1.- Continuar con el análisis sobre la situación nacional he internacional para intervenir de manera correcta en el movimiento obrero.
2.- Recabar firmas (protesta ciudadana por la abrogación de la ley del ISSSTE). Elaborar formato único para la recopilación de firmas y fijar fecha para primera entrega en acto de masas.
3.-.- Las campañas y brigadeos de la CTyOD-ISSSTE deben ser realizadas con seriedad. Para ello debemos Apoyarnos y apoyar a los compañeros de la CNTE que están en plantón en las oficinas del ISSSTE.
a) Brigadear zonas habitacionales y seguir organizando e informando en los centros de trabajo.
b) Utilizar los tiempos libres para brigadear e impulsar el trabajo en centros de trabajo cercanos.
c) Los brigadeos son para llamar ir formando las bases de las coordinadoras regionales.
d) Proponer que las manifestaciones lleguen a los responsables y beneficiarios del robo de nuestras pensiones, como son las zonas residenciales (las Lomas, Santa Fe), centros financieros, y las casas de Elba, etc. Las marchas al zócalo ya no cumplen su objetivo, hay que ir a las colonias populares.
4.-. Elaborar un directorio de las personas que se ampararon.
5.- Se presenta y se aprueba en la asamblea el logo de la CTyOD-ISSSTE el cual consiste en dos manos similares a las del ISSSTE con una pareja levantando uno de sus puños sosteniendo a un bebe, con las siglas CTyOD-ISSSTE.
6.- Se presenta el número 1 del boletín de la CTyOD-ISSSTE y se propone que el nombre de nuestro boletín sea RESISTE. Se solicitan colaboraciones para el número 2 del boletín RESISTE.
7.- El charrismo y los burócratas sindicales que se han beneficiado de la pasividad y conquistas de la clase trabajadora han sido rebasados y ha surgido una nueva capa de dirigentes sindicales con representació n real ante sus bases. Se debe acuerpar y preparar políticamente a esta nueva capa de dirigentes que son parte esencial de la nueva estructura sindical que sustituirá a las viejas direcciones que no se han puesto al frente de la defensa de la seguridad social. Por ello se debe impulsar círculos de estudio, capacitación para gestoría, conferencias, foros e impulsar encuentros de trabajadores sobre historia del movimiento de los trabajadores en México y el mundo, análisis de coyuntura, perspectivas, táctica y estrategia para consolidar a la CTyOD-ISSSTE como una corriente político sindical amplia pero con un alto nivel político.
* Por ello se acuerda impulsar a la CNTE como la nueva estructura que sustituirá al viejo SNTE charrificado, y la CNTE debe utilizar mientras tiene sus instalaciones propias los edificios que el movimiento magisterial rescato en 1989, como el cuarto piso de la sección novena.
* Se impulsara la Charla-Conferencia con Alan Woods, martes 29 de mayo a las 17.00 horas en la UOM, con el tema “El Movimiento actual de los Trabajadores en América Latina y el mundo”. Conferencia que deberá proporcionar elementos para el análisis, perspectivas, táctica y estrategia que será preparatorio al encuentro de trabajadores al que citara la CTyOD-ISSSTE
* Impulsar y asistir a la marcha del CNH, el lunes 21 de mayo a las 16:00 hrs del Ángel al zócalo.
* Asistir a la coordinación de la zona norte en el auditorio de la delegación Cuauhtémoc el martes 22 a las 17:00 hrs.
* Organizar y brigadear la colonia CTM Culhuacan (en el sur del DF). La cita es las 10:00 hrs. en la alameda sur, el domingo 22 de mayo. Responsable Angélica de comunicaciones.
8.- Las asambleas de la CTyOD-ISSSTE se efectuaran salvo los días festivos o que acuerde la asamblea, los sábados. Para ello se fija que la próxima asamblea general de la CTyOD-ISSSTE, será el sábado 26 de mayo de 2007 a las 14.00 horas.
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sábado, mayo 26, 2007
domingo, mayo 20, 2007
Alistan paro de 12 horas sindicatos universitarios este lunes
Iniciará a las 7:00 horas y concluirá a las 19:00; participarán 20 instituciones de educación superior del país, entre ellas la UNAM, las universidades de Guadalajara, Autónoma de Nuevo León, entre otras
Alistan paro de 12 horas sindicatos universitarios este lunesAlistan paro de 12 horas sindicatos universitarios este lunes
Notimex
El Universal
Ciudad de México
Domingo 20 de mayo de 2007
15:35 En demanda de la abrogación de la nueva Ley del ISSSTE, organizaciones de la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU) efectuarán este lunes un paro de 12 horas y marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
Entre los manifestantes habrá integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
En el paro, que iniciará a las 7:00 horas y concluirá a las 19:00, participarán 20 instituciones de educación superior del país, entre ellas la UNAM, las universidades de Guadalajara, Autónoma de Nuevo León, de Guerrero y de Sinaloa.
La decisión de suspender labores este lunes la tomó la dirigencia colegiada de la FNSU el 5 de mayo en Guadalajara, Jalisco, mientras que el STUNAM llevó a cabo una consulta entre los poco más de 25 mil trabajadores administrativos de esa casa de estudios para ratificar la acción.
Se espera que el paro de labores sea apoyado también por sindicatos como los del Colegio de Bachilleres y de algunas universidades técnicas del país, así como el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
El paro de labores recibió el apoyo de organizaciones como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) , que ya confirmó su participación en la marcha.
Las manifestaciones incluirá ceses parciales en dependencias federales y estatales, huelgas de brazos caídos y asambleas informativas.
goc/grg
Alistan paro de 12 horas sindicatos universitarios este lunesAlistan paro de 12 horas sindicatos universitarios este lunes
Notimex
El Universal
Ciudad de México
Domingo 20 de mayo de 2007
15:35 En demanda de la abrogación de la nueva Ley del ISSSTE, organizaciones de la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU) efectuarán este lunes un paro de 12 horas y marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
Entre los manifestantes habrá integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
En el paro, que iniciará a las 7:00 horas y concluirá a las 19:00, participarán 20 instituciones de educación superior del país, entre ellas la UNAM, las universidades de Guadalajara, Autónoma de Nuevo León, de Guerrero y de Sinaloa.
La decisión de suspender labores este lunes la tomó la dirigencia colegiada de la FNSU el 5 de mayo en Guadalajara, Jalisco, mientras que el STUNAM llevó a cabo una consulta entre los poco más de 25 mil trabajadores administrativos de esa casa de estudios para ratificar la acción.
Se espera que el paro de labores sea apoyado también por sindicatos como los del Colegio de Bachilleres y de algunas universidades técnicas del país, así como el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
El paro de labores recibió el apoyo de organizaciones como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) , que ya confirmó su participación en la marcha.
Las manifestaciones incluirá ceses parciales en dependencias federales y estatales, huelgas de brazos caídos y asambleas informativas.
goc/grg
Opinión - Mario di Costanzo
Fovissste y la bursatilización de la cartera
La Jornada
Sin lugar a dudas, una de las vertientes que menos se ha discutido en la malograda Ley del ISSSTE y que hasta ahora los cada vez menos defensores de esta reforma han preferido callar, es el tema relativo a la situación que en la nueva ley tendrían los créditos hipotecarios otorgados por el Fovissste.
La razón de este silencio es que la aprobación prianista de la ley automáticamente abrió la posibilidad de un nuevo negocio para Elba Esther Gordillo y su camarilla.
