JORGE ROCHA*
Jornada Jalisco
Las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas continúan a pesar de que hace 13 años el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) puso en la escena política las múltiples violaciones a los derechos humanos y la situación de extrema pobreza en la que vive la décima parte de la población mexicana: los indígenas.
Los hechos recientes en Jalisco y México nos demuestran una vez más que el tema de los derechos de los pueblos indígenas sigue siendo parte de la agenda pública de este país, a pesar de que grupos gubernamentales y empresariales intenten invisibilizarlo y no darle su debida importancia y peso.
En el momento actual son varios y profundos los problemas sociales que no permiten la vigencia de estos derechos, algunos de los más importantes son:
1. La legislación aprobada en México en esta materia no ha resuelto prácticamente en nada la situación de los pueblos indígenas, incluso dichas leyes han sido objeto de rechazo por parte de los propios pueblos, al considerar que no recogieron el espíritu de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. El principal punto de conflicto, tanto en la ley federal como en la recién aprobada ley estatal, es que los pueblos indígenas no son considerados sujetos de derechos, es decir, no se les atribuyen las capacidades legales necesarias para conducirse como pueblos autónomos. Además, en ambas legislaciones no se tomó en cuenta el parecer de los indígenas. En pocas palabras, se les sigue viendo como “menores de edad” y como una expresión “folklórica” de la cultura.
2. Otro de los problemas que con preocupación va creciendo es la disputa por recursos naturales. La gran mayoría de los pueblos indígenas en México y Jalisco están asentados en territorios que tienen buena parte de los recursos naturales estratégicos que requiere la economía global para su funcionamiento. La razón de esta coincidencia es sencilla, y tiene que ver con que las formas de producción de estos pueblos suelen ser ambientalmente más sustentables. Las grandes empresas, sobre todo las trasnacionales, han encaminado sus ojos y sus esfuerzos a tomar control de facto de ciertos recursos: agua, zonas de biodiversidad, bosques, minerales y combustibles fósiles (petróleo y gas natural). Los conflictos alrededor de estos intereses se van acrecentando y provocando violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Como ejemplo basta citar el caso de La Parota, en Guerrero, donde se pretende construir un gran proyecto hidroeléctrico en zonas indígenas; o en Jalisco, en la Sierra de Manantlán, donde la explotación de la minera de Peña Colorada ha sido fuente de violaciones a los derechos de los pueblos asentados en esa zona.
3. El tercer gran problema está ligado con las formas de organización autónoma y de reproducción de la cultura indígena. Entes de gobierno y ciertos sectores de derecha en México ven como un peligro que los pueblos indígenas mantengan o vayan creando formas de organización social, que pueden representar procesos visionarios de nuevas maneras de hacer política, de formas novedosas y más radicales de vivir la democracia, de procesos reales de autonomía. Un ejemplo son los marcos normativos. Pueblos indígenas de Chiapas han desarrollado sistemas de justicia que tienen su acento en la reparación del daño y no en el castigo al culpable, o la implementación de sistemas de jueces que son mediadores en los conflictos comunitarios con un nivel de eficacia muy alto. A pesar de estas luces civilizatorias, grupos del gobierno y la derecha se empeñan en frenar y deslegitimar estos procesos sociales, acusándolos de balcanización e incluso sugiriendo que caen en conductas ilegales. En esta misma línea, las grandes televisoras vieron como un peligro para sus intereses comerciales y de expansión la multiplicación de radios comunitarias en pueblos indígenas.
4. En el pasado encuentro del Congreso Nacional Indígena, celebrado en Tuxpan, Jalisco, se confirmó que uno de los problemas por el que atraviesan varios pueblos indígenas, sobre todo los que han optado por luchar por la vigencia de sus derechos, es la militarización de sus regiones. Como apareció en La Jornada Jalisco (13 de marzo), los indígenas evidenciaron que los cuerpos militares se van asentando en sus comunidades provocando diversos problemas sociales, a saber: despojo de sus pertenencias, incremento del alcoholismo, división de la comunidad, clima de miedo, aparición de la prostitución y, como vimos hace unos días, hasta violaciones de mujeres. Este patrón de actuación por parte del gobierno federal apareció desde 1994, con el levantamiento zapatista como una estrategia de guerra contrainsurgente o de baja intensidad, ésta se mantiene en Chiapas, pero va extendiéndose a otras regiones indígenas. El efecto más nocivo de estas intervenciones es la ruptura del tejido social y la aparición de problemas “nuevos” en las comunidades que no se saben procesar.
5. La migración interna de jornaleros agrícolas indígenas del sureste del país al Bajío y el noroeste de México se ha convertido en un problema social de amplia envergadura, ya que se incrementa en número y es origen de múltiples violaciones a los derechos humanos. En este tema resalta el caso de la Montaña de Guerrero, que anualmente expulsa a 50 mil indígenas a los campos de hortalizas del noroeste de México. Todos ellos en condiciones laborales sumamente precarias, donde se permite el trabajo infantil y se pagan salarios de miseria. Esta situación fue objeto de un fuerte pronunciamiento por parte de Jorge Bustamante, el relator especial de Migración de la ONU, dirigido al gobierno mexicano por su olvido y negligencia ante esta situación.
En las campañas de Felipe Calderón y Emilio González Márquez el tema indígena no estuvo presente y, en el mejor de los casos, se le toma sólo como un problema de pobreza, pero se niega e invisibiliza la demanda en torno a los derechos de los pueblos. Las acciones hasta ahora no están claras y no se vislumbra como una prioridad de estos gobiernos… ¿Dejarán que la cuerda vuelva a reventarse? Ojalá que no, pero por lo pronto seguimos esperando.
*Académico del ITESO
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viernes, marzo 16, 2007
lunes, febrero 26, 2007
Opinión - Rafael Sandoval
La rebelión como horizonte de vida. Mezcala, Huitepec Ocotal y El Mayor
Jornada Jalisco
Al margen de la realidad aparente que nos presentan los grandes medios de comunicación, al margen de la sociedad del espectáculo en la que figuran como primeros actores los déspotas (aunque desde hace algún tiempo ya no ilustrados) de la clase política, la burguesía y la élite eclesial, millones de mexicanos resisten y se organizan para enfrentar lo que podría ser el último impulso de la depredación neoliberal: saqueo y despojo del agua, la tierra, el aire, los bosques, los recursos minerales que están en los territorios indígenas y ejidales.
