De Iván el terrible a Iván el culpable
La Jornada
Es bien sabido que los amigos cercanos de Juan Camilo Mouriño lo llaman Iván el terrible. Muchos, desde luego, desconocemos los motivos que tienen esas personas para llamarlo así. Quizá sea un asunto relacionado con los exitosos negocios que realiza con sus empresas familiares o bien por su vertiginosa y exitosa carrera política, que lo ha llevado en poco más de 10 años a ocupar el cargo de secretario de Gobernación en un gobierno sobre el cual millones de mexicanos estamos convencidos de que no ganó la elección.
El hecho es que desde el 24 de febrero Andrés Manuel López Obrador entregó una serie de documentos a los coordinadores legislativos del Frente Amplio Progresista, que incluyen contratos con Pemex firmados por Iván el terrible como apoderado legal de la empresa Ivancar.
Después de casi dos semanas de ambigüedades, Iván el terrible aceptó haber firmado los contratos entre las empresas familiares y Petróleos Mexicanos, señalando que dichos contratos eran auténticos, pero legales.
Más aún, se atrevió a señalar que no hay ninguna responsabilidad de su parte ya que según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos “jamás he participado en la toma de decisión de Pemex, no nada más sobre este contrato, sobre ninguno” y tampoco ha estado en un Consejo de Administración de Pemex.
Esto lo señaló en virtud de que dicho ordenamiento, en su artículo 8, fracción XI, establece que los servidores públicos deben excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes v consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.
De hecho, el mismo artículo en su último párrafo añade que: El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos.
Es obvio que aquí pasó de Iván el terrible a Iván el culpable, ya que su curriculum establece que durante 2003 fue asesor en la Secretaría de Energía y durante 2004 subsecretario de Electricidad de la misma dependencia.
Es pertinente recordar que Felipe Calderón ocupó el cargo de secretario de Energía desde septiembre de 2003 a mayo de 2004.
Aquí conviene mencionar que por ley, el secretario de Energía funge también como presidente del Consejo de Administración de Pemex, por lo que resulta inverosímil que el “asesor del secretario” no estuviese enterado de lo que se discutía, aprobaba o firmaba en Pemex.
La situación se complica si recordamos que al menos dos contratos están fechados en los meses de septiembre y diciembre de 2003, ya que Iván debió haber avisado de esta situación a su jefe inmediato; según lo dispuesto por el último párrafo del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativa de los Servidores Públicos.
Por ello Calderón, siendo secretario de Energía y jefe inmediato de Iván, debió estar al tanto de esta situación que sin lugar a dudas no objetó, en virtud de que se concretó la firma del contrato.
Conviene recordarle al presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, que el artículo 3 de la Ley de Responsabilidades faculta para su aplicación tanto a las cámaras de Diputados y Senadores como a la Auditoría Superior de la Federación, como a la Procuraduría General de la República, entre otros, para que deje de actuar como uno de los más fuertes defensores de Iván el culpable.
*Secretario de la hacienda pública del “gobierno legítimo”
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2008::
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domingo, marzo 09, 2008
domingo, enero 13, 2008
Opinión - Mario Di Costanzo*
No es lo mismo, pero es igual
La Jornada
De acuerdo con la teoría económica, la inflación es la disminución del valor del dinero en relación a la cantidad de productos y servicios que se pueden comprar con ese dinero.
Para medirla se construye un indicador llamado “índice de precios” que debe incluir la totalidad de los precios de los productos y servicios que existen en la economía; es decir, los que la gente adquiere, mismos que van desde los productos que todos los ciudadanos “comunes” diariamente compran, como alimentos básicos o el uso del transporte público, hasta aquellos que los ciudadanos “no tan comunes” pueden adquirir, como son los diamantes, oro, aviones, caviar, etcétera.
Sin embargo, ya que es mucho más común que la gente compre alimentos en vez de diamantes, la importancia de la comida dentro del “índice de precios” debe ser mayor, que la de los diamantes, por ello, un aumento en el precio de los alimentos debe hacer crecer mucho más el “índice de precios” que un alza en el precio de los diamantes.
Esta situación se confirma con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), según los cuales las familias mexicanas gastan en promedio 30 por ciento de su ingreso en alimentos, 18 por ciento en transporte, 15 por ciento en educación (a pesar de que debe ser gratuita), 9 por ciento en vivienda y el 6 por ciento en vestido, 6.5 por ciento en enseres domésticos, 4 por ciento en salud y el restante en otros gastos.
Esto cobra importancia porque durante los últimos días, muchos doctores en economía, analistas financieros, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y hasta el gobernador del Banco de México, con el mayor descaro del mundo, han señalado que durante 2007 la inflación fue de apenas 3.76 por ciento, “cifra menor en 29 centésimas a la registrada durante 2006”.
Esto, en otras palabras, quiere decir que según ellos, este “índice de precios” creció, entre enero y diciembre del año pasado, solamente en 3.76 por ciento.
Sin embargo, recientemente, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial señalaron que durante 2007 el crecimiento promedio de los alimentos fue de 36.7 por ciento, el de los energéticos de 48 por ciento, tan sólo productos como el frijol, trigo, harina de soya o el maíz, tuvieron alzas hasta del ciento por ciento.
Más aún, el propio gobernador del Banco de México, queriendo componer la farsa, aceptó que algunos alimentos y productos agrícolas habían registrado incrementos en sus precios de más de 86 por ciento.
Lo que es un hecho es que mientras en diciembre de 2006, el costo de una canasta básica de 42 productos era de 818 pesos, para diciembre de 2007 este conjunto de productos costaba ya mil 105 pesos; es decir, creció 35 por ciento.
Luego entonces, es absolutamente válido señalar que la inflación para muchos millones de mexicanos fue de 35 por ciento, ya que ésta se define como la disminución del valor del dinero en relación a la cantidad de productos y servicios que se pueden comprar.
Y que conste que enfatizo lo “que se pueden comprar” ya que, de acuerdo con los datos proporcionados por el INEGI, 70 por ciento de los 22 millones y medio de familias que existen en el país, viven con un ingreso mensual menor a 10 mil 600 pesos, es decir, con menos de nueve salarios mínimos. Por ello, lo que pueden comprar no va más allá de los productos popularmente conocidos como básicos o necesarios.
De esta manera, mientras que para muchos economistas este razonamiento no es lo mismo que lo que ellos entienden por “inflación”, para millones de familias la situación que enfrentan es igual a que el costo de la vida se hubiera encarecido en 35 por ciento, o bien que su dinero ahora le alcance para 35 por ciento menos de lo que hace un año podían comprar.
En otras palabras; mientras que para el gobierno no es lo mismo, para millones de mexicanos, es igual.
Ahora bien, si lo que he señalado no es cierto, entonces por qué Eduardo Sojo firmó un convenio con las tiendas de autoservicio para reducir en hasta 30 por ciento diversos productos básicos. Por cierto, dicho convenio será de muy corto alcance ya que todos sabemos lo que sucederá con los precios, cuando éste llegue a su fin en el mes de marzo.
*Mario Di Costanzo Secretario de la hacienda pública del “gobierno legítimo”
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
La Jornada
De acuerdo con la teoría económica, la inflación es la disminución del valor del dinero en relación a la cantidad de productos y servicios que se pueden comprar con ese dinero.
