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miércoles, enero 28, 2009

Emite CEDHJ macrorrecomendación por la contaminación del río Santiago

Las autoridades no han hecho nada para solucionar el problema, señala entre sus conclusiones

Llama al Ejecutivo a solicitar a Segob la declaratoria de emergencia ambiental en El Salto y Juanacatlán


El ombudsman estatal, Felipe de Jesús Alvarez, en rueda de prensa Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

JORGE COVARRUBIAS

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió una amplia recomendación, con 172 puntos recomendatorios y 36 exhortaciones, dirigida a funcionarios públicos de todos los niveles y poderes, tanto municipales como estatales, federales, judiciales, así como empresarios, universidades y sectores de la sociedad civil.

No obstante, el legajo de más de 200 páginas no menciona el caso del niño Miguel Angel López Rocha, quien falleció de una intoxicación por arsénico al caer en las aguas del río Santiago.

El tercer visitador del organismo, Alfonso Gutiérrez Barrón, señaló que desde el año pasado la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional tiene bajo su cargo el caso del menor.

En cada una de sus conclusiones, la CEDHJ indicó que las autoridades no han hecho nada para remediar el problema de la contaminación del río Santiago, por lo que han sido omisos en el cumplimiento del Informe Especial que el organismo emitió en febrero del año pasado, en que se sugiere al gobierno del estado declarar la cuenca del afluente como zona de emergencia ambiental.

“Después de haber analizado las 94 evidencias recabadas y los informes rendidos por las autoridades, esta Comisión concluye que se comprobó la violación de los derechos humanos a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; al agua, a la salud, a la alimentación, al patrimonio, a la legalidad, a la seguridad social, al trabajo y a la vivienda digna; además de la afectación a los derechos de niñas y niños”, dijo el ombudsman Felipe de Jesús Alvarez Cibrián en conferencia de prensa.

La CEDHJ refiere que se solicitó a las autoridades de El Salto y Juanacatlán que vigilaran e inspeccionaran que en sus drenajes no vertieran aguas residuales de procesos industriales, agrícolas y ganaderos sin tratamiento y que, de ser necesario, se suscribiera un convenio con la CEA, pero ambas autoridades se negaron a aceptarla.

Caso específico: el presidente municipal de El Salto, Joel González, aseguró no haber sido omiso en la inspección recomendada por la CEDHJ, pero se negó a entregar copias certificadas de esas acciones.

“En los archivos del Ayuntamiento se encuentran registrados 6 mil 161 giros comerciales y de servicios, pero la autoridad no ha acreditado ante la Comisión haber tenido la capacidad para identificar y sancionar vertimientos irregulares”, señala el documento.

De igual manera, se hace patente que no hubo planeación en los desarrollos habitacionales y que éstos se realizaron sin estudios de impacto ambiental, la mayoría de ellos en la cuenca hidrológica de El Ahogado, por lo que la Comisión concluye que todo lo que ocurra en ese territorio afecta el equilibrio ecológico y la salud del río Santiago.

Como dato se menciona que en Tlajomulco, de 1973 a mayo de 2008, se autorizó la construcción de 343 fraccionamientos y sólo en 59 se realizaron estudios de impacto ambiental. En el mismo periodo, pero en el municipio de Tlaquepaque, se autorizaron 223 desarrollos y sólo 19 contaron con el estudio correspondiente.

La Comisión encontró también que en el municipio de Tonalá el vertedero de Los Laureles, que opera la concesionaria Caabsa Eagle, tiene graves deficiencias que contribuyen a la contaminación del Santiago. Para empezar, señala el documento, carece de drenaje pluvial, las fosas de contención de lixiviados no están impermeabilizadas lo que provoca que el lixiviado se infiltre al subsuelo, contamine tierras y agua subterránea y escurra libremente por los cauces naturales hasta llegar al afluente.

Las recomendaciones

Después de señalar la deficiencia en el diseño y ejecución de planes y programas en materia ambiental, la CEDHJ determinó recomendar al gobernador del estado, Emilio González Márquez, una serie de medidas, entre la que destaca la creación de un patronato para la reparación de daños a las víctimas por la pérdida o deterioro de sus bienes muebles, inmuebles, salud, educación, trabajo, actividades laborales, culturales y turísticas, y el diseño de un programa de atención médica, becas escolares, capacitación para el trabajo, equipamiento urbano, dotación de servicios y apoyo a la vivienda.