Entre los grandes capitalistas y los burócratas gubernamentales se engañan mutuamente tratando de convencerse de que podrán despojar de lo único que les queda a las comunidades indígenas y a los pueblos campesinos, su territorio, el lugar donde sus antepasados vivieron y donde vivirán sus descendientes.
Después de 25 años de políticas privatizadoras y de convertir el trabajo en una forma de explotación sin garantizar las mínimas condiciones para la reproducción de la vida para poder seguir trabajando; es decir, sin garantizar la vivienda, el empleo permanente, la salud y la educación, además de obligar a emigrar a más de 15 millones de mexicanos en busca de trabajo, todavía creen los explotadores que los indígenas y campesinos van a soportar el despojo de sus tierras sin resistirse.
Cerca de 25 millones de mexicanos que habitan en el campo han tenido que separar a su familia para poder sobrevivir, yéndose unos a Estados Unidos, otros a las grandes ciudades y otros quedándose a seguir sembrando en condiciones difíciles y a cuidar sus comunidades, porque la mayoría regresa y otros los remplazan después de que envejecen.
En estos primeros meses del nuevo gobierno se ha empezado a cumplir con las promesas que en las campañas electorales hicieron a los grandes capitales: poner a su disposición las mejores tierras en cuestión de agua, bosques y riqueza en biodiversidad, pues ante la voracidad de acumular cada vez mayor riqueza, ahora van sobre el territorio que han conservado por miles de años las comunidades indígenas.
Sin embargo, ya se prepara la lucha y la resistencia de los pueblos, pues de ello depende la reproducción de su vida. Una muestra la dan las comunidades indígenas cocas de Mezcala, Jalisco; cucapás y quiliguas en Baja California, y los tzotziles de Chiapas, que en estos días dijeron ya basta y exigen respeto a la madre naturaleza y a su cultura.
En territorio coca de Mezcala se ha decidido por la asamblea de comuneros parar la devastación que de su bosque hacen cientos de ricos que practican el deporte de motocross en pleno bosque, conocido como El Comalito, en la parte más alta de la sierra de Mezcala. Se instaló un campamento de comuneros que evitarán que se utilice como si fuera parque privado de recreación de los ricos, que cada fin de semana llenaban de motociclistas los cerros de la comunidad con la complicidad de la presidencia municipal de Poncitlán, quien además les proporcionaba las dos ambulancias y patrullas, que pagan con sus impuestos los habitantes del municipio.
Cucapas y quiliguas, con la presencia de comandantes zapatistas, instalaron a partir de hoy un campamento en la comunidad indígena El Mayor, que durará de febrero a mayo, tiempo de la temporada de pesca, para cuidar sus tierras y aguas, y evitar que el mal gobierno les impida hacer uso de los recursos en su territorio y facilitando que los ricos utilicen sus aguas para el deporte de la pesca y la caza.
Asimismo, en el poblado de Huitepec Ocotal, en territorio del pueblo indio tzotzil, en las cercanías de la ciudad de San Cristóbal, en Chiapas, los zapatistas instalarán un campamento desde donde se coordinará una campaña para conservar los bosques e impedir la tala y el tráfico de maderas preciosas, así como la difusión de las leyes indígenas de protección de la naturaleza.
Los pueblos y comunidades indígenas saben y sienten que si permiten la instalación de los proyectos y programas de privatización encubierta de la tierra, vía programas como el Procede y el Procecom, o de supuesto desarrollo turístico o “ecoturístico”, será un golpe mortal que dará inicio a su desaparición como pueblo y cultura.
En esa lógica está el impulso de la Ley Indígena y la Ley de Patrimonio Cultural y Natural en Jalisco. Con todo, los indígenas en todo el país saben que en el horizonte histórico de la reproducción de su vida está la rebelión, si no se paran a tiempo los déspotas ignorantes de la clase política y la burguesía.
Jornada Jalisco
Al margen de la realidad aparente que nos presentan los grandes medios de comunicación, al margen de la sociedad del espectáculo en la que figuran como primeros actores los déspotas (aunque desde hace algún tiempo ya no ilustrados) de la clase política, la burguesía y la élite eclesial, millones de mexicanos resisten y se organizan para enfrentar lo que podría ser el último impulso de la depredación neoliberal: saqueo y despojo del agua, la tierra, el aire, los bosques, los recursos minerales que están en los territorios indígenas y ejidales.
Entre los grandes capitalistas y los burócratas gubernamentales se engañan mutuamente tratando de convencerse de que podrán despojar de lo único que les queda a las comunidades indígenas y a los pueblos campesinos, su territorio, el lugar donde sus antepasados vivieron y donde vivirán sus descendientes.
Después de 25 años de políticas privatizadoras y de convertir el trabajo en una forma de explotación sin garantizar las mínimas condiciones para la reproducción de la vida para poder seguir trabajando; es decir, sin garantizar la vivienda, el empleo permanente, la salud y la educación, además de obligar a emigrar a más de 15 millones de mexicanos en busca de trabajo, todavía creen los explotadores que los indígenas y campesinos van a soportar el despojo de sus tierras sin resistirse.
Cerca de 25 millones de mexicanos que habitan en el campo han tenido que separar a su familia para poder sobrevivir, yéndose unos a Estados Unidos, otros a las grandes ciudades y otros quedándose a seguir sembrando en condiciones difíciles y a cuidar sus comunidades, porque la mayoría regresa y otros los remplazan después de que envejecen.
En estos primeros meses del nuevo gobierno se ha empezado a cumplir con las promesas que en las campañas electorales hicieron a los grandes capitales: poner a su disposición las mejores tierras en cuestión de agua, bosques y riqueza en biodiversidad, pues ante la voracidad de acumular cada vez mayor riqueza, ahora van sobre el territorio que han conservado por miles de años las comunidades indígenas.
