Existe al menos una decena de testimonios que acreditan la ilegalidad de su detención
La detención de Plácido Rodríguez Perales constituye un despropósito que confirma la criminalización que se trata de hacer en Jalisco de la lucha de los líderes sociales, afirmó el dirigente de la CEMUP, José Luis Sánchez Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZJUAN CARLOS G. PARTIDA
Si el gobernador Emilio González Márquez justifica el encierro de un luchador social como Plácido Rodríguez Perales luego que policías estatales le sembraron droga para acusarlo de narcomenudista al señalarlo como sospechoso, entonces él como gobernante también es sospechoso y hasta culpable de muchas otras cosas como la violación a los derechos humanos que varias recomendaciones de organismos locales, nacionales e internacionales han hecho contra Jalisco, dijo José Luis Sánchez, dirigente de la Coordinadora Estatal del Movimiento Urbano Popular (CEMUP), quien agregó que existen al menos una decena de testimonios de vecinos de Villa Fontana que acreditan la detención ilegal de Rodríguez Perales.
“Existen muchos elementos para demostrar que le fabricaron el supuesto delito, las contradicciones en que incurrieron los policías en su declaración ante el Ministerio Público; ya varios testigos presenciales de la detención lo han hecho ante el juez y manifestaron que vieron a los agentes sembrar la droga; la declaración de Plácido está en esos términos y no existe alguna contradicción”, afirmó José Luis Sánchez.
El dirigente de la CEMUP, quien afirmó que Rodríguez Perales no es su compadre como lo señaló el gobernador (La Jornada Jalisco, 8 de julio), dijo que ahora la tarea es acreditar que el líder de colonos de Villa Fontana es inocente, pues se cuenta con todos los elementos para probarlo. Incluso, agregó que se integrarán cartas de recomendación y reconocimiento del Ayuntamiento de Ahuacatlán y del Congreso del Estado de Nayarit, que avalan la trayectoria de Rodríguez Perales en la función pública, cuando cubrió un interinato en 1987 como alcalde.
“Plácido desde muy joven ha sido un destacado luchador social, fue dirigente estudiantil y ferrocarrilero. Aquí el problema fue el liderazgo que tuvo y la lucha que emprendió en contra de los intereses de Villa Fontana, lo que molestó al dueño de ese proyecto, el empresario Valente Aguirre, de quien ya sabemos los vínculos que tiene con el poder en Jalisco”, agregó Sánchez.
Para Sánchez además que el gobernador acusara de narcotraficante a alguien que aún está sujeto a un proceso judicial y salió libre bajo fianza, se trata de un despropósito que ése sí confirma la criminalización que se trata de hacer en Jalisco de los líderes sociales.
“Entonces también es sospechoso Emilio González de muchas cosas, pues en ese sentido inquisitorio todo el que lucha en contra del neoliberalismo y su política de servicio y entrega al gran capital es sospechoso. El no sólo es sospechoso, es culpables de violaciones a los derechos humanos, en muchos casos no hay sospecha sino realidades, ahí están las recomendaciones al por mayor emitidas el pasado sexenio donde se documentaba la práctica de la tortura y pese a ello, el gobernador actual no ha movido un dedo para investigarlas a pesar que se dice un defensor de los derechos humanos”, sentenció.
Fuera de las rejas
En entrevista aparte, el propio Rodríguez Perales señaló que le parecía muy triste que un gobernante desconociera la trayectoria que él ha tenido en el campo de la lucha social y el activismo, para verter opiniones contra su persona y señalarlo como sospechoso de vender cocaína ignorando la trayectoria política y magisterial que ha llevado durante toda su vida. El presidente de la Asociación de Colonos de Villa Fontana salió el sábado a la 1:00 de la madrugada de su encierro en Puente Grande, tras el pago de una fianza de 25 mil pesos.
“Qué triste que un gobernante desconozca mi trayectoria política. A la edad de 15 años entré a trabajar al ferrocarril y me convertí en dirigente, luego fui dirigente estudiantil tomado de la mano de la construcción de una federación estudiantil con quien gobierna ahorita Nayarit (Ney González). Luego me hice maestro y más tarde ocupé una posición en el Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aquí en Jalisco”, contó.
Dijo que tal vez otra de las raíces de la incomodidad es la participación activa que ha tenido dentro de las redes a favor de Andrés Manuel López Obrador antes y particularmente después de las elecciones del 2 de julio, luego que él vivió prácticamente 160 días en la plaza pública protestando contra “el fraude electoral que se cometió” ante la reagrupación que han tenido grupos empresariales, de gobierno y el clero para detener la llegada de quien consideró es el presidente legítimo de México.
“Ante hechos como el que me sucedió, me queda claro que nosotros somos el fiel del equilibrio en la balanza de esta sociedad. No es posible que a últimas