Entre otras cosas, la Comisión pide al mandatario que elabore un inventario minucioso de recursos naturales en el estado. Que se pongan en operación inmediata las plantas necesarias para tratar el líquido que fluye hacia el río Santiago y se actualicen los estudios de impacto ambiental de las macroplantas de El Ahogado y Agua Prieta. Que se solicite de inmediato a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia ambiental en los municipios de El Salto y Juanacatlán para la utilización del fondo revolvente respectivo.

Hacer un inventario de las industrias establecidas en el Cuenca del Ahogado y el Alto Santiago, así como de los fraccionamientos y propietarios que vierten al río sus desechos. Enviar al Congreso del Estado una iniciativa de ley para que los nuevos centros de población cuenten con la infraestructura hidráulica para el tratamiento de sus aguas. Elaborar el capítulo ambiental del Plan Estatal de Desarrollo con proyección a 50 años. Proponer una reforma que dote de personalidad y autonomía jurídica a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. Analizar todos los cultivos y suelos que son regados con aguas del Santiago y del canal de El Ahogado para garantizar el derecho al trabajo de los agricultores.

Reubicar todas las escuelas que se localizan en las inmediaciones del lugar conocido como El Salto de Juanacatlán y realizar estudios epidemiológicos y psicológicos a los pobladores de ambos municipios.

A los ayuntamientos que menciona les recomienda la cancelación de permisos de construcción y habitabilidad que pretenden instalarse en los márgenes del río Santiago.

A los senadores y diputados federales por Jalisco les pide que asignen recursos económicos para atender la contaminación y que fortalezcan la legislación en materia ambiental, así como incrementar el número de inspectores para garantizar de manera amplia una adecuada vigilancia de las descargas.

Al Poder Judicial le sugiere la creación de un tribunal de justicia especializado en materia de asuntos ambientales y finalmente, a las universidades y empresarios se les exhorta al diseño de programas académicos para la formación integral de gestores ambientales y la elaboración de un informe que explique sus procesos productivos y su interacción con el medio ambiente respectivamente.

Inobjetable incremento de enfermedades

Alvarez Cibrián expuso que si bien no se ha acreditado la causa-efecto de las enfermedades que presentan los habitantes de las cabeceras municipales de El Salto y Juanacatlán, resulta evidente el daño a la salud de todas las personas que de forma o de manera directa tienen contacto con las aguas del río Santiago, sus afluentes y efluentes, hasta su desembocadura en el Océano Pacífico: “afectaciones que van desde enfermedades de las vías respiratorias y gastrointestinales hasta las crónicas”.

Las copias certificadas de las actas de defunción que obtuvo la CEDHJ revelan que se muestra un incremento en los fallecimientos por cáncer ocurridos entre 1978 y 2008 de hasta 179 por ciento; en el caso de insuficiencia renal, 317 por ciento; diabetes mellitus, 700 por ciento, y por afecciones cardiacas, mil 100 por ciento.

El personal del organismo entrevistó a 97 personas que tienen más de 40 años de vivir en las colonias aledañas a la presa derivadora de El Salto-Juanacatlán. Los resultados destacan que las enfermedades y síntomas que con más frecuencia padecen son: dolor de garganta, con 24 por ciento; 13 por ciento indicó tener gripe, 11 por ciento irritación de los ojos, 10 por ciento asma, 10 por ciento tos, y otro 10 por ciento afecciones en la piel.

El ombudsman recordó que la Secretaría de Salud ya había sido apercibida por este motivo; sin embargo, la dependencia ha respondido que la ley no le impone el deber de supervisar la calidad del agua y evaluar las condiciones de salud de la población.

Con ello, dice el titular de la CEDHJ, la Secretaría de Salud renuncia de manera expresa al deber de fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan prevenir las enfermedades y por ende, muchas personas pueden estar con padecimientos derivados de la contaminación del río Santiago y no saberlo porque la dependencia se niega a analizar el problema.

Por lo anterior, recomienda a la Secretaría efectuar un estudio epidemiológico con la Cofepris para determinar si las enfermedades son producto de la contaminación.

La Comisión notificó ayer mismo a las autoridades que tienen diez días naturales para que digan si aceptan la recomendación. En caso afirmativo, deberán emitir informes trimestrales al organismo.


::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2008::

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