Sin embargo, ya se prepara la lucha y la resistencia de los pueblos, pues de ello depende la reproducción de su vida. Una muestra la dan las comunidades indígenas cocas de Mezcala, Jalisco; cucapás y quiliguas en Baja California, y los tzotziles de Chiapas, que en estos días dijeron ya basta y exigen respeto a la madre naturaleza y a su cultura.
En territorio coca de Mezcala se ha decidido por la asamblea de comuneros parar la devastación que de su bosque hacen cientos de ricos que practican el deporte de motocross en pleno bosque, conocido como El Comalito, en la parte más alta de la sierra de Mezcala. Se instaló un campamento de comuneros que evitarán que se utilice como si fuera parque privado de recreación de los ricos, que cada fin de semana llenaban de motociclistas los cerros de la comunidad con la complicidad de la presidencia municipal de Poncitlán, quien además les proporcionaba las dos ambulancias y patrullas, que pagan con sus impuestos los habitantes del municipio.
Cucapas y quiliguas, con la presencia de comandantes zapatistas, instalaron a partir de hoy un campamento en la comunidad indígena El Mayor, que durará de febrero a mayo, tiempo de la temporada de pesca, para cuidar sus tierras y aguas, y evitar que el mal gobierno les impida hacer uso de los recursos en su territorio y facilitando que los ricos utilicen sus aguas para el deporte de la pesca y la caza.
Asimismo, en el poblado de Huitepec Ocotal, en territorio del pueblo indio tzotzil, en las cercanías de la ciudad de San Cristóbal, en Chiapas, los zapatistas instalarán un campamento desde donde se coordinará una campaña para conservar los bosques e impedir la tala y el tráfico de maderas preciosas, así como la difusión de las leyes indígenas de protección de la naturaleza.
Los pueblos y comunidades indígenas saben y sienten que si permiten la instalación de los proyectos y programas de privatización encubierta de la tierra, vía programas como el Procede y el Procecom, o de supuesto desarrollo turístico o “ecoturístico”, será un golpe mortal que dará inicio a su desaparición como pueblo y cultura.
En esa lógica está el impulso de la Ley Indígena y la Ley de Patrimonio Cultural y Natural en Jalisco. Con todo, los indígenas en todo el país saben que en el horizonte histórico de la reproducción de su vida está la rebelión, si no se paran a tiempo los déspotas ignorantes de la clase política y la burguesía.
jueves, enero 18, 2007
Opinión - Carlos Gonzalez
Las razones de la ley
I PARTE
Jornada Jalisco - 18/01/07
En nuestra última entrega comentamos como el pasado 30 de diciembre el Congreso local aprobó por unanimidad la “Ley Sobre Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco”.
Asimismo señalamos que, contrario a lo dicho por quienes aprobaron la ley indígena, ésta no reconoce el derecho de los pueblos indígenas de Jalisco a la libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural y aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.
Por otro lado, en diversos artículos hemos destacado como es que la nueva ley disminuye los derechos políticos, territoriales, económicos y culturales de los pueblos indígenas de la entidad y viola en forma flagrante diversos preceptos contenidos en el Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Luego entonces, sí la ley aprobada no pretende reconocer los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, sino reducir los que éstos han ganado, la pregunta obligada es ¿cuáles son las razones que estuvieron detrás del voto “unánime” de los legisladores del PAN, PRI, PRD y PVEM al momento de aprobar la ley indígena?
A nuestro modo de ver las respuestas son múltiples y encuentran un ejemplo más que ilustrativo en la situación que viven las comunidades indígenas del sur de Jalisco:
En los últimos años el estado mexicano ha desatado una feroz ofensiva en contra de las comunidades indígenas y campesinas del país. Se trata de una guerra no declarada que tiene como fin garantizar el que la mano de obra y los territorios de las comunidades campesinas puedan ser apropiados y expoliados por los grandes consorcios trasnacionales en la nueva fase, llamada neoliberal, de acumulación “originaria” de capital y de consolidación global del capitalismo.
Para lograr lo anterior el estado se ha valido de múltiples leyes y políticas que centralmente tienden a: 1) separar a los campesinos de la tierra a través del despoblamiento forzado de las zonas rurales; 2) la erosión de los maíces nativos; y 3) la desamortización de la propiedad social agraria, así como la separación y privatización de los elementos que juntos integran los territorios de los pueblos campesinos: la tierra, el agua, los minerales, los bosques, el aire, la biodiversidad y, por supuesto, los saberes tradicionales vinculados a dichos elementos. La ley aprobada el pasado 30 de diciembre se encuentra dentro de la lógica descrita.
A lo largo de muchos siglos en el occidente mesoamericano han florecido importantes culturas indígenas, todas ellas adscritas después de las guerras de conquista a los horizontes lingüísticos náhuatl y wixárika. Habiendo sido particularmente implacable el exterminio de los pueblos indígenas del sur de Jalisco, resulta sorprendente que todavía hoy en día sobrevivan comunidades nahuas y cocas en diversas regiones de Jalisco, siendo significativas las localizadas en la Sierra de Manantlán, el municipio de Tuxpan, El Llano, la Sierra de Tapalpa, Cocula, Villa Purificación y las inmediaciones del Lago de Chapala.
Las comunidades citadas no son ajenas a la actual guerra neoliberal y su diezmado tejido social todavía resiente las políticas liberales desplegadas por los sucesivos gobiernos federales y locales a lo largo de los dos últimos siglos. Junto a la voluntad destructiva y rapaz de quienes tienen poder económico y político, la resistencia de las comunidades indígenas, aunque en medio de colosales murallas, existe y se crece en todo el territorio del antiguo “mictlampa”.
De este modo la comunidad indígena de Cuzalapa, enclavada en la Sierra de Manantlán, Jalisco, ha desatado, a partir de abril de 2005, un importante proceso de lucha en contra de la imposición del Programa de Certificación en Comunidades (PROCECOM), que implicó el parcelamiento forzoso de más de siete mil hectáreas de su propiedad comunal a principios del año 2005. En contra de dicha acción, concertada entre funcionarios de la Procuraduría Agraria y el anterior comisariado de bienes comunales, los comuneros han realizado asambleas y actualmente tienen en trámite dos juicios con la finalidad de que se anule una fantasmagórica asamblea organizada por la Procuraduría Agraria el 15 de enero del 2005 con la participación de tan solo 78 comuneros de un total de 244, pues en dicha asamblea se acordó el citado parcelamiento de las tierras de la comunidad.
