Opinión - Luis Javier Garrido

El narcopoder

La Jornada - 29/12/06

Una pregunta sigue apareciendo en los análisis que se hacen sobre México en otros países, que aquí sigue soslayándose a pesar de su importancia. ¿Es México abiertamente un narcoestado, como lo califican muchos analistas de otros países? ¿Y lo es más claramente ahora que la derecha se apoderó por la fuerza del poder gubernamental?

1. El gobierno ilegítimo de Felipe Calderón se ha preocupado en su primer mes en hacer valer que tiene el respaldo de las fuerzas armadas y de los factores tradicionales de poder, pero está teniendo que enfrentar una serie de manifestaciones de inconformidad social y ha recibido una serie de reveses políticos en el Congreso que lo sitúan en su verdadera dimensión: un poder de facto incapaz de enfrentar la realidad, y vinculado además a los peores grupos de poder, que le siguen pasando la factura, como se ve en la serie de nombramientos vergonzosos que ha venido haciendo.

2. Las señales ominosas de lo que está aconteciendo en México con el gobierno espurio de la derecha se multiplican, y una de las más siniestras es precisamente la de los cárteles del narcotráfico, a los que éste parece estar asociado como sus predecesores, y lo acaecido en estas primeras semanas del nuevo sexenio lo están confirmando ampliamente, como lo ha sido el operativo militar contra el narco, que no ha dejado de ser una operación más de propaganda.

3. El homicidio de Felipe Zavala McGregor, primo de Margarita Zavala, la esposa de Calderón, el día 12 en Naucalpan, poco después de iniciado el operativo de Michoacán, que se pretendió era contra los cárteles, quien fue ejecutado en un crimen no aclarado, como no lo fue tampoco en 2004 el del hermano de Carlos Salinas, y que ha sido minimizado por la prensa nacional y ampliamente analizado por la de otros países, fue entendido en medios del extranjero como un aviso a Calderón de que no se deben romper ciertos acuerdos, y el silencio oficial no ha hecho más que corroborar las especulaciones.

4. La alternancia política constituyó en México un proceso de continuidad y no de ruptura, pues entre los gobiernos de la tecnocracia priísta (1982-2000) y los del panismo (2000-...) ha existido una similitud tanto en las políticas generales del Estado como en las prácticas políticas. Y ese ha sido el caso de las relaciones de los gobiernos de todos esos años con el narcopoder, con el que han tenido una alianza estratégica, determinada en buena medida por las políticas seguidas por los gobiernos estadunidenses.

5. La vinculación de las autoridades surgidas del PAN con el narcotráfico no ha sido una cuestión individual ­como se puede ver revisando los acontecimientos de los últimos años: esto es, de políticos que hayan fallado a supuestos principios éticos, que ya se sabe no existen entre los panistas­, sino estructural; es decir, de políticas deliberadas que evidencian la subordinación de Acción Nacional a la tecnocracia del PRI y la descomposición absoluta que existe en ese partido por la ambición de poder económico y político de sus miembros.

6. La clase política panista se ha beneficiado, al igual que los priístas, del narcotráfico, desde Diego Fernández de Cevallos, la figura emblemática del PAN e instrumento de Salinas, que ha sido abogado de varios negocios de El Señor de los Cielos, y hasta ahora los hijos de Marta Sahagún, que han sido objeto de señalamientos sobre sus negocios que no parecen dejar lugar a dudas. Los gobiernos estatales panistas fueron todos funcionales al narco, desde el de Ernesto Rufo en Baja California (1989-1995) ­cuyo "hermano incómodo" estuvo involucrado en múltiples escándalos­, el de Francisco Barrio en Chihuahua (1990-1996) ­que prometió combatir a los cárteles y terminó entre escándalos por su vinculación con éstos­, hasta el de Sergio Estrada Cajigal en Morelos (2000-2006) ­que estuvo abiertamente asociado al narcopoder­. Y a escala local basta ver el caso de la zona metropolitana de Monterrey, cuyos municipios más elegantes, gobernados por panistas, se hallan en poder del narco.

7. El escándalo causado por el "narcogolpe de Estado", como llama el periodista Ricardo Ravelo a los acontecimientos de Reynosa de finales de octubre pasado, que condujeron a la dirigencia del cártel del Golfo a decidir el violento relevo del "mando de la plaza" (Proceso 1573), se debió a que pusieron de manifiesto que el narcopoder ejerce en México el poder político a escala municipal y estatal, de manera mucho más directa de lo que se dice, pero también al hecho de que fueron actores centrales de los acontecimientos los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de Martha, lo que evidencia una vez más la colusión tanto de la PGR como de Los Pinos con el poder de los narcos.

8. La impunidad de la burocracia panista vinculada al narcotráfico ha sido sin embargo en todo este tiempo casi absoluta, pues las detenciones se han limitado a funcionarios menores, como lo dicen los propios reportes oficiales. Un libro blanco, dado a conocer por la PGR, y que es un claro ejemplo de la política de la simulación, señala que en el sexenio de Fox fueron detenidos sólo 148 funcionarios policiales por sus nexos con alguno de los siete principales cárteles que operan en México (Diario Monitor, 27 de diciembre), y muy selectivamente para dar una falsa idea de imparcialidad y de aplicación de la ley: 38 relacionados con el cártel del Golfo que encabeza Osiel Cárdenas Guillén, 36 con el cártel de Juárez dirigido por Vicente Carrillo Fuentes y 33 con el cártel de Tijuana, comandado por Eduardo Arellano Félix, estando los restantes vinculados con los otros cárteles que según la DEA y la PGR operan en México: el de Colima o de las anfetaminas de los hermanos Amezcua, el de Sinaloa de los hermanos Guzmán Loera y el del Milenio de Luis Valencia. Ningún funcionario panista, y nadie de la judicatura.

9. El gobierno de facto de Calderón no va a investigar a Carlos Salinas de Gortari, su protector y amigo, que es el político mexicano más poderoso en el bajo mundo, como tampoco a Zedillo y a Fox, que mucho se beneficiaron de su relación con el crimen organizado, ni a los altos jerarcas panistas que tienen las manos sucias como aquéllos, ni a los miles de funcionarios priístas y panistas inodados hoy de una u otra manera en el narcotráfico. Y ninguna instancia oficial va a investigar a Calderón y a sus allegados, con lo que la economía del país y su organización social van a estar marcadas por el poder de quienes controlan el narco, que son trasnacionales cada vez más poderosas.

10. La impunidad es rasgo central de un narcoestado, y mientras en México los grandes capos de la política vinculados a la protección del tráfico de estupefacientes se hallen libres y los cárteles trasnacionales sigan operando libremente, los operativos mediáticos no lograrán convencer al pueblo ni cambiar la naturaleza del poder político.