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miércoles, octubre 07, 2009

Paco Ignacio Taibo II: En el 68 te disparaban en la calle por estar repartiendo volantes enfrente de una panadería


El Sábado pasado en el programa Multiverso producido por Radio Universidad de Guadalajara se habló sobre la militarización del país. En ese contexto los conductores del programa entrevistaron al escritor Paco Ignacio Taibo II que entre otras cosas demostró que los mexicanos han logrado diversas conquistas como la libertad de expresión, además de recordar que en este momento se criminaliza la lucha social.

Escuchar la entrevista:




::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

miércoles, septiembre 30, 2009

Multiverso, programa sobre criminalización de la protesta social



Ahora que la criminalización de la protesta social se ha convertido en un importante punto de interes, es necesario hacer un recuento de lo sucedido en los últimos meses. Para hacerlo bien valdría la pena escuchar Multiverso, un programa producido por Radio Universidad de Guadalajara que trató el tema de la criminalización de la lucha social en su último programa.

Aquí el programa completo:



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domingo, abril 12, 2009

La protesta vista desde arriba: Juan Pablo de la Torre Salcedo

Contrastes de dos marchas diferentes Foto: César Huerta/Extensión Medios

JORGE GÓMEZ NAREDO

La Jornada Jalisco

Desde arriba todo se ve distinto: el cristal con que se mira la vida es diferente del de abajo. Arriba hay oportunidades, hay trabajo, buenas conciencias, moral y viajes al extranjero; hay autoridad y buenos modales; hay rostros lindos, tan lindos que son fotografiados cada semana en voluminosos suplementos “de sociales” en la mayoría de los diarios de circulación local. Sí, desde arriba todo se observa distinto: un mundo diametralmente opuesto al que viven los de abajo, que, vale decirlo, son la mayoría de los que habitan estas tierras. La mayoría de quienes actualmente ocupan un puesto de “representación popular” miran desde ese mundo, el mundo de los de arriba. Ahí nacieron, ahí vivieron y ahí quieren morir.

Desde arriba, las manifestaciones son una pérdida de tiempo, un artefacto que los de abajo utilizan para molestar a ellos, los de arriba, los jefes, los que mandan y quieren seguir mandando. Por eso, siempre las elites económicas y políticas han intentado eliminar las marchas, las han estigmatizado y, cuando esas personas de arriba están en el poder, las han despreciado. Ejemplos de ellos hay muchos. Sin embargo, pocas veces (desde que con sangre, muerte, lágrimas y dolor se ganó el derecho a la libre manifestación y la derogación –en 1970– del delito de disolución social) se les ha buscado eliminar, reglamentar o prohibir. Uno de los pocos intentos para erradicar jurídicamente las marchas fue hecho por Juan Pablo de la Torre Salcedo, regidor panista del Ayuntamiento de Guadalajara (el otro intento lo realizó el PAN-DF en la capital del país).

De la Torre Salcedo es miembro de la “gente bonita” que habita esta ciudad y desde su llegada al Ayuntamiento de Guadalajara se ha empecinado en rescatar a la urbe del “caos” reinante. Por eso presentó una iniciativa para reglamentar las marchas y las protestas. Y es que a ellos, los de arriba, les molesta que el populacho salga a las calles y exija sus derechos; además, claro está, provoca con esos actos el enfado de los automovilistas. Y ellos, los de arriba, son automovilistas furibundos.

Desde arriba todo se mira distinto. Y, ¿cómo no mirar distinto si se tiene casi todo y se quiere seguir teniendo más? Juan Pablo de la Torre Salcedo es uno de esos personajes de la política (y elite) jalisciense que mira la vida desde arriba. Es hijo de Patricia Salcedo de de la Torre y de Alberto de la Torre Bouvet, ex presidente del club Altas y ex titular de la Federación Mexicana de Futbol. Se casó, en febrero del año pasado, con Mariana García de Quevedo Vachéz, hija de Juan José García de Quevedo Baeza, presidente de la Comisión de Ideología del PRI, y de Myriam Vachéz Plagnol, cónsul honorario de Francia en Guadalajara y también regidora tapatía (por el PRI). La boda, según cuentan los abultados suplementos que la elite jalisciense paga para que sean distribuidos en varios diarios de circulación local, fue presidida por un amigo de la pareja, el padre Javier de la Torre, quien “como regalo les leyó un telegrama que envió para ellos el Papa Benedicto XVI”, donde expresó “sus deseos de un matrimonio lleno de felicidad para Mariana y Juan Pablo”. En uno de los templos más selectos de la ciudad (digamos, para Very Important People), la pareja se casó con la presencia del Coro del Estado de Jalisco. La fiesta fue en una lujosa hacienda donde los más de 500 invitados degustaron bocadillos mexicanos, sopa de flor de calabaza con elote, camarones con salsa de tamarindo, filete con salsa de chile guajillo y, de postre, frutos rojos en crema y arroz con leche y granola. La novia llevaba un vestido blanco realizado por diseñadores españoles. Durante la boda hubo sorpresas: el ex Timbiriche Diego Schoening deleitó a los recién casados con un popurrí de canciones. Todos contentos corearon las letras. Sí, desde las alturas las cosas se ven distintas: desde arriba hay un México prometedor, un México idílico.

