Opinión - Carlos Gonzalez Garcia

El atraco de la ultraderecha

Jornada Jalisco

La macrolimosna que el gobernador Emilio González Márquez ofreció al cardenal Juan Sandoval Iñiguez para la construcción del denominado santuario de los mártires cristeros, más allá de las implicaciones legales precisas que tiene, en tanto expresión manifiesta del manejo discrecional de los recursos públicos, de la discriminación gubernamental hacia los ciudadanos no católicos y de la destrucción progresiva del carácter laico del Estado mexicano, observa implicaciones cuyas causas y posibles consecuencias resultan de la mayor gravedad para el futuro de nuestro país.

1. La transición democrática a la mexicana, tal como lo hemos señalado en múltiples artículos, es una quimera y la coartada perfecta para que la oligarquía neoliberal y la clase política que le sirve hagan de este país lo que les venga en gana, alardeando que gobiernan en nombre de todos los mexicanos y en el marco de un estado de derecho que ellos mismos han sabido colapsar.

Más allá de las heroicas gestas del pueblo mexicano por democratizar nuestro país, e incluso a despecho de ellas, la transición democrática que entregó las riendas de este país al PAN y a los grupos de la ultraderecha más recalcitrante, no puede separarse de las múltiples reformas constitucionales realizadas en tiempos del salinato, incluida en primer lugar la del Artículo 130 Constitucional que, socavando el carácter laico del Estado, otorgó facultades y privilegios a las iglesias, otrora prohibidos, que han ensanchado la influencia de la jerarquía católica en una suerte de revancha histórica en contra de las revoluciones liberales que sabiamente supieron limitar su inmenso poder.

Luego entonces, nuestra transición democrática ha implicado, en los hechos, sucesivas reformas en materia electoral que han sido incapaces de empoderar a la sociedad civil; junto con un paquete de reformas constitucionales y legales que ha concentrado el poder político y económico real en manos de la jerarquía católica, los grandes capitales y la parasitaria clase política que les sirve. Se trata, en suma, de una transición democrática simulada que ha puesto en manos de la oligarquía neoliberal el control de este país.

2. Desde que el PAN alcanzó el poder en Guanajuato, a mediados de la década pasada, al interior del aparato gubernamental y de las instituciones del Estado se infiltraron ilegales y antidemocráticos grupos paramilitares de ultraderecha que, auspiciados desde la iniciativa privada y aliados con el sector más reaccionario y desprestigiado de la Iglesia católica, han ido tomando, uno tras otro, los hilos conductores del gobierno. A decir de expertos en el tema que nunca han sido desmentidos, entre otros Alvaro Delgado, autor de la obra El Yunque, la ultraderecha al poder, Emilio milita en uno de los grupos más antiguos y agresivos de la ultraderecha: El Yunque.

Precisamente en la triangulación entre dichos grupos de ultraderecha, la jerarquía católica y los empresarios panistas en el poder es posible encontrar muchas de las causas que explican la macrolimosna como parte de un pago de favores y, sobre todo, como parte de un plan que busca la destrucción del Estado laico y la sumisión del poder público a los designios de los jerarcas católicos.

Resultaría por lo mismo saludable que, aparte de sancionar moral y legalmente la aberrante actuación de nuestro gobernador, se desentrañe y erradique la intromisión de cualesquier grupo paramilitar de ultraderecha en las estructuras gubernamentales. En dicha línea se vuelve también urgente desenmascarar los fabulosos negocios que dichos grupos paramilitares han hecho en combinación con escabrosos personajes de la Iglesia Católica y con funcionarios públicos. Tendrían entonces que hacerse públicas las causas de las gigantescas riquezas acumuladas en los últimos años por grupos como los tecos y familias como los Leaño.

Lo anterior y no las faramalladas turístico-religiosas de Emilio, redundaría en un beneficio efectivo para nuestra democracia y para la sociedad en su conjunto.

3. Ocurre que la conjura derechista es en verdad una conjura clasista, mal llamada neocristera, en tanto que la utilización de dicho término, haciendo abstracción del complejo movimiento social que representó la cristiada, oculta y deforma la esencia oligárquica, antipopular y racista de la ofensiva ultraderechista, poniendo exclusivo énfasis en el fanatismo y el oscurantismo religioso.

Una proporción nada desdeñable, tal vez mayoritaria, de católicos jaliscienses no se han mostrado contentos ni con la macrolimosna ni con el acendrado e irrespetuoso proselitismo religioso de Emilio. Resulta más que probable que en la llamada iglesia de los pobres, todavía arraigada en la diócesis de Ciudad Guzmán, que en las comunidades eclesiales de base o en los denominados grupos de barrio, la visión de la macrolimosna no sea la misma que tienen Emilio y Sandoval Iñiguez.

Las tesis ultraderechistas de Emilio y Sandoval, al igual que la plataforma ideológica de Hutchinson, firmemente respaldada por el régimen petrolero-militarista de Bush, corresponden a los intereses de un reducido pero poderoso grupo de poder. En el caso mexicano un importante sector de la oligarquía neoliberal profesa o tolera las concepciones del dúo Emilio-Sandoval, pues, detrás de su hipócrita religiosidad existen poderosos intereses económicos, comerciales y políticos que, por supuesto, están suscritos a favor de la repudiada macrolimosna

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2008::

Opinión - Carlos Gonzalez

Manantlán: las razones de un descontento indígena

Jornada Jalisco

Maniestación en favor de Margarita Rodríguez Camarena, quien fue acusada de asesinar a su esposo. Fue absuelta por la justicia al no encontrar pruebas que la acreditaran como culpable, pero su cuñado pretende reabrir el caso
Lupa
Maniestación en favor de Margarita Rodríguez Camarena, quien fue acusada de asesinar a su esposo. Fue absuelta por la justicia al no encontrar pruebas que la acreditaran como culpable, pero su cuñado pretende reabrir el caso Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

La creciente oposición de las comunidades indígenas de Ayotitlán y Cuzalapa, ambas enclavadas en la Sierra de Manantlán, en torno al hecho de que la Universidad de Guadalajara tenga en comodato el predio de mil doscientas cuarenta y cinco hectáreas en que se encuentra la estación científica de Las Joyas, localizada en una de las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán (RBSM), no puede explicarse aplicando los argumentos simplones del rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño, en el sentido de que las comunidades estarían siendo engañadas y manipuladas por una persona.

