Opinión - Roberto Blancarte

Los obispos vuelven a la carga

Publico

Una vez más, ignorando la historia y el parecer de la mayoría de los mexicanos, los obispos católicos lanzan una cruzada para imponer su proyecto de nación. Lo hacen ahora bajo el lema de la “libertad religiosa”, mismo que encubre en realidad las viejas demandas de la jerarquía, tales como la introducción de la instrucción religiosa en las escuelas públicas y la posibilidad de poseer y administrar medios electrónicos de comunicación. Pero no sólo eso; ahora la Iglesia Católica quisiera que la Secretaría de Hacienda se encargue de recoger impuestos o contribuciones entre los católicos, como se hace en Alemania o en Italia, donde los ciudadanos destinan entre 0.8 por ciento y uno por ciento a la Iglesia o asociación no lucrativa de su agrado. Y aunque ésta es una práctica a la que cada vez más se resisten los ciudadanos de esos países, las iglesias se han vuelto enormemente ricas y poderosas. Y al que no pague su impuesto a la Iglesia, ésta le niega los servicios. No contenta con esas demandas, la jerarquía católica mexicana desea eliminar restricciones a la participación política del clero y quiere también borrar la distinción entre creencias privadas y función pública para que los políticos puedan asistir, en tanto que funcionarios, a las ceremonias religiosas de culto público. Añora la Iglesia Católica los Tedeum de antaño con los políticos postrados ante el altar y, por supuesto, el poder simbólico que eso conlleva.

La enorme paradoja es que ahora la jerarquía católica enarbola la libertad religiosa, cuando la negó sistemáticamente durante siglos. Porque hay que recordar que la primera libertad religiosa es la de creer en lo que uno quiera o incluso la de no tener alguna creencia. Pero en México esto se negó durante siglos, mientras la Iglesia Católica mantuvo el poder político y social. En realidad, la primera de las libertades religiosas, que es la libertad de creencias y de culto, sólo se hizo efectiva hasta que Benito Juárez estableció las bases del Estado laico, con las Leyes de Reforma, en 1859 y 1860. O sea que, en la historia del mundo, la libertad religiosa sólo se ha podido garantizar con la existencia de Estados laicos o seculares.

Así que suena muy bonito esto de la libertad religiosa, pero en realidad detrás de ese concepto, tal como lo está utilizando la jerarquía católica, se encuentra un viejo proyecto de restauración, en el que los derechos de los otros no se acaban de reconocer, pero se exigen los de la institución y sus dirigentes; poco importa aquí lo que quieran los católicos, pues la Iglesia, como institución no democrática y piramidal, sabe lo que quiere por encima de sus feligreses o de los ciudadanos, sean éstos católicos o de cualquier otra creencia. Un ejemplo de esto es la ahora solicitada objeción de conciencia. En cuanto se asomó la posibilidad de que el Estado garantice el derecho de las mujeres a abortar, inmediatamente surgió la defensa de la objeción de conciencia para que los médicos que están en contra se nieguen a interrumpir embarazos, así sean causados por violación. Así que todavía no se legaliza y garantiza en todos lados ese derecho de las mujeres y ya la Iglesia está buscando la forma de boicotearlo. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece, sin embargo, claramente en su artículo 1: “Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes”. O sea que ningún médico de una institución pública se puede negar, por motivos religiosos, a practicar un aborto allí donde sea legal. La objeción de conciencia, que sólo es individual, no grupal, podría eventualmente establecerse en este tipo de casos, siempre y cuando se garantice primero el derecho de las mujeres de abortar, también de acuerdo con su conciencia. Pero la jerarquía católica sigue negando ese derecho a las mujeres al mismo tiempo que exige el respeto a la libertad de conciencia para los médicos.

Lo peor del caso es que la jerarquía y sus litigantes tienen el descaro de decir que esas reformas no son un intento de echar atrás el Estado laico, cuando en realidad esa visión de la libertad religiosa no haría más que restablecer la unión entre el poder civil y el eclesiástico, o incluso la desaparición de la capacidad del Estado para decidir en materias tan básicas como la de controlar los ingresos de extranjeros al país. La jerarquía católica quiere que el Estado sea su recaudador de impuestos, como cuando en el siglo XIX todavía recogía el diezmo obligatorio. En abierta violación al principio constitucional e histórico de separación, la jerarquía católica quiere que los funcionarios públicos asistan con carácter oficial a las ceremonias religiosas de culto público para que los políticos sigan confundiendo esferas y promuevan leyes católicas contra la voluntad de los propios feligreses católicos y los de otras creencias. Y la jerarquía quiere acabar con la educación laica, introduciendo la instrucción religiosa en la escuela pública. Y a todo eso le llaman libertad religiosa. Nada más les falta decir: ¡Viva la libertad religiosa y viva Cristo rey!