¿Por qué Juan Pablo de la Torre quiere reglamentar las marchas? Quizá sea una medida electorera o un sincero deseo de acotar la libertad de expresión, o quizá sea una propuesta nacida de su pensar autoritario y de su condición de elite jalisciense. La propuesta busca que las manifestaciones solamente se realicen en días no laborables, que los manifestantes avisen con 24 horas de antelación sobre el motivo de su protesta, que se responsabilice a los organizadores de cualquier incidente que suceda en la marcha y, faltaba más, que el Ayuntamiento tenga la capacidad de denegar el permiso para la realización de una marcha. Digamos que es una especie de ley que impide la movilización y que permite, de hecho, la represión a las personas que incurran en el peligroso delito de salir a las calles y exigir sus derechos.

¿Qué hará la suegra de Juan Pablo de la Torre, la priísta Myriam Vachéz Plagnol, también regidora de Guadalajara? Ella es una aguerrida impulsora del Museo Guggenheim y de los negocios que a partir de él un selecto grupo quiere realizar. Seguramente estará a favor de la propuesta de su yerno. Al fin y al cabo, las barreras “ideológicas” se borran, y el PRI y el PAN (y a veces el PRD) son lo mismo: mientras en los debates se enemistan, en las cenas (o en las bodas con todo boato) se abrazan, se agasajan y hablan de los verdaderos e importantes negocios: los negocios de grupo y de clase. Y prohibir las manifestaciones (o limitarlas) es una propuesta que los de arriba siempre han querido: los que se manifiestan, dicen los de arriba, son unos “güevones” que lo único que hacen es entorpecer las vialidades. Las palabras de Juan Pablo de la Torre lo indican nítidamente: “que sí se manifieste la gente, pero que toda esta gente [quiso decir gentuza] no piense que el motivo por el cual ellos se manifiestan es más importante que todos los motivos de toda la gente que tiene que asistir simplemente a su trabajo puntualmente, que tiene que asistir a la escuela con sus hijos […] Que sí se manifiesten, pero que se entienda que su derecho termina donde inicia el mío”.

Los de arriba, antes de pertenecer a un partido político o de comulgar con principios ideológicos, son parte de una elite: esa elite que piensa desde arriba y actúa siempre bajo los intereses de clase. Y esos arreglos se dan en las bodas, en las comilonas en restaurantes lujosos y en las cenas opíparas. Sí, Juan Pablo de la Torre busca erradicar las inconformidades sociales con una ley que impida las protestas. Y lo pretende hacer porque mira desde arriba: un mundo donde los de abajo, simple y llanamente, no caben. De la Torre, si se aprueba su propuesta, saldrá de su lujosa casa en su auto último modelo, pondrá en el moderno estéreo una canción de Timbiriche y pensará que ha puesto su inteligencia al servicio de la comunidad. Pero afuera de su vehículo, afuera de su mundo, las inconformidades sociales seguirán creciendo, expandiéndose. Hasta que sean insoportables y estallen.

jorge_naredo@yahoo.com


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Cientos marchan en Londres en protesta por muerte en G-20

sábado 11 de abril de 2009 15:03 GYT
Photo

LONDRES (Reuters) - Cientos de personas marcharon el sábado por Londres para despedir a un hombre que murió la semana pasada durante una serie de protestas contra la cumbre del Grupo de los 20 celebrada en la capital británica.

El vendedor de diarios Ian Tomlinson, de 47 años, se dirigía del trabajo a su casa cuando quedó atrapado en un enfrentamiento entre la policía y manifestantes anticapitalistas cerca del Banco de Inglaterra el 1 de abril, un día antes de la cumbre de Londres sobre la crisis financiera global.

La autopsia determinó que había muerto de un ataque cardíaco.

Un órgano de control de la policía dijo esta semana que estaba iniciando una investigación sobre la muerte luego de conocerse un video en el que se ve a un efectivo policial empujando a Tomlinson al piso poco antes de que el vendedor de diarios colapsara.

Manifestantes vestidos de negro, algunos con pancartas en las que se leía "¿Quién mató a Ian Tomlinson?", marcharon por las calles de Londres dejando flores y encendiendo velas en el lugar donde murió Tomlinson.