Por el contrario, las comunidades nahuas de Ayotitlán y Cuzalapa cargan un pesado rosario de agravios cometidos en su contra que explican las razones del descontento indígena. En el caso concreto de la RBSM y el predio Las Joyas tres razones fundamentales alimentan la oposición campesina:

1. Antiguamente la totalidad de las tierras que integran la actual RBSM pertenecieron, bajo el régimen comunal, a las comunidades indígenas que en forma milenaria han poblado esa región. Mediante disposiciones legales contrarias a la propiedad comunal indígena, actos arbitrarios de las autoridades en turno y crudos despojos cometidos principalmente por las empresas madereras a lo largo de los siglos XIX y XX, comunidades como Ayotitlán fueron perdiendo la mayoría de sus tierras.

Los atracos arriba referidos se consumaron el veintiocho de agosto de mil novecientos sesenta y tres, cuando el Presidente de la República dictó la resolución agraria que dotó al ejido de Ayotitlán con una superficie de 50 332-50-00 hectáreas, anulando de manera ilegal el régimen comunal al que pertenecían las tierras de dicha comunidad con el propósito de cancelar sus reclamaciones históricas. Finalmente el despojo cometido en contra de Ayotitlán se acrecentó y del total de las tierras que le fueron “dotadas” únicamente se hizo la entrega física de una superficie de 34 700-00-00 hectáreas.

El predio de Las Joyas se localiza en la colindancia de las comunidades indígenas de Ayotitlán y Cuzalapa, su propiedad primordial corresponde, sin lugar a dudas, a estos núcleos agrarios, quienes en tiempos anteriores habrían sido despojados de dicho predio para dar paso a la irregular formación de la “pequeña propiedad” en tierras de origen comunal.

En síntesis podemos decir que el predio de Las Joyas y la mayor parte de la RBSM se localizan en el territorio ancestral de las comunidades nahuas de Manantlán, por consiguiente su oposición a un acto que perpetúa el despojo de sus tierras y que, sobre todo, pretende realizarse a sus espaldas, es perfectamente explicable.

2. La estación científica de Las Joyas y la propia dirección de la RBSM siempre han sido administradas en forma poco transparente y excluyendo a las comunidades indígenas y campesinas de la toma de decisiones y del manejo de los recursos financieros. En 1984 el gobierno del estado de Jalisco adquirió 1200 hectáreas del predio Las Joyas, mismas que por solicitud de la Universidad de Guadalajara declaró área natural protegida; posteriormente en 1985 la Universidad de Guadalajara creó el Laboratorio Natural Las Joyas, después Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (IMECBIO), en 200 hectáreas del predio adquirido por el gobierno del estado que fueron otorgadas en comodato a la Universidad. Según el decir de investigadores y dirigentes indígenas, desde 1987 hasta el día de hoy tres investigadores universitarios (Enrique Jardel, Eduardo Santana y Sergio Graf Montero) han procurado el control del IMECBIO y de la RBSM, incluidos los cuantiosos recursos que llegan del extranjero.

En 2002 Jardel, Santana y Graf constituyeron la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente A. C. (MABIO), sin el conocimiento de los integrantes del IMECBIO, con la aparente finalidad de controlar la gestión de la Reserva y gestionar financiamiento para proyectos operados exclusivamente por ellos.

Sergio Graf fue director de la RBSM desde 1994, año en que se creó dicho cargo, hasta 2002. Después de dicha fecha MABIO, según lo manifestado a este articulista por diversos representantes indígenas, ha tratado de controlar a los directores en turno de la RBSM, habiendo promovido la remoción de dos directores, Martín Gómez García y Alejandra Rodríguez Gómez, por no cuadrar a sus intereses, pues, incluso el primero de ellos denunció ante el Órgano de Control Interno y Fiscalización de la SEMARNAT los malos manejos financieros y administrativos realizados en años anteriores al seno de la dirección de la RBSM.

Vistos los antecedentes arriba descritos el recelo de las comunidades indígenas no podría ser menor.

3. Adicionalmente parece ser que la Universidad de Guadalajara ha suscrito diversos convenios, a espaldas de las comunidades indígenas de Manantlán, con la trasnacional Monsanto, empresa empeñada en la siembra extensiva de maíces transgénicos en nuestro país y sobre la que pesan sospechas y acusaciones de que ha contaminado nuestros maíces criollos con semillas transgénicas.

Los convenios señalados tendrían, entre otros fines, poner en manos de Monsanto información de primer orden sobre el teocinte perenne (zea diploperennis) que es endémico de la Sierra de Manantlán y cuyo descubrimiento dio lugar a la creación de la RBSM.

Curiosamente, hace unos días el IMECBIO mostró a la opinión pública y a La Jornada Jalisco un convenio suscrito en 2001 con Monsanto que nada tiene que ver con las investigaciones del teocinte perenne; sin embargo, los investigadores que mostraron el convenio no dijeron nada sobre los estudios del teocinte financiados por Monsanto y dirigidos por Roberto Miranda Medrano, quien funge o habría fungido como jefe del Departamento de Producción Agrícola del Centro Universitario de la Costa Sur, situación que fue denunciada por la investigadora Silvia Ribeiro en La Jornada del 29 de agosto de 2005.

En fin, las razones del descontento indígena son pocas pero sólidas y contundentes.

Opinión - Carlos Gonzalez

Las mentiras del capitalismo

Jornada Jalisco

Hace unos días se presentó el magnate y segundo hombre más rico del mundo, Carlos Slim Helú, ante estudiantes del ITESO. Lo que dijo y como lo dijo resulta sorprendente.

Manifestó Slim Helú, según la crónica de Jorge Covarrubias aparecida en este diario el día 13 de junio del presente año, que “lo interesante de esta civilización es que en lugar de explotar al hombre y a la tierra, sobre todo al hombre, que lo esclavizaba, que lo limitaba y lo inmovilizaba socialmente. Tal como nacía era como moría; ahora esta sociedad sustenta su desarrollo en el bienestar de los demás, ya no es en el explotar a los demás, sino en el bienestar de los demás; quiere decir que lo que antes era un asunto de justicia social, ética, de moral, ahora es una necesidad económica”.