Asimismo las comunidades del municipio de Tuxpan, Jalisco, donde desde hace años medra un oscuro cacicazgo, han iniciado un lento proceso de organización tendiente a la reconstitución política y cultural de la antigua “comunidad indígena”, hoy en día casi despedazada por las políticas agrarias y educativas de los gobiernos posrevolucionarios. Por lo menos esa es la pretensión de un grupo de familias indígenas aglutinadas en la Organización de Comunidades Indígenas y Campesinas de Tuxpan frente a los controles corporativos que impone la oficialista Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan a través de un manejo poco claro y con tintes electorales de los recursos y los programas públicos.
Desde hace meses los ejidatarios de Ayotitlán, en la Sierra de Manantlán, Jalisco, la más grande comunidad nahua de la entidad, han iniciado una difícil lucha en contra del Consorcio Minero Peña Colorada, perteneciente, al igual que las Encinas, a la trasnacional Hylsamex.
Peña Colorada, enclavada dentro de los terrenos ejidales de Ayotitlán, extrae cerca del 40% de todo el hierro que se beneficia en nuestro país, y durante años ha destruido impunemente las tierras, aguas y montes de la región, enriqueciendo a unos cuantos empresarios a cambio de otorgar migajas al ejido afectado. A finales del año 2005 la empresa impuso, con el apoyo de la CNC, un comisariado del ejido de Ayotitlán que es empleado suyo. La furia de los campesinos llegó a su límite y, además de que pararon las obras de ampliación de la mina , han iniciado diversos recursos legales tendientes a la anulación de las concesiones y los permisos que el gobierno ha otorgado a Peña Colorada en violación del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Peculiar es el caso de la comunidad indígena coca de Mezcala que se localiza en los codiciados márgenes de la Laguna de Chapala, espacio desde el que los comuneros y sus familias han resistido, con una mezcla de dignidad y conciencia histórica contundentes, los embates de las grandes empresas inmobiliarias con el fin de arrebatarles su antiguo territorio, guardado en forma milenaria con la sangre de cientos de generaciones.
Concluyendo podemos decir que, vistas las cosas de un modo panorámico y haciendo el recuento mínimo de la resistencia indígena frente al capital, una ley como la aprobada tiene un solo fin central: desarticular a las comunidades indígenas y su larga resistencia frente a las políticas e intereses neoliberales.
I PARTE
Jornada Jalisco - 18/01/07
En nuestra última entrega comentamos como el pasado 30 de diciembre el Congreso local aprobó por unanimidad la “Ley Sobre Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco”.
Asimismo señalamos que, contrario a lo dicho por quienes aprobaron la ley indígena, ésta no reconoce el derecho de los pueblos indígenas de Jalisco a la libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural y aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.
Por otro lado, en diversos artículos hemos destacado como es que la nueva ley disminuye los derechos políticos, territoriales, económicos y culturales de los pueblos indígenas de la entidad y viola en forma flagrante diversos preceptos contenidos en el Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Luego entonces, sí la ley aprobada no pretende reconocer los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, sino reducir los que éstos han ganado, la pregunta obligada es ¿cuáles son las razones que estuvieron detrás del voto “unánime” de los legisladores del PAN, PRI, PRD y PVEM al momento de aprobar la ley indígena?
A nuestro modo de ver las respuestas son múltiples y encuentran un ejemplo más que ilustrativo en la situación que viven las comunidades indígenas del sur de Jalisco:
En los últimos años el estado mexicano ha desatado una feroz ofensiva en contra de las comunidades indígenas y campesinas del país. Se trata de una guerra no declarada que tiene como fin garantizar el que la mano de obra y los territorios de las comunidades campesinas puedan ser apropiados y expoliados por los grandes consorcios trasnacionales en la nueva fase, llamada neoliberal, de acumulación “originaria” de capital y de consolidación global del capitalismo.
Para lograr lo anterior el estado se ha valido de múltiples leyes y políticas que centralmente tienden a: 1) separar a los campesinos de la tierra a través del despoblamiento forzado de las zonas rurales; 2) la erosión de los maíces nativos; y 3) la desamortización de la propiedad social agraria, así como la separación y privatización de los elementos que juntos integran los territorios de los pueblos campesinos: la tierra, el agua, los minerales, los bosques, el aire, la biodiversidad y, por supuesto, los saberes tradicionales vinculados a dichos elementos. La ley aprobada el pasado 30 de diciembre se encuentra dentro de la lógica descrita.
A lo largo de muchos siglos en el occidente mesoamericano han florecido importantes culturas indígenas, todas ellas adscritas después de las guerras de conquista a los horizontes lingüísticos náhuatl y wixárika. Habiendo sido particularmente implacable el exterminio de los pueblos indígenas del sur de Jalisco, resulta sorprendente que todavía hoy en día sobrevivan comunidades nahuas y cocas en diversas regiones de Jalisco, siendo significativas las localizadas en la Sierra de Manantlán, el municipio de Tuxpan, El Llano, la Sierra de Tapalpa, Cocula, Villa Purificación y las inmediaciones del Lago de Chapala.
Las comunidades citadas no son ajenas a la actual guerra neoliberal y su diezmado tejido social todavía resiente las políticas liberales desplegadas por los sucesivos gobiernos federales y locales a lo largo de los dos últimos siglos. Junto a la voluntad destructiva y rapaz de quienes tienen poder económico y político, la resistencia de las comunidades indígenas, aunque en medio de colosales murallas, existe y se crece en todo el territorio del antiguo “mictlampa”.