"Esperamos que se lleve a cabo una investigación completa sobre su muerte y que se tomen medidas contra cualquier policía que haya contribuido a la muerte de Ian a través de un mal proceder", dijo el hijastro de Tomlinson, Paul King, durante la marcha.

"Podríamos tener por delante un proceso largo y difícil para obtener justicia", afirmó.

(Adrian Croft)



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martes, abril 07, 2009

Boletín del CENTRO DE DERECHOS HUMANOS COORDINADORA 28 DE MAYO AC

Foto: César Huerta/Extensión Medios

SOBRE LA PROPUESTA DE REGULAR LAS MARCHAS EN GUADALAJARA PRESENTADA POR EL REGIDOR PANISTA JUAN PABLO DE LA TORRE SAUCEDO

Más que una ocurrencia panfletaria político - electoral del Regidor Juan Pablo de la Torre y el partido que representa (PAN), afirmamos con toda certeza que la iniciativa de reglamentar las marchas y manifestaciones presentada en días pasados ante el pleno del Cabildo en el Ayuntamiento de Guadalajara no refleja más que la visión de la clase política en el poder, que desconoce absolutamente la realidad de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y del Estado de Jalisco y las necesidades de solución a la infinidad de problemas a los que se enfrenta la población en general día a día. Políticos como el Regidor De al Torre son el vivo ejemplo del pensamiento ultraconservador enquistado en todas las esferas del poder político y económico en el Estado y de las contradicciones del sistema político que al igual, día a día se descompone como camarones sin refrigerar, es decir, a pasos acelerados.

Personajes como el Regidor De la Torre dan pena ajena ya que al saberse utilizados como carne de cañón por el mismo aparato de corrupción se prestan a hacerle el juego sucio a sus jefes de partido y de sus cómplices en los negocios ilícitos a sabiendas de que de no acatar sus instrucciones se verán afectados en sus intereses económicos que por cierto en este caso en particular no son pocos: actos de corrupción y tráfico de influencias en la compra ilegal de terrenos, tráfico de influencias para favorecer a empresarios gasolineras interesados en convertir a Guadalajara en una gran bomba de tiempo al duplicar la cantidad de gasolineras sin importar que sean abiertas a unos cuantos pasos de escuelas, iglesias, mercados o casas habitación.

Por otro lado, a pesar de que la iniciativa antiaborto aprobada en el Congreso del Estado, (por cierto operada por su propio partido en contubernio con el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez) aun no se convierte en ley, el Regidor Juan Pablo de la Torre podría ser el primer procesado bajo los cargos de “Aborto prematuro” ya que concibió un “producto mal logrado” y el mismo regidor será quien se encargue de practicarse un “autoaborto”.

Aunque la iniciativa del Regidor “autoabortista” está plagada de inconsistencias, fallas y lagunas jurídicas y sobre todo que se trata de una iniciativa anticonstitucional, no deja de llamar la atención el desconocimiento social y político, el pensamiento retrógrado y la ingenuidad de su autor. Por otra parte, lo poco que ha podido articular sobre su contenido refleja las graves consecuencias para aquellos que nos atrevamos a manifestarnos en las calles de la ZMG bajo el cobijo de una de las principales garantías estipuladas en la Constitución Política de los Estaos Unidos Mexicanos .

CONSIDERACIONES

  1. Al exigir que se avise con 24 horas de anticipación y que el trámite se realice a título individual, pone en riesgo la integridad física de quien acuda al Ayuntamiento. (a poco nos creen tan ingenuos para dar nuestros datos personales a funcionarios autoritarios y represores como Alfonso Rejón Cervantes)
  2. Cuando el Regidor “Autoabortista” pretende defender los “derechos de terceros” no menciona los derechos de los primeros, es decir, que no habla sobre las causas por las cuales los ciudadanos se ven en la necesidad de tomar las calles como ultima alternativa para exigir solución a sus problemas: falta de servicios públicos, actos de autoritarismo de los mismos funcionarios (municipales, estatales o federales), violación de derechos humanos y la actitud que “por sistema” han asumido los funcionarios de todos los niveles de gobierno: cierre de dependencias, palacios municipales, palacio de gobierno, falta de diálogo, actos de represión por parte de los cuerpos policíacos etc.
  3. El colmo de los colmos de la ingenuidad del Sr. De la Torre Saucedo es que proponga que las marchas y manifestaciones se realicen en “fin de semana o en días festivos”, entonces, ¿Quién escucharía las quejas, reclamos, exigencias, propuestas y exclamaciones de los manifestantes? ¿los policías que resguardan los edificios municipales, estatales y federales y las palomas?
  4. La forma es una aunque sea una forma bastante burda, el fondo es que de aprobarse una iniciativa de esta naturaleza se estaría atentando en contra de la ciudadanía violando su legítimo derecho a la manifestación, violentando sus derechos humanos ya que cualquiera que se manifieste fuera de la reglamentación propuesta por el Regidor “autoabortista” se convertiría automáticamente en un delincuente y sería susceptible de ser detenido, encarcelado y procesado simplemente por exigir sus derechos.