Para medirla se construye un indicador llamado “índice de precios” que debe incluir la totalidad de los precios de los productos y servicios que existen en la economía; es decir, los que la gente adquiere, mismos que van desde los productos que todos los ciudadanos “comunes” diariamente compran, como alimentos básicos o el uso del transporte público, hasta aquellos que los ciudadanos “no tan comunes” pueden adquirir, como son los diamantes, oro, aviones, caviar, etcétera.
Sin embargo, ya que es mucho más común que la gente compre alimentos en vez de diamantes, la importancia de la comida dentro del “índice de precios” debe ser mayor, que la de los diamantes, por ello, un aumento en el precio de los alimentos debe hacer crecer mucho más el “índice de precios” que un alza en el precio de los diamantes.
Esta situación se confirma con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), según los cuales las familias mexicanas gastan en promedio 30 por ciento de su ingreso en alimentos, 18 por ciento en transporte, 15 por ciento en educación (a pesar de que debe ser gratuita), 9 por ciento en vivienda y el 6 por ciento en vestido, 6.5 por ciento en enseres domésticos, 4 por ciento en salud y el restante en otros gastos.
Esto cobra importancia porque durante los últimos días, muchos doctores en economía, analistas financieros, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y hasta el gobernador del Banco de México, con el mayor descaro del mundo, han señalado que durante 2007 la inflación fue de apenas 3.76 por ciento, “cifra menor en 29 centésimas a la registrada durante 2006”.
Esto, en otras palabras, quiere decir que según ellos, este “índice de precios” creció, entre enero y diciembre del año pasado, solamente en 3.76 por ciento.
Sin embargo, recientemente, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial señalaron que durante 2007 el crecimiento promedio de los alimentos fue de 36.7 por ciento, el de los energéticos de 48 por ciento, tan sólo productos como el frijol, trigo, harina de soya o el maíz, tuvieron alzas hasta del ciento por ciento.
Más aún, el propio gobernador del Banco de México, queriendo componer la farsa, aceptó que algunos alimentos y productos agrícolas habían registrado incrementos en sus precios de más de 86 por ciento.
Lo que es un hecho es que mientras en diciembre de 2006, el costo de una canasta básica de 42 productos era de 818 pesos, para diciembre de 2007 este conjunto de productos costaba ya mil 105 pesos; es decir, creció 35 por ciento.
Luego entonces, es absolutamente válido señalar que la inflación para muchos millones de mexicanos fue de 35 por ciento, ya que ésta se define como la disminución del valor del dinero en relación a la cantidad de productos y servicios que se pueden comprar.
Y que conste que enfatizo lo “que se pueden comprar” ya que, de acuerdo con los datos proporcionados por el INEGI, 70 por ciento de los 22 millones y medio de familias que existen en el país, viven con un ingreso mensual menor a 10 mil 600 pesos, es decir, con menos de nueve salarios mínimos. Por ello, lo que pueden comprar no va más allá de los productos popularmente conocidos como básicos o necesarios.
De esta manera, mientras que para muchos economistas este razonamiento no es lo mismo que lo que ellos entienden por “inflación”, para millones de familias la situación que enfrentan es igual a que el costo de la vida se hubiera encarecido en 35 por ciento, o bien que su dinero ahora le alcance para 35 por ciento menos de lo que hace un año podían comprar.
En otras palabras; mientras que para el gobierno no es lo mismo, para millones de mexicanos, es igual.
Ahora bien, si lo que he señalado no es cierto, entonces por qué Eduardo Sojo firmó un convenio con las tiendas de autoservicio para reducir en hasta 30 por ciento diversos productos básicos. Por cierto, dicho convenio será de muy corto alcance ya que todos sabemos lo que sucederá con los precios, cuando éste llegue a su fin en el mes de marzo.
*Mario Di Costanzo Secretario de la hacienda pública del “gobierno legítimo”
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
martes, agosto 14, 2007
lunes, julio 30, 2007
Opinión - Mario Di Costanzo
Zhenli Ye Gon: entre más lejos, mejor
La Jornada
Sin lugar a dudas, la decisión del gobierno de Estados Unidos de juzgar primeramente a Zhenli Ye Gon en aquel país le ha quitado una pesada loza de encima a Felipe Calderón, a su gabinete y al Partido Acción Nacional (PAN).
La forma en que reaccionaron las instituciones involucradas en el asunto de los dólares de Las Lomas, ante las declaraciones hechas por Ye Gon respecto de la posibilidad de que parte de estos recursos hubiesen estado relacionados con la campaña del PAN, pusieron de manifiesto que algo muy grave ocurría dentro del gobierno calderonista.
Así, y sin mediar un juicio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados (SAE), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría Fiscal de la Federación procedieron a "expropiar" los recursos asegurados el pasado 15 de marzo, pretendiendo con ello legitimar social y jurídicamente la actuación del propio gobierno y, al mismo tiempo, cerrar el caso para que éste quedara sólo como un "cuento chino". Por ello, la actitud del gobierno estadunidense se puede interpretar como un favor a Felipe Calderón, al quitarle por el momento la "papa caliente" que hubiese significado tener a Zhenli en México.
Es importante mencionar que de haberse aceptado la extradición de este personaje, las autoridades judiciales estarían obligadas a investigar de inmediato y sin mayores retrasos a una serie de instituciones que involucran a personajes políticamente poderosos, pero indiscutiblemente incómodos para el régimen, en virtud de la injerencia que tienen en el actual gobierno.
Así, por ejemplo, se tendrían que hacer preguntas incómodas a Aduana México, la que por ley está obligada a realizar los servicios de "segundo reconocimiento aduanero", y a la empresa Integradora de Servicios Operativos SA de CV (ISOSA), que administraba el derecho de trámite aduanero, y, por tanto, debieron estar al tanto de las operaciones de importación de seudoefedrina.
Esto nuevamente traería a la escena pública a los hijos de Marta Sahagún, ya que a la fecha la SHCP no ha respondido por qué permitió entrar hace algún tiempo a la licitación de Aduana México a la empresa Societe General de Sourveillance, que se encontraba representada por otra compañía, Logistic Free Trade Zone, cuyo administrador era el ex funcionario de Aduanas Juan Carlos López Rodríguez, quien fue inhabilitado por malos manejos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero que tenía relaciones muy cercanas con los Bribiesca Sahagún.
Y en el caso de ISOSA volvería a la escena el nombre de Francisco Gil Díaz, Lorenzo Hernández (primo de Roberto Hernández) y, obviamente, por tratarse
de la introducción al territorio nacional de sustancias que son insumos para la producción de drogas sintéticas, se debió haber investigado a la Secretaría de Salud, al SAT y a la PGR.
En este mismo sentido hay que recordar que la empresa Hildebrando figuró en la lista de clientes de ISOSA.
Por su parte, el SAE hubiese tenido que explicar ampliamente las razones que la llevaron a sacar del territorio nacional el dinero decomisado en la casa de Las Lomas, en clara contravención de lo señalado en el artículo 182-G, del Código Federal de Procedimientos Penales, que textualmente señala: "la moneda nacional o extranjera que se asegure, embargue o decomise, será administrada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que deberá depositarla en la Tesorería de la Federación", más aún cuando las propias autoridades invocaron el mismo artículo, pero en su inciso A, para quedarse con el dinero.