Para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que el artículo 167 de la ley aprobada establece que será el propio ISSSTE quien administrará el Fondo para la Vivienda, ésto, en otras palabras, significa la desaparición virtual del Fovissste, siendo el ISSSTE, a través de una Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, quien operará y decidirá el manejo de los créditos y los fondos para la vivienda de los trabajadores.
Más aún, el artículo 170 de la Ley establece que serán 18 los miembros integrantes de esta comisión; nueve representantes de los trabajadores, el director del instituto, un vocal propuesto por este último, tres representantes de la SHCP, uno de Sedesol, uno de la STPS, uo de la Función Pública, y uno de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda.
Por ello esta Comisión Ejecutiva de la Vivienda tiene los mismos vicios en lo que se refiere a su órgano de gobierno, que la Comisión Ejecutiva que manejará las Pensionissste, es decir, que en su composición la maestra Elba Esther tiene de facto la mayoría de los votos en esta Comisión de Vivienda.
De esta manera, al desaparecer prácticamente el Fovissste, y en virtud de lo establecido en el artículo 189 de la ley, será el Banco de México quien lleve las cuentas de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y por lo tanto de lo que haya quedado del Fovissste.
En este sentido es importante señalar que actualmente existen grupos y organizaciones como VIMA, que han sido privilegiados por ser protegidos de Elba Esther Gordillo y que adeudan importantes cantidades de dinero al Fovissste, mismas que se estiman en cuando menos 25 mil millones de pesos, adeudos que podrían desaparecer de la misma manera en que se desaparecieron los adeudos de muchos personajes importantes en el rescate bancario.
Sin embargo, lo más grave es que el propio artículo 189 establece la posibilidad de que la cartera de vivienda se bursatilice, y al bursatilizarse originará que los créditos otorgados y que presenten algún atraso puedan ser cedidos en administración, o bien vendidos a las llamadas "administradoras de cartera", como ha sucedido con los deudores de la crisis bancaria, lo que ha permitido que estas administradoras lucren con la deuda de los trabajadores al servicio del Estado, y aquí valdría la pena escuchar las voces de miles de integrantes del movimiento de El Barzón, que han vivido en carne propia las atrocidades cometidas por estas "administradoras de cartera" .
Hay que recordar que las administradoras de cartera han adquirido los derechos de cobro por parte del IPAB en promedio a 10 por ciento de su valor, y le han cobrado a los deudores más de ciento por ciento, al sumar a estos adeudos los intereses moratorios y la usura, esta situación podría repetirse con los deudores hipotecarios del Fovissste, con lo que fácilmente aparecerían más casos como el de los "hermanos Bribiesca-Sahagún y las casas de 3 mil pesos", o cómo el de la "Torre azul", que es el edificio que alberga actualmente a los senadores del PAN.
Pero también puede suceder que la cartera (adeudos) que tienen con el Fovissste los grupos privilegiados, como VIMA, lleguen a la Comisión Ejecutiva de Vivienda y sean declarados como fondo perdido o bien pasen al Banco de México y sean bursatilizados, para que a su vez sean adquiridos por una "administradora" que en colusión a los intereses de Elba Esther Gordillo sea la encargada de revenderlos a los deudores privilegiados originales, pero a un valor sustancialmente inferior a su monto actual.
Así, esta situación abre una gama de posibilidades a través de las administradoras de cartera para que la maestra siga cobrando las facturas del 2 de julio, a costa de dejar en situación de indefensión total a los trabajadores que se atrasen en sus pagos, y pervirtiendo así la política de fomento a la vivienda de los trabajadores de bajos ingresos.
Por otro lado, también hay que observar que el propio artículo 189 establece la facultad discrecional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que determine en qué tipo de valores se van a invertir los ahorros del Fondo de Vivienda para los Trabajadores del Estado, en tanto no sean utilizados, ya que en su segundo párrafo señala textualmente lo siguiente: "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que los recursos del Fondo de la Vivienda se inviertan en valores diversos a los señalados, siempre que sean de alta calidad crediticia, o se bursatilice la cartera del Fondo de la Vivienda".
Lo anterior refuerza el carácter confiscatorio de los ahorros de los trabajadores por medio de la Ley del ISSSTE en favor de los intereses particulares del gobierno federal.
mariodc50@yahoo.com
La Jornada
Sin lugar a dudas, una de las vertientes que menos se ha discutido en la malograda Ley del ISSSTE y que hasta ahora los cada vez menos defensores de esta reforma han preferido callar, es el tema relativo a la situación que en la nueva ley tendrían los créditos hipotecarios otorgados por el Fovissste.
La razón de este silencio es que la aprobación prianista de la ley automáticamente abrió la posibilidad de un nuevo negocio para Elba Esther Gordillo y su camarilla.
Para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que el artículo 167 de la ley aprobada establece que será el propio ISSSTE quien administrará el Fondo para la Vivienda, ésto, en otras palabras, significa la desaparición virtual del Fovissste, siendo el ISSSTE, a través de una Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, quien operará y decidirá el manejo de los créditos y los fondos para la vivienda de los trabajadores.
Más aún, el artículo 170 de la Ley establece que serán 18 los miembros integrantes de esta comisión; nueve representantes de los trabajadores, el director del instituto, un vocal propuesto por este último, tres representantes de la SHCP, uno de Sedesol, uno de la STPS, uo de la Función Pública, y uno de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda.
Por ello esta Comisión Ejecutiva de la Vivienda tiene los mismos vicios en lo que se refiere a su órgano de gobierno, que la Comisión Ejecutiva que manejará las Pensionissste, es decir, que en su composición la maestra Elba Esther tiene de facto la mayoría de los votos en esta Comisión de Vivienda.
De esta manera, al desaparecer prácticamente el Fovissste, y en virtud de lo establecido en el artículo 189 de la ley, será el Banco de México quien lleve las cuentas de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y por lo tanto de lo que haya quedado del Fovissste.
En este sentido es importante señalar que actualmente existen grupos y organizaciones como VIMA, que han sido privilegiados por ser protegidos de Elba Esther Gordillo y que adeudan importantes cantidades de dinero al Fovissste, mismas que se estiman en cuando menos 25 mil millones de pesos, adeudos que podrían desaparecer de la misma manera en que se desaparecieron los adeudos de muchos personajes importantes en el rescate bancario.
Sin embargo, lo más grave es que el propio artículo 189 establece la posibilidad de que la cartera de vivienda se bursatilice, y al bursatilizarse originará que los créditos otorgados y que presenten algún atraso puedan ser cedidos en administración, o bien vendidos a las llamadas "administradoras de cartera", como ha sucedido con los deudores de la crisis bancaria, lo que ha permitido que estas administradoras lucren con la deuda de los trabajadores al servicio del Estado, y aquí valdría la pena escuchar las voces de miles de integrantes del movimiento de El Barzón, que han vivido en carne propia las atrocidades cometidas por estas "administradoras de cartera" .
Hay que recordar que las administradoras de cartera han adquirido los derechos de cobro por parte del IPAB en promedio a 10 por ciento de su valor, y le han cobrado a los deudores más de ciento por ciento, al sumar a estos adeudos los intereses moratorios y la usura, esta situación podría repetirse con los deudores hipotecarios del Fovissste, con lo que fácilmente aparecerían más casos como el de los "hermanos Bribiesca-Sahagún y las casas de 3 mil pesos", o cómo el de la "Torre azul", que es el edificio que alberga actualmente a los senadores del PAN.
Pero también puede suceder que la cartera (adeudos) que tienen con el Fovissste los grupos privilegiados, como VIMA, lleguen a la Comisión Ejecutiva de Vivienda y sean declarados como fondo perdido o bien pasen al Banco de México y sean bursatilizados, para que a su vez sean adquiridos por una "administradora" que en colusión a los intereses de Elba Esther Gordillo sea la encargada de revenderlos a los deudores privilegiados originales, pero a un valor sustancialmente inferior a su monto actual.
