Opinión - Carlos Gonzalez

Manantlán: las razones de un descontento indígena

Jornada Jalisco

Maniestación en favor de Margarita Rodríguez Camarena, quien fue acusada de asesinar a su esposo. Fue absuelta por la justicia al no encontrar pruebas que la acreditaran como culpable, pero su cuñado pretende reabrir el caso
Lupa
Maniestación en favor de Margarita Rodríguez Camarena, quien fue acusada de asesinar a su esposo. Fue absuelta por la justicia al no encontrar pruebas que la acreditaran como culpable, pero su cuñado pretende reabrir el caso Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

La creciente oposición de las comunidades indígenas de Ayotitlán y Cuzalapa, ambas enclavadas en la Sierra de Manantlán, en torno al hecho de que la Universidad de Guadalajara tenga en comodato el predio de mil doscientas cuarenta y cinco hectáreas en que se encuentra la estación científica de Las Joyas, localizada en una de las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán (RBSM), no puede explicarse aplicando los argumentos simplones del rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño, en el sentido de que las comunidades estarían siendo engañadas y manipuladas por una persona.

Por el contrario, las comunidades nahuas de Ayotitlán y Cuzalapa cargan un pesado rosario de agravios cometidos en su contra que explican las razones del descontento indígena. En el caso concreto de la RBSM y el predio Las Joyas tres razones fundamentales alimentan la oposición campesina:

1. Antiguamente la totalidad de las tierras que integran la actual RBSM pertenecieron, bajo el régimen comunal, a las comunidades indígenas que en forma milenaria han poblado esa región. Mediante disposiciones legales contrarias a la propiedad comunal indígena, actos arbitrarios de las autoridades en turno y crudos despojos cometidos principalmente por las empresas madereras a lo largo de los siglos XIX y XX, comunidades como Ayotitlán fueron perdiendo la mayoría de sus tierras.

Los atracos arriba referidos se consumaron el veintiocho de agosto de mil novecientos sesenta y tres, cuando el Presidente de la República dictó la resolución agraria que dotó al ejido de Ayotitlán con una superficie de 50 332-50-00 hectáreas, anulando de manera ilegal el régimen comunal al que pertenecían las tierras de dicha comunidad con el propósito de cancelar sus reclamaciones históricas. Finalmente el despojo cometido en contra de Ayotitlán se acrecentó y del total de las tierras que le fueron “dotadas” únicamente se hizo la entrega física de una superficie de 34 700-00-00 hectáreas.

El predio de Las Joyas se localiza en la colindancia de las comunidades indígenas de Ayotitlán y Cuzalapa, su propiedad primordial corresponde, sin lugar a dudas, a estos núcleos agrarios, quienes en tiempos anteriores habrían sido despojados de dicho predio para dar paso a la irregular formación de la “pequeña propiedad” en tierras de origen comunal.

En síntesis podemos decir que el predio de Las Joyas y la mayor parte de la RBSM se localizan en el territorio ancestral de las comunidades nahuas de Manantlán, por consiguiente su oposición a un acto que perpetúa el despojo de sus tierras y que, sobre todo, pretende realizarse a sus espaldas, es perfectamente explicable.

2. La estación científica de Las Joyas y la propia dirección de la RBSM siempre han sido administradas en forma poco transparente y excluyendo a las comunidades indígenas y campesinas de la toma de decisiones y del manejo de los recursos financieros. En 1984 el gobierno del estado de Jalisco adquirió 1200 hectáreas del predio Las Joyas, mismas que por solicitud de la Universidad de Guadalajara declaró área natural protegida; posteriormente en 1985 la Universidad de Guadalajara creó el Laboratorio Natural Las Joyas, después Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (IMECBIO), en 200 hectáreas del predio adquirido por el gobierno del estado que fueron otorgadas en comodato a la Universidad. Según el decir de investigadores y dirigentes indígenas, desde 1987 hasta el día de hoy tres investigadores universitarios (Enrique Jardel, Eduardo Santana y Sergio Graf Montero) han procurado el control del IMECBIO y de la RBSM, incluidos los cuantiosos recursos que llegan del extranjero.

En 2002 Jardel, Santana y Graf constituyeron la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente A. C. (MABIO), sin el conocimiento de los integrantes del IMECBIO, con la aparente finalidad de controlar la gestión de la Reserva y gestionar financiamiento para proyectos operados exclusivamente por ellos.

Sergio Graf fue director de la RBSM desde 1994, año en que se creó dicho cargo, hasta 2002. Después de dicha fecha MABIO, según lo manifestado a este articulista por diversos representantes indígenas, ha tratado de controlar a los directores en turno de la RBSM, habiendo promovido la remoción de dos directores, Martín Gómez García y Alejandra Rodríguez Gómez, por no cuadrar a sus intereses, pues, incluso el primero de ellos denunció ante el Órgano de Control Interno y Fiscalización de la SEMARNAT los malos manejos financieros y administrativos realizados en años anteriores al seno de la dirección de la RBSM.

Vistos los antecedentes arriba descritos el recelo de las comunidades indígenas no podría ser menor.

3. Adicionalmente parece ser que la Universidad de Guadalajara ha suscrito diversos convenios, a espaldas de las comunidades indígenas de Manantlán, con la trasnacional Monsanto, empresa empeñada en la siembra extensiva de maíces transgénicos en nuestro país y sobre la que pesan sospechas y acusaciones de que ha contaminado nuestros maíces criollos con semillas transgénicas.

Los convenios señalados tendrían, entre otros fines, poner en manos de Monsanto información de primer orden sobre el teocinte perenne (zea diploperennis) que es endémico de la Sierra de Manantlán y cuyo descubrimiento dio lugar a la creación de la RBSM.

Curiosamente, hace unos días el IMECBIO mostró a la opinión pública y a La Jornada Jalisco un convenio suscrito en 2001 con Monsanto que nada tiene que ver con las investigaciones del teocinte perenne; sin embargo, los investigadores que mostraron el convenio no dijeron nada sobre los estudios del teocinte financiados por Monsanto y dirigidos por Roberto Miranda Medrano, quien funge o habría fungido como jefe del Departamento de Producción Agrícola del Centro Universitario de la Costa Sur, situación que fue denunciada por la investigadora Silvia Ribeiro en La Jornada del 29 de agosto de 2005.

En fin, las razones del descontento indígena son pocas pero sólidas y contundentes.