Finalmente, existen declaraciones de algunas personas del propio gobierno calderonista que sostienen que Juan Camilo Mouriño, jefe de la oficina de Calderón, estuvo algunos días en Nueva York, acompañando a Javier Lozano, cuando éste fue a contratar su defensa ante la presunta difamación de que fue objeto por parte de Zhenli.
Quizá por estas razones, ya en algunas pintas urbanas se puede leer la frase: "Zhenli, te creemos".
mariodc50@yahoo.com
La Jornada
Sin lugar a dudas, la decisión del gobierno de Estados Unidos de juzgar primeramente a Zhenli Ye Gon en aquel país le ha quitado una pesada loza de encima a Felipe Calderón, a su gabinete y al Partido Acción Nacional (PAN).
La forma en que reaccionaron las instituciones involucradas en el asunto de los dólares de Las Lomas, ante las declaraciones hechas por Ye Gon respecto de la posibilidad de que parte de estos recursos hubiesen estado relacionados con la campaña del PAN, pusieron de manifiesto que algo muy grave ocurría dentro del gobierno calderonista.
Así, y sin mediar un juicio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados (SAE), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría Fiscal de la Federación procedieron a "expropiar" los recursos asegurados el pasado 15 de marzo, pretendiendo con ello legitimar social y jurídicamente la actuación del propio gobierno y, al mismo tiempo, cerrar el caso para que éste quedara sólo como un "cuento chino". Por ello, la actitud del gobierno estadunidense se puede interpretar como un favor a Felipe Calderón, al quitarle por el momento la "papa caliente" que hubiese significado tener a Zhenli en México.
Es importante mencionar que de haberse aceptado la extradición de este personaje, las autoridades judiciales estarían obligadas a investigar de inmediato y sin mayores retrasos a una serie de instituciones que involucran a personajes políticamente poderosos, pero indiscutiblemente incómodos para el régimen, en virtud de la injerencia que tienen en el actual gobierno.
Así, por ejemplo, se tendrían que hacer preguntas incómodas a Aduana México, la que por ley está obligada a realizar los servicios de "segundo reconocimiento aduanero", y a la empresa Integradora de Servicios Operativos SA de CV (ISOSA), que administraba el derecho de trámite aduanero, y, por tanto, debieron estar al tanto de las operaciones de importación de seudoefedrina.
Esto nuevamente traería a la escena pública a los hijos de Marta Sahagún, ya que a la fecha la SHCP no ha respondido por qué permitió entrar hace algún tiempo a la licitación de Aduana México a la empresa Societe General de Sourveillance, que se encontraba representada por otra compañía, Logistic Free Trade Zone, cuyo administrador era el ex funcionario de Aduanas Juan Carlos López Rodríguez, quien fue inhabilitado por malos manejos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero que tenía relaciones muy cercanas con los Bribiesca Sahagún.
Y en el caso de ISOSA volvería a la escena el nombre de Francisco Gil Díaz, Lorenzo Hernández (primo de Roberto Hernández) y, obviamente, por tratarse
de la introducción al territorio nacional de sustancias que son insumos para la producción de drogas sintéticas, se debió haber investigado a la Secretaría de Salud, al SAT y a la PGR.
En este mismo sentido hay que recordar que la empresa Hildebrando figuró en la lista de clientes de ISOSA.
Por su parte, el SAE hubiese tenido que explicar ampliamente las razones que la llevaron a sacar del territorio nacional el dinero decomisado en la casa de Las Lomas, en clara contravención de lo señalado en el artículo 182-G, del Código Federal de Procedimientos Penales, que textualmente señala: "la moneda nacional o extranjera que se asegure, embargue o decomise, será administrada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que deberá depositarla en la Tesorería de la Federación", más aún cuando las propias autoridades invocaron el mismo artículo, pero en su inciso A, para quedarse con el dinero.
Finalmente, existen declaraciones de algunas personas del propio gobierno calderonista que sostienen que Juan Camilo Mouriño, jefe de la oficina de Calderón, estuvo algunos días en Nueva York, acompañando a Javier Lozano, cuando éste fue a contratar su defensa ante la presunta difamación de que fue objeto por parte de Zhenli.
Quizá por estas razones, ya en algunas pintas urbanas se puede leer la frase: "Zhenli, te creemos".
mariodc50@yahoo.com
domingo, junio 03, 2007
La reforma fiscal de Calderón: un asunto de caciques y esclavos
Mario Di Costanzo*
Durante la semana pasada, diversos funcionarios de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público señalaron que, en la propuesta hacendaria que en breve se presentará al Congreso de la Unión, se ha descartado la posibilidad de la aplicación del IVA a los alimentos y medicinas.
En vez de ello, el equipo de Agustín Carstens, de manera muy discreta, ha dejado entrever que su propuesta abarcará temas relativos al gasto público, donde se propondrá una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las erogaciones gubernamentales.
A decir de los hacendarios, la propuesta también incluirá disposiciones tendientes a mejorar la administración tributaria, lo que necesariamente implicaría profundas modificaciones al marco jurídico y administrativo del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
En estos temas, tal pareciera que Agustín Carstens ha reconocido la absoluta viabilidad de los planteamientos que desde su campaña presidencial viene haciendo Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, en materia de impuestos el jefe del proyecto económico de Calderón, además de no tocar el IVA en alimentos y medicinas, "por no existir condiciones para hacerlo", ha decidido recurrir a una serie de propuestas muy cómodas para el "gran capital".
Así, el plan fiscal de Carstens necesariamente contemplará mayores controles para que los profesionistas independientes, como los médicos, paguen impuestos; se incluirán modificaciones al impuesto especial a la producción y servicios (IEPS), sobre bebidas alcohólicas, refrescos, cerveza y tabacos, y también la aplicación de impuestos ecológicos, e inclusive no descarta la posibilidad de modificar el régimen del IVA de tasa cero a exento, así como la aplicación del mismo a las colegiaturas.
Desafortunadamente estas propuestas tributarias de ninguna manera solucionarán la baja recaudación de impuestos en México y sí generarán distorsiones no deseadas en la economía.
Para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que en la Ley de Ingresos vigente la recaudación total por el IEPS se estima en aproximadamente 60 mil millones de pesos, por lo que si las tasas de estos impuestos se duplicaran (lo cual sería una locura), los ingresos fiscales provenientes de estos impuestos, en el mejor de los casos, darían al fisco 60 mil millones de pesos adicionales.
Lo anterior resulta verdaderamente absurdo si consideramos que de acuerdo con información en poder del Gobierno Legítimo obtenida de la BMV, tan sólo tres grandes grupos empresariales (Cemex, Telmex y Carso) presentaron impuestos diferidos por 49 mil millones de pesos.
Por ello, la propuesta hacendaria de Calderón y su equipo económico es el reconocimiento de los señalamientos y propuestas de Andrés Manuel López Obrador.
En materia de impuestos la propuesta calderonista es la materialización del poder que sobre su gobierno tiene el gran capital, es el secuestro del Estado mexicano por parte de una pequeña pero poderosa oligarquía, que en materia hacendaria los ha obligado a reconocer y aplicar las propuestas de quien se consideraba "como un peligro para México", y que en materia tributaria los está obligando a regresar al siglo XIX, la época de los caciques y de los esclavos.
Por ello, la reforma tributaria que se propone, antes de definir quién va a pagar impuestos, debe aclarar quién no los está pagando.
*Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo
mariodc50@yahoo.com
Durante la semana pasada, diversos funcionarios de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público señalaron que, en la propuesta hacendaria que en breve se presentará al Congreso de la Unión, se ha descartado la posibilidad de la aplicación del IVA a los alimentos y medicinas.
En vez de ello, el equipo de Agustín Carstens, de manera muy discreta, ha dejado entrever que su propuesta abarcará temas relativos al gasto público, donde se propondrá una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las erogaciones gubernamentales.
A decir de los hacendarios, la propuesta también incluirá disposiciones tendientes a mejorar la administración tributaria, lo que necesariamente implicaría profundas modificaciones al marco jurídico y administrativo del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
En estos temas, tal pareciera que Agustín Carstens ha reconocido la absoluta viabilidad de los planteamientos que desde su campaña presidencial viene haciendo Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, en materia de impuestos el jefe del proyecto económico de Calderón, además de no tocar el IVA en alimentos y medicinas, "por no existir condiciones para hacerlo", ha decidido recurrir a una serie de propuestas muy cómodas para el "gran capital".
Así, el plan fiscal de Carstens necesariamente contemplará mayores controles para que los profesionistas independientes, como los médicos, paguen impuestos; se incluirán modificaciones al impuesto especial a la producción y servicios (IEPS), sobre bebidas alcohólicas, refrescos, cerveza y tabacos, y también la aplicación de impuestos ecológicos, e inclusive no descarta la posibilidad de modificar el régimen del IVA de tasa cero a exento, así como la aplicación del mismo a las colegiaturas.
Desafortunadamente estas propuestas tributarias de ninguna manera solucionarán la baja recaudación de impuestos en México y sí generarán distorsiones no deseadas en la economía.
Para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que en la Ley de Ingresos vigente la recaudación total por el IEPS se estima en aproximadamente 60 mil millones de pesos, por lo que si las tasas de estos impuestos se duplicaran (lo cual sería una locura), los ingresos fiscales provenientes de estos impuestos, en el mejor de los casos, darían al fisco 60 mil millones de pesos adicionales.
Lo anterior resulta verdaderamente absurdo si consideramos que de acuerdo con información en poder del Gobierno Legítimo obtenida de la BMV, tan sólo tres grandes grupos empresariales (Cemex, Telmex y Carso) presentaron impuestos diferidos por 49 mil millones de pesos.
Por ello, la propuesta hacendaria de Calderón y su equipo económico es el reconocimiento de los señalamientos y propuestas de Andrés Manuel López Obrador.
En materia de impuestos la propuesta calderonista es la materialización del poder que sobre su gobierno tiene el gran capital, es el secuestro del Estado mexicano por parte de una pequeña pero poderosa oligarquía, que en materia hacendaria los ha obligado a reconocer y aplicar las propuestas de quien se consideraba "como un peligro para México", y que en materia tributaria los está obligando a regresar al siglo XIX, la época de los caciques y de los esclavos.
Por ello, la reforma tributaria que se propone, antes de definir quién va a pagar impuestos, debe aclarar quién no los está pagando.
*Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo
mariodc50@yahoo.com
domingo, mayo 20, 2007
Opinión - Mario di Costanzo
Fovissste y la bursatilización de la cartera
La Jornada
Sin lugar a dudas, una de las vertientes que menos se ha discutido en la malograda Ley del ISSSTE y que hasta ahora los cada vez menos defensores de esta reforma han preferido callar, es el tema relativo a la situación que en la nueva ley tendrían los créditos hipotecarios otorgados por el Fovissste.
La razón de este silencio es que la aprobación prianista de la ley automáticamente abrió la posibilidad de un nuevo negocio para Elba Esther Gordillo y su camarilla.
Para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que el artículo 167 de la ley aprobada establece que será el propio ISSSTE quien administrará el Fondo para la Vivienda, ésto, en otras palabras, significa la desaparición virtual del Fovissste, siendo el ISSSTE, a través de una Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, quien operará y decidirá el manejo de los créditos y los fondos para la vivienda de los trabajadores.
Más aún, el artículo 170 de la Ley establece que serán 18 los miembros integrantes de esta comisión; nueve representantes de los trabajadores, el director del instituto, un vocal propuesto por este último, tres representantes de la SHCP, uno de Sedesol, uno de la STPS, uo de la Función Pública, y uno de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda.
Por ello esta Comisión Ejecutiva de la Vivienda tiene los mismos vicios en lo que se refiere a su órgano de gobierno, que la Comisión Ejecutiva que manejará las Pensionissste, es decir, que en su composición la maestra Elba Esther tiene de facto la mayoría de los votos en esta Comisión de Vivienda.
De esta manera, al desaparecer prácticamente el Fovissste, y en virtud de lo establecido en el artículo 189 de la ley, será el Banco de México quien lleve las cuentas de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y por lo tanto de lo que haya quedado del Fovissste.
En este sentido es importante señalar que actualmente existen grupos y organizaciones como VIMA, que han sido privilegiados por ser protegidos de Elba Esther Gordillo y que adeudan importantes cantidades de dinero al Fovissste, mismas que se estiman en cuando menos 25 mil millones de pesos, adeudos que podrían desaparecer de la misma manera en que se desaparecieron los adeudos de muchos personajes importantes en el rescate bancario.
Sin embargo, lo más grave es que el propio artículo 189 establece la posibilidad de que la cartera de vivienda se bursatilice, y al bursatilizarse originará que los créditos otorgados y que presenten algún atraso puedan ser cedidos en administración, o bien vendidos a las llamadas "administradoras de cartera", como ha sucedido con los deudores de la crisis bancaria, lo que ha permitido que estas administradoras lucren con la deuda de los trabajadores al servicio del Estado, y aquí valdría la pena escuchar las voces de miles de integrantes del movimiento de El Barzón, que han vivido en carne propia las atrocidades cometidas por estas "administradoras de cartera" .
Hay que recordar que las administradoras de cartera han adquirido los derechos de cobro por parte del IPAB en promedio a 10 por ciento de su valor, y le han cobrado a los deudores más de ciento por ciento, al sumar a estos adeudos los intereses moratorios y la usura, esta situación podría repetirse con los deudores hipotecarios del Fovissste, con lo que fácilmente aparecerían más casos como el de los "hermanos Bribiesca-Sahagún y las casas de 3 mil pesos", o cómo el de la "Torre azul", que es el edificio que alberga actualmente a los senadores del PAN.
Pero también puede suceder que la cartera (adeudos) que tienen con el Fovissste los grupos privilegiados, como VIMA, lleguen a la Comisión Ejecutiva de Vivienda y sean declarados como fondo perdido o bien pasen al Banco de México y sean bursatilizados, para que a su vez sean adquiridos por una "administradora" que en colusión a los intereses de Elba Esther Gordillo sea la encargada de revenderlos a los deudores privilegiados originales, pero a un valor sustancialmente inferior a su monto actual.
Así, esta situación abre una gama de posibilidades a través de las administradoras de cartera para que la maestra siga cobrando las facturas del 2 de julio, a costa de dejar en situación de indefensión total a los trabajadores que se atrasen en sus pagos, y pervirtiendo así la política de fomento a la vivienda de los trabajadores de bajos ingresos.