De este modo la comunidad indígena de Cuzalapa, enclavada en la Sierra de Manantlán, Jalisco, ha desatado, a partir de abril de 2005, un importante proceso de lucha en contra de la imposición del Programa de Certificación en Comunidades (PROCECOM), que implicó el parcelamiento forzoso de más de siete mil hectáreas de su propiedad comunal a principios del año 2005. En contra de dicha acción, concertada entre funcionarios de la Procuraduría Agraria y el anterior comisariado de bienes comunales, los comuneros han realizado asambleas y actualmente tienen en trámite dos juicios con la finalidad de que se anule una fantasmagórica asamblea organizada por la Procuraduría Agraria el 15 de enero del 2005 con la participación de tan solo 78 comuneros de un total de 244, pues en dicha asamblea se acordó el citado parcelamiento de las tierras de la comunidad.
Asimismo las comunidades del municipio de Tuxpan, Jalisco, donde desde hace años medra un oscuro cacicazgo, han iniciado un lento proceso de organización tendiente a la reconstitución política y cultural de la antigua “comunidad indígena”, hoy en día casi despedazada por las políticas agrarias y educativas de los gobiernos posrevolucionarios. Por lo menos esa es la pretensión de un grupo de familias indígenas aglutinadas en la Organización de Comunidades Indígenas y Campesinas de Tuxpan frente a los controles corporativos que impone la oficialista Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan a través de un manejo poco claro y con tintes electorales de los recursos y los programas públicos.
Desde hace meses los ejidatarios de Ayotitlán, en la Sierra de Manantlán, Jalisco, la más grande comunidad nahua de la entidad, han iniciado una difícil lucha en contra del Consorcio Minero Peña Colorada, perteneciente, al igual que las Encinas, a la trasnacional Hylsamex.
Peña Colorada, enclavada dentro de los terrenos ejidales de Ayotitlán, extrae cerca del 40% de todo el hierro que se beneficia en nuestro país, y durante años ha destruido impunemente las tierras, aguas y montes de la región, enriqueciendo a unos cuantos empresarios a cambio de otorgar migajas al ejido afectado. A finales del año 2005 la empresa impuso, con el apoyo de la CNC, un comisariado del ejido de Ayotitlán que es empleado suyo. La furia de los campesinos llegó a su límite y, además de que pararon las obras de ampliación de la mina , han iniciado diversos recursos legales tendientes a la anulación de las concesiones y los permisos que el gobierno ha otorgado a Peña Colorada en violación del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Peculiar es el caso de la comunidad indígena coca de Mezcala que se localiza en los codiciados márgenes de la Laguna de Chapala, espacio desde el que los comuneros y sus familias han resistido, con una mezcla de dignidad y conciencia histórica contundentes, los embates de las grandes empresas inmobiliarias con el fin de arrebatarles su antiguo territorio, guardado en forma milenaria con la sangre de cientos de generaciones.
Concluyendo podemos decir que, vistas las cosas de un modo panorámico y haciendo el recuento mínimo de la resistencia indígena frente al capital, una ley como la aprobada tiene un solo fin central: desarticular a las comunidades indígenas y su larga resistencia frente a las políticas e intereses neoliberales.
domingo, diciembre 31, 2006
Nos dieron madruguete, reclaman huicholes
La aprobación de Ley sobre los Derechos Indígenas del Estado de Jalisco fue considerada como un madruguete para representantes de las comunidades huicholas de Jalisco, que enterados a través de los medios de comunicación, llegaron de urgencia al Congreso del Estado para manifestarse en su contra.
Samuel Salvador Ortiz, representante de la comunidad de San Andrés Cohamiata, expresó que Francisco López Carrillo, procurador de Asuntos Indígenas, aprovechó que en la mayoría de los pueblos se están llevando a cabo fiestas y cambios en los gobiernos y posiblemente buscó a algunas personas para que vinieran a Jalisco a apoyar la aprobación de la ley.
“Pero nosotros estamos conscientes de que en las asambleas comunales han rechazado tajantemente esta propuesta de ley. Francisco López, como indígena, debería de acatar también lo que deciden las asambleas comunales y no atender a los llamados del presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas (el diputado Mario Reyna Bustos)”, expresó Ortiz.
“Desde hace mucho tiempo ha habido una relación muy estrecha con el diputado y el procurador y parece que han venido arreglando algunas situaciones. El diputado tiene que demostrar algo en sus tres años de gestión, porque de visitar las comunidades, solamente fue tres veces”.
Ortiz también mostró un documento firmado por comuneros wixárikas de los municipios de Mezquitic y Bolaños en el marco de la cuarta asamblea general realizada el 3 de diciembre de 2006, la cual contó con más de mil 200 asistentes, en donde se determinó rechazar tajantemente la propuesta de ley que promueve la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, a través de su diputado panista Mario Reyna Bustos "porque no cumple con el mínimo de las demandas legítimas de los indígenas".
“Desde hace mucho tiempo las comunidades huicholas del norte de Jalisco nos hemos venido manifestando en contra de esta ley porque no reconoce los derechos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas. Un punto medular que nosotros hemos venido discutiendo es en relación al reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho. Si no hay reconocimiento a los pueblos como sujetos de derechos, no puede haber derechos culturales y de usos y costumbres.
"La ley es bastante incongruente, agregó, lo hemos estado analizando técnica y jurídicamente. Por ejemplo, en el caso del reconocimiento de los sistemas de gobierno y de las autoridades propias de las comunidades dice que se reconocen, pero por otra parte implanta que el Ministerio Público debe de intervenir en algunos casos cuando así lo requieran las propias comunidades.
"Lo que nosotros planeamos y exigimos es que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sea respetado tal cual porque establece que los sistemas normativos deben respetarse en su cabalidad y esta ley indígena lo tritura. En algunos casos establece que deben reconocerse las autoridades, pero nosotros planteamos que sea en su totalidad".
El indígena huichol consideró que la formación de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas, implementado por la nueva ley, es un espacio débil para los indígenas y aseguró que en las anteriores legislaturas exigieron la formación de un ente público con características más fuertes.
“Con la Comisión Estatal quedamos a la misma altura que con la Procuraduría para Asuntos Indígenas, que ha venido de más a menos. Por eso estamos exigiendo que en vez de pensar en una instancia que no va a reconocer a las propias autoridades de las comunidades y que no va a atender las demandas; hay que pensar en una instancia mucho más fuerte, que tenga autonomía y recursos propios. Sobre todo que sea en las mismas comunidades en donde se decida quién será el coordinador del Consejo Estatal para los Pueblos Indígenas. Porque en este caso se le deja al Ejecutivo estatal que decida quién será el coordinador".