Por estas y muchas rezones más, el CDH Coordinadora 28 de Mayo AC

MANIFIESTA

  1. Cualquier intento por incrementar y agudizar la política impulsada a nivel nacional de criminalizar la protesta social tendrá una respuesta puntual de los Organismos de la Sociedad Civil (OSC’s) y difundiremos a nivel nacional e internacional la ilegalidad con que actúa la clase política en el poder en el estado de Jalisco y el Partido Acción Nacional y todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de la población civil.
  2. La iniciativa retrógrada del regidor panista pretende acallar todo acto y toda voz disidente, no basta con detener ilegalmente, torturar y criminalizar a los líderes y activistas sociales.
  3. El panismo en el estado de Jalisco pretende llevarnos a un clima de confrontación entre quienes participamos y proponemos activamente alternativas de solución a la situación política, social, económica y cultural en el estado y en el país y quienes no, aunque aquellos que nunca han participado en la vida política o salido a las calles a manifestarse algún día lo harán.
  4. El Regidor “autoabortista” aparte de ingenuo padece de lagunas mentales. Olvida que su partido algún día fue oposición y se enfrentó al poder del estado.
  5. No admitiremos ni permitiremos una Ley más que atente contra el pueblo de Jalisco, por lo tanto reprobamos categóricamente la iniciativa para reglamentar las marchas y manifestaciones presentada por el Regidor del PAN Juan Pablo de la Torre.
  6. Exigimos que el Regidor “Autoabortista” se ponga a trabajar y resuelva los problemas de la ciudadanía que para eso se le paga y muy bien por cierto. Mientras es investigado por sus posibles actos de corrupción.
  7. Exigimos a las autoridades competentes se abra una investigación en contra del Regidor del Partido Acción Nacional (PAN) del Ayuntamiento de Guadalajara Juan Pablo de la Torre Saucedo por posibles actos de corrupción, tráfico de influencias y los que resulten por la posible compra ilegal de un predio en Retorno al Torreón No. 1815 dentro del Bosque de los Colomos y por sus nexos con grupos empresariales interesados en la instalación de gasolineras en el Municipio de Guadalajara.
  8. Esta y otras iniciativas más como la ley Antiaborto aprobada recientemente en el Congreso del estado o el proyecto del “Gato Negro” impulsado desde el gobierno del estado en donde “invitaban” a los burócratas a “señalar” a sus compañeros de trabajo, son los síntomas que se vivieron en la Italia de Mussolini y en la Alemania de Adolfo Hitler que al final llevó a sus pueblos a la autodestrucción bajo regímenes totalitarios, autoritarios y fascistas.

¡Artículo 9º de la Constitución nos da todo el derecho de manifestación!

¡No a la iniciativa retrógrada del regidor “Autoabortista”

¡Alto a la criminalización de la protesta social!

¡Alto a la Violación a los Derechos Humanos!


Guadalajara Jalisco México 7 de Abril de 2009

ARCADIA LARA

Comisión de Comunicación

CDH Coordinadora 28 de Mayo AC



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jueves, marzo 12, 2009

El caso Jacinta en el programa de Ricardo Rocha



Diputados federales visitaron ayer a la indígena en penal en Queretaro.

Creemos que (el juez) en estos meses puede emitir su sentencia o revocar la sentencia del Juez Cuarto de Distrito, o absolverla y cancelar esta sentencia, indicó el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga Valenzuela, luego de que diputados federales visitaran ayer en el penal de San José El Alto, a Jacinta Francisco Macial, indígena ñhañhu (otomí) acusada de secuestrar a seis agentes de la AFI.

Constataron la inocencia de doña Jacinta, sobre todo que es falsamente acusada de un delito que tiene un gran repudio social, como el secuestro.

Una delegación de diputados encabezados por Alliet Mariana Bautista (PRD) y Carlos Navarro Sugich (PAN) de la Comisión de Derechos Humanos, así como María de los Ángeles Jímenez del Castillo (PAN) de la Comisión de Seguridad Pública, visitaron a la índigena en Querétaro; de acuerdo con Luis Arriaga, ésta comisión se comprometió a dirigirse al Magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, Hanz Eduardo López Muñoz, que está por resolver la apelación que presentó la organización CentroProdh.

Cabe recordar que Jacinta fue detenida en 2006, cinco meses después del operativo en el que dicen, cometió el agravio contra los agentes. Hace unos meses, el juez cuarto de Distrito de Querétaro, Rodolfo Estrada Longi, la sentenció a 21 años de prisión y al pago de una multa de 91 mil pesos por el delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro.