Por otro lado, también hay que observar que el propio artículo 189 establece la facultad discrecional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que determine en qué tipo de valores se van a invertir los ahorros del Fondo de Vivienda para los Trabajadores del Estado, en tanto no sean utilizados, ya que en su segundo párrafo señala textualmente lo siguiente: "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que los recursos del Fondo de la Vivienda se inviertan en valores diversos a los señalados, siempre que sean de alta calidad crediticia, o se bursatilice la cartera del Fondo de la Vivienda".
Lo anterior refuerza el carácter confiscatorio de los ahorros de los trabajadores por medio de la Ley del ISSSTE en favor de los intereses particulares del gobierno federal.
mariodc50@yahoo.com
La Jornada
Sin lugar a dudas, una de las vertientes que menos se ha discutido en la malograda Ley del ISSSTE y que hasta ahora los cada vez menos defensores de esta reforma han preferido callar, es el tema relativo a la situación que en la nueva ley tendrían los créditos hipotecarios otorgados por el Fovissste.
La razón de este silencio es que la aprobación prianista de la ley automáticamente abrió la posibilidad de un nuevo negocio para Elba Esther Gordillo y su camarilla.
Para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que el artículo 167 de la ley aprobada establece que será el propio ISSSTE quien administrará el Fondo para la Vivienda, ésto, en otras palabras, significa la desaparición virtual del Fovissste, siendo el ISSSTE, a través de una Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, quien operará y decidirá el manejo de los créditos y los fondos para la vivienda de los trabajadores.
Más aún, el artículo 170 de la Ley establece que serán 18 los miembros integrantes de esta comisión; nueve representantes de los trabajadores, el director del instituto, un vocal propuesto por este último, tres representantes de la SHCP, uno de Sedesol, uno de la STPS, uo de la Función Pública, y uno de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda.
Por ello esta Comisión Ejecutiva de la Vivienda tiene los mismos vicios en lo que se refiere a su órgano de gobierno, que la Comisión Ejecutiva que manejará las Pensionissste, es decir, que en su composición la maestra Elba Esther tiene de facto la mayoría de los votos en esta Comisión de Vivienda.
De esta manera, al desaparecer prácticamente el Fovissste, y en virtud de lo establecido en el artículo 189 de la ley, será el Banco de México quien lleve las cuentas de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y por lo tanto de lo que haya quedado del Fovissste.
En este sentido es importante señalar que actualmente existen grupos y organizaciones como VIMA, que han sido privilegiados por ser protegidos de Elba Esther Gordillo y que adeudan importantes cantidades de dinero al Fovissste, mismas que se estiman en cuando menos 25 mil millones de pesos, adeudos que podrían desaparecer de la misma manera en que se desaparecieron los adeudos de muchos personajes importantes en el rescate bancario.
Sin embargo, lo más grave es que el propio artículo 189 establece la posibilidad de que la cartera de vivienda se bursatilice, y al bursatilizarse originará que los créditos otorgados y que presenten algún atraso puedan ser cedidos en administración, o bien vendidos a las llamadas "administradoras de cartera", como ha sucedido con los deudores de la crisis bancaria, lo que ha permitido que estas administradoras lucren con la deuda de los trabajadores al servicio del Estado, y aquí valdría la pena escuchar las voces de miles de integrantes del movimiento de El Barzón, que han vivido en carne propia las atrocidades cometidas por estas "administradoras de cartera" .
Hay que recordar que las administradoras de cartera han adquirido los derechos de cobro por parte del IPAB en promedio a 10 por ciento de su valor, y le han cobrado a los deudores más de ciento por ciento, al sumar a estos adeudos los intereses moratorios y la usura, esta situación podría repetirse con los deudores hipotecarios del Fovissste, con lo que fácilmente aparecerían más casos como el de los "hermanos Bribiesca-Sahagún y las casas de 3 mil pesos", o cómo el de la "Torre azul", que es el edificio que alberga actualmente a los senadores del PAN.
Pero también puede suceder que la cartera (adeudos) que tienen con el Fovissste los grupos privilegiados, como VIMA, lleguen a la Comisión Ejecutiva de Vivienda y sean declarados como fondo perdido o bien pasen al Banco de México y sean bursatilizados, para que a su vez sean adquiridos por una "administradora" que en colusión a los intereses de Elba Esther Gordillo sea la encargada de revenderlos a los deudores privilegiados originales, pero a un valor sustancialmente inferior a su monto actual.
Así, esta situación abre una gama de posibilidades a través de las administradoras de cartera para que la maestra siga cobrando las facturas del 2 de julio, a costa de dejar en situación de indefensión total a los trabajadores que se atrasen en sus pagos, y pervirtiendo así la política de fomento a la vivienda de los trabajadores de bajos ingresos.
Por otro lado, también hay que observar que el propio artículo 189 establece la facultad discrecional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que determine en qué tipo de valores se van a invertir los ahorros del Fondo de Vivienda para los Trabajadores del Estado, en tanto no sean utilizados, ya que en su segundo párrafo señala textualmente lo siguiente: "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que los recursos del Fondo de la Vivienda se inviertan en valores diversos a los señalados, siempre que sean de alta calidad crediticia, o se bursatilice la cartera del Fondo de la Vivienda".
Lo anterior refuerza el carácter confiscatorio de los ahorros de los trabajadores por medio de la Ley del ISSSTE en favor de los intereses particulares del gobierno federal.
mariodc50@yahoo.com
domingo, mayo 06, 2007
Opinión - Mario di Costanzo
¿El gobierno del empleo y la estabilidad?
La Jornada
La proyección de un menor crecimiento económico para el presente año, anunciada por el Banco de México, pone de manifiesto la incapacidad del equipo económico de Agustín Carstens para reactivar la economía mexicana. Hay que recordar que desde que el autodenominado "presidente del empleo" anunció la incorporación de Carstens al equipo económico, señalé que la política económica del país no plantearía ninguna diferencia con la del gobierno foxista. De hecho, el principal problema económico del sexenio anterior fue la falta de crecimiento y de empleo. Por tanto, Carstens, al aplicar las mismas medidas económicas que su antecesor, no ha podido, ni podrá, obtener resultados diferentes a los actuales.
Es pertinente recordar que durante la gestión de Agustín Carstens como subsecretario de Hacienda (2001-2003) fue cuando se observó la menor tasa de crecimiento económico de la anterior administración. El argumento, hace ya casi siete años, fue que la economía de Estados Unidos se encontraba "en un bache". De esta manera y hasta el momento Carstens ha insistido en las principales líneas de política económica, fiscal y presupuestaria emprendidas en la pasada administración.
A lo anterior se ha sumado el repunte en el crecimiento de los precios, que está obligando al Banco de México a aplicar una política monetaria más restrictiva mediante el incremento de la tasa de interés. Esto se ha combinado con las proyecciones de un menor crecimiento en Estados Unidos. Así, las posibilidades de crecimiento y creación de empleos se están esfumando, y ahora la propia Secretaría de Hacienda (SHCP) ha aceptado que durante el presente año se dejarán de crear cerca de 350 mil empleos. Más aún, en los Criterios de Política Económica para 2008, entregados hace casi un mes a la Cámara de Diputados, las autoridades hacendarias no descartan movimientos "bruscos" en el tipo de cambio.
