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domingo, enero 11, 2009

¿Cuánto cuesta un pueblo?

"Llévense toda el agua del Río Verde si quieren, pero sin inundar nuestros pueblos. Temacapulín no está en venta. Nuestra dignidad tampoco".

¿Cuánto cuesta un pueblo?
Mónica Pérez Taylor
10 Ene. 09
MURAL

Poco antes de las fiestas navideñas, el ingeniero César Coll, titular de la Comisión Estatal del Agua, dio el ultimátum a los pobladores de Temacapulín: o venden, o aceptan la reubicación a un pedernal 800 metros arriba, o los expropiamos. Para Coll, este pueblo con 15 siglos de existencia, sus vestigios, la Basílica, sus tierras cultivables y aguas termales, la altísima calidad de vida, el ecosistema y los derechos humanos de sus pobladores vale 30 millones de pesos. Los temacapulinenses se carcajearon del ofrecimiento.

Hoy vencía el plazo fatal y se darían por terminadas las "negociaciones" con los propietarios, de los cuales sólo dos vendieron y tres aceptaron reubicarse, de 320 propiedades, para lo cual ya se erogaron 5 millones 300 mil pesos. Y ante el rotundo fracaso, Coll agrega que esa cantidad era sólo para una primera parte de los tratos, o sea, que sí había más dinero, pero era a ver si pegaba. Tan sólo el hotel, casi nuevo, está valuado en 20 millones de pesos y uno de los varios balnearios, en otro tanto.

No puede ser de ese tamaño el sacrificio que se les exige a los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo para llevar agua a León, Guanajuato y a otros Municipios de Los Altos, cuando la construcción y operación de la concesión de la presa representa un negocio de cientos de millones de pesos, a 20 años, para una única empresa. Los industriales en León se preguntan cuánto pagarán por el agua trasvasada y si dejarían de ser competitivos. He notado que, ante cada cuestionamiento crítico, se le agregan más cualidades al proyecto que antes no se mencionaban, como que el agua será potable. Lo mismo se cuestionan en León si hay estudios que comprueben la potabilidad de las aguas contaminadas y el costo de una planta tratadora y su mantenimiento.

El problema de fondo en Temacapulín es que las "negociaciones" jamás existieron, pues Coll llegó a imponer un proyecto decidido de antemano para cumplir con Calderón, Fox y con José Luis Luege Tamargo, director de la Conagua, quien regentea el agua de la Nación para los grandes productores agropecuarios e industriales. También de las trasnacionales, con intereses muy fuertes en nuestro principal recurso natural y en el campo.

Personal de la CEA llegó a informar a los pobladores que la Presa El Zapotillo "es un hecho" y que "nadie la para". Las alternativas -reubicar la cortina, disminuir la altura y salvar los pueblos- no importaron. La Ley de Aguas Nacionales habla de la obligación de tomar en cuenta la opinión ciudadana en los grandes proyectos de infraestructura, lo que hasta ahora no se ha hecho valer. Informar no es lo mismo que abrir el debate a la participación ciudadana. Aquí nunca se negoció nada. ¿Se deberá reponer el proceso?

Da miedo pensar, ante la sólida resistencia, que el Estado llegue a utilizar la violencia represiva. Ya dependerá de la cabal comprensión por parte de la sociedad el significado de la violencia y saber ponerse del lado correcto. Porque no se trata de defender un pedazo de río o unos pueblos que desparecerían bajo el agua. Ni de "oponerse al progreso". Se trata de defender el derecho humano al agua y frenar los excesos de funcionarios que sirven a intereses ajenos a la mayoría de los mexicanos.

Se trata de detener este tipo de proyectos depredadores, que desplazan poblaciones humanas y destruyen culturas, y de no arriesgar los millonarios presupuestos en manos de cleptotecnócratas que nunca aciertan a resolver nada.

La oposición a la construcción de la presa en El Zapotillo es casi unánime, como pudo constatar el Ombudsman jalisciense en reciente visita a Temacapulín. Se le entregaron 182 quejas ciudadanas contra el Gobierno del Estado y la CEA que, junto a las anteriores, suman 282, además de escuchar las historias de hostigamientos y amenazas que han sufrido estas personas que defienden con la más alta dignidad su derecho a seguir viviendo en paz.

Álvarez Cibrián indicó que solicitará medidas cautelares para hacer efectiva la participación ciudadana, y lo más seguro es que se envíen todas estas quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que tanto Coll como el Gobernador González Márquez no aceptaron una anterior recomendación, argumentando que se trata de un proyecto federal. Y lo es, pero se esperaba que ellos protegieran los intereses de los jaliscienses y no que hicieran el trabajo sucio para facilitar los negociazos de políticos y sus socios, lucrando con nuestra agua y comprometiendo nuestro futuro.

La gente de Temaca, por ahora, finca su esperanza en la CEDHJ y ojalá no los defraude. Esto atañe, o debería, a la sociedad en su conjunto.

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