Así, esta situación abre una gama de posibilidades a través de las administradoras de cartera para que la maestra siga cobrando las facturas del 2 de julio, a costa de dejar en situación de indefensión total a los trabajadores que se atrasen en sus pagos, y pervirtiendo así la política de fomento a la vivienda de los trabajadores de bajos ingresos.
Por otro lado, también hay que observar que el propio artículo 189 establece la facultad discrecional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que determine en qué tipo de valores se van a invertir los ahorros del Fondo de Vivienda para los Trabajadores del Estado, en tanto no sean utilizados, ya que en su segundo párrafo señala textualmente lo siguiente: "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que los recursos del Fondo de la Vivienda se inviertan en valores diversos a los señalados, siempre que sean de alta calidad crediticia, o se bursatilice la cartera del Fondo de la Vivienda".
Lo anterior refuerza el carácter confiscatorio de los ahorros de los trabajadores por medio de la Ley del ISSSTE en favor de los intereses particulares del gobierno federal.
mariodc50@yahoo.com
domingo, mayo 06, 2007
Reacción en cadena entre trabajadores al servicio del Estado para buscar amparo
"Explosión" de denuncias en contra de la nueva Ley del ISSSTE; llegarán a 500 mil
LAURA POY SOLANO , CAROLINA GOMEZ , JOSE GALAN
Con la voluntad de miles de trabajadores que han presentado amparos contra la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las expectativas se han "desbordado, ante una angustia generalizada de afectados" reconocieron abogados laborales, quienes adelantaron que en los próximos días se prevé superar los 500 mil recursos interpuestos en todo el país.
De acuerdo con organizaciones sindicales universitarias y de diversas dependencias federales, hasta el momento se estima que se han presentado en todo el país, entre 250 y 300 mil amparos, aunque se prevé que a partir del 7 de mayo se incremente la promoción de estos recursos, pues la fecha límite es el 14 de mayo.
Aseguraron que las cifras preliminares se darán a conocer a finales de la próxima semana, una vez que haya concluido el proceso de entrega y admisión de la documentación ante los jueces federales, ya que debido a la "excesiva" demanda, miles de trabajadores aún no concluyen el proceso.
Según los abogados, el interés por interponer estos recursos es tal, que en el caso de la capital del país, el personal del Palacio de Justicia Federal ha laborado sábados y domingos para dar trámite a los miles de amparos que reciben diariamente.
El litigante Arturo Alcalde afirmó que la participación de miles de trabajadores generó una "explosión" de denuncias en la mayoría de los gremios universitarios y dependencias federales, a pesar de una creciente "manipulación informativa" que pretende desalentar las movilizaciones y la interposición de amparos.
Destacó que la nueva Ley del ISSSTE genera una afectación no sólo en las condiciones de trabajo de los empleados públicos, también en el acceso a los servicios de salud, pensión y jubilación de millones de burócratas.
Por su parte, Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México (UJM), coincidió en que la respuesta ha superado las expectativas. "Se ha generado una reacción en cadena de los trabajadores del Estado por ampararse porque han abierto los ojos ante la injusticia". Remarcó que todo hace prever que se superará el medio millón de amparos en contra de la citada ley.
En entrevista, precisó que cada día más trabajadores recurren a organizaciones de litigantes para presentar sus recursos, y afirmó que en el caso de la UJM, que asesora a diversas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a algunos integrantes de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de la Educación Superior (Censues), así como a miembros del Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, han recurrido, inclusive miembros de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).
Para el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) son ya alrededor de 300 mil los amparos interpuestos a nivel nacional en contra de la nueva Ley del ISSSTE, de los cuales 17 mil corresponderían a trabajadores administrativos y académicos de la máxima casa de estudios.
Apoyo universitario
Adrián Pedrozo, secretario de previsión social del comité ejecutivo del STUNAM, afirmó que las cifras generales, en particular las correspondientes a la universidad, podrán crecer porque el plazo para interponer amparos vencerá hasta el próximo lunes 14 de mayo. Resaltó que, inclusive, miembros de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM) se han acercado a ellos en busca de asesoría jurídica para proceder con sus respectivos amparos.
"Ante la pasividad del AAPAUNAM -que es el sindicato de académicos-, estamos abriendo espacios para que cualquiera que así lo desee recurra a nuestros servicios jurídicos e interponga su amparo", dijo Pedrozo. "En esto hay unidad entre grupos opositores y la Corriente Roja que encabeza Agustín Rodríguez. Debemos unificar esfuerzos", añadió.
Según los abogados, el interés se ha extendido también a trabajadores de las procuradurías General de la República y de la General de Justicia del Distrito Federal, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de la Reforma Agraria, e incluso algunos legisladores del PRD y del PT interpondrán también sus amparos.
LAURA POY SOLANO , CAROLINA GOMEZ , JOSE GALAN
Con la voluntad de miles de trabajadores que han presentado amparos contra la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las expectativas se han "desbordado, ante una angustia generalizada de afectados" reconocieron abogados laborales, quienes adelantaron que en los próximos días se prevé superar los 500 mil recursos interpuestos en todo el país.
De acuerdo con organizaciones sindicales universitarias y de diversas dependencias federales, hasta el momento se estima que se han presentado en todo el país, entre 250 y 300 mil amparos, aunque se prevé que a partir del 7 de mayo se incremente la promoción de estos recursos, pues la fecha límite es el 14 de mayo.
Aseguraron que las cifras preliminares se darán a conocer a finales de la próxima semana, una vez que haya concluido el proceso de entrega y admisión de la documentación ante los jueces federales, ya que debido a la "excesiva" demanda, miles de trabajadores aún no concluyen el proceso.
Según los abogados, el interés por interponer estos recursos es tal, que en el caso de la capital del país, el personal del Palacio de Justicia Federal ha laborado sábados y domingos para dar trámite a los miles de amparos que reciben diariamente.
El litigante Arturo Alcalde afirmó que la participación de miles de trabajadores generó una "explosión" de denuncias en la mayoría de los gremios universitarios y dependencias federales, a pesar de una creciente "manipulación informativa" que pretende desalentar las movilizaciones y la interposición de amparos.
Destacó que la nueva Ley del ISSSTE genera una afectación no sólo en las condiciones de trabajo de los empleados públicos, también en el acceso a los servicios de salud, pensión y jubilación de millones de burócratas.
Por su parte, Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México (UJM), coincidió en que la respuesta ha superado las expectativas. "Se ha generado una reacción en cadena de los trabajadores del Estado por ampararse porque han abierto los ojos ante la injusticia". Remarcó que todo hace prever que se superará el medio millón de amparos en contra de la citada ley.
En entrevista, precisó que cada día más trabajadores recurren a organizaciones de litigantes para presentar sus recursos, y afirmó que en el caso de la UJM, que asesora a diversas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a algunos integrantes de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de la Educación Superior (Censues), así como a miembros del Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, han recurrido, inclusive miembros de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).
Para el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) son ya alrededor de 300 mil los amparos interpuestos a nivel nacional en contra de la nueva Ley del ISSSTE, de los cuales 17 mil corresponderían a trabajadores administrativos y académicos de la máxima casa de estudios.
Apoyo universitario
Adrián Pedrozo, secretario de previsión social del comité ejecutivo del STUNAM, afirmó que las cifras generales, en particular las correspondientes a la universidad, podrán crecer porque el plazo para interponer amparos vencerá hasta el próximo lunes 14 de mayo. Resaltó que, inclusive, miembros de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM) se han acercado a ellos en busca de asesoría jurídica para proceder con sus respectivos amparos.