Mientras tanto, la SHCP ha anunciado jubilosamente que durante el primer trimestre del año se obtuvo un "superávit fiscal", es decir, que al gobierno le sobraron 102 mi millones de pesos, pero que, sin embargo, durante el mismo periodo Pemex registró una pérdida cercana a los 10 mil millones de pesos.
¿Pero cómo puede ser que en un país que enfrenta rezagos en infraestructura social y productiva, el gobierno pueda decir que al resultado de sus finanzas públicas le sobró dinero? ¿Cómo puede ser que mientras que al gobierno le sobra dinero, a Pemex le falten recursos y que opere con pérdidas?
Esta incapacidad de acción se ha querido explicar nuevamente diciendo que la economía estadunidense tiene "gripe", así que a los mexicanos nos va a dar "pulmonía". Si bien es cierto que la reducción en las posibilidades de crecimiento de la economía estadunidense impacta al entorno económico de nuestro país, también lo es que la existencia de los monopolios y oligopolios en sectores estratégicos incide fuertemente en las posibilidades de crecimiento económico y del empleo en nuestro país. De hecho, y de acuerdo con el Banco Mundial, la existencia de estos monopolios y oligopolios le cuesta al país entre dos y tres puntos de crecimiento anual.
También es cierto que la astringencia presupuestaria en materia de inversión pública directa, la falta de atención al mercado interno y la absoluta incapacidad para resolver el problema tributario en el país son factores que repercuten en las posibilidades de crecimiento y empleo en México. La teoría económica concibe al gasto público como un detonante del crecimiento económico. La existencia de presupuestos contracíclicos es precisamente para contrarrestar los efectos de una caída en la actividad económica externa.
Hasta el momento Carstens y su equipo no han mostrado la menor imaginación y voluntad de acción para contrarrestar los efectos del menor crecimiento esperado para la economía estadunidense. Al contrario, se han esmerado por continuar desmantelando el Estado mexicano, por dejar intactas las comisiones bancarias y los paraísos fiscales de las grandes empresas, por continuar protegiendo a los monopolios, por seguir estrangulando al campo y privatizando la seguridad social y la educación.
Por ello, Carstens y su equipo deben saber que existen diversas acciones que tienen que llevar a cabo como respuesta a lo que está sucediendo en Estados Unidos, y no sólo sentarse a llorar y lamentar su tragedia, o a pelearse con Guillermo Ortiz, porque éste elevó la tasa de interés, como consecuencia de la escalada de precios.
Finalmente, sobre Pemex, sólo basta decir que la pérdida registrada no obedece a la improductividad de la empresa, pues mientras Grupo Alfa paga una tasa de impuesto que equivale a menos de cuatro por ciento de sus ventas totales, Pemex paga una tasa que equivale a 56 por ciento de sus ventas totales.
La Jornada
La proyección de un menor crecimiento económico para el presente año, anunciada por el Banco de México, pone de manifiesto la incapacidad del equipo económico de Agustín Carstens para reactivar la economía mexicana. Hay que recordar que desde que el autodenominado "presidente del empleo" anunció la incorporación de Carstens al equipo económico, señalé que la política económica del país no plantearía ninguna diferencia con la del gobierno foxista. De hecho, el principal problema económico del sexenio anterior fue la falta de crecimiento y de empleo. Por tanto, Carstens, al aplicar las mismas medidas económicas que su antecesor, no ha podido, ni podrá, obtener resultados diferentes a los actuales.
Es pertinente recordar que durante la gestión de Agustín Carstens como subsecretario de Hacienda (2001-2003) fue cuando se observó la menor tasa de crecimiento económico de la anterior administración. El argumento, hace ya casi siete años, fue que la economía de Estados Unidos se encontraba "en un bache". De esta manera y hasta el momento Carstens ha insistido en las principales líneas de política económica, fiscal y presupuestaria emprendidas en la pasada administración.
A lo anterior se ha sumado el repunte en el crecimiento de los precios, que está obligando al Banco de México a aplicar una política monetaria más restrictiva mediante el incremento de la tasa de interés. Esto se ha combinado con las proyecciones de un menor crecimiento en Estados Unidos. Así, las posibilidades de crecimiento y creación de empleos se están esfumando, y ahora la propia Secretaría de Hacienda (SHCP) ha aceptado que durante el presente año se dejarán de crear cerca de 350 mil empleos. Más aún, en los Criterios de Política Económica para 2008, entregados hace casi un mes a la Cámara de Diputados, las autoridades hacendarias no descartan movimientos "bruscos" en el tipo de cambio.
Mientras tanto, la SHCP ha anunciado jubilosamente que durante el primer trimestre del año se obtuvo un "superávit fiscal", es decir, que al gobierno le sobraron 102 mi millones de pesos, pero que, sin embargo, durante el mismo periodo Pemex registró una pérdida cercana a los 10 mil millones de pesos.
¿Pero cómo puede ser que en un país que enfrenta rezagos en infraestructura social y productiva, el gobierno pueda decir que al resultado de sus finanzas públicas le sobró dinero? ¿Cómo puede ser que mientras que al gobierno le sobra dinero, a Pemex le falten recursos y que opere con pérdidas?
Esta incapacidad de acción se ha querido explicar nuevamente diciendo que la economía estadunidense tiene "gripe", así que a los mexicanos nos va a dar "pulmonía". Si bien es cierto que la reducción en las posibilidades de crecimiento de la economía estadunidense impacta al entorno económico de nuestro país, también lo es que la existencia de los monopolios y oligopolios en sectores estratégicos incide fuertemente en las posibilidades de crecimiento económico y del empleo en nuestro país. De hecho, y de acuerdo con el Banco Mundial, la existencia de estos monopolios y oligopolios le cuesta al país entre dos y tres puntos de crecimiento anual.
También es cierto que la astringencia presupuestaria en materia de inversión pública directa, la falta de atención al mercado interno y la absoluta incapacidad para resolver el problema tributario en el país son factores que repercuten en las posibilidades de crecimiento y empleo en México. La teoría económica concibe al gasto público como un detonante del crecimiento económico. La existencia de presupuestos contracíclicos es precisamente para contrarrestar los efectos de una caída en la actividad económica externa.
Hasta el momento Carstens y su equipo no han mostrado la menor imaginación y voluntad de acción para contrarrestar los efectos del menor crecimiento esperado para la economía estadunidense. Al contrario, se han esmerado por continuar desmantelando el Estado mexicano, por dejar intactas las comisiones bancarias y los paraísos fiscales de las grandes empresas, por continuar protegiendo a los monopolios, por seguir estrangulando al campo y privatizando la seguridad social y la educación.
Por ello, Carstens y su equipo deben saber que existen diversas acciones que tienen que llevar a cabo como respuesta a lo que está sucediendo en Estados Unidos, y no sólo sentarse a llorar y lamentar su tragedia, o a pelearse con Guillermo Ortiz, porque éste elevó la tasa de interés, como consecuencia de la escalada de precios.
Finalmente, sobre Pemex, sólo basta decir que la pérdida registrada no obedece a la improductividad de la empresa, pues mientras Grupo Alfa paga una tasa de impuesto que equivale a menos de cuatro por ciento de sus ventas totales, Pemex paga una tasa que equivale a 56 por ciento de sus ventas totales.
jueves, abril 05, 2007
El IPAB cedió 7,786 inmuebles al SAE para su venta a bajo precio
Entre las diversas acciones que realiza el Gobierno Legítimo es marcarle el paso a las diversas instituciones que lejos de hacer su cometido sólo incurren en actos de corrupción. Pero, no sólo es marcar el paso sino también es propositivo y exige que las cosas se hagan bien. La organización de los mexicanos será el punto clave para exigir al gobierno espurio cuentas claras, pero al mismo tiempo la fluídez organizativa dará pautas para la construcción de a IV República.