Evidentemente un hombre que ha llegado a convertirse en el segundo archimillonario de la Tierra en un país donde 80 por ciento de la población vive en estado de pobreza o de miseria, difícilmente podría decir que es un explotador consumado, pues la enorme riqueza de este personaje tiene su origen en la explotación del trabajo humano y, por supuesto, tanto su abrumadora riqueza como la pobreza de aquellos a los que explota es una cuestión de justicia, de ética y de moral.

Para que Slim haya amasado tantos capitales en sus manos y en las de su poderoso grupo corporativo, se ocupa que otros tantos miles y miles de seres humanos hayan acumulado pobreza y degradación.

Es absolutamente falso que la explotación del hombre por el hombre ya no exista y Slim lo sabe, pues hasta el día de hoy, según lo explicaron diversos economistas decimonónicos, la sociedad capitalista, igual que cualquier otro tipo de sociedad humana, genera su riqueza a través del trabajo de millones y millones de hombres y mujeres. Luego entonces, si el señor Slim ha logrado acumular tantas riquezas, resulta palmario que lo hizo apropiándose del producto generado por miles de trabajadores, es decir, lo hizo explotando a seres humanos de carne y hueso.

Para nuestro pueblo resulta claro que la explotación, el despojo y el crecimiento de la miseria no sólo siguen existiendo, sino que se han acrecentado en los últimos 25 años de agobiantes políticas neoliberales surgidas en Washington y aplicadas por los gobiernos latinoamericanos, incluido el de México; es el cuarto de siglo que Slim medró hasta escalar al segundo lugar en la lista de Forbes.

Las mentiras que pregona Slim pretenden tapar el sol con un dedo porque nadie puede dudar de la terrible condición de explotación en que se encuentran miles y miles de jornaleros mexicanos, tanto en su propio país como en Estados Unidos; tampoco nadie puede dudar de la violación masiva de derechos laborales que existe en México, o ¿quién se atrevería a dudar que el salario mínimo, la jornada de ocho horas, la seguridad en el trabajo y la protección de los niños trabajadores no son más que una vil patraña y que los perpetradores de dichas violaciones sistemáticas a la Constitución y a la ley son los patrones, los capitalistas como Slim?

Las mentiras que pregona Slim son producto de un enorme cinismo, pues ¿acaso alguien puede dudar de la explotación sexual que diariamente se consuma contra cientos y miles de personas, la mayor parte menores de edad? ¿Alguien se atreverá a negar que la mayor parte de los trabajadores mexicanos obtiene salarios de hambre mientras que millonarios como Slim acrecientan su riqueza de un modo sorprendente protegidos por gobiernos cómplices de sus intereses?

¿Acaso alguien podrá decir que este sistema no es injusto y que basa su existencia en la explotación del hombre por el hombre?

Opinión - Carlos Gonzalez

El tamaño del descontento

Jornada Jalisco

Mucho se ha criticado en este espacio el conjunto de políticas neoliberales que los sucesivos gobiernos, desde 1982 hasta el día de hoy, han aplicado en nuestro país. En el largo tramado de la historia humana se trata, en verdad, de una estrategia suicida para México como nación soberana, pues las recetas neoliberales, mejor conocidas como el Consenso de Washington, han buscado y han logrado desmontar casi por completo la base económica soberana y las instituciones estatales que nuestro país logró construir y consolidar, con todos sus asegunes, concluido el ciclo de la Revolución de 1910.

Como lo hemos señalado y reiterado hasta la saciedad, el modelo neoliberal fue impuesto, desde un principio, por el gobierno de Estados Unidos de América y por los principales organismos financieros a nivel mundial. Para lo anterior se han valido de una clase política y de una oligarquía locales demasiado dóciles y serviles a los mandatos del amo.

Estamos hablando centralmente de la clase política que, haciéndose una con los grandes empresarios, la alta jerarquía eclesiástica y la derecha panista, no dudó en desmantelar el tinglado y la parafernalia “revolucionaria” que representaban el viejo PRI y sus devastados “sectores”, junto con las conquistas revolucionarias reales, no de oropel, conseguidas, tras esforzadas y sangrientas luchas, por los pueblos indígenas y los trabajadores de este país durante el violento ciclo que se abrió en 1910 y, tras dejar una estela de muerte, logró cerrarse con el régimen cardenista.

Nos referimos a los derechos consignados en artículos medulares de la Constitución Mexicana y a las instituciones que tuvieron su origen en dicha matriz histórica: el reparto agrario, la protección de la tierra comunal y ejidal, los derechos laborales, la seguridad social, la educación pública y gratuita, etcétera.

Se trata de derechos que, en la guerra del capital contra el trabajo, fueron brutalmente barridos para abrir paso a la nueva sociedad neoliberal apoyada en un Estado sumamente débil, fiel instrumento ejecutor de las políticas macroeconómicas que ordena el Consenso de Washington, sometida a las salvajes leyes del mercado capitalista y coronada por una rapaz oligarquía neoliberal cuya vertiginosa acumulación de capitales tiene su origen tanto en la despiadada explotación de los seres humanos, como en el despojo legal e ilegal de territorios, recursos naturales y saberes humanos y, por supuesto, en la realización o la vinculación con actividades francamente delictivas como el narcotráfico y el comercio de personas o armamento. Por lo mismo resulta lógico que, desde un principio, muy diversos sectores de la sociedad mexicana se opusieran al neoliberalismo y sus fatales consecuencias en el tejido económico y social de la nación. Sin duda alguna el levantamiento zapatista de 1994 representa uno de los puntos más álgidos en la lucha de nuestra pueblo contra el Estado neoliberal y contra el orden capitalista que lo parió.

Por lo mismo la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, a través de la cual el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) llama a la unidad del pueblo de México para luchar, no únicamente en contra del actual régimen político, sino en contra del sistema capitalista neoliberal que está devastando nuestro país, resulta referente obligado para las batallas que nuestro pueblo habrá de librar en los próximos meses y años con el fin de conjurar la pesadilla neoliberal que no deja de atormentarnos.