"Ante la pasividad del AAPAUNAM -que es el sindicato de académicos-, estamos abriendo espacios para que cualquiera que así lo desee recurra a nuestros servicios jurídicos e interponga su amparo", dijo Pedrozo. "En esto hay unidad entre grupos opositores y la Corriente Roja que encabeza Agustín Rodríguez. Debemos unificar esfuerzos", añadió.
Según los abogados, el interés se ha extendido también a trabajadores de las procuradurías General de la República y de la General de Justicia del Distrito Federal, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de la Reforma Agraria, e incluso algunos legisladores del PRD y del PT interpondrán también sus amparos.
lunes, abril 09, 2007
PLAN DE ACCIÓN ESTATAL
El movimiento de Bases Magisteriales declarada en asamblea permanente; Comités Ejecutivos Delegacionales del SNTE, Comités y Consejos de Lucha; La Asamblea Popular de Pueblos de Jalisco (APPJ) y otras organizaciones políticas y sociales llamamos a los trabajadores y a todo el pueblo, a movilizarse en defensa de la seguridad en torno al siguiente:
1.- Respaldar y difundir el plan nacional de la CNTE y otras fuerzas sindicales, políticas y sociales.
2.- Impulsar la formación de Consejos y Comités de lucha en zonas escolares y regionales de Jalisco.
3.- Organizar e impulsar campañas en medios de comunicación: Conferencias de prensa, envío de cartas, entrevistas, etc. Realizar actos de protesta frente a las sedes de medios de comunicación impresos y electrónicos.
4.- Promover amparos colectivos e individuales en contra de la Ley del ISSSTE.
5.- Realizar brigadeos en escuelas y otras regiones no movilizadas, invitando a los compañeros que sumen a ellos.
6.- Propagandizar en escuelas: con mantas, volantes, carteles, reuniones con padres de familia y sectores sociales.
7.- Capitalizar la inconformidad en las zonas y centros en donde no tiene presencia este movimiento de resistencia.
8.- Empatar la acciones con la movilización nacional:
1.- Respaldar y difundir el plan nacional de la CNTE y otras fuerzas sindicales, políticas y sociales.
2.- Impulsar la formación de Consejos y Comités de lucha en zonas escolares y regionales de Jalisco.
3.- Organizar e impulsar campañas en medios de comunicación: Conferencias de prensa, envío de cartas, entrevistas, etc. Realizar actos de protesta frente a las sedes de medios de comunicación impresos y electrónicos.
4.- Promover amparos colectivos e individuales en contra de la Ley del ISSSTE.
5.- Realizar brigadeos en escuelas y otras regiones no movilizadas, invitando a los compañeros que sumen a ellos.
6.- Propagandizar en escuelas: con mantas, volantes, carteles, reuniones con padres de familia y sectores sociales.
7.- Capitalizar la inconformidad en las zonas y centros en donde no tiene presencia este movimiento de resistencia.
8.- Empatar la acciones con la movilización nacional:
- 10 de Abril: conmemoración del asesinato deEmliano Zapata.
Macha partiendo de la Plaza Juárez al Centro de Guadalajara.
Lugar de reunión: Plaza Juárez (Calzada del Campesino y 16 de Septiembre)Hora: 17:00 hrs.
jueves, marzo 29, 2007
Opinión - Ruben Martín
México, fábrica de hacer ricos
Publico
Uno de los argumentos para justificar los cambios en los sistemas de pensiones en el país es que la sociedad mexicana ya no puede soportar los anteriores modelos jubilatorios debido a los cambios demográficos, pero también porque los privilegios que consiguieron los trabajadores organizados en décadas pasadas ahora ya son insostenibles. Se dice que el país no pude seguir pagando pensiones de “privilegio” a los trabajadores organizados, conquistadas durante la época del desarrollismo.
Ahora que se discuten los cambios a las pensiones del ISSSTE, se dice que no es justo que los contribuyentes mexicanos paguemos una pensión de 100 por ciento del salario a los burócratas, cuando el resto de jubilados en el país ni siquiera alcance a recibir una tercera parte de su salario.
Parece razonable, pero la salida es un poco tramposa, pues lo que se pide es que se quite también a los trabajadores al servicio del estado, tal como ya se ha quitado a los asalariados en empresas particulares gracias al infame sistema de pensiones que nos heredó Ernesto Zedillo. La salida que se ha buscado para la reforma al modelo de pensiones, tanto en las reformas del sexenio zedillista como ahora en el sexenio calderonista, se pueden traducir crudamente en que se pide más carga de trabajo a los asalariados. Si antes se podían jubilar a los 45 años, ahora se pide que la edad de retiro aumente diez años.
Una buena parte de los discursos que se han escuchado para justificar los cambios a la Ley del ISSSTE apelan al dramatismo, pintan un panorama de desastre y la necesidad de medidas de salvación nacional.
Si es cierto que el país atraviesa una crisis y si lo que está en juego es el ingreso con el que sobrevivirán las futuras generaciones de mexicanos, ¿por qué el reparto de responsabilidades recae exclusivamente en los trabajadores y no se incluye en el debate las ganancias de las administraciones de pensiones y la parte de responsabilidad que le toca a los empresarios?
Porque justo al mismo tiempo que se habla de esta crisis nacional, resulta que hay algunos sectores que no sólo no padecen crisis, sino que están ganando dinero como nunca. Hay muchos ejemplos de este enriquecimiento pero quizá ninguna medición sea tan ilustrativa como la lista de los millonarios de la revista Forbes. En esa lista que incluye a unos 700 megaricos del mundo, el mexicano Carlos Slim ocupa el tercer puesto con una fortuna de 49 mil millones de dólares (mdd). Pero no es el único, hay otros mexicanos: Alberto Bailleres con cinco mil mdd; aparece Ricardo Salinas Pliego con 4.6 mil mdd; Jeronimo Arango 4.3 mil mdd; Emilio Azcarraga Jean con 2.1 mil mdd; Roberto Hernandez Ramirez con dos mil mdd; Maria Asuncion Aramburuzabala dos mil mdd; Isaac Saba Raffoul con 1.8 mil mdd; en el lugar 583 Lorenzo Zambrano con 1.7 mil mdd; y finalmente Alfredo Harp Helu con una “pobre” fortuna de 1.6 mil mdd.
Son diez familias mexicanas que en conjunto tenían una fortuna de 74.1 millones de dólares. Es un inmenso mundo de dinero, que equivale al 10 por ciento total del PIB. Son tan cifras tan altas que se quedan en la estratosfera. Pero quizá sirva otra comparación. La fortuna de estos diez megaricos del país equivale al ingreso promedio de diez millones de trabajadores. El PIB per cápita en México es de 7,400 dólares anuales, es decir, recibe un ingreso mensual promedio de 6,500 pesos.
Así mientras se piden sacrificios a los trabajadores, México se ha convertido en una fábrica de hacer ricos. Muy ricos y muy rápido.
El aumento de la fortuna de estas diez familias es verdaderamente escandaloso. En 2000, cuando empezó su sexenio Vicente Fox, este grupo de acaudalados amasaba una fortuna de 24.9 mil mdd, suma que se triplicó en apenas un sexenio. De un año a otro tuvo un crecimiento espectacular. En 2005 la fortuna de estas diez familias era de 50.8 mil mdd y creció 50 por ciento para 2006.