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El "gobierno legítimo" pide que comparezca
ALMA E. MUÑOZ
El "gobierno legítimo" de México denunció que durante 2005 el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) transfirió 7 mil 786 inmuebles al Sistema de Administración de Bienes Asegurados (SAE) con la finalidad de que los pusiera a la venta por debajo de su valor de mercado, con lo cual ambas instancias "violaron disposiciones legales y causaron daño a las finanzas públicas".
Con base en el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), indicó que esa operación provocó una pérdida por 10 mil 919 millones de pesos, pues los activos se remataron a menor precio del valor asentado en las escrituras de compra-venta.
Ante ello, el "gobierno legítimo" se manifestó porque la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados cite a comparecer al director del organismo, Luis Miguel Alvarez, para que explique en forma detallada acerca del proceso de venta de dichos activos, debido a que operaciones de este tipo "hasta podrían originar lavado de dinero".
La denuncia fue presentada por la Secretaría de la Hacienda Pública del "gobierno legítimo", a cargo de Mario di Costanzo. En ella, planteó que el IPAB realizó la transacción de "manera silenciosa" para que el SAE rematara los inmuebles "por debajo de su valor de mercado, afectando las finanzas públicas y violando la ley". Y con ello, subrayó, "evitó que se reduzca el costo del rescate bancario por medio de la venta de activos".
Incluso mencionó que la ASF concluyó en su informe sobre el tema que "no se obtuvieron las condiciones económicas (en esta operación) y, por tanto, se presume un posible daño al patrimonio del Estado en su Hacienda Pública Federal".
Adicionalmente, el "gobierno legítimo de México" planteó que el Padrón General de Bienes Inmuebles del IPAB presenta una diferencia de 483 activos, pues su "saldo real es de 7 mil 284 inmuebles y registró en la transferencia hecha con el SAE, 7 mil 767". Por esta razón, concluyó que esa divergencia habla de propiedades que "no aparecen o se encuentran extraviadas".
Deslizó la posibilidad de que, como ha ocurrido en otras ocasiones, el IPAB cediera los inmuebles al SAE para hacer una "venta de garage", que permitiera a "personas influyentes que fueron rescatadas por el Fobaproa readquirir sus propiedades a precios verdaderamente irrisorios y escandalosamente inferiores a su valor real".
Recordó que la Junta de Gobierno del SAE a la fecha "no tiene establecidos lineamientos generales para la enajenación de bienes, que permitan evaluar propuestas de adjudicación".
Ante ello, consideró necesario que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados cite a comparecer al director del organismo para que dé una explicación detallada del proceso de venta de activos, "pues la operación podría originar hasta lavado de dinero".
Indicó que a la fecha, el IPAB "ha vendido un total de 325 mil 698 créditos por 10 mil 539 millones de pesos, que amparan casas de interés social y residenciales, bodegas comerciales, naves industriales, etcétera, y sus valores son muy superiores al precio pagado por estas compañías".
ide que comparezca el director
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El "gobierno legítimo" pide que comparezca
ALMA E. MUÑOZ
El "gobierno legítimo" de México denunció que durante 2005 el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) transfirió 7 mil 786 inmuebles al Sistema de Administración de Bienes Asegurados (SAE) con la finalidad de que los pusiera a la venta por debajo de su valor de mercado, con lo cual ambas instancias "violaron disposiciones legales y causaron daño a las finanzas públicas".
Con base en el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), indicó que esa operación provocó una pérdida por 10 mil 919 millones de pesos, pues los activos se remataron a menor precio del valor asentado en las escrituras de compra-venta.
Ante ello, el "gobierno legítimo" se manifestó porque la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados cite a comparecer al director del organismo, Luis Miguel Alvarez, para que explique en forma detallada acerca del proceso de venta de dichos activos, debido a que operaciones de este tipo "hasta podrían originar lavado de dinero".
La denuncia fue presentada por la Secretaría de la Hacienda Pública del "gobierno legítimo", a cargo de Mario di Costanzo. En ella, planteó que el IPAB realizó la transacción de "manera silenciosa" para que el SAE rematara los inmuebles "por debajo de su valor de mercado, afectando las finanzas públicas y violando la ley". Y con ello, subrayó, "evitó que se reduzca el costo del rescate bancario por medio de la venta de activos".
Incluso mencionó que la ASF concluyó en su informe sobre el tema que "no se obtuvieron las condiciones económicas (en esta operación) y, por tanto, se presume un posible daño al patrimonio del Estado en su Hacienda Pública Federal".
Adicionalmente, el "gobierno legítimo de México" planteó que el Padrón General de Bienes Inmuebles del IPAB presenta una diferencia de 483 activos, pues su "saldo real es de 7 mil 284 inmuebles y registró en la transferencia hecha con el SAE, 7 mil 767". Por esta razón, concluyó que esa divergencia habla de propiedades que "no aparecen o se encuentran extraviadas".
Deslizó la posibilidad de que, como ha ocurrido en otras ocasiones, el IPAB cediera los inmuebles al SAE para hacer una "venta de garage", que permitiera a "personas influyentes que fueron rescatadas por el Fobaproa readquirir sus propiedades a precios verdaderamente irrisorios y escandalosamente inferiores a su valor real".
Recordó que la Junta de Gobierno del SAE a la fecha "no tiene establecidos lineamientos generales para la enajenación de bienes, que permitan evaluar propuestas de adjudicación".
Ante ello, consideró necesario que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados cite a comparecer al director del organismo para que dé una explicación detallada del proceso de venta de activos, "pues la operación podría originar hasta lavado de dinero".
Indicó que a la fecha, el IPAB "ha vendido un total de 325 mil 698 créditos por 10 mil 539 millones de pesos, que amparan casas de interés social y residenciales, bodegas comerciales, naves industriales, etcétera, y sus valores son muy superiores al precio pagado por estas compañías".
ide que comparezca el director
lunes, abril 02, 2007
COMUNICADO URGENTE:
Secretaria de la Hacienda Pública
México DF, a 2 de Abril de 2007
Estimado Carlos Acosta:
Presente
Con relación a su articulo presentado en la Revista Proceso, el domingo en internet, me permito realizar los siguientes comentarios:
Los datos presentados por nuestro Presidente Legitimo, no han sido inventados, ni mucho menos son tendenciosos, más aún, la comparación que se hace contra las ventas totales de estas empresas es únicamente para mostrar con absoluta claridad, los paraísos fiscales que de los que gozan estas empresas, en detrimento del resto de los contribuyentes y del propio Petróleos Mexicanos.
Quiero mencionar, que el viernes 30 de marzo, el Auditor Superior de la Federación entregó un informe como consecuencia de la Revisión de la Cuenta Pública para 2005, y en él, se ponen de manifiesto dos situaciones que se hemos venido señalando desde hace varios años y que explican en buena medida el problema fiscal del país y que de manera adicional apuntan a que la aplicación del IVA a los Alimentos y Medicinas o bien las intenciones del Gobierno de Calderón de gravar el “consumo de las personas y de bajar la “tasa impositiva” a las empresas no constituyen la solución de México ante la falta de ingresos tributarios.
