Martí Batres
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) transformó radicalmente la forma de ver la política social. Transformó en los hechos la política social y modificó el debate nacional sobre la misma.
Durante los largos años del neoliberalismo fuimos testigos de una política social, con determinadas características, orientada en esencia a resarcir los costos más virulentos de la propia política económica neoliberal. Con una naturaleza profundamente antisocial la política económica neoliberal, de 1982 al 2000, generó masivos damnificados, derivados de recortes presupuestales, privatizaciones, destrucción de contratos colectivos de trabajo, quiebra masiva de empresas nacionales, contención premeditada del salario mínimo, aumento a los impuestos al consumo popular, transferencias de subsidios al gran capital privado, entre otras. La política social de los gobiernos neoliberales no estaba orientada a generar nuevos derechos, disminuir la desigualdad, ampliar las bases sociales del Estado o reconstruir el Estado social sino a mitigar los efectos de su propia política económica. En todo caso la política social neoliberal tenía apenas como alcance beneficiar a sus propios damnificados. No se proponía disminuir la desigualdad social sino atender a los extremos más evidentes de la pobreza. No buscaba transformar las condiciones de vida de la gente sino evitar la transformación de la extrema pobreza en estallidos sociales o políticos.
Por eso, la política social neoliberal era focalista, temporal y desintegrada. Los neoliberales inventaron ese concepto de beneficiar sólo a pequeños grupos en extrema pobreza, por medio de listas y padrones que excluían en los hechos a la inmensa mayoría de pobres de la sociedad. Dichos programas podían desaparecer rápidamente, pues al no constituir derechos de la población quedaban al arbitrio caprichoso de la autoridad en turno.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador planteó una nueva visión de la política social, que fue implementada inmediatamente. El primer rasgo y más importante de su política social es la universalidad, es decir, se trata de políticas destinadas a todos los que forman parte de un mismo segmento social y no sólo a los extremadamente pobres. Se retoma así el principio histórico de la educación pública, derecho universal por excelencia, del que no se excluye a nadie. Con esa inspiración se establece el derecho a una pensión a todos los adultos mayores de 70 años, y no sólo a los extremadamente pobres, pues se parte del hecho de que la condición de vejez ya constituye por sí misma una realidad social que amerita la implementación de este derecho universal. El carácter universal de la política social está orientado a disminuir las desigualdades, a establecer las bases de igualdad entre todos los ciudadanos y habitantes de la sociedad. La universalidad es el principio que se opone al focalismo, pues la política focalizada es para grupos pequeños y las políticas universales son para todos. Las políticas universales protegen a los extremadamente pobres, a los pobres y a quienes se encuentran en riesgo de caer en pobreza. La política focalista en cambio sólo busca resarcir los costos más virulentos de la política económica entre los extremadamente pobres. Los pobres, que constituyen la mayoría del país, no encuentran beneficio alguno en las políticas focalistas.
La segunda característica fundamental de la política social del GDF es la constitución de derechos permanentes. No se trata de políticas temporales que se puedan poner o quitar al gusto del gobernante, sino de derechos plasmados en leyes que son exigibles por los ciudadanos. No son, pues, concesiones altruistas del gobernante sino obligaciones sociales del Estado. Así, por ejemplo, la pensión para adultos mayores, los útiles escolares gratuitos, los medicamentos gratuitos, se encuentran ya consagrados en las leyes del DF y tienen un espacio obligado en el presupuesto.
En tercer lugar los derechos sociales universales en el DF están orientados a buscar la igualdad. Se parte del reconocimiento de que hay una gran desigualdad en el país y del rechazo ca esta desigualdad, y se busca construir a partir de este reconocimiento un piso social muy amplio que disminuya la desigualdad y genere condiciones para aproximarnos paulatinamente a una sociedad igualitaria. En cambio la política social neoliberal no cuestiona la desigualdad; parte de mantener a la gran mayoría en la pobreza, diseñando políticas dirigidas sólo a los extremadamente pobres, mientras se conservan las condiciones de pobreza de la mayoría.
El discurso ideológico del GDF se tradujo en realidades específicas. Eso modificó las percepciones de la gente en el DF y en el interior de la República, y obligó a todos, en mayor o menor medida, a modificar, o por lo menos ampliar, sus políticas sociales. El propio gobierno federal fustigó virulentamente el programa de pensión universal para adultos mayores del Distrito Federal como populista y terminó tratando de copiar dicho programa. Después de condenar ácidamente al gobierno de la ciudad ha tratado de emular, sin llegar a hacerlo bien, sus políticas.
Para este momento el GDF ha ganado ya el debate de los derechos sociales universales y se apresta a construir un segundo piso de la política social. En un momento dado la pensión universal a adultos mayores, la construcción masiva de vivienda popular en lote familiar, la entrega general de microcréditos y la creación de la Universidad de la Ciudad de México constituyeron un primer gran capítulo de la política social; ahora están a debate temas como la beca universal para estudiantes de bachillerato, los uniformes escolares gratuitos, los turnos completos en educación básica, entre otras políticas que tendrán que agregarse a las ya existentes, en el marco progresivo de la construcción de un Estado de bienestar social. La ciudad de México demuestra así que continúa y se mantiene a la vanguardia de los grandes cambios positivos para la nación y constituye el paradigma en torno al cual toman postura todos los actores del país.