Ciertamente los primeros meses de este año han visto crecer el descontento proletario y popular en las grandes ciudades, pues, por un lado el continuismo neoliberal del calderonismo agravia por sí mismo y, por otro lado, la reforma a la Ley del ISSSTE, junto con la promesa de nuevas “reformas estructurales”, está provocando un profundo descontento entre las bases sindicales y de trabajadores agremiados, incluidos los más apáticos y oficialistas.

Si la protesta urbana y proletaria logra tender puentes con experiencias como la de la APPO –y no nos referimos al cascarón burocrático que actualmente se acompaña de dichas siglas– y con la lucha de largo aliento que representan el EZLN y los pueblos indígenas aliados a éste, que se cuiden los agoreros del fin de la historia.

Opinión - Carlos Gonzalez Garcia

Guadalajara: macrolibramiento y macrodestrucción

Jornada Jalisco

Desde siempre, las vías de comunicación han detonado el desarrollo económico y el crecimiento urbano de las sociedades humanas. Recuerdo que durante años estuvo a debate en el Distrito Federal la construcción del famoso libramiento La Venta-Colegio Militar, moderno tramo carretero que pretendía servir de “valladar” al crecimiento de la mancha urbana en la estratégica zona de conservación que se ubica en las tierras agrícolas y de monte localizadas al sur de la ciudad de México.

Los supuestos fines ecológicos de dicho libramiento fueron duramente cuestionados por especialistas en la materia, economistas, ambientalistas y, sobre todo, por los campesinos –ejidatarios y comuneros– dueños de las tierras en las que se pretendía desarrollar la obra vial. Con justa razón se dijo entonces que una carretera no podía hacer otra cosa que detonar el crecimiento de la ciudad sobre los terrenos de bosque, tal como había ocurrido unos años antes con el circuito carretero del Ajusco, vialidad que provocó en forma explosiva la creación de colonias populares y fraccionamientos exclusivos en los otrora hermosos bosques del Ajusco.

Finalmente la presión popular y la derrota local del PRI en 1997 obligaron a la cancelación de la obra, pero la experiencia de entonces bien puede servir al debate actual.

Hace menos de una semana la Secretaría de Finanzas de Jalisco anunció que prevé iniciar en 2008 la construcción del macrolibramiento carretero de Guadalajara, mismo que tendrá una extensión aproximada de 109 kilómetros desde Zapotlanejo hasta El Arenal. Parte de la vialidad cruzará el estratégico bosque de La Primavera, principal reserva ecológica de la contaminada Zona Metropolitana de Guadalajara, por lo que tendrá, a no dudarlo, un impacto significativo en dicha zona boscosa y en toda la región.

Detrás del macrolibramiento se encuentran poderosos intereses económicos frente a los cuales las necesidades de conservación ambiental, planeación urbana ordenada y salud pública resultan superfluas y de poca importancia.

Efectivamente, los factores que están obligando a la agilización de la obra vial por parte de los gobiernos estatal y federal se ubican no en el ámbito de lo social, sino en el terreno llano de los negocios: 1) en primer lugar, el macrolibramiento obedece a los lineamientos del Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Centro-Occidente (Fiderco), esquema de crecimiento económico regional que, articulado al Plan Puebla-Panamá en el sur, y a la denominada Escalera Náutica en el norte del país, busca la explotación indiscriminada de nuestros territorios y recursos naturales a favor de los grandes inversionistas extranjeros; 2) otro factor que pesa en la construcción de la vialidad son los poderosos intereses que representan los transportistas para quienes resulta primordial el rápido acceso del pacífico norte hacia el centro del país procurando evitar la tortuosa circulación a través de la zona urbana de Guadalajara; 3) un factor que se suma a los anteriores es el interés de los grupos que controlan el ramo de la construcción por acceder a los recursos públicos que se invertirán en la mencionada obra, pues se habla de una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos; 4) por último, otra causa fundamental para el inicio de la obra es el hecho de que ésta permitirá detonar el crecimiento urbano del bosque de La Primavera y otras áreas aledañas a la zona urbana, todo lo anterior, en abono de las estratosféricas ganancias que los “desarrolladores” y demás lacras de la especulación inmobiliaria obtienen y seguirán obteniendo en detrimento de la naturaleza y la sociedad.

Como podemos ver, en el origen y en la promoción del macrolibramiento cuentan, por encima de cualquier consideración ética, social o ambiental, las cuestiones de negocios y los mezquinos intereses de un puñado de empresarios que, para el caso de Guadalajara, Jalisco y todo México, han sabido medrar con la complicidad de quienes dirigen las instituciones del Estado.

Guadalajara y su Zona Metropolitana, sumidas en la contaminación ambiental, la pobreza y el crecimiento urbano descontrolado, caminan hacia un nuevo abismo, al menos que la sociedad civil oponga un valladar real a las desmesuras del capitalismo neoliberal.

Opinión - Carlos Gonzalez

Los paladines neoliberales y sus detractores

Jornada Jalisco

1. Apenas hace unas horas la Cámara de Senadores aprobó, vía fast track, la reforma a la Ley del ISSSTE. Dicha reforma, que ha provocado la cólera de maestros, burócratas y otros trabajadores, tiene dos fines: uno de fondo, consistente en entregar al capital privado las jugosas pensiones de miles y miles de trabajadores al servicio del Estado, tal como ya ocurre desde hace años con los dineros que cotizan millones de trabajadores inscritos en el IMSS; el otro, más de coyuntura, no es otra cosa que el pago de los servicios que la profesora brindó al presidente Calderón cuando éste aún era candidato y ocupaba de alguna persona versada en aquello de las telarañas del poder y la defraudación como oficio.

2. El próximo capítulo parece ser la aprobación de otras reformas “estructurales” que buscan el cobro del impuesto al valor agregado en todo lo que se pueda y la privatización del sector energético (petróleo y electricidad) para entregarlo, sin limitaciones de ningún tipo, al capital trasnacional.