Samuel Salvador Ortiz, representante de la comunidad de San Andrés Cohamiata, expresó que Francisco López Carrillo, procurador de Asuntos Indígenas, aprovechó que en la mayoría de los pueblos se están llevando a cabo fiestas y cambios en los gobiernos y posiblemente buscó a algunas personas para que vinieran a Jalisco a apoyar la aprobación de la ley.
“Pero nosotros estamos conscientes de que en las asambleas comunales han rechazado tajantemente esta propuesta de ley. Francisco López, como indígena, debería de acatar también lo que deciden las asambleas comunales y no atender a los llamados del presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas (el diputado Mario Reyna Bustos)”, expresó Ortiz.
“Desde hace mucho tiempo ha habido una relación muy estrecha con el diputado y el procurador y parece que han venido arreglando algunas situaciones. El diputado tiene que demostrar algo en sus tres años de gestión, porque de visitar las comunidades, solamente fue tres veces”.
Ortiz también mostró un documento firmado por comuneros wixárikas de los municipios de Mezquitic y Bolaños en el marco de la cuarta asamblea general realizada el 3 de diciembre de 2006, la cual contó con más de mil 200 asistentes, en donde se determinó rechazar tajantemente la propuesta de ley que promueve la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, a través de su diputado panista Mario Reyna Bustos "porque no cumple con el mínimo de las demandas legítimas de los indígenas".
“Desde hace mucho tiempo las comunidades huicholas del norte de Jalisco nos hemos venido manifestando en contra de esta ley porque no reconoce los derechos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas. Un punto medular que nosotros hemos venido discutiendo es en relación al reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho. Si no hay reconocimiento a los pueblos como sujetos de derechos, no puede haber derechos culturales y de usos y costumbres.
"La ley es bastante incongruente, agregó, lo hemos estado analizando técnica y jurídicamente. Por ejemplo, en el caso del reconocimiento de los sistemas de gobierno y de las autoridades propias de las comunidades dice que se reconocen, pero por otra parte implanta que el Ministerio Público debe de intervenir en algunos casos cuando así lo requieran las propias comunidades.
"Lo que nosotros planeamos y exigimos es que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sea respetado tal cual porque establece que los sistemas normativos deben respetarse en su cabalidad y esta ley indígena lo tritura. En algunos casos establece que deben reconocerse las autoridades, pero nosotros planteamos que sea en su totalidad".
El indígena huichol consideró que la formación de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas, implementado por la nueva ley, es un espacio débil para los indígenas y aseguró que en las anteriores legislaturas exigieron la formación de un ente público con características más fuertes.
“Con la Comisión Estatal quedamos a la misma altura que con la Procuraduría para Asuntos Indígenas, que ha venido de más a menos. Por eso estamos exigiendo que en vez de pensar en una instancia que no va a reconocer a las propias autoridades de las comunidades y que no va a atender las demandas; hay que pensar en una instancia mucho más fuerte, que tenga autonomía y recursos propios. Sobre todo que sea en las mismas comunidades en donde se decida quién será el coordinador del Consejo Estatal para los Pueblos Indígenas. Porque en este caso se le deja al Ejecutivo estatal que decida quién será el coordinador".
Aprobó el Congreso del Estado de manera unánime la Ley sobre los Derechos Indígenas
- La norma reconoce el derecho de los pueblos autóctonos a la libre determinación y autonomía
- El decreto establecerá la creación de una Comisión Estatal Indígena compuesta por tres instancias
CECILIA DURAN - La Jornada Jalisco 31/12/06
La espera de doce años culminó con la aprobación de la Ley sobre los Derechos Indígenas del Estado de Jalisco. Por eso no importó que los representantes de algunas comunidades indígenas jaliscienses que fueron enterados en su momento que el dictamen sería sometido a voto ayer en la última sesión del año del Congreso del Estado, se quedaran a esperar su aprobación desde el viernes, en unas últimas 24 horas que también dieron tiempo para que llegaran grupos de indígenas que se oponían a lo que finalmente fue admitido de manera unánime por el pleno Legislativo.
Los indígenas esperaban que la aprobación se realizara el viernes en una sesión programada a las 10 de la mañana. Sin embargo, los diputados la cambiaron para la tarde por falta de acuerdo entre las fracciones parlamentarias en determinados temas. Alrededor de las 18 horas les informaron que comenzaría en la noche y les pidieron que se retiraran a sus respectivas comunidades y pueblos. Mientras esperaban en la entrada del recinto legislativo, les avisaron que la sesión era nuevamente suspendida para el sábado a las 12 horas.
Finalmente ayer, pasadas las 16 horas comenzó la reunión legislativa en la que se aprobó la ley que reconoce el derecho de los pueblos indígenas de Jalisco a la libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, economía, política y cultural, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos. Igualmente prevé que podrán elegir a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.
Fomenta el desarrollo de los pueblos indígenas al establecer como obligación del Estado el impulsar la creación de industrias rurales y comunitarias, así como las actividades tradicionales y de subsistencia.
Establece la creación de una Comisión Estatal Indígena, que sustituirá a la Procuraduría de Asuntos Indígenas y estará compuesta por tres instancias. Tendrá un director que será nombrado por el gobernador del Estado, un Organo de Gobierno, integrado por secretarios del gobierno del estado (Salud, Educación, Desarrollo Social, Turismo) el director general de Coplade y un Consejo Consultivo, compuesto por 40 representantes de las diferentes comunidades indígenas de Jalisco. También lo conformarán miembros de universidades y asociaciones civiles y delegados de los gobiernos municipales de donde están asentadas las comunidades.
“La idea es que las comunidades indígenas expongan sus requerimientos a la comisión, que traigan sus aportaciones y necesidades y éstas se jerarquicen y que toda esta información pueda llegar a los órganos de gobierno de manera que los presupuestos sean etiquetados y que puedan llegar a las comunidades”, dijo el diputado panista Mario Reyna Bustos, promotor de la ley y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado.