Durante los largos años del neoliberalismo fuimos testigos de una política social, con determinadas características, orientada en esencia a resarcir los costos más virulentos de la propia política económica neoliberal. Con una naturaleza profundamente antisocial la política económica neoliberal, de 1982 al 2000, generó masivos damnificados, derivados de recortes presupuestales, privatizaciones, destrucción de contratos colectivos de trabajo, quiebra masiva de empresas nacionales, contención premeditada del salario mínimo, aumento a los impuestos al consumo popular, transferencias de subsidios al gran capital privado, entre otras. La política social de los gobiernos neoliberales no estaba orientada a generar nuevos derechos, disminuir la desigualdad, ampliar las bases sociales del Estado o reconstruir el Estado social sino a mitigar los efectos de su propia política económica. En todo caso la política social neoliberal tenía apenas como alcance beneficiar a sus propios damnificados. No se proponía disminuir la desigualdad social sino atender a los extremos más evidentes de la pobreza. No buscaba transformar las condiciones de vida de la gente sino evitar la transformación de la extrema pobreza en estallidos sociales o políticos.
Por eso, la política social neoliberal era focalista, temporal y desintegrada. Los neoliberales inventaron ese concepto de beneficiar sólo a pequeños grupos en extrema pobreza, por medio de listas y padrones que excluían en los hechos a la inmensa mayoría de pobres de la sociedad. Dichos programas podían desaparecer rápidamente, pues al no constituir derechos de la población quedaban al arbitrio caprichoso de la autoridad en turno.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador planteó una nueva visión de la política social, que fue implementada inmediatamente. El primer rasgo y más importante de su política social es la universalidad, es decir, se trata de políticas destinadas a todos los que forman parte de un mismo segmento social y no sólo a los extremadamente pobres. Se retoma así el principio histórico de la educación pública, derecho universal por excelencia, del que no se excluye a nadie. Con esa inspiración se establece el derecho a una pensión a todos los adultos mayores de 70 años, y no sólo a los extremadamente pobres, pues se parte del hecho de que la condición de vejez ya constituye por sí misma una realidad social que amerita la implementación de este derecho universal. El carácter universal de la política social está orientado a disminuir las desigualdades, a establecer las bases de igualdad entre todos los ciudadanos y habitantes de la sociedad. La universalidad es el principio que se opone al focalismo, pues la política focalizada es para grupos pequeños y las políticas universales son para todos. Las políticas universales protegen a los extremadamente pobres, a los pobres y a quienes se encuentran en riesgo de caer en pobreza. La política focalista en cambio sólo busca resarcir los costos más virulentos de la política económica entre los extremadamente pobres. Los pobres, que constituyen la mayoría del país, no encuentran beneficio alguno en las políticas focalistas.
La segunda característica fundamental de la política social del GDF es la constitución de derechos permanentes. No se trata de políticas temporales que se puedan poner o quitar al gusto del gobernante, sino de derechos plasmados en leyes que son exigibles por los ciudadanos. No son, pues, concesiones altruistas del gobernante sino obligaciones sociales del Estado. Así, por ejemplo, la pensión para adultos mayores, los útiles escolares gratuitos, los medicamentos gratuitos, se encuentran ya consagrados en las leyes del DF y tienen un espacio obligado en el presupuesto.
En tercer lugar los derechos sociales universales en el DF están orientados a buscar la igualdad. Se parte del reconocimiento de que hay una gran desigualdad en el país y del rechazo ca esta desigualdad, y se busca construir a partir de este reconocimiento un piso social muy amplio que disminuya la desigualdad y genere condiciones para aproximarnos paulatinamente a una sociedad igualitaria. En cambio la política social neoliberal no cuestiona la desigualdad; parte de mantener a la gran mayoría en la pobreza, diseñando políticas dirigidas sólo a los extremadamente pobres, mientras se conservan las condiciones de pobreza de la mayoría.
El discurso ideológico del GDF se tradujo en realidades específicas. Eso modificó las percepciones de la gente en el DF y en el interior de la República, y obligó a todos, en mayor o menor medida, a modificar, o por lo menos ampliar, sus políticas sociales. El propio gobierno federal fustigó virulentamente el programa de pensión universal para adultos mayores del Distrito Federal como populista y terminó tratando de copiar dicho programa. Después de condenar ácidamente al gobierno de la ciudad ha tratado de emular, sin llegar a hacerlo bien, sus políticas.
Para este momento el GDF ha ganado ya el debate de los derechos sociales universales y se apresta a construir un segundo piso de la política social. En un momento dado la pensión universal a adultos mayores, la construcción masiva de vivienda popular en lote familiar, la entrega general de microcréditos y la creación de la Universidad de la Ciudad de México constituyeron un primer gran capítulo de la política social; ahora están a debate temas como la beca universal para estudiantes de bachillerato, los uniformes escolares gratuitos, los turnos completos en educación básica, entre otras políticas que tendrán que agregarse a las ya existentes, en el marco progresivo de la construcción de un Estado de bienestar social. La ciudad de México demuestra así que continúa y se mantiene a la vanguardia de los grandes cambios positivos para la nación y constituye el paradigma en torno al cual toman postura todos los actores del país.
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