3. La reforma a la Ley del ISSSTE ha exhibido, una vez más, el desprecio que la clase política y los más altos funcionarios de la nación sienten por el pueblo de México, pues los legisladores del PRI, el PAN, el Panal y el PVEM, apoyados en todo momento por el Ejecutivo federal y los grandes medios de comunicación, aprobaron, sin consulta previa, una enmienda legal que ha sido fuertemente rechazada desde muy diversos sectores de la sociedad, pero, sobre todo, por los supuestos beneficiarios de la reforma: los trabajadores afiliados al ISSSTE.

4. Sin embargo, en una disparatada inversión de la historia, los neoliberales quieren presentarse como los paladines de nuestra patria y al hablar, por ejemplo, de la reforma a la Ley del ISSSTE, lo hacen como si fueran los salvadores de dicho instituto de seguridad social, encubriendo con ello el espíritu privatizador de la iniciativa apenas aprobada.

5. Del mismo modo, estos modernos paladines, que por cierto han sumido en la mayor de las miserias a 60 por ciento de los habitantes de nuestro país, propagan desde hace tiempo la especie de que los movimientos indígenas son enemigos jurados de la sociedad moderna y sus valores.

Ciertamente ocurre que desde hace años las luchas indígenas, no sólo en México sino en toda América, se han colocado al frente de las resistencias sociales al actual modelo neoliberal y sus depredadoras consecuencias en la naturaleza y en la mayor parte de la población mundial.

6. La postura crítica y antineoliberal del movimiento indígena mexicano se ha expresado con toda nitidez en la Declaración de Tuxpan que el Congreso Nacional Indígena aprobó en su última sesión de trabajo celebrada hace apenas unas semanas, y que de manera enfática estableció que “los legisladores de este país obedecen a intereses trasnacionales y no a la voluntad del pueblo, y que en este tenor han hecho leyes racistas y entreguistas, como la Ley de Bioseguridad, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Acceso a Recursos Genéticos y Biológicos, la Ley Indígena Nacional, contraria al espíritu de los Acuerdos de San Andrés y leyes estatales sustentadas en la contrarreforma en materia indígena…”, así como la recién votada reforma a la Ley del ISSSTE, agregaríamos nosotros.

7. Finalmente, al pueblo de México le queda optar la vía que eligió el movimiento indígena y decir junto con éste que “el sistema político actual nos ha dado la espalda y ya no es opción para nuestros pueblos, por lo que seguiremos trabajando desde abajo y a través de nuestros modos y formas propias de organización”.

El CNI y el movimiento indígena en Jalisco

CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA

Los pasados días 10 y 11 de marzo tuvo lugar la decimonovena reunión del Congreso Nacional Indígena en la región Centro-pacífico del país. Dicha asamblea se realizó en la comunidad nahua de Tuxpan y contó con la participación amplia y representativa de doce pueblos indígenas correspondientes a nueve estados de la república.

Sobre todo resaltó la copiosa participación de viejos y nuevos representantes de los pueblos wixárika (huichol) del norte del estado y nahua del sur de la entidad. A contrapelo de quienes suponen que el movimiento indígena de Jalisco ya no existe o que se reduce exclusivamente a las impopulares y fantasmagóricas “dirigencias” indígenas que actúan en el espacio público sobre la base de una falsa representatividad, la pasada reunión exhibió un renovado movimiento indígena que persiste en sus demandas históricas a la par que hace la crítica profunda de las causas estructurales que han provocado la pobreza, explotación y falta de reconocimiento de los pueblos originarios del estado y del país.

De este modo, los pueblos indios de Jalisco aprovecharon el cónclave regional para refrendar un pacto que viene de varios años atrás y que, esperamos, próximamente dará nuevos frutos que fortalezcan su lucha en el nivel local, estatal y nacional.

No está por demás decir que los más de 100 delegados correspondientes a los pueblos indígenas de Jalisco, presentes en la reunión, reiteraron su tajante rechazo a la ley indígena recientemente aprobada en la entidad, así como a la inmisericorde explotación que actualmente viven los trabajadores del campo y a los infrenables procesos de despojo que cotidianamente desata el gran capital en contra de los territorios y los saberes tradicionales indígenas.

No debe resultarnos casual que en la asamblea de Tuxpan se hayan efectuado la descripción y la denuncia minuciosas de los más novedosos mecanismos de saqueo capitalista, aquéllos que buscan la apropiación definitiva de los saberes ancestrales indígenas a través de los mecanismos de propiedad intelectual legalizados en meses anteriores por el Congreso de la Unión.

Y decimos que no es casual lo anterior porque Tuxpan, una de las comunidades con mayor identidad cultural y acumulación de saberes ancestrales de todo el occidente mexicano, tal como está reconocido en etnografías tan viejas y tan prestigiadas como la que Karl Lumholtz realizó hace más de un siglo en la sierra huichol, la sierra tarahumara , Cherán y la propia Tuxpan, está siendo ya víctima de la piratería y las patentes “culturales”.

La Declaración de Tuxpan, segundo documento que el CNI emite en la referida localidad, después de que suscribiera un primer Pronunciamiento Indígena de Tuxpan el día 29 de septiembre de 2001, recoge los puntos esenciales que se discutieron en la asamblea del pasado fin de semana, mismos que resultan cruciales para el futuro desarrollo del movimiento indígena en la entidad y en el país, pues, dicho documento desde un principio establece que “las grandes empresas han tomado ya el gobierno de este país y han intensificado el ataque frontal a las comunidades con un claro objetivo de exterminio de nuestros pueblos, apoyándose en organismos financieros internacionales, así como en programas y leyes que legalizan su terrorismo de Estado”.

A tono con otros acontecimientos centrales del movimiento indígena nacional los participantes en la reunión de Tuxpan acordaron convocar “a todos los pueblos, naciones, tribus, colectivos y organizaciones que integran el Congreso Nacional Indígena a participar en los campamentos de paz –en defensa del derecho a la existencia de los pueblos cucapá, quilihua y tzotzil– que se desarrollarán en los meses de febrero a mayo en la comunidad indígena de El Mayor en territorio cucapá, Baja California (…) y en el poblado de Huitepec Ocotal (segunda sección), en territorio del pueblo tzotzil, en las cercanías de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas”.

La declaración concluye con una contundente sentencia: “El sistema político actual nos ha dado la espalda y ya no es opción para nuestros pueblos, por lo que seguiremos trabajando desde abajo y a través de nuestros modos y formas propias de organización”.

