La aprobación de Ley sobre los Derechos Indígenas del Estado de Jalisco fue considerada como un madruguete para representantes de las comunidades huicholas de Jalisco, que enterados a través de los medios de comunicación, llegaron de urgencia al Congreso del Estado para manifestarse en su contra.
Samuel Salvador Ortiz, representante de la comunidad de San Andrés Cohamiata, expresó que Francisco López Carrillo, procurador de Asuntos Indígenas, aprovechó que en la mayoría de los pueblos se están llevando a cabo fiestas y cambios en los gobiernos y posiblemente buscó a algunas personas para que vinieran a Jalisco a apoyar la aprobación de la ley.
“Pero nosotros estamos conscientes de que en las asambleas comunales han rechazado tajantemente esta propuesta de ley. Francisco López, como indígena, debería de acatar también lo que deciden las asambleas comunales y no atender a los llamados del presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas (el diputado Mario Reyna Bustos)”, expresó Ortiz.
“Desde hace mucho tiempo ha habido una relación muy estrecha con el diputado y el procurador y parece que han venido arreglando algunas situaciones. El diputado tiene que demostrar algo en sus tres años de gestión, porque de visitar las comunidades, solamente fue tres veces”.
Ortiz también mostró un documento firmado por comuneros wixárikas de los municipios de Mezquitic y Bolaños en el marco de la cuarta asamblea general realizada el 3 de diciembre de 2006, la cual contó con más de mil 200 asistentes, en donde se determinó rechazar tajantemente la propuesta de ley que promueve la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, a través de su diputado panista Mario Reyna Bustos "porque no cumple con el mínimo de las demandas legítimas de los indígenas".
“Desde hace mucho tiempo las comunidades huicholas del norte de Jalisco nos hemos venido manifestando en contra de esta ley porque no reconoce los derechos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas. Un punto medular que nosotros hemos venido discutiendo es en relación al reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho. Si no hay reconocimiento a los pueblos como sujetos de derechos, no puede haber derechos culturales y de usos y costumbres.
"La ley es bastante incongruente, agregó, lo hemos estado analizando técnica y jurídicamente. Por ejemplo, en el caso del reconocimiento de los sistemas de gobierno y de las autoridades propias de las comunidades dice que se reconocen, pero por otra parte implanta que el Ministerio Público debe de intervenir en algunos casos cuando así lo requieran las propias comunidades.
"Lo que nosotros planeamos y exigimos es que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sea respetado tal cual porque establece que los sistemas normativos deben respetarse en su cabalidad y esta ley indígena lo tritura. En algunos casos establece que deben reconocerse las autoridades, pero nosotros planteamos que sea en su totalidad".
El indígena huichol consideró que la formación de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas, implementado por la nueva ley, es un espacio débil para los indígenas y aseguró que en las anteriores legislaturas exigieron la formación de un ente público con características más fuertes.
“Con la Comisión Estatal quedamos a la misma altura que con la Procuraduría para Asuntos Indígenas, que ha venido de más a menos. Por eso estamos exigiendo que en vez de pensar en una instancia que no va a reconocer a las propias autoridades de las comunidades y que no va a atender las demandas; hay que pensar en una instancia mucho más fuerte, que tenga autonomía y recursos propios. Sobre todo que sea en las mismas comunidades en donde se decida quién será el coordinador del Consejo Estatal para los Pueblos Indígenas. Porque en este caso se le deja al Ejecutivo estatal que decida quién será el coordinador".
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