¿Dónde está entonces las crisis nacional? Claramente entre los ricos del país no. La crisis es únicamente para las clases trabajadoras, tanto quienes tienen empleo formal, así como los informales. A ellos se les pide más carga de trabajo, más años para pagar sus pensiones, menos prestaciones y más esfuerzos. El resultado es que los ricos se convierten en megarricos. Si de verdad se quiere debatir el futuro del país con seriedad se debe discutir también si es justo que un puñado de empresarios se esté quedando con una gran tajada de la riqueza nacional. De otro modo las críticas a los “privilegios” de los trabajadores suenan a pura hipocresía.
rmartin@publico.com.mx, rmartin@milenio.com
Publico
Uno de los argumentos para justificar los cambios en los sistemas de pensiones en el país es que la sociedad mexicana ya no puede soportar los anteriores modelos jubilatorios debido a los cambios demográficos, pero también porque los privilegios que consiguieron los trabajadores organizados en décadas pasadas ahora ya son insostenibles. Se dice que el país no pude seguir pagando pensiones de “privilegio” a los trabajadores organizados, conquistadas durante la época del desarrollismo.
Ahora que se discuten los cambios a las pensiones del ISSSTE, se dice que no es justo que los contribuyentes mexicanos paguemos una pensión de 100 por ciento del salario a los burócratas, cuando el resto de jubilados en el país ni siquiera alcance a recibir una tercera parte de su salario.
Parece razonable, pero la salida es un poco tramposa, pues lo que se pide es que se quite también a los trabajadores al servicio del estado, tal como ya se ha quitado a los asalariados en empresas particulares gracias al infame sistema de pensiones que nos heredó Ernesto Zedillo. La salida que se ha buscado para la reforma al modelo de pensiones, tanto en las reformas del sexenio zedillista como ahora en el sexenio calderonista, se pueden traducir crudamente en que se pide más carga de trabajo a los asalariados. Si antes se podían jubilar a los 45 años, ahora se pide que la edad de retiro aumente diez años.
Una buena parte de los discursos que se han escuchado para justificar los cambios a la Ley del ISSSTE apelan al dramatismo, pintan un panorama de desastre y la necesidad de medidas de salvación nacional.
Si es cierto que el país atraviesa una crisis y si lo que está en juego es el ingreso con el que sobrevivirán las futuras generaciones de mexicanos, ¿por qué el reparto de responsabilidades recae exclusivamente en los trabajadores y no se incluye en el debate las ganancias de las administraciones de pensiones y la parte de responsabilidad que le toca a los empresarios?
Porque justo al mismo tiempo que se habla de esta crisis nacional, resulta que hay algunos sectores que no sólo no padecen crisis, sino que están ganando dinero como nunca. Hay muchos ejemplos de este enriquecimiento pero quizá ninguna medición sea tan ilustrativa como la lista de los millonarios de la revista Forbes. En esa lista que incluye a unos 700 megaricos del mundo, el mexicano Carlos Slim ocupa el tercer puesto con una fortuna de 49 mil millones de dólares (mdd). Pero no es el único, hay otros mexicanos: Alberto Bailleres con cinco mil mdd; aparece Ricardo Salinas Pliego con 4.6 mil mdd; Jeronimo Arango 4.3 mil mdd; Emilio Azcarraga Jean con 2.1 mil mdd; Roberto Hernandez Ramirez con dos mil mdd; Maria Asuncion Aramburuzabala dos mil mdd; Isaac Saba Raffoul con 1.8 mil mdd; en el lugar 583 Lorenzo Zambrano con 1.7 mil mdd; y finalmente Alfredo Harp Helu con una “pobre” fortuna de 1.6 mil mdd.
Son diez familias mexicanas que en conjunto tenían una fortuna de 74.1 millones de dólares. Es un inmenso mundo de dinero, que equivale al 10 por ciento total del PIB. Son tan cifras tan altas que se quedan en la estratosfera. Pero quizá sirva otra comparación. La fortuna de estos diez megaricos del país equivale al ingreso promedio de diez millones de trabajadores. El PIB per cápita en México es de 7,400 dólares anuales, es decir, recibe un ingreso mensual promedio de 6,500 pesos.
Así mientras se piden sacrificios a los trabajadores, México se ha convertido en una fábrica de hacer ricos. Muy ricos y muy rápido.
El aumento de la fortuna de estas diez familias es verdaderamente escandaloso. En 2000, cuando empezó su sexenio Vicente Fox, este grupo de acaudalados amasaba una fortuna de 24.9 mil mdd, suma que se triplicó en apenas un sexenio. De un año a otro tuvo un crecimiento espectacular. En 2005 la fortuna de estas diez familias era de 50.8 mil mdd y creció 50 por ciento para 2006.
¿Dónde está entonces las crisis nacional? Claramente entre los ricos del país no. La crisis es únicamente para las clases trabajadoras, tanto quienes tienen empleo formal, así como los informales. A ellos se les pide más carga de trabajo, más años para pagar sus pensiones, menos prestaciones y más esfuerzos. El resultado es que los ricos se convierten en megarricos. Si de verdad se quiere debatir el futuro del país con seriedad se debe discutir también si es justo que un puñado de empresarios se esté quedando con una gran tajada de la riqueza nacional. De otro modo las críticas a los “privilegios” de los trabajadores suenan a pura hipocresía.
rmartin@publico.com.mx, rmartin@milenio.com
Opinión - Carlos Gonzalez
Los paladines neoliberales y sus detractores
Jornada Jalisco
1. Apenas hace unas horas la Cámara de Senadores aprobó, vía fast track, la reforma a la Ley del ISSSTE. Dicha reforma, que ha provocado la cólera de maestros, burócratas y otros trabajadores, tiene dos fines: uno de fondo, consistente en entregar al capital privado las jugosas pensiones de miles y miles de trabajadores al servicio del Estado, tal como ya ocurre desde hace años con los dineros que cotizan millones de trabajadores inscritos en el IMSS; el otro, más de coyuntura, no es otra cosa que el pago de los servicios que la profesora brindó al presidente Calderón cuando éste aún era candidato y ocupaba de alguna persona versada en aquello de las telarañas del poder y la defraudación como oficio.
2. El próximo capítulo parece ser la aprobación de otras reformas “estructurales” que buscan el cobro del impuesto al valor agregado en todo lo que se pueda y la privatización del sector energético (petróleo y electricidad) para entregarlo, sin limitaciones de ningún tipo, al capital trasnacional.
3. La reforma a la Ley del ISSSTE ha exhibido, una vez más, el desprecio que la clase política y los más altos funcionarios de la nación sienten por el pueblo de México, pues los legisladores del PRI, el PAN, el Panal y el PVEM, apoyados en todo momento por el Ejecutivo federal y los grandes medios de comunicación, aprobaron, sin consulta previa, una enmienda legal que ha sido fuertemente rechazada desde muy diversos sectores de la sociedad, pero, sobre todo, por los supuestos beneficiarios de la reforma: los trabajadores afiliados al ISSSTE.
4. Sin embargo, en una disparatada inversión de la historia, los neoliberales quieren presentarse como los paladines de nuestra patria y al hablar, por ejemplo, de la reforma a la Ley del ISSSTE, lo hacen como si fueran los salvadores de dicho instituto de seguridad social, encubriendo con ello el espíritu privatizador de la iniciativa apenas aprobada.
5. Del mismo modo, estos modernos paladines, que por cierto han sumido en la mayor de las miserias a 60 por ciento de los habitantes de nuestro país, propagan desde hace tiempo la especie de que los movimientos indígenas son enemigos jurados de la sociedad moderna y sus valores.