Opinión - Carlos Gonzalez

La encrucijada neoliberal

Jornada Jalisco

Calderón llegó al poder con la clara intención, pues, el mismo lo ha señalado, de continuar las políticas neoliberales de los presidentes que le antecedieron. Políticas que, no está por demás volver a decirlo, han provocado en un par de décadas la entrega del patrimonio nacional a los grandes capitales trasnacionales, el deterioro acelerado en los niveles de vida y de trabajo del pueblo de México, la destrucción deliberada de la economía campesina, la migración masiva de mexicanos a los Estados Unidos y, sobre todo, una concentración de la riqueza en unas cuantas corporaciones e “ilustres familias” que no tiene precedentes en nuestra historia.

Desde su campaña electoral el actual jefe del ejecutivo federal prometió, con el fin de obtener la bendición de la oligarquía neoliberal mexicana y del gobierno de los Estados Unidos, incluidos grandes empresarios, medios de comunicación, jerarcas religiosos y jefes de clanes políticos, hacer realidad las tan mentadas reformas “estructurales” que ni Zedillo ni Fox lograron amarrar durante sus respectivos sexenios.

Dichas reformas, que han sido presentadas por el gobierno y las grandes televisoras como la aparente fórmula mágica que sacará a nuestro país de su ancestral pobreza y atraso, en realidad pretenden profundizar de un modo definitivo las políticas neoliberales que desde 1982 han venido recetando a nuestros gobiernos los organismos financieros internacionales. Se trata de reformas que tienen una implicación política, histórica y social de la mayor trascendencia: 1) privatizar la industria eléctrica; 2) privatizar el petróleo; 3) gravar medicinas y alimentos y 3) modificar sustancialmente la legislación laboral en beneficio de los patrones con el fin de legalizar las formas de explotación que cotidianamente practican éstos y que son consideradas ilegales por la Ley Federal del Trabajo todavía en vigor.

Como podemos ver se trata de reformas que sustancialmente buscan la venta de aquellos recursos y activos de la nación que los anteriores gobiernos no pudieron rematar a favor de los consorcios multinacionales, acendrar la explotación capitalista y sangrar, aún más, la economía popular con el fin de inyectar dineros frescos a los grandes negocios privados y al interminable “saneamiento” de aquellos sectores que anteriormente fueron exprimidos por el gran capital.

Ya anteriormente Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo y Fox lograron consolidar algunas reformas y acciones fundamentales para los intereses de la oligarquía neoliberal; mientras que de la Madrid inició el remate de nuestro patrimonio, así como la pulverización de las organizaciones sociales, sindicales y campesinas que podrían haberse opuesto a dichas medidas, Salinas logró concretar tanto la contrarreforma constitucional agraria que abrió el camino al despojo generalizado de las tierras campesinas, como la firma del TLC con Estados Unidos y Canadá.

Los dos presidentes anteriores a Calderón tuvieron algunos “méritos” de importancia en aquello de los ajustes estructurales: 1) lograron frenar, con el apoyo unánime de la clase política mexicana, la demanda indígena de reconocimiento legal al trocarla por una reforma constitucional discriminatoria y regresiva en la materia y 2) pudieron consolidar, a favor de las grandes empresas, un conjunto de reformas secundarias en materias tan estratégicas como la forestal, la de aguas, la de minería y la de organismos genéticamente modificados, por mencionar algunas.

Actualmente Calderón, llegado al poder a través de una elección presuntamente fraudulenta y en medio de una crisis del Estado y sus instituciones de la mayor magnitud, no encuentra el modo de llevar a buen término las reformas estructurales que en sus tiempos de candidato prometió a los oligarcas que lo sostienen tras bambalinas. Simplemente digamos que el Presidente se encuentra en una encrucijada, una que pudiera abrir la puerta de la historia a los desposeídos de siempre y provocar verdaderos cambios estructurales a favor del pueblo mexicano. El tiempo zanjará la cuestión.

Opinión - Carlos Gonzalez

Como un complemento a esta nota, Enrique Galvan Ochoa en su columna Dinero, del 01 Feb 2007 incluye una tabla con el numero de votantes. Que no salga FeCal con sus 'cuentas alegres', el 21% no es mayoria.

¿El 2 de julio México optó por el libre mercado?

Jornada Jalisco

Recientemente el presidente Calderón, durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, declaró que el 2 de julio los mexicanos optamos por el libre mercado y por el conjunto de políticas públicas que anteriormente han ejecutado los presidentes Salinas de Gortari, Zedillo y Fox. Es decir, Calderón supone que los pasados comicios federales indican el apoyo del pueblo de México a las políticas neoliberales que, recetadas desde la Casa Blanca y los organismos financieros internacionales, han aplicado los gobiernos en turno a partir de 1982.

Nada más falso ni más alejado de los datos que arrojan las cifras electorales del pasado 2 de julio y de la convulsa realidad que vive nuestro país. En primer lugar es importante recordar que Calderón obtuvo la Presidencia de la República con el voto favorable de aproximadamente 15 millones de mexicanos, dicho de otro modo, alrededor del 15 por ciento de quienes habitamos este país votaron por Calderón. Ahora deberíamos preguntarnos cuantos ciudadanos lo hicieron optando por el libre mercado y las políticas neoliberales y cuantos ciudadanos dieron su voto al panista inducidos por los programas electoreros de la Sedesol o por la campaña de miedo que se construyó en torno a López Obrador. Aún más, deberíamos preguntarnos cuántos votos a favor de Calderón son efectivos y cuántos fraudulentos, cuántos se hayan en la esfera de la estadística inflada o de la urna “embarazada” y cuántos corresponden a ciudadanos de carne y hueso.

En segundo lugar también es dable rememorar que alrededor de treinta millones de mexicanos –58 por ciento del padrón electoral– se abstuvieron de votar. Es decir una mayoría de mexicanos y mexicanas en edad de votar creen poco o nada en la democracia electoral, las instituciones que la sostienen y, contra lo que dice Calderón, el libre mercado y las políticas neoliberales que han provocado la pobreza de 80 por ciento de la población, pues, de otro modo habrían acudido a las urnas para otorgar, sin duda alguna, su voto al candidato blanquiazul, pero no ocurrió así.