Así los resultados obtenidos por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) revelan que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la existencia de Regímenes Fiscales Especiales son el “Talón de Aquiles” del sistema tributario en México.
Para corroborar lo anterior, sólo basta señalar que la ASF concluye que el SAT no llevó a cabo las acciones de combate a la elusión fiscal; no elaboró un programa para la operación del Servicio Fiscal de Carrera, y en los procesos de planeación y de registro carece de los indicadores asociados a sus metas anuales que corresponden a las actividades sustantivas que realiza ese órgano desconcentrado, lo que no permite evaluar su desempeño.
Mas aún el informe señala que de 2001 a 2005, el saldo de los créditos fiscales pasó de representar 27.0% de los ingresos ordinarios del Gobierno Federal a 35.1%, al ascender a poco más de 495 mil millones de pesos.
Los créditos controvertidos es decir aquellos que se encuentran en algún tipo de litigio representaron el 40.3% de la cartera de créditos fiscales totales al ascender a casi 200 mil millones de pesos , seguidos por los irrecuperables que se ubicaron en 135 mil millones de pesos y por su parte el propio auditor superior señala que la recuperación de créditos fiscales que se obtuvo durante 2005 fue sólo de por 8 mil 522 millones de pesos, únicamente representó el 1.7% de la cartera total;
Es importante señalar que en estor créditos fiscales existe evidencia de corrupción y negligencia de las autoridades hacendarias ya que se encontró que 298 deudores acumularon 20,717 créditos fiscales, esto es, 70 créditos en promedio.
También se detectaron 15 contribuyentes con más de 100 créditos fiscales cada uno y, de ellos, seis registraron más de 300; en particular, uno acumuló 1,453 créditos.
Por tanto, no existe un límite para la determinación de créditos fiscales y ciertos contribuyentes se han dedicado a omitir obligaciones por largo tiempo sin que a la fecha se haya hecho nada al respecto. Tres bancos concentraron 780 créditos fiscales por un monto de 28 mil 663 millones de pesos, que además fueron rescatados por Fobaproa, entre ellos HSBC, BBV Bancomer y Banamex.
Cabe destacar que para diciembre de 2006, los créditos fiscales irrecuperables fueron de 161 mil 58 millones de pesos y los controvertidos de 233 mil millones de pesos.
Adicionalmente el informe de la ASF confirma que el SAT gana sólo 4 de cada 10 juicios en los que participa, por ello buena parte de los recursos que involucran los créditos fiscales controvertidos se perderán en detrimento del fisco y del Estado.
El otro grave problema del sistema tributario mexicano y que es revelado por el Auditor Superior es el que refuerza de manera contundente la propuesta fiscal del Gobierno Legitimo, ya que la ASF concluye que:
“La existencia de tratamientos preferenciales, regímenes especiales y omisiones e imprecisiones en la legislación tributaria, propicia la generación de elevados créditos fiscales y explica en alguna medida el bajo coeficiente de recuperación de dichos créditos por parte del SAT. Esta situación incide de manera significativa en la baja eficiencia recaudatoria del país.”
La ASF señala en su informe que, se detectaron 50 grandes contribuyentes, cuyos pagos individuales de ISR en 2005, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74 pesos, mientras que otros 50 de éstos sólo pagaron hasta 67 pesos por concepto de IVA.
Los grandes contribuyentes son aquellos cuyos ingresos brutos anuales son superiores a 500 millones de pesos.
Así por ejemplo y de acuerdo con datos publicados por el Grupo BIMBO, para el año de 2006 a pesar de haber obtenido ventas en México por 44 mil 704 millones de pesos, su previsión para pago de impuestos y participación de utilidades fue de sólo 2 mil 106 millones de pesos, lo que significó una relación de previsión para el pago de impuestos como porcentaje de las ventas totales de sólo 0.04%
En este mismo sentido y de acuerdo con datos publicados por el Grupo ALFA se observa que durante 2005 reportaron ventas netas por 69 mil 335 millones de pesos, y una utilidad neta consolidada de 9 mil 721 millones de pesos, sin embargo, Grupo ALFA reportó que el Impuesto sobre la Renta pagado y la Participación de Utilidades fue de 1 mil 750 millones de pesos, cifra que representó sólo el 0.025% de sus ventas totales y sólo el 18% de sus utilidades, porcentaje inferior en 10 puntos porcentuales al 28% que marca la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Lo anterior significa, que de no haber existido el régimen de Consolidación Fiscal, Grupo ALFA debió de haber pagado cuándo menos 2 mil 721 millones de pesos de impuestos, por lo que la existencia de este régimen fiscal le permitió a Grupo ALFA “eludir” aproximadamente 1,000 millones de pesos en impuestos.
Bachoco empresa que por cierto fuè rescatada por el Fobaproa, y que a pesar de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, sólo tiene publicados sus estados financieros para 2004, se observa que a pesar de haber obtenido ventas por 13 mil 700 millones de pesos, en ese año, su pago de impuestos fue de sólo 2 millones, en este caso Bachoco se acogió al régimen simplificado, cuyo diseño inicial fue concebido para apoyar a pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario.
Hay que recordar que la Propuesta Fiscal del Gobierno Legitimo busca la desaparición de un regímenes preferenciales como la Consolidación Fiscal, y que la misma propuesta busca eliminar el tratamientos preferenciales que se le da a la adquisición de activos por parte de las empresas, ya que la propuesta fiscal del Gobierno Legitimo busca eliminar la deducción (depreciación acelerada de activos) precisamente para evitar que las empresas utilicen esta práctica para “eludir” impuestos, también propone que las operaciones en la bolsa de valores paguen impuestos, ya que en la actualidad están exentas, lo cual constituye otro tratamiento preferencial en el sistema fiscal mexicano, que sólo favorece a un pequeño grupo de empresas y de personas.
Finalmente resulta absurdo que ante esta realidad Calderón, Carstens y el Consejo Coordinador Empresarial, busquen desesperadamente argumentos para aplicar el IVA en Alimentos y Medicinas y reducir la carga fiscal de las grandes empresas, ya que de ser aprobada la propuesta fiscal del Gobierno Legitimo, ni se aumentaría la carga fiscal a los asalariados, y mucho menos se aplicaría el IVA a los Alimentos y Medicinas.
La propuesta del Gobierno Legitimo, le permitiría al Estado Mexicano contar con un margen adicional en sus finanzas públicas de 300 mil millones de pesos (100 mi millones de reducción de gasto y 200 mil millones de ingresos adicionales), lo que permitiría reducir la carga fiscal de PEMEX, y poder expandir la industria petrolera sin la necesidad de inversión privada, así como incrementar el gasto en infraestructura social y educativa.
Finalmente, lo invito a revisar la información que he enviado a su correo electrónico para que reconsidere sus señalamientos, ya que en mi carácter de Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo, es mi obligación en todo momento realizar mi trabajo con absoluto profesionalismo, honradez, rectitud y sobre todo con absoluta honestidad. Le recuerdo que no soy asesor, soy el Secretario de la Hacienda Pública.
Atentamente
Mario Alberto Di Costanzo Armente
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