Ciertamente ocurre que desde hace años las luchas indígenas, no sólo en México sino en toda América, se han colocado al frente de las resistencias sociales al actual modelo neoliberal y sus depredadoras consecuencias en la naturaleza y en la mayor parte de la población mundial.
6. La postura crítica y antineoliberal del movimiento indígena mexicano se ha expresado con toda nitidez en la Declaración de Tuxpan que el Congreso Nacional Indígena aprobó en su última sesión de trabajo celebrada hace apenas unas semanas, y que de manera enfática estableció que “los legisladores de este país obedecen a intereses trasnacionales y no a la voluntad del pueblo, y que en este tenor han hecho leyes racistas y entreguistas, como la Ley de Bioseguridad, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Acceso a Recursos Genéticos y Biológicos, la Ley Indígena Nacional, contraria al espíritu de los Acuerdos de San Andrés y leyes estatales sustentadas en la contrarreforma en materia indígena…”, así como la recién votada reforma a la Ley del ISSSTE, agregaríamos nosotros.
7. Finalmente, al pueblo de México le queda optar la vía que eligió el movimiento indígena y decir junto con éste que “el sistema político actual nos ha dado la espalda y ya no es opción para nuestros pueblos, por lo que seguiremos trabajando desde abajo y a través de nuestros modos y formas propias de organización”.
Jornada Jalisco
1. Apenas hace unas horas la Cámara de Senadores aprobó, vía fast track, la reforma a la Ley del ISSSTE. Dicha reforma, que ha provocado la cólera de maestros, burócratas y otros trabajadores, tiene dos fines: uno de fondo, consistente en entregar al capital privado las jugosas pensiones de miles y miles de trabajadores al servicio del Estado, tal como ya ocurre desde hace años con los dineros que cotizan millones de trabajadores inscritos en el IMSS; el otro, más de coyuntura, no es otra cosa que el pago de los servicios que la profesora brindó al presidente Calderón cuando éste aún era candidato y ocupaba de alguna persona versada en aquello de las telarañas del poder y la defraudación como oficio.
2. El próximo capítulo parece ser la aprobación de otras reformas “estructurales” que buscan el cobro del impuesto al valor agregado en todo lo que se pueda y la privatización del sector energético (petróleo y electricidad) para entregarlo, sin limitaciones de ningún tipo, al capital trasnacional.
3. La reforma a la Ley del ISSSTE ha exhibido, una vez más, el desprecio que la clase política y los más altos funcionarios de la nación sienten por el pueblo de México, pues los legisladores del PRI, el PAN, el Panal y el PVEM, apoyados en todo momento por el Ejecutivo federal y los grandes medios de comunicación, aprobaron, sin consulta previa, una enmienda legal que ha sido fuertemente rechazada desde muy diversos sectores de la sociedad, pero, sobre todo, por los supuestos beneficiarios de la reforma: los trabajadores afiliados al ISSSTE.
4. Sin embargo, en una disparatada inversión de la historia, los neoliberales quieren presentarse como los paladines de nuestra patria y al hablar, por ejemplo, de la reforma a la Ley del ISSSTE, lo hacen como si fueran los salvadores de dicho instituto de seguridad social, encubriendo con ello el espíritu privatizador de la iniciativa apenas aprobada.
5. Del mismo modo, estos modernos paladines, que por cierto han sumido en la mayor de las miserias a 60 por ciento de los habitantes de nuestro país, propagan desde hace tiempo la especie de que los movimientos indígenas son enemigos jurados de la sociedad moderna y sus valores.
Ciertamente ocurre que desde hace años las luchas indígenas, no sólo en México sino en toda América, se han colocado al frente de las resistencias sociales al actual modelo neoliberal y sus depredadoras consecuencias en la naturaleza y en la mayor parte de la población mundial.
6. La postura crítica y antineoliberal del movimiento indígena mexicano se ha expresado con toda nitidez en la Declaración de Tuxpan que el Congreso Nacional Indígena aprobó en su última sesión de trabajo celebrada hace apenas unas semanas, y que de manera enfática estableció que “los legisladores de este país obedecen a intereses trasnacionales y no a la voluntad del pueblo, y que en este tenor han hecho leyes racistas y entreguistas, como la Ley de Bioseguridad, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Acceso a Recursos Genéticos y Biológicos, la Ley Indígena Nacional, contraria al espíritu de los Acuerdos de San Andrés y leyes estatales sustentadas en la contrarreforma en materia indígena…”, así como la recién votada reforma a la Ley del ISSSTE, agregaríamos nosotros.
7. Finalmente, al pueblo de México le queda optar la vía que eligió el movimiento indígena y decir junto con éste que “el sistema político actual nos ha dado la espalda y ya no es opción para nuestros pueblos, por lo que seguiremos trabajando desde abajo y a través de nuestros modos y formas propias de organización”.
miércoles, marzo 21, 2007
Editorial - La Jornada
Pensiones del ISSSTE, regalo a los bancos
La Jornada
La iniciativa de reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados durante la madrugada de ayer, es resultado de una enésima negociación opaca, discrecional y pronunciadamente tecnocrática entre los segmentos que conforman la expresión legislativa de la alianza gobernante -Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista-, de la cual han sido marginados los derechohabientes, pese a que éstos son, supuestamente, la razón de ser de la institución afectada.
La Jornada
La iniciativa de reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados durante la madrugada de ayer, es resultado de una enésima negociación opaca, discrecional y pronunciadamente tecnocrática entre los segmentos que conforman la expresión legislativa de la alianza gobernante -Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista-, de la cual han sido marginados los derechohabientes, pese a que éstos son, supuestamente, la razón de ser de la institución afectada.
Desde la cumbre del poder político, el calderonismo y el elbismo, sin haber presentado cuentas claras y convincentes, afirman que el propósito de los cambios es salvar al ISSSTE y asegurar su viabilidad, pero resulta inevitable sospechar -como lo piensan los organismos laborales involucrados- que la motivación real de la reforma es poner el dinero de las pensiones de los trabajadores del Estado en manos de los bancos privados y de las Afore y ofrecerles, por esa vía, una espléndida oportunidad de negocio. Resulta extraño, por decir lo menos, que los afanes oficiales de rescate del instituto referido no empiecen por la medida más evidente: acciones concretas de combate a la corrupción administrativa que impera en él, acciones que, si hubiera voluntad política para emprenderlas, tal vez serían por sí mismas suficientes para enderezar el rumbo financiero del instituto. Es significativa, asimismo, la prisa con la que el oficialismo pretende operar cambios en una institución controlada, vía Miguel Angel Yunes, por el clan político de Elba Esther Gordillo, el cual prestó favores electorales inestimables al actual titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa.
Con semejantes maneras de preparación de reformas legales, y con el manifiesto acento proempresarial y antilaboral del actual gobierno, no es de extrañar que la modificación mencionada haya generado múltiples expresiones de rechazo en diversos puntos del territorio nacional -Distrito Federal, Acapulco, Morelia, Tlaxcala-, más las que se anuncian para los días próximos.
Desde otro punto de vista, la pretensión de transferir los fondos de pensiones de los trabajadores del Estado a los intereses financieros privados -trasnacionales en su gran mayoría, para colmo- evidencia el contubernio entre rancios corporativismos sindicales -el que encabeza Gordillo y el que dirige Joel Ayala- enemistados entre sí por rebatingas de cuotas de poder pero adosados, en lo esencial, al aparato de dominación de la clase político-empresarial que mantiene vigente, y al costo que sea, el programa económico neoliberal: recorte indiscriminado de las funciones y potestades del sector público y generación de prebendas para el sector privado, particularmente el financiero. Además, el contraste entre la prisa por aprobar la modificación legal y el descontento que la iniciativa genera entre los agremiados habla, por añadidura, de la crisis de representatividad que afecta a las cúpulas sindicales y a los propios organismos legislativos.