Ciertamente una franja considerable de los abstencionistas electorales es más apática que crítica de las políticas gubernamentales y la clase política mexicana, sin embargo, prácticamente todo el abstencionismo del pasado 2 de julio expresa un profundo hartazgo frente a la situación actual que vive nuestro país.

En tercer lugar se encuentra el hecho indubitable de que una porción de mexicanos casi igual a la que votó por Calderón lo hizo también por López Obrador, aunque es probable que AMLO haya obtenido más votos que el candidato panista, mismos que le habrían sido escamoteados a través del fraude cocinado por las instituciones electorales. Independentemente de que Andrés Manuel fue un eficaz ejecutor de las políticas y recetas neoliberales durante su desempeño como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, lo real es que quienes sufragaron por el candidato del PRD lo hicieron atraídos por su discurso contrario a muchas de las políticas más agresivas del neoliberalismo. Es decir, por lo menos un número de mexicanos igual al que optó por Calderón, otorgó su voto en contra de las políticas de libre mercado que tanto perjuicio han provocado a la economía del pueblo mexicano.

Por último, frente al optimismo expresado por Calderón en Davos, hemos de considerar la realidad que vive nuestro país, pues, junto al enorme descontento de millones y millones de mexicanos provocado por las profundas desigualdades generadas por el modelo neoliberal, existen fuertes movimientos opositores al gobierno del panista, así como a las corrompidas instituciones que éste representa y, sobre todo, a las políticas neoliberales que el nuevo presidente enarbola y que en los últimos 25 años sólo se han reflejado en la miseria de nuestro pueblo y en la destrucción del patrimonio de la Nación.

En dicha tesitura podemos referir el movimiento que encabezan López Obrador y la Convención Nacional Democrática u otros de verdadero cuño anticapitalista y antineoliberal como el movimiento de la APPO en Oaxaca o la Otra Campaña.

Lo dicho por Calderón en Davos no es más que un difícil esfuerzo por maquillar el inocultable resquebrajamiento del país y sus instituciones, mismo que si no crece es a fuerza de mentiras y represión.

Opinión - Carlos Gonzalez

Las razones de la ley

I PARTE

Jornada Jalisco - 18/01/07

En nuestra última entrega comentamos como el pasado 30 de diciembre el Congreso local aprobó por unanimidad la “Ley Sobre Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco”.

Asimismo señalamos que, contrario a lo dicho por quienes aprobaron la ley indígena, ésta no reconoce el derecho de los pueblos indígenas de Jalisco a la libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural y aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.

Por otro lado, en diversos artículos hemos destacado como es que la nueva ley disminuye los derechos políticos, territoriales, económicos y culturales de los pueblos indígenas de la entidad y viola en forma flagrante diversos preceptos contenidos en el Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Luego entonces, sí la ley aprobada no pretende reconocer los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, sino reducir los que éstos han ganado, la pregunta obligada es ¿cuáles son las razones que estuvieron detrás del voto “unánime” de los legisladores del PAN, PRI, PRD y PVEM al momento de aprobar la ley indígena?

A nuestro modo de ver las respuestas son múltiples y encuentran un ejemplo más que ilustrativo en la situación que viven las comunidades indígenas del sur de Jalisco:

En los últimos años el estado mexicano ha desatado una feroz ofensiva en contra de las comunidades indígenas y campesinas del país. Se trata de una guerra no declarada que tiene como fin garantizar el que la mano de obra y los territorios de las comunidades campesinas puedan ser apropiados y expoliados por los grandes consorcios trasnacionales en la nueva fase, llamada neoliberal, de acumulación “originaria” de capital y de consolidación global del capitalismo.

Para lograr lo anterior el estado se ha valido de múltiples leyes y políticas que centralmente tienden a: 1) separar a los campesinos de la tierra a través del despoblamiento forzado de las zonas rurales; 2) la erosión de los maíces nativos; y 3) la desamortización de la propiedad social agraria, así como la separación y privatización de los elementos que juntos integran los territorios de los pueblos campesinos: la tierra, el agua, los minerales, los bosques, el aire, la biodiversidad y, por supuesto, los saberes tradicionales vinculados a dichos elementos. La ley aprobada el pasado 30 de diciembre se encuentra dentro de la lógica descrita.

A lo largo de muchos siglos en el occidente mesoamericano han florecido importantes culturas indígenas, todas ellas adscritas después de las guerras de conquista a los horizontes lingüísticos náhuatl y wixárika. Habiendo sido particularmente implacable el exterminio de los pueblos indígenas del sur de Jalisco, resulta sorprendente que todavía hoy en día sobrevivan comunidades nahuas y cocas en diversas regiones de Jalisco, siendo significativas las localizadas en la Sierra de Manantlán, el municipio de Tuxpan, El Llano, la Sierra de Tapalpa, Cocula, Villa Purificación y las inmediaciones del Lago de Chapala.

Las comunidades citadas no son ajenas a la actual guerra neoliberal y su diezmado tejido social todavía resiente las políticas liberales desplegadas por los sucesivos gobiernos federales y locales a lo largo de los dos últimos siglos. Junto a la voluntad destructiva y rapaz de quienes tienen poder económico y político, la resistencia de las comunidades indígenas, aunque en medio de colosales murallas, existe y se crece en todo el territorio del antiguo “mictlampa”.

De este modo la comunidad indígena de Cuzalapa, enclavada en la Sierra de Manantlán, Jalisco, ha desatado, a partir de abril de 2005, un importante proceso de lucha en contra de la imposición del Programa de Certificación en Comunidades (PROCECOM), que implicó el parcelamiento forzoso de más de siete mil hectáreas de su propiedad comunal a principios del año 2005. En contra de dicha acción, concertada entre funcionarios de la Procuraduría Agraria y el anterior comisariado de bienes comunales, los comuneros han realizado asambleas y actualmente tienen en trámite dos juicios con la finalidad de que se anule una fantasmagórica asamblea organizada por la Procuraduría Agraria el 15 de enero del 2005 con la participación de tan solo 78 comuneros de un total de 244, pues en dicha asamblea se acordó el citado parcelamiento de las tierras de la comunidad.

