Opinión - Jorge Gomez Naredo

Y la dilapidación de recursos públicos continúa…

Jornada Jalisco

Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, secretario de Gobierno de Jalisco, es un hombre muy católico y muy cercano al cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Han sido constantes sus reclamos para que el homicidio del prelado Juan Jesús Posadas Ocampo sea discutido como problema nacional. No ha cejado ningún momento en luchar y persistir en sus objetivos: ya sea como diputado local, federal o secretario de Gobierno de Jalisco, siempre, antes que nada, su prioridad es el caso Posadas. Es conservador, de ello no cabe la menor duda. Cuando el 6 de mayo pasado se realizó una manifestación en la ciudad de Guadalajara para evitar que el aborto fuera legalizado en Jalisco (cosa que, por cierto, ni siquiera se planteó ni se discutió en el Congreso local), Guzmán Pérez Peláez estaba ahí, con su grey, abanderando a los manifestantes y mostrando su solidaridad para evitar la legalización del aborto. Ahí estaba, como secretario de Gobierno, como miembro del gabinete de González Márquez, como católico y como miembro de un poder civil, sí, ahí estaba marchando alegre y ufano.

La mezcla de asuntos privados y asuntos públicos ha sido una constante en las administraciones panistas: por un lado muchos despachan de secretarios, gobernadores, presidentes municipales, diputados o senadores y, por el otro, tienen sus negocios que, claro está (en sinceros arranques de liderazgo) tratan de engrandecer desde los puestos públicos. Se aprovechan de su situación de “representantes populares” para tratar asuntos alejados de su deber como funcionarios públicos.

De los que han salidoa a la luz pública, el caso más escandaloso, cínico e indignante ha sido el de Diego Fernández de Cevallos, ex candidato a la Presidencia de la República, ex diputado y ex senador, que siendo funcionario público litigó y traficó con influencias. Incluso llevó juicios que iban en perjuicio del mismo Estado. El proceder de Fernández de Cevallos es grotesco y significativo de la corrupción de aquellos que algún día se sintieron impolutos y adalides de la democracia.

En Jalisco las cosas no son muy distintas: Fernando Guzmán Pérez Peláez realizó el 10 de junio un viaje como representante del estado de Jalisco (y, lo más importante, con dinero del erario) a la ciudad de Roma para entrevistarse con la jerarquía católica y así poder conseguir el apoyo del Vaticano para esclarecer el caso del asesinato del cardenal Posadas Ocampo. Se gastaron él y su acompañante (el abogado José Antonio Ortega) la cantidad de 48 mil 522.91 pesos en pasajes de Business Class. Fueron cinco días de periplo y de viáticos, se les otorgaron 42 mil 802.79 pesos, es decir, en unos días de gestión, el secretario de Gobierno de Jalisco y su compañero despilfarraron sin más ni más 91 mil 235.70 pesos del erario.

Y todo ello fue para fines que actualmente no tienen importancia prioritaria para el bienestar de los jaliscienses. Emilio González Márquez, claro está, no desautorizó el costoso viaje y, al contrario, lo apoyó: donde manda capitán (el cardenal Sandoval) no gobierna marinero (González Márquez).

¿Acaso es justo que en cinco días el secretario de Gobierno se haya gastado casi 100 mil pesos para realizar un viaje que no atrajo beneficios tangibles al estado? ¿Por qué se dilapida tanto dinero en acciones que no están encaminadas a labores de un gobierno civil? El derroche es indignante y no solamente en los excesivos salarios otorgados a los altos funcionarios públicos, sino en sus estilos de vida: viven como reyes, de viaje en viaje, de comilona en comilona, de hotel de lujo en hotel de lujo, y pensando no en el bienestar de la sociedad jalisciense, sino en sus intereses particulares. Se les paga todo, absolutamente todo, ¿y el pueblo, y la ciudadanía, y el compromiso por un país más justo, igualitario, equitativo y austero?

Mientras el gobernador Emilio González Márquez dice hacer alianzas “ciudadanas”, habla en nombre de la sociedad y trata por todos los medios posibles de colocarse como un posible “presidenciable”, la situación se mantiene igual y no hay cambios significativos entre su administración y la de su antecesor, Francisco Ramírez Acuña: continúa el derroche de dinero y el desdén de la mayoría de los funcionarios públicos por los problemas de la ciudadanía, aunado a que todo se soluciona con arreglos entre las elites.

Resulta verdaderamente preocupante esta situación, pues se zanja una gran línea divisoria entre quienes poseen todo y quienes nada o poco tienen. La desigualdad es cada día más espinosa y parecería que a los funcionarios públicos panistas no les importa. Fernando Guzmán Pérez Peláez puede viajar en primera clase, engullir opíparas comidas y conciliar el sueño en habitaciones de lujo sin remordimiento de conciencia, pues para ellos, para la mayoría de los panistas colocados en puestos de alto nivel, simple y llanamente la pobreza y la carestía son problemas que mencionan en sus discursos, pero que jamás han entendido ni pretendido aminorar.