En estas circunstancias, y ante la inminente aprobación de las reformas a la Ley del ISSSTE en la Cámara de Diputados, cabe esperar que los integrantes del Senado de la República actúen con menos precipitación, y permitan los espacios y tiempos necesarios para una ponderación más amplia, participativa y transparente de los cambios propuestos. De otra manera, el grupo que detenta el poder económico y político en el país dará un golpe más a las atribuciones del Estado, beneficiará intereses de los acaudalados en detrimento de los derechos de los menos favorecidos y vencerá sin haber convencido, que es lo mismo que ha venido haciendo desde hace varios sexenios.
martes, marzo 20, 2007
Opinión - MANUEL GARCIA URRUTIA
La Ley del ISSSTE: la misma receta
Jornada Jalisco
Existen diversas razones para rechazar y ver con desconfianza –y sin esperanza– las modificaciones que se proponen a La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en particular en lo que se refiere al régimen de pensiones y jubilaciones.
En primer lugar está su falta de consenso no entre partidos políticos sino entre el gobierno y los trabajadores afectados. Ciertamente la mal llamada “reforma” –eso quiere decir que las modificaciones son innovadoras o para mejorar y ese no es el caso– implica una idea de país, un compromiso democrático que aún no baja el ámbito de lo social y a lo más que llega es a buscar su reconocimiento legal a través del mayoriteo de las fuerzas políticas hegemónicas representadas en el Congreso de la Unión –el PRIAN– y su legitimidad con el aval del caduco sistema corporativo, es decir de los organismos cúpula “representativos” de los burócratas, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (Fedessp) –donde destaca el protagonismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)–, una a cargo de Joel Ayala y la otra, lógicamente, de Elba Esther Gordillo.
En segundo lugar está la negociación por debajo de la mesa que consolida dichos liderazgos sindicales corruptos, clientelares y plegados a los intereses gubernamentales, tanto el de Joel Ayala como el de Elba Esther Gordillo, peleados entre sí pero aliados en esta coyuntura, con el fin de no perder interlocución frente al gobierno federal, a la vez que, con su aval, sacan ventajas para su causa. Para ellos, como dirigentes pragmáticos –y de convicciones volubles–, es mejor llevar agua a su molino que oponerse; es preferible tratar de sacar beneficios que fortalezcan sus intereses particulares que luchar contra una contrarreforma que perjudicará a las bases que dicen representar. Por lo pronto, las centrales sindicales charras podrán tener acceso al control de los recursos que generará la nueva estructura –la “Afore” pública– que se creará, ex profeso, para manejar los ahorros de los trabajadores al servicio del Estado –aunque la intención y la tendencia sea favorecer la “libertad” para que cada trabajador elija después a la Afore de su preferencia–.
Tercero, porque sigue la misma lógica y reproduce el modelo de retiro propuesto en la iniciativa de ley la fórmula que ya se practica a los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que ha demostrado que no resuelve de fondo la dignificación del trabajo ni la posibilidad de contar con jubilaciones y pensiones justas y dignas.
El sistema de fondos de ahorro para el retiro, hay que recordarlo, fue diseñado pensado en el rescate financiero de los bancos y no en la gente ni en el interés de garantizar que se pueda vivir, al jubilarse, de los dineros que se hayan recabado al retirarse; más bien, la idea es individualizar no sólo las cuentas sino la responsabilidad de financiarse, a lo largo del “ahorro” obligado acumulado durante la trayectoria laboral, los efectos de la ancianidad y los padecimientos propios de la vida “productiva”.
Cuarto, porque el discurso de los apologistas de la iniciativa, en particular de los funcionarios al frente del ISSSTE –en especial Miguel Angel Yunes, personaje oscuro de la política mexicana y alfil de Elba Esther Gordillo–, es tan mentiroso, que por experiencias pasadas y el abandono que ha caracterizado al Estado, en los últimos años, en materia de servicios de salud, no puede esperarse que después de la aprobación de la ley, los servicios del Instituto vayan a mejorarse de manera sustantiva. Al igual que como se plantea en el ISSSTE, después de los cambios al sistema de pensiones y jubilaciones del IMSS, el gobierno aportó una cantidad millonaria de recursos con los que se nos dijo, en cadena nacional –recuérdese a Salinas de Gortari hablando para la televisión y la radio–, que el futuro de la institución y la salud de los trabajadores mexicanos y sus familias, estaban garantizadas. Años después, menos de tres, la crisis en el IMSS, ya privatizados los fondos para el retiro, volvió para quedarse.
Y quinto, no sólo no son confiables los promotores entusiastas de los cambios a la ley –incluyendo a las secretarías de Hacienda, de Gobernación y hasta de Comunicaciones y Transportes–, por su trayectoria política oportunista y afín a la ideología neoliberal, sino que además está claro su papel como correas de transmisión de una receta que se viene cocinando desde hace años por parte de organismos financieros internacionales ajenos a la realidad nacional.
Sin embargo, déjeme aclarar algo y matizar esta reflexión. Sí es necesario cambiar la ley general del ISSSTE y sí se requiere modificar el régimen de pensiones y jubilaciones, adecuándolo a las nuevas expectativas de vida de los mexicanos, pero sin mermar actividades sustantivas de la institución –sin privatizar funciones– y sin perder su naturaleza tripartita en el origen de sus aportaciones, es decir del gobierno como patrón, del Estado, como garante del bienestar colectivo, y de los propios trabajadores; sin afectar su carácter público y solidario, manejado con transparencia y bajo la vigilancia y evaluación constante de los usuarios, del cumplimiento de sus fines, planes y de su desempeño, con el propósito de poner el acento en jubilaciones justas y dignas y en servicios médicos de calidad para los trabajadores al servicio del Estado.
La iniciativa de ley busca, como la del IMSS, de manera engañosa, obtener del gobierno federal, una vez transferidas las pensiones y jubilaciones de los burócratas a un nuevo organismo –Pensión ISSSTE–, alrededor de 8 mil millones de pesos para mejorar su infraestructura y servicio. Pretende dar injerencia a las centrales en el manejo del nuevo organismo para administrar las pensiones y jubilaciones. Aumenta la edad, a 65 años, como requisito para poderse retirar del servicio público y aplicando, a cabalidad para las contrataciones nuevas, las reglas que se aprueben en la ley al respecto. Asimismo, el ISSSTE podrá subcontratar o subrogar a particulares actividades que la administración considere como no sustantivas, entre varias otras medidas que la ley contempla. La propuesta de ley viene del Partido Revolucionario Institucional, la apoya el Partido Acción Nacional y sus satélites, el Verde Ecologista y Nueva Alianza.
En el caso del IMSS convendría recordar que a pesar de la cantidad que el gobierno le dio a la institución, más de 20 mil millones de pesos, para resolver sus problemas financieros, después de aprobadas las Afores, no fue suficiente para su mantenimiento y menos para mejorar su servicio, dado el crecimiento de la demanda y a que lo que se recaba por cuotas impositivas no alcanza para solventar su operación. De ahí, precisamente, que los fondos que manejaba, destinados para las jubilaciones –antes del Sistema para el Ahorro y el Retiro (SAR)–, se desviaran a esas tareas para resolver sus carencias. Eso pasará ahora con el ISSSTE en cierto tiempo.