Asimismo las comunidades del municipio de Tuxpan, Jalisco, donde desde hace años medra un oscuro cacicazgo, han iniciado un lento proceso de organización tendiente a la reconstitución política y cultural de la antigua “comunidad indígena”, hoy en día casi despedazada por las políticas agrarias y educativas de los gobiernos posrevolucionarios. Por lo menos esa es la pretensión de un grupo de familias indígenas aglutinadas en la Organización de Comunidades Indígenas y Campesinas de Tuxpan frente a los controles corporativos que impone la oficialista Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan a través de un manejo poco claro y con tintes electorales de los recursos y los programas públicos.

Desde hace meses los ejidatarios de Ayotitlán, en la Sierra de Manantlán, Jalisco, la más grande comunidad nahua de la entidad, han iniciado una difícil lucha en contra del Consorcio Minero Peña Colorada, perteneciente, al igual que las Encinas, a la trasnacional Hylsamex.

Peña Colorada, enclavada dentro de los terrenos ejidales de Ayotitlán, extrae cerca del 40% de todo el hierro que se beneficia en nuestro país, y durante años ha destruido impunemente las tierras, aguas y montes de la región, enriqueciendo a unos cuantos empresarios a cambio de otorgar migajas al ejido afectado. A finales del año 2005 la empresa impuso, con el apoyo de la CNC, un comisariado del ejido de Ayotitlán que es empleado suyo. La furia de los campesinos llegó a su límite y, además de que pararon las obras de ampliación de la mina , han iniciado diversos recursos legales tendientes a la anulación de las concesiones y los permisos que el gobierno ha otorgado a Peña Colorada en violación del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Peculiar es el caso de la comunidad indígena coca de Mezcala que se localiza en los codiciados márgenes de la Laguna de Chapala, espacio desde el que los comuneros y sus familias han resistido, con una mezcla de dignidad y conciencia histórica contundentes, los embates de las grandes empresas inmobiliarias con el fin de arrebatarles su antiguo territorio, guardado en forma milenaria con la sangre de cientos de generaciones.

Concluyendo podemos decir que, vistas las cosas de un modo panorámico y haciendo el recuento mínimo de la resistencia indígena frente al capital, una ley como la aprobada tiene un solo fin central: desarticular a las comunidades indígenas y su larga resistencia frente a las políticas e intereses neoliberales.

Opinión - Carlos Gonzalez Garcia

Los pueblos zapatistas: una esperanza frente a la devastación neoliberal

La Jornada Jalisco - 04/01/07

Los pasados días 30 y 31 de diciembre y primero y 2 de enero tuvo lugar en el municipio autónomo zapatista de Oventic, Chiapas, el Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el marco de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la denominada Sexta Internacional –correlato de la Otra Campaña a nivel mundial.

En dicho encuentro los pueblos indígenas zapatistas, en voz de las autoridades civiles y educativas que integran las juntas de buen gobierno zapatistas y los concejos correspondientes a los municipios autónomos, explicaron los sorprendentes logros que han alcanzado en los últimos trece años en materia de gobierno y autonomía, educación, salud, mujeres, comercio, comunicación y control territorial, sin recursos del gobierno y en un clima de permanente hostigamiento político y militar.

Una tras otra se sucedieron las intervenciones de los zapatistas explicando el funcionamiento de los gobiernos locales, municipales y regionales autónomos, mismos que se apoyan en los principios de “mandar obedeciendo” y “servir y no servirse”.

Asimismo, azorados asistentes de todo México y de 47 países pudimos conocer los avances de los pueblos zapatistas en lo que se refiere a educación y salud, rubros en los cuales existe una cobertura de 100 por ciento dentro de las comunidades indígenas adheridas al zapatismo. La cifra antes indicada exhibe tanto la importancia de la rebelión estallada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) justo hace trece años, como el profundo carácter racista y oligárquico del Estado mexicano que fue, es y seguirá siendo incapaz de atender los problemas fundamentales de nuestros pueblos indígenas.

Mujeres zapatistas dieron a conocer la situación de su género en las comunidades indígenas, haciendo hincapié en la igualdad de oportunidades que la mujer tiene frente al hombre y en el respeto que existe hacia sus derechos y dignidad como no ocurre en otras partes de nuestra sociedad.

Si observamos la experiencia zapatista, desarrollada a partir de la organización propia y la solidaridad de la sociedad civil nacional e internacional para con los pueblos indígenas de Chiapas, ésta resulta crudamente contrastante con la pobreza y olvido en que viven los pueblos indígenas del resto del país.

Para no ir tan lejos basta con mirar al interior de nuestro estado y ver como subsisten en condiciones de gran penuria las comunidades indígenas wixáritari, nahuas, cocas y migrantes. Elementos comunes a todas estas comunidades son la carencia y la mala calidad en los servicios de salud y educativos, así como el bajo ingreso familiar, la pésima alimentación, la súper explotación de la fuerza de trabajo agrícola y su constante expulsión a las grandes ciudades o a los Estados Unidos.

A los elementos arriba señalados es importante agregar la falta de reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas del país y del estado, las limitaciones que las instituciones y los poderes fácticos han impuesto y siguen imponiendo en el ejercicio de la autonomía y los derechos territoriales indígenas, así como la existencia de una clase política sorda y ciega que no tiene interés en atender los problemas fundamentales de la población indígena y de los millones de pobres que habitan México.

Tanto los huicholes que habitan en el norte de Jalisco, como los nahuas del sur, han sufrido a lo largo de los años toda suerte de atracos y despojos de sus territorios que hoy están más vivos que nunca; especialmente las comunidades nahuas de la Sierra de Manantlán y Tuxpan fueron anteriormente despojadas de una porción sustancial de las tierras que históricamente les han pertenecido y actualmente viven en muy difíciles condiciones que agravan su situación de pobreza y marginación.

Frente al ejemplo zapatista y los destacados logros alcanzados por los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno, los pueblos indios de Jalisco y del resto del país tendrán que acrecentar fuerzas para consolidar la organización propia y la autonomía, pues, todo indica que del capitalismo y sus instituciones los indígenas no podemos esperar mucho.