Opinión - Carlos Gonzalez

Las razones de la ley

I PARTE

Jornada Jalisco - 18/01/07

En nuestra última entrega comentamos como el pasado 30 de diciembre el Congreso local aprobó por unanimidad la “Ley Sobre Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco”.

Asimismo señalamos que, contrario a lo dicho por quienes aprobaron la ley indígena, ésta no reconoce el derecho de los pueblos indígenas de Jalisco a la libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural y aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.

Por otro lado, en diversos artículos hemos destacado como es que la nueva ley disminuye los derechos políticos, territoriales, económicos y culturales de los pueblos indígenas de la entidad y viola en forma flagrante diversos preceptos contenidos en el Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Luego entonces, sí la ley aprobada no pretende reconocer los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, sino reducir los que éstos han ganado, la pregunta obligada es ¿cuáles son las razones que estuvieron detrás del voto “unánime” de los legisladores del PAN, PRI, PRD y PVEM al momento de aprobar la ley indígena?

A nuestro modo de ver las respuestas son múltiples y encuentran un ejemplo más que ilustrativo en la situación que viven las comunidades indígenas del sur de Jalisco:

En los últimos años el estado mexicano ha desatado una feroz ofensiva en contra de las comunidades indígenas y campesinas del país. Se trata de una guerra no declarada que tiene como fin garantizar el que la mano de obra y los territorios de las comunidades campesinas puedan ser apropiados y expoliados por los grandes consorcios trasnacionales en la nueva fase, llamada neoliberal, de acumulación “originaria” de capital y de consolidación global del capitalismo.

Para lograr lo anterior el estado se ha valido de múltiples leyes y políticas que centralmente tienden a: 1) separar a los campesinos de la tierra a través del despoblamiento forzado de las zonas rurales; 2) la erosión de los maíces nativos; y 3) la desamortización de la propiedad social agraria, así como la separación y privatización de los elementos que juntos integran los territorios de los pueblos campesinos: la tierra, el agua, los minerales, los bosques, el aire, la biodiversidad y, por supuesto, los saberes tradicionales vinculados a dichos elementos. La ley aprobada el pasado 30 de diciembre se encuentra dentro de la lógica descrita.

A lo largo de muchos siglos en el occidente mesoamericano han florecido importantes culturas indígenas, todas ellas adscritas después de las guerras de conquista a los horizontes lingüísticos náhuatl y wixárika. Habiendo sido particularmente implacable el exterminio de los pueblos indígenas del sur de Jalisco, resulta sorprendente que todavía hoy en día sobrevivan comunidades nahuas y cocas en diversas regiones de Jalisco, siendo significativas las localizadas en la Sierra de Manantlán, el municipio de Tuxpan, El Llano, la Sierra de Tapalpa, Cocula, Villa Purificación y las inmediaciones del Lago de Chapala.

Las comunidades citadas no son ajenas a la actual guerra neoliberal y su diezmado tejido social todavía resiente las políticas liberales desplegadas por los sucesivos gobiernos federales y locales a lo largo de los dos últimos siglos. Junto a la voluntad destructiva y rapaz de quienes tienen poder económico y político, la resistencia de las comunidades indígenas, aunque en medio de colosales murallas, existe y se crece en todo el territorio del antiguo “mictlampa”.

De este modo la comunidad indígena de Cuzalapa, enclavada en la Sierra de Manantlán, Jalisco, ha desatado, a partir de abril de 2005, un importante proceso de lucha en contra de la imposición del Programa de Certificación en Comunidades (PROCECOM), que implicó el parcelamiento forzoso de más de siete mil hectáreas de su propiedad comunal a principios del año 2005. En contra de dicha acción, concertada entre funcionarios de la Procuraduría Agraria y el anterior comisariado de bienes comunales, los comuneros han realizado asambleas y actualmente tienen en trámite dos juicios con la finalidad de que se anule una fantasmagórica asamblea organizada por la Procuraduría Agraria el 15 de enero del 2005 con la participación de tan solo 78 comuneros de un total de 244, pues en dicha asamblea se acordó el citado parcelamiento de las tierras de la comunidad.

Asimismo las comunidades del municipio de Tuxpan, Jalisco, donde desde hace años medra un oscuro cacicazgo, han iniciado un lento proceso de organización tendiente a la reconstitución política y cultural de la antigua “comunidad indígena”, hoy en día casi despedazada por las políticas agrarias y educativas de los gobiernos posrevolucionarios. Por lo menos esa es la pretensión de un grupo de familias indígenas aglutinadas en la Organización de Comunidades Indígenas y Campesinas de Tuxpan frente a los controles corporativos que impone la oficialista Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan a través de un manejo poco claro y con tintes electorales de los recursos y los programas públicos.

Desde hace meses los ejidatarios de Ayotitlán, en la Sierra de Manantlán, Jalisco, la más grande comunidad nahua de la entidad, han iniciado una difícil lucha en contra del Consorcio Minero Peña Colorada, perteneciente, al igual que las Encinas, a la trasnacional Hylsamex.

Peña Colorada, enclavada dentro de los terrenos ejidales de Ayotitlán, extrae cerca del 40% de todo el hierro que se beneficia en nuestro país, y durante años ha destruido impunemente las tierras, aguas y montes de la región, enriqueciendo a unos cuantos empresarios a cambio de otorgar migajas al ejido afectado. A finales del año 2005 la empresa impuso, con el apoyo de la CNC, un comisariado del ejido de Ayotitlán que es empleado suyo. La furia de los campesinos llegó a su límite y, además de que pararon las obras de ampliación de la mina , han iniciado diversos recursos legales tendientes a la anulación de las concesiones y los permisos que el gobierno ha otorgado a Peña Colorada en violación del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Peculiar es el caso de la comunidad indígena coca de Mezcala que se localiza en los codiciados márgenes de la Laguna de Chapala, espacio desde el que los comuneros y sus familias han resistido, con una mezcla de dignidad y conciencia histórica contundentes, los embates de las grandes empresas inmobiliarias con el fin de arrebatarles su antiguo territorio, guardado en forma milenaria con la sangre de cientos de generaciones.

Concluyendo podemos decir que, vistas las cosas de un modo panorámico y haciendo el recuento mínimo de la resistencia indígena frente al capital, una ley como la aprobada tiene un solo fin central: desarticular a las comunidades indígenas y su larga resistencia frente a las políticas e intereses neoliberales.