La comisión dispondrá de un presupuesto de un millón y medio y sus funciones consisten en asegurar que los recursos sean efectivamente consignados a las comunidades indígenas y darle seguimiento a los proyectos.
Con esta ley, dijo el diputado panista Mario Reyna Bustos, promotor de la misma, el gobierno del estado se verá obligado destinar n presupuesto especial para garantizar el desarrollo de los pueblos indígenas y a facilitar el acceso a la educación a través de becas destinadas para los indígenas que quieran continuar con sus estudios en la educación media y superior. También marca como obligación del estado y de los municipios de crear proyectos productivos, financiamientos, asesorías y capacitación técnica.
Reyna Bustos reconoció que aún existen comunidades que están en desacuerdo con la aprobación de ley, como por ejemplo la comunidad norteña de Santa Catarina, pero confía en que cuando perciban el beneficio en los demás pueblos de la región, acepten la ley.
“La ley indígena se estuvo trabajando durante más de 12 años, se presentaba en el Congreso pero no se aprobaba. En esta ocasión se discutió en todas las comunidades para hacer una ley que fuera para Jalisco, porque había una vertiente que nos pedía que hiciéramos válidos los acuerdos de San Andrés en Jalisco”, expresó Saúl Palacios Ramos, comunero indígena de Cuzalapa del municipio de Cuautitlán de García Barragán.
Nosotros pensamos que es una realidad bastante diferente, agregó, porque San Andrés tiene una forma de organización muy diferente y los pueblos indígenas de este estado tienen culturas muy particulares. Por lo tanto quisimos hacer esta ley de acuerdo a los usos y costumbres de nuestras comunidades.
“Pero no tenemos la falsa expectativa de que la ley va a cubrir todo. En su momento deberemos valorar las modificaciones que sean necesarias porque una ley siempre es perfectible”.
Para Francisco López Carrillo, procurador de Asuntos Indígenas, la ley es importante porque “vamos a tener a los consejeros urbanos, y ellos serán los encargados de hacer las propuestas de trabajo y considerarán las necesidades prioritarias”.
- El decreto establecerá la creación de una Comisión Estatal Indígena compuesta por tres instancias
CECILIA DURAN - La Jornada Jalisco 31/12/06
La espera de doce años culminó con la aprobación de la Ley sobre los Derechos Indígenas del Estado de Jalisco. Por eso no importó que los representantes de algunas comunidades indígenas jaliscienses que fueron enterados en su momento que el dictamen sería sometido a voto ayer en la última sesión del año del Congreso del Estado, se quedaran a esperar su aprobación desde el viernes, en unas últimas 24 horas que también dieron tiempo para que llegaran grupos de indígenas que se oponían a lo que finalmente fue admitido de manera unánime por el pleno Legislativo.
Los indígenas esperaban que la aprobación se realizara el viernes en una sesión programada a las 10 de la mañana. Sin embargo, los diputados la cambiaron para la tarde por falta de acuerdo entre las fracciones parlamentarias en determinados temas. Alrededor de las 18 horas les informaron que comenzaría en la noche y les pidieron que se retiraran a sus respectivas comunidades y pueblos. Mientras esperaban en la entrada del recinto legislativo, les avisaron que la sesión era nuevamente suspendida para el sábado a las 12 horas.
Finalmente ayer, pasadas las 16 horas comenzó la reunión legislativa en la que se aprobó la ley que reconoce el derecho de los pueblos indígenas de Jalisco a la libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, economía, política y cultural, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos. Igualmente prevé que podrán elegir a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.
Fomenta el desarrollo de los pueblos indígenas al establecer como obligación del Estado el impulsar la creación de industrias rurales y comunitarias, así como las actividades tradicionales y de subsistencia.
Establece la creación de una Comisión Estatal Indígena, que sustituirá a la Procuraduría de Asuntos Indígenas y estará compuesta por tres instancias. Tendrá un director que será nombrado por el gobernador del Estado, un Organo de Gobierno, integrado por secretarios del gobierno del estado (Salud, Educación, Desarrollo Social, Turismo) el director general de Coplade y un Consejo Consultivo, compuesto por 40 representantes de las diferentes comunidades indígenas de Jalisco. También lo conformarán miembros de universidades y asociaciones civiles y delegados de los gobiernos municipales de donde están asentadas las comunidades.
“La idea es que las comunidades indígenas expongan sus requerimientos a la comisión, que traigan sus aportaciones y necesidades y éstas se jerarquicen y que toda esta información pueda llegar a los órganos de gobierno de manera que los presupuestos sean etiquetados y que puedan llegar a las comunidades”, dijo el diputado panista Mario Reyna Bustos, promotor de la ley y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado.
La comisión dispondrá de un presupuesto de un millón y medio y sus funciones consisten en asegurar que los recursos sean efectivamente consignados a las comunidades indígenas y darle seguimiento a los proyectos.
Con esta ley, dijo el diputado panista Mario Reyna Bustos, promotor de la misma, el gobierno del estado se verá obligado destinar n presupuesto especial para garantizar el desarrollo de los pueblos indígenas y a facilitar el acceso a la educación a través de becas destinadas para los indígenas que quieran continuar con sus estudios en la educación media y superior. También marca como obligación del estado y de los municipios de crear proyectos productivos, financiamientos, asesorías y capacitación técnica.
Reyna Bustos reconoció que aún existen comunidades que están en desacuerdo con la aprobación de ley, como por ejemplo la comunidad norteña de Santa Catarina, pero confía en que cuando perciban el beneficio en los demás pueblos de la región, acepten la ley.
“La ley indígena se estuvo trabajando durante más de 12 años, se presentaba en el Congreso pero no se aprobaba. En esta ocasión se discutió en todas las comunidades para hacer una ley que fuera para Jalisco, porque había una vertiente que nos pedía que hiciéramos válidos los acuerdos de San Andrés en Jalisco”, expresó Saúl Palacios Ramos, comunero indígena de Cuzalapa del municipio de Cuautitlán de García Barragán.