En suma, la transformación integral del sistema de seguridad social y de las pensiones y jubilaciones pasa por una discusión más incluyente y compleja del marco neoliberal y tecnocrático del que hoy se inscribe esta problemática. Tiene que ver con una visión nacionalista –aún y con más razón por su conexión global, a fin de recuperar las mejores experiencias del mundo en la materia–, con la reforma fiscal integral, la recuperación salarial y el estímulo a empleos estables y dignos en el sector público –principal promotor de la eventualidad y la evasión de impuestos–. Y, desgraciadamente, eso no está en la visión corta, eficientista (gerencial) y servil de nuestros gobernantes.
Jornada Jalisco
Existen diversas razones para rechazar y ver con desconfianza –y sin esperanza– las modificaciones que se proponen a La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en particular en lo que se refiere al régimen de pensiones y jubilaciones.
En primer lugar está su falta de consenso no entre partidos políticos sino entre el gobierno y los trabajadores afectados. Ciertamente la mal llamada “reforma” –eso quiere decir que las modificaciones son innovadoras o para mejorar y ese no es el caso– implica una idea de país, un compromiso democrático que aún no baja el ámbito de lo social y a lo más que llega es a buscar su reconocimiento legal a través del mayoriteo de las fuerzas políticas hegemónicas representadas en el Congreso de la Unión –el PRIAN– y su legitimidad con el aval del caduco sistema corporativo, es decir de los organismos cúpula “representativos” de los burócratas, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (Fedessp) –donde destaca el protagonismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)–, una a cargo de Joel Ayala y la otra, lógicamente, de Elba Esther Gordillo.
En segundo lugar está la negociación por debajo de la mesa que consolida dichos liderazgos sindicales corruptos, clientelares y plegados a los intereses gubernamentales, tanto el de Joel Ayala como el de Elba Esther Gordillo, peleados entre sí pero aliados en esta coyuntura, con el fin de no perder interlocución frente al gobierno federal, a la vez que, con su aval, sacan ventajas para su causa. Para ellos, como dirigentes pragmáticos –y de convicciones volubles–, es mejor llevar agua a su molino que oponerse; es preferible tratar de sacar beneficios que fortalezcan sus intereses particulares que luchar contra una contrarreforma que perjudicará a las bases que dicen representar. Por lo pronto, las centrales sindicales charras podrán tener acceso al control de los recursos que generará la nueva estructura –la “Afore” pública– que se creará, ex profeso, para manejar los ahorros de los trabajadores al servicio del Estado –aunque la intención y la tendencia sea favorecer la “libertad” para que cada trabajador elija después a la Afore de su preferencia–.
Tercero, porque sigue la misma lógica y reproduce el modelo de retiro propuesto en la iniciativa de ley la fórmula que ya se practica a los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que ha demostrado que no resuelve de fondo la dignificación del trabajo ni la posibilidad de contar con jubilaciones y pensiones justas y dignas.
El sistema de fondos de ahorro para el retiro, hay que recordarlo, fue diseñado pensado en el rescate financiero de los bancos y no en la gente ni en el interés de garantizar que se pueda vivir, al jubilarse, de los dineros que se hayan recabado al retirarse; más bien, la idea es individualizar no sólo las cuentas sino la responsabilidad de financiarse, a lo largo del “ahorro” obligado acumulado durante la trayectoria laboral, los efectos de la ancianidad y los padecimientos propios de la vida “productiva”.
Cuarto, porque el discurso de los apologistas de la iniciativa, en particular de los funcionarios al frente del ISSSTE –en especial Miguel Angel Yunes, personaje oscuro de la política mexicana y alfil de Elba Esther Gordillo–, es tan mentiroso, que por experiencias pasadas y el abandono que ha caracterizado al Estado, en los últimos años, en materia de servicios de salud, no puede esperarse que después de la aprobación de la ley, los servicios del Instituto vayan a mejorarse de manera sustantiva. Al igual que como se plantea en el ISSSTE, después de los cambios al sistema de pensiones y jubilaciones del IMSS, el gobierno aportó una cantidad millonaria de recursos con los que se nos dijo, en cadena nacional –recuérdese a Salinas de Gortari hablando para la televisión y la radio–, que el futuro de la institución y la salud de los trabajadores mexicanos y sus familias, estaban garantizadas. Años después, menos de tres, la crisis en el IMSS, ya privatizados los fondos para el retiro, volvió para quedarse.
Y quinto, no sólo no son confiables los promotores entusiastas de los cambios a la ley –incluyendo a las secretarías de Hacienda, de Gobernación y hasta de Comunicaciones y Transportes–, por su trayectoria política oportunista y afín a la ideología neoliberal, sino que además está claro su papel como correas de transmisión de una receta que se viene cocinando desde hace años por parte de organismos financieros internacionales ajenos a la realidad nacional.
Sin embargo, déjeme aclarar algo y matizar esta reflexión. Sí es necesario cambiar la ley general del ISSSTE y sí se requiere modificar el régimen de pensiones y jubilaciones, adecuándolo a las nuevas expectativas de vida de los mexicanos, pero sin mermar actividades sustantivas de la institución –sin privatizar funciones– y sin perder su naturaleza tripartita en el origen de sus aportaciones, es decir del gobierno como patrón, del Estado, como garante del bienestar colectivo, y de los propios trabajadores; sin afectar su carácter público y solidario, manejado con transparencia y bajo la vigilancia y evaluación constante de los usuarios, del cumplimiento de sus fines, planes y de su desempeño, con el propósito de poner el acento en jubilaciones justas y dignas y en servicios médicos de calidad para los trabajadores al servicio del Estado.
La iniciativa de ley busca, como la del IMSS, de manera engañosa, obtener del gobierno federal, una vez transferidas las pensiones y jubilaciones de los burócratas a un nuevo organismo –Pensión ISSSTE–, alrededor de 8 mil millones de pesos para mejorar su infraestructura y servicio. Pretende dar injerencia a las centrales en el manejo del nuevo organismo para administrar las pensiones y jubilaciones. Aumenta la edad, a 65 años, como requisito para poderse retirar del servicio público y aplicando, a cabalidad para las contrataciones nuevas, las reglas que se aprueben en la ley al respecto. Asimismo, el ISSSTE podrá subcontratar o subrogar a particulares actividades que la administración considere como no sustantivas, entre varias otras medidas que la ley contempla. La propuesta de ley viene del Partido Revolucionario Institucional, la apoya el Partido Acción Nacional y sus satélites, el Verde Ecologista y Nueva Alianza.
En el caso del IMSS convendría recordar que a pesar de la cantidad que el gobierno le dio a la institución, más de 20 mil millones de pesos, para resolver sus problemas financieros, después de aprobadas las Afores, no fue suficiente para su mantenimiento y menos para mejorar su servicio, dado el crecimiento de la demanda y a que lo que se recaba por cuotas impositivas no alcanza para solventar su operación. De ahí, precisamente, que los fondos que manejaba, destinados para las jubilaciones –antes del Sistema para el Ahorro y el Retiro (SAR)–, se desviaran a esas tareas para resolver sus carencias. Eso pasará ahora con el ISSSTE en cierto tiempo.
En suma, la transformación integral del sistema de seguridad social y de las pensiones y jubilaciones pasa por una discusión más incluyente y compleja del marco neoliberal y tecnocrático del que hoy se inscribe esta problemática. Tiene que ver con una visión nacionalista –aún y con más razón por su conexión global, a fin de recuperar las mejores experiencias del mundo en la materia–, con la reforma fiscal integral, la recuperación salarial y el estímulo a empleos estables y dignos en el sector público –principal promotor de la eventualidad y la evasión de impuestos–. Y, desgraciadamente, eso no está en la visión corta, eficientista (gerencial) y servil de nuestros gobernantes.
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