El líder de la organización indicó que el 4 de mayo del 2006 los Agentes Federales de Investigación amplían su declaración y con base en la fotografía, señalan a Jacinta como participante del secuestro, pese a que en su declaración inicial, no identificaron a ninguna mujer indígena como presunta responsable. Por su parte uno de los agentes que se señala como presunto secuestrado, no menciona ni identifica a la señora.

Ante esta situación, la organización de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez asumió la defensa de la mujer de 42 años.

La demanda es muy clara, dar pasos concretos para resolver el caso de Jacinta, pero también las deficiencias estructurales que tiene este sistema de justicia y cesar ya con el uso faccioso que de él se hace para enfrentar este tipo de situaciones tan lamentables, comentó Luis Arriaga.

Es importante resaltar que dicha organización no pretende reducir la sentencia de la indígena, ni lograr su libertad bajo fianza, ya que pagarla significaría aceptar los cargos que se le imputan.

No hemos pagado la multa porque estamos inconformes con esta sentencia, por lo que hemos asumido su defensa e interpuesto la apelación... Este delito nunca se configuró y por lo tanto no tiene porque reducir la pena, tiene que ser absuelta, declaró Arriaga Velenzuela.

CentroProdh lleva a cabo una campaña en apoyo a la defensa de la inocencia de Jacinta, que consiste en enviar una carta modelo al Magistrado del Tribunal Unitario Hanz Eduardo López Muñoz, para que tome en cuenta los argumentos presentados por la organización. Para ser parte de este movimiento puede consultar la página web: www.centroprodh.org.mx.


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Yo soy Atenco


Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
12 de marzo de 2009
El Universal

Es un crimen de Estado. Y no hablo sólo de la muerte de los jóvenes Javier Cortés Santiago y Ollin Alexis Benhumea a manos de los policías en mayo de 2006. Ni siquiera de los allanamientos ilegales, las persecuciones perrunas hasta las azoteas, las golpizas profesionales y luego las vejaciones a los hombres y las violaciones a las mujeres. Me refiero, sobre todo, a los 13 presos políticos de Atenco que están sufriendo penas de 32, 67 y hasta 112 años de prisión.

Ni los más repugnantes asesinos, ni los despiadados secuestradores mochaorejas, ni los narcotraficantes envenenadores de cuerpos y almas, ni los más voraces estafadores de cuello blanco. Nadie en este país ha recibido condenas más brutales, más inhumanas: Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández, Héctor Galindo Gochicoa, Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero, Pedro Reyes Flores, Alejandro Pilón Zacate, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinoza Ramos, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Édgar Eduardo Morales, Óscar Hernández Pacheco y Narciso Arellano Hernández no son una estadística o un número: se trata de seres humanos sometidos a un castigo peor que la muerte; aun el más joven de ellos habrá de pasar 30 o 60 años encerrado el resto de su existencia; a otros no les alcanzará la vida para pagar una pena no sólo cruel, sino absolutamente injusta. Impuesta, desde el poder, para pagar por tres pecados imperdonables para los regímenes represores: ser pobre, ser indígena y alzar la voz frente a las injusticias.

Por eso Atenco es un punto de quiebre para el país. Si permitimos esta infamia, renunciaremos a las libertades que tanta sangre nos han costado en el pasado. Y viviremos de rodillas en el futuro.

Porque, hay que decirlo con todas sus letras, los de Atenco han sido condenados no por haber cometido delito alguno sino por haberse opuesto a la construcción del nuevo aeropuerto en 2001. Se negaron a entregar su territorio y a desaparecer como comunidad con siglos de historia. El problema es que les tumbaron el gran negocio a los corruptos de Fox y Montiel, que respondieron como mercachifles afectados, con un rencor que todavía no se acaba.

Así que el Estado se equivocó al optar por la violencia ante una problemática eminentemente social que gestó el Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra. Una vez más los gobiernos federal y estatal se decidieron por la misma y cavernaria respuesta de quienes tienen la fuerza, mas no la razón: la criminalización de la protesta social. Como si este no fuera un derecho constitucional a la vez que instrumento fundamental para oponerse pacífica, pero decididamente, a los abusos de los poderes temporales que intentan aplastar los valores universales.

Un dato importante es que uno de los perseguidos y exiliados de Atenco, Bernardino Cruz Cardona, acaba de ganar un amparo que le ha permitido regresar a su pueblo sin la amenaza de ser aprehendido. Sin duda un referente legal que lo exonera del delito de “secuestro equiparado”, el mismo por el que están acusados los presos de Atenco. El caso es que se ha formado el Comité Libertad y Justicia para Atenco que reúne a un connotado grupo de intelectuales, artistas, activistas y organismos civiles que pugnan por la libertad de los 13 presos políticos de Atenco. Los gobiernos volverán a equivocarse si menosprecian este indignado esfuerzo.