Nosotros pensamos que es una realidad bastante diferente, agregó, porque San Andrés tiene una forma de organización muy diferente y los pueblos indígenas de este estado tienen culturas muy particulares. Por lo tanto quisimos hacer esta ley de acuerdo a los usos y costumbres de nuestras comunidades.
“Pero no tenemos la falsa expectativa de que la ley va a cubrir todo. En su momento deberemos valorar las modificaciones que sean necesarias porque una ley siempre es perfectible”.
Para Francisco López Carrillo, procurador de Asuntos Indígenas, la ley es importante porque “vamos a tener a los consejeros urbanos, y ellos serán los encargados de hacer las propuestas de trabajo y considerarán las necesidades prioritarias”.
sábado, diciembre 30, 2006
Suspenden sesión en el Congreso y queda sin aprobarse la Ley Indígena
- Representantes de las etnias se decepcionaron ante la actitud de los legisladores
- Mario Reyna se disculpó por lo sucedido pero les aseguró que existe consenso para aprobarla
CECILIA DURAN - La Jornada Jalisco 30/12/06
“Es para nosotros algo muy importante e histórico, hemos esperado por décadas esta ley y creemos que está a punto de aprobarse. Sí veníamos con una esperanza firme de que el día de hoy se cristalizaran nuestros sueños; un documento histórico que quedará en la memoria de Jalisco y para los pueblos indígenas el mejor regalo de año nuevo sería esta ley, que es lo que más anhelamos, pero desconozco por qué motivos se esté suspendiendo este tan importante acontecimiento”, dijo desconcertado Antonio Vázquez Romero, presidente de la Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan, al enterarse que la sesión del Congreso del Estado en donde sería aprobaba la Ley sobre los Derechos Indígenas del Estado de Jalisco, era suspendida por tercera vez.
Ataviados con sus mejores galas y cargando instrumentos musicales, representantes de las diferentes comunidades indígenas de Jalisco, anoche se fueron con las manos vacías. Se les había citado a las 10 de la mañana en el Congreso. Llegaron puntuales; sin embargo a las 11 de la mañana se les avisó que la sesión era pospuesta hasta las 17 horas. A esa hora el diputado del PAN Mario Reyna Bustos, promotor de la ley, los recibió en una sala para avisarles que la sesión se llevaría a cabo a las 20 horas y les pidió que se retiraran a sus lugares de origen porque “esto va para largo”.
Pero fue difícil convencerlos, ninguno se quiso retirar de las instalaciones del congreso y al son de los tambores y la flauta salieron de la sala decididos a esperar el inicio de la sesión. Alrededor de las 20:30, se enteraron, a través de los reporteros, que la reunión plenaria era nuevamente suspendida para hoy a las 12.00 horas porque los coordinadores de las fracciones parlamentarias no se pusieron de acuerdo en el nombramiento de un magistrado para la novena sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que debió ser designado ayer en la sesión.
Preocupados y con la incertidumbre de dónde pernoctarían, escucharon a Reyna Bustos, quien se disculpó por lo sucedido y les dijo que no podía asegurar que hoy la ley fuera aprobada; a la vez que les dio la seguridad de existe un consenso generalizado para aprobarla.
La Ley sobre Derechos Indígenas del Estado de Jalisco reconoce los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, economía, política y cultural, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.
También fomenta el desarrollo de los pueblos indígenas y en virtud de ello contempla la creación de una Comisión Estatal Indígenas, compuesta por un director un Organo de Gobierno y Consejo Consultivo, compuesto por 40 representantes de las diferentes comunidades indígenas de Jalisco.
- Mario Reyna se disculpó por lo sucedido pero les aseguró que existe consenso para aprobarla
CECILIA DURAN - La Jornada Jalisco 30/12/06
“Es para nosotros algo muy importante e histórico, hemos esperado por décadas esta ley y creemos que está a punto de aprobarse. Sí veníamos con una esperanza firme de que el día de hoy se cristalizaran nuestros sueños; un documento histórico que quedará en la memoria de Jalisco y para los pueblos indígenas el mejor regalo de año nuevo sería esta ley, que es lo que más anhelamos, pero desconozco por qué motivos se esté suspendiendo este tan importante acontecimiento”, dijo desconcertado Antonio Vázquez Romero, presidente de la Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan, al enterarse que la sesión del Congreso del Estado en donde sería aprobaba la Ley sobre los Derechos Indígenas del Estado de Jalisco, era suspendida por tercera vez.
Ataviados con sus mejores galas y cargando instrumentos musicales, representantes de las diferentes comunidades indígenas de Jalisco, anoche se fueron con las manos vacías. Se les había citado a las 10 de la mañana en el Congreso. Llegaron puntuales; sin embargo a las 11 de la mañana se les avisó que la sesión era pospuesta hasta las 17 horas. A esa hora el diputado del PAN Mario Reyna Bustos, promotor de la ley, los recibió en una sala para avisarles que la sesión se llevaría a cabo a las 20 horas y les pidió que se retiraran a sus lugares de origen porque “esto va para largo”.
Pero fue difícil convencerlos, ninguno se quiso retirar de las instalaciones del congreso y al son de los tambores y la flauta salieron de la sala decididos a esperar el inicio de la sesión. Alrededor de las 20:30, se enteraron, a través de los reporteros, que la reunión plenaria era nuevamente suspendida para hoy a las 12.00 horas porque los coordinadores de las fracciones parlamentarias no se pusieron de acuerdo en el nombramiento de un magistrado para la novena sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que debió ser designado ayer en la sesión.
Preocupados y con la incertidumbre de dónde pernoctarían, escucharon a Reyna Bustos, quien se disculpó por lo sucedido y les dijo que no podía asegurar que hoy la ley fuera aprobada; a la vez que les dio la seguridad de existe un consenso generalizado para aprobarla.
La Ley sobre Derechos Indígenas del Estado de Jalisco reconoce los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, economía, política y cultural, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.
También fomenta el desarrollo de los pueblos indígenas y en virtud de ello contempla la creación de una Comisión Estatal Indígenas, compuesta por un director un Organo de Gobierno y Consejo Consultivo, compuesto por 40 representantes de las diferentes comunidades indígenas de Jalisco.
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