Por restringir el derecho al libre tránsito de las personas, la CEDHJ envió un exhorto al alcalde Ernesto Espinosa Guarro, para que reconsidere su posición y ordene a sus subalternos dejar entrar, a quien lo necesite y quiera, a las instalaciones de la sede del gobierno municipal Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO
Da 24 horas al alcalde para que explique con qué criterios se impide el paso a los ciudadanos Policías de la localidad permanecen en la entrada y deciden quién entra y quién no
JORGE COVARRUBIAS - Jornada Jalisco
Por restringir el derecho al libre tránsito de las personas, la CEDHJ envió un exhorto al alcalde Ernesto Espinosa Guarro, para que reconsidere su posición y ordene a sus subalternos dejar entrar, a quien lo necesite y quiera, a las instalaciones de la sede del gobierno municipal.
Por violaciones flagrantes al libre tránsito de las personas la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHJ) envió un exhorto al alcalde de Guadalajara, Ernesto Espinosa Guarro, para que cesen las restricciones contra cualquier persona que intenta ingresar al edificio que alberga la presidencia municipal. Al no encontrar fundamento para ejecutar tales medidas, el organismo defensor de las garantías individuales giró un plazo de 24 horas, que expira el jueves, al primer edil para que explique con que criterios se impide el acceso a los ciudadanos y ordene instrucciones a sus subalternos a fin de que erradiquen la disposición.
La medida cautelar se giró luego de que el organismo defensor de las garantías individuales recibió dos quejas ciudadanas por esta situación. La primera inconformidad la presentó un reportero que se dirigía a cubrir sus actividades quien fue detenido en dos ocasiones. Sólo hasta que se identificó como periodista los policías que custodian la entrada autorizaron su acceso. A este proceso se sumó otra queja ciudadana por hechos semejantes y en contra de los mismos policías tapatíos, cuestión que motivo a la CEDHJ a enviar a su personal con la finalidad de corroborar los actos.
“Como parte de la investigación, personal de Derechos Humanos se trasladó a palacio municipal para recabar datos; como resultado se elaboró una constancia donde se da cuenta que, efectivamente, los policías municipales que permanecen en la entrada restringen el acceso y deciden quienes ingresan al edificio público y quienes no”, detalla el comunicado que envió el organismo.
La CEDHJ inició la averiguación y solicitó información al secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Najera, como al oficial mayor administrativo Carlos Santoscoy. Al primero se le pidió el informe de ley de los policías que el día de los acontecimientos resguardaban el edificio, en tanto que al segundo se le cuestionó sobre la existencia de un reglamento que regule el ingreso a la presidencia, sin embargo los aludidos no han respondido al requerimiento, por lo que esas omisiones “levantan suspicacias sobre su inexistencia”.
Por lo anterior el organismo consideró que los actos reclamados son “una violación al libre tránsito de las personas que tienen necesidad de presentarse a alguna de las oficinas públicas que se encuentran en el interior de ese inmueble, y que incluso son molestadas en su persona al ser señalados y cuestionados por los policías tapatíos ahí apostados”.
“Con esta acción se viola de manera franca la Constitución General de la República, la del Estado, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que resguardan el derecho al libre tránsito de toda persona. Asimismo no se respeta el Código Civil del Estado y el Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara, que describen al edificio como un bien de dominio público”, enfatiza el documento.
La restricción del acceso a los ciudadanos ocurrió hace unas semanas cuando comenzaron los preparativos para desalojar al comercio ambulante del primer cuadro de la ciudad, con el argumento de proteger al inmueble de presuntas amenazas de bomba.
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