Por cierto, a riesgo de ser ingenuo, si Calderón y Peña Nieto aspiran de verdad a la grandeza debían decidir a conciencia y retirar los cargos. Sería una luz en medio de la tormenta. Sí, sí, ya dije que soy ingenuo.

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lunes, febrero 02, 2009

Mano dura Bernardo Bátiz

Foto: Cesar Huerta/Extensión Medios

Bernardo Bátiz V.
jusbbv@hotmail.com

La Jornada

Hace ya varios meses, en un debate que tuvo lugar sobre la llamada reforma judicial, en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), uno de los defensores de los proyectos que estaban ya circulando en las cámaras dijo, en defensa de la posición oficialista y en un arranque de sinceridad, que en realidad lo que pretendían era “mano dura”.

Se hablaba por supuesto de los juicios orales, de la transparencia y de la sustitución de los procesos inquisitorios por procesos controversiales en los que cada parte se encuentre en igualdad de situaciones, derechos y recursos frente a un juez imparcial; las objeciones que hacíamos entonces siguen siendo válidas para la oralidad no se necesitaba reforma constitucional, los juicios en buena medida ya eran orales en los careos, en las audiencias, en los interrogatorios a testigos y comparecencias de peritos; los juicios ya son controversiales desde las reformas impulsadas por Carranza en la Constitución de 1917, lo único que faltaba era experimentar a fondo el procedimiento y limpiarlo de corruptelas e ineptitudes.

Señalábamos también que lo que se buscaba en el fondo era justificar la “mano dura”, como se aceptó expresamente, dándoles como se hizo al reformar el artículo 21 constitucional, más facultades y fuerza a las policías, restándoselas en la misma proporción a la institución del Ministerio Público. El nuevo texto del artículo 21 constitucional equipara en cuanto a la posibilidad de investigar delitos a la policía con el Ministerio Público y estamos viviendo ya las consecuencias de esa apertura no bien meditada, apresurada y justificada en apariencia por el aumento de los delitos violentos y por la campaña, que tendrá que explicarse un día, tendiente a meter miedo a la población.

Se multiplican los cateos ordenados por jueces especializados, algunas veces, otras sin orden especial; los retenes se vuelven cotidianos y no es remoto que se dispare a quienes consciente o inconscientemente los desobedecen, pensando quizá que las garantías individuales siguen vigentes; la Universidad Autónoma Metropolitana, sus alumnos y profesores reclaman en un desplegado la muerte del joven investigador y estudiante Luis Eduardo Cisneros, detenido indebidamente por policías de Chalco, golpeado y robado por ellos, a quienes denunció ante el Ministerio Público.

Su denuncia, en lugar de haber sido el detonante de un proceso para sancionar a los policías arbitrarios, fue el inicio de un calvario para el joven universitario y su familia; recibió amenazas, tuvo que abandonar la averiguación previa, pero, a pesar de todo, finalmente fue secuestrado de nueva cuenta y durante varias semanas no se supo de él hasta que apareció su cadáver en el Semefo del municipio de Chalco, con múltiples contusiones y signos de violencia.

Los culpables son sin duda los policías que actuaron directamente en los dos atropellos al universitario, pero también lo son los funcionarios que no actuaron con imparcialidad y eficacia ante la primera denuncia, así como quienes durante 15 días conservaron el cuerpo del joven en la gaveta del servicio forense, sin dar aviso a la familia, sin colaborar con quienes buscaban a un hijo y en franca complicidad con quienes cometieron inicialmente los delitos, pero, además, dando muestras de una insensibilidad total, falta de humanidad y una carencia de ética inaceptable en un servidor público.

Otros excesos de los que nos enteramos por noticias recientes de los medios de comunicación son los verdaderos saqueos que se cometieron al catear las propiedades del defenestrado Mariano Herrán Salvatti y la muerte de un campesino en Guanajuato durante el interrogatorio y tortura a que fue sometido por los policías que investigaban un robo de ganado.

Siempre han existido, lamentablemente, abusos policiacos; sin embargo, estamos viviendo un incremento de casos en los que no sólo se produce el atropello, sino que se trata de ocultar y proteger a quienes lo cometen; estamos ante la presencia de los que los entusiasmados reformadores buscaban: “mano dura”, con objeto de dar la impresión de mayor seguridad a la población, pero con el costoso pago de la violación sistemática a los derechos humanos. La verdad es que, en efecto, queremos seguridad y justicia, pero no a ese costo.



