Ruiz en primer término; los ex gobernadores Carrasco y Murat; los líderes appistas y del magisterio; el propio gobierno federal y los partidos políticos. No hay duda. Pero tampoco la hay de que la misma sociedad oaxaqueña en su gran mayoría está agraviada e irritada. Que la gestación del conflicto no es breve ni nueva, sino que se remonta a más de 70 años de dominación priísta que se ha mantenido a base de corrupción, explotación e injusticias. Que los hechos de los seis meses recientes no sólo son resultado de la implacable guerra por el control del estado, sino de una auténtica manifestación de repudio hacia el hombre que encarna hoy los más execrables hechos del pasado y el presente de Oaxaca.
Lo más grave es que ahora la situación es todavía más amenazante. Porque cada día hay más muertos, desaparecidos, heridos, torturados y exiliados. Incluso, desde la percepción de los rebeldes, ahora también hay mártires. Y esta explosiva combinación propende por desgracia a las vías del ojo por ojo y del todo o nada.
En este marco entrevisté a Flavio Sosa, apenas el pasado lunes 4 en mi noticiario vespertino -ya el único-. Pregunté: -Flavio, ¿tendrás que salir corriendo de esta entrevista? -Probablemente. -Mejor ni decimos desde dónde estamos transmitiendo; hay una orden de aprehensión en contra tuya. -Sí, hay varias órdenes de aprehensión. -¿Qué ha pasado en los días recientes en Oaxaca? -El último mes, en noviembre, hubo un vacío de poder terrible en el país, que lo aprovechó perfectamente Ulises Ruiz. Tenía secuestrado el 1 de diciembre, tenía secuestrada la toma de posesión de Felipe Calderón. Así que él y el PRI pusieron las condiciones. -Ahora la PFP tiene ya tomadas prácticamente las posiciones que ustedes tenían antes. Se han levantado las barricadas. ¿Sienten la batalla perdida? -La batalla no está perdida. Hay un gran respaldo popular. Lo que sí hay también es un estado de sitio en Oaxaca. Tú no puedes caminar en la calle sin que te encuentres un retén, un grupo de policías que te detengan, que te revisen. Para ver si te encuentran algo que tenga que ver con la APPO, por si apareces en la lista, como en los regímenes militares. -¿Tienen pensado ustedes reactivar el diálogo? -Es uno de los objetivos, el traernos a la mesa con la presión durísima sobre nosotros. -Es una posición de debilidad en principio. -Nosotros traemos un mandato. Vamos a flexibilizar nuestra posición en el sentido de que mañana no es la prioridad la salida de Ulises. Vamos sobre el asunto de los presos... lo de Ulises lo seguiremos por los cauces jurídicos, es decir, vía Cámara de Diputados o de Senadores. Pero no vamos a declinar esa demanda.
-¿Ya ha habido alguna señal de parte de la Secretaría de Gobernación? -Nosotros entendemos como una señal el que pueda darse el diálogo mañana. Que se platiquen las condiciones de la agenda. Que se garantice la seguridad de todos nosotros. Y si se da un primer paso, yo creo que estamos avanzando.
Nuestro estudio está en Insurgentes Sur 1605. A Flavio Sosa y sus acompañantes los detuvieron 15 minutos después en un taxi a la altura del 1665 y fue llevado a Almoloya. Después hablé con Toledo: -¿Con qué rasgos y colores trazarías y dibujarías la realidad en Oaxaca? -Con el violeta de los moretones de los detenidos. El negro de estos días. Y el rojo de la sangre que viene.
ddn_rocha@hotmail.com