Todo el mundo quiere que se haga la voluntad de Dios en la milpa de su compadre. Dicho de otra manera, nadie quiere sequía en su milpita, y si para eso ha de granizar en la parcela del vecino, pues ni modo. Eso es exactamente lo que sucede con la construcción de una presa. Los beneficiarios están felices, pero los afectados por supuesto que defienden su propiedad como gatos boca arriba. No hay nada extraño ni novedoso. Lo extraño es que traten a los habitantes del pueblo a desaparecer como si fueran delincuentes.
Tiene razón el director de la Comisión Nacional del Agua, Jose Luis Luege Tamargo, al decir que la presa no tiene vuelta atrás. Se requiere para darle agua a León y Guadalajara (eso sí, 70 para la tierra de Fox y 30 pa los de Acámbaro). Hay claramente un interés público, es un asunto estudiado, resuelto y arrancado. No es una idea peregrina ni algo que se le ocurrió a alguien en un café. Pero, si es un asunto “emblemático y estratégico” como dice el director de la CNA, extraña que no cuiden la relación con los afectados. Muchos de los grandes proyectos fracasan o se enfrascan porque se les dedica una gran cantidad de esfuerzo y dinero a los estudios técnicos pero no a los estudios sociopolíticos y a la comunicación con los afectados. Es el síndrome de Atenco. Es obvio que la construcción de una gran obra, la que sea, deja damnificados y que éstos, que tendrán que sacrificar algo, aunque sea su tranquilidad, en aras del bien común, deben ser compensados por la sociedad beneficiada. ¿Cuánto es lo justo? Ése es siempre el tema delicado, pues desde la perspectiva del afectado todo será poco y desde la perspectiva del que tiene que pagar cualquier cosa será mucho. Hay una medida sencilla: hay que asegurar que los afectados resulten los principales beneficiados.
No sorprende que los habitantes de Temaca, con su cura a la cabeza, estén defendiendo hasta donde puedan su posición. Lo que sorprende es que representantes gubernamentales se quejen de que el cura está grillando o que los habitantes del pueblo se organizan para defenderse. El ejercicio es muy sencillo. Si los funcionarios públicos imaginaran por un momento que les exigen que desalojen su casa porque por ahí va a pasar una calle que va a beneficiar a otros, ¿cómo reaccionarían? El problema se va a resolver más fácil si quienes negocian lo hacen tratando de entender a los afectados y no desde el pedestal del poder en el que están sentados aplicando las leyes, en la milpa del compadre.
diego.petersen@milenio.com::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2008::
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