::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2008::

martes, enero 20, 2009

NUEVO ATENTADO CONTRA EL DEFENSOR AMBIENTALISTA RAUL MUÑOZ Y EL COMITÉ CIUDADANO DE DEFENSA AMBIENTAL DE EL SALTO JALISCO, MÉXICO

Foto de Archivo Cesar Huerta/Extensión Medios


La madrugada del sábado 17 de enero un grupo de personas se introdujo a robar a las modestas oficinas del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto, que preside Raúl Muñoz, para llevarse diversos objetos de esa casa que servía como oficinas de la organización.

Raúl Muñoz dijo que al llegar al lugar y verlo saqueado dio parte a la unidad policíaca del lugar, quienes al saber quién era, lejos de enviar una patrulla para verificar el robo, le recomendaron que fuera en esos momentos al ministerio público; lo que hizo, pero por cierto estaba cerrado, pues el fiscal sólo labora de lunes a viernes, hecho que ya sabían los propios policías pero no le informaron.

Fue hasta este lunes 19 de enero que dio parte al ministerio público, y que reportó que se llevaron la sala, un comedor con sillas, estufa y diversos objetos, todo ello estimado en más de siete mil pesos.

Raul Muñoz, quien lleva un proceso que criminaliza su causa, dijo que el hecho le preocupa por considerar que apenas hace unos días se había conformado un comité de damnificados de las inundaciones de la Azucena, y que era notoria la asistencia de personas a las reuniones que podrían considerarse infiltradas.

El ministerio público le dijo que acudiera en los próximas días a ratificar la denuncia para que le den el número de averiguación previa.
El Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo AC externa su profunda preocupación por la seguridad de Raúl Muñóz y todos los miembros del Comité de Defensa Ambiental del Salto, organización que se ha destacado por su combatibidad y su compromiso con la salud y los derechos de los ciudadanos no solo de La Azucena y Jardines del Castillo sino por todos los pobladores de EL Municipio del Salto quienes sufren las consecuencias de los altos niveles de contaminación de las aguas del rio Santiago y la negligencia y corrupción de las autiridades municipales, estatales y federales.
Responsable del comunidado
Arcadia Lara
Comisión de Comunicación y enlace


::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2008::

jueves, diciembre 11, 2008

Se agudiza la criminalización de la protesta social, advierten ONG

Irresponsable, que los ciudadanos no actúen, aseguran

Las organizaciones civiles y no gubernamentales que asistieron el día de ayer al foro “Participar no es delito” coincidieron en que el panorama de criminalización de la protesta ciudadana se recrudece preocupantemente en el país y en el estado.

Durante el foro se intentó demostrar cuál es la estrategia utilizada en Jalisco para reprimir y se recordaron casos concretos, como los de Raúl Muñoz, de El Salto, y Ludger Kellner, de Jardines del Sol, quienes padecieron la persecución de las autoridades tras hacer denuncias ciudadanas (al primero le sembraron mariguana, el segundo fue acosado por el Instituto Nacional de Migración).

Durante una de las mesas de participación, Jorge Regalado, académico de la Universidad de Guadalajara, habló sobre la necesidad de que los movimientos organizados desde la propia sociedad civil dejen de entrar en el ritmo y la lógica que impone la clases política para poder articularse.

Por su parte, Carlos Páez, representante de la recién integrada Plataforma 39, que aglutina a seis organizaciones (Congreso Ciudadano, Parlamento de Colonias, Un Salto de Vida, Imdec, Cepad y Ciudad para todos), indicó que se requiere de la participación ciudadana para que la democracia tenga un verdadero valor, pues “es irresponsable no hacer nada”.

Sin embargo, señaló que ante el panorama de represión de la protesta ciudadana que se percibe, es necesario que los medios “entiendan que la represión no es normal” y cuiden a los ciudadanos.

A nombre de la Plataforma exigió que la Secretaría General de Gobierno les conceda una audiencia para comenzar a planear una agenda ciudadana.

De la misma forma, dijo que, en el contexto de la represión a la participación ciudadana, serán las autoridades las responsables de lo que le pueda ocurrir a cualquiera de los luchadores sociales del estado.

Cuestionado sobre la intención de reunirse con el secretario de Gobierno, Páez señaló que reconocen a la autoridad como tal porque no son ni políticos ni revolucionarios, por lo que su intención es tender puentes.

Asimismo, Gerardo Moya, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, indicó que la autoridad tiene obligación de escuchar a los ciudadanos, aunque reconoció que la represión de la protesta social es una “política de Estado” en México.

FUENTE La Jornada Jalisco


::::Este Vídeo contiene escenas que muestra con mejor detalle la represión policiaca que sucedió en la ciudad de Guadalajara::::
Represion policiaca que se llevó a cabo en el centro de la ciudad de Guadalajara la noche del 08 de dic del 2007, varias organizaciones civiles pretendían llevar a cabo un plantón para juzgar a las autoridades gubernamentales del estado y la nacion... Fueron despojados de sus pertenencias por elementos de seguridad pública. ::::::


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sábado, septiembre 13, 2008

Protestan por "cargos falsos" de drogas Exigen a alcalde de El Salto apoyar a activista

Joel González ofrece recibir peticiones por escrito y presentarlas a los regidores.

El presidente municipal de El Salto se comprometió con los manifestantes a apoyar su causa. Foto: Público



13-Septiembre-08



Manifestantes y vecinos se reunieron frente a la presidencia de El Salto para exigirle al alcalde Joel González “el inmediato desistimiento de los agentes policiacos que obraron con predeterminación y declararon de manera falsa” contra el activista Raúl Muñoz Delgadillo, detenido por presunta posesión de mariguana. Los quejosos aseguran que la acusación es falsa y que fue inculpado por alguien de alto nivel, interesado en que abandone su defensa de los habitantes de La Azucena, afectada por la contaminación del río Santiago y donde vivía el niño que murió intoxicado con arsénico, Miguel Ángel López Rocha.

Raúl Muñoz declaró a Público que su intención es confrontar a los policías: “Quisiera tenerlos de frente, que me miren a los ojos y sostengan esa acusación”, y acerca de quien lo inculpó, dijo: “Si el presidente municipal no es culpable, que se deslinde públicamente, para nosotros buscar en otro nivel de gobierno”.

Dijo sentirse extrañado de la respuesta del gobierno municipal: “Al que sí estábamos cuestionando fuerte, y eso sí lo acepto, es a Salud, al gobierno del estado, al gobierno federal [...] El gobierno municipal me extraña por qué se prestó, o tiene compromisos... Yo me pregunto si el PRI está dispuesto a perder el municipio [...] y Joel González Díaz va a perder su candidatura a la diputación federal que él espera”.

Ante la manifestación, el alcalde accedió a recibir a una comisión para escuchar las demandas en voz de Julio César Aldana, consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ). Primero se negó a ofrecer apoyo: “No soy la instancia en la cual esté en mis manos un procedimiento del fuero federal [...] Yo no puedo desistir de algo que puede inducir a que seamos responsables”.

Pero luego se comprometió a dar seguimiento a la situación si le presentan las peticiones por escrito. Ofreció que discutiría con el cabildo de El Salto la propuesta de enviar a dependencias federales los resultados de una consulta popular que avalen la calidad moral del activista.

Protestas

Enrique Ibarra Pedroza
Ex candidato a gobernador por el PRD

Tengo la convicción de que es inocente [...] Yo creo que han de haber sido intereses mezquinos de perturbar la vida normal de Raúl para impedirle que haga su lucha social

Agustín Galindo
Activista


Eso nos puede pasar a todos. Yo estoy en peligro, mi compañero que está aquí, el periodista está en peligro [...] porque ya no puedes llegar a hacer un reclamo porque te siembran un delito

Graciela González
Integrante de Un Salto de Vida, AC


Creemos que no es una iniciativa municipal [...] porque son muchas cosas las que están en juego [...] La Secretaría de Salud debería tener un papel más responsable con los ciudadanos para que se evite esta clase de conflictos, que ellos [SSJ] pudieran estar justificando para tomar represalias

No hubo orden: jefe policiaco

El director de Seguridad Pública de El Salto, Eric Alvar García Hernández, aseguró que la detención de Raúl Muñoz Delgadillo no fue una orden de ningún funcionario público: “En ningún momento hemos recibido una orden de Ecología, de ningún director, del presidente tampoco, de algún regidor tampoco [...] No se recibió ninguna orden ni nada, fue un trabajo solamente de los elementos y hasta ahí”.

No obstante lo anterior, el jefe policiaco dejó claro que no mete las manos al fuego por ningún elemento de su corporación y que, si los agentes acusados resultan culpables de mala actuación, serán castigados.

Lo que sí hizo fue aludir a rumores sobre la culpabilidad del activista: “Es cierto también que por ahí hay gentes que lo conocen, así me lo expresaron, que el señor sí, incluso, no sé si aún es adicto, o era, o fue en su momento adicto a alguna droga, me lo manifestaron: ‘El día que quiera yo se lo digo en su cara, es mi vecino tantos años y yo lo conozco’”.

Tal declaración no le quitó el énfasis a la autonomía de las acciones de los policías: “Se tiene el control sobre los elementos, mas no la responsabilidad de lo que hagan cada uno en su trabajo”. En resumen, García sostuvo que si se llegara a determinar la inocencia del activista, los policías tendrán que enfrentar las consecuencias por sí solos.

Raúl Muñoz se reunirá con los policías que lo detuvieron el 23 de septiembre y, a decir de él, desea que esta vez sí se presenten para que lo confronten directamente: “Espero que ellos puedan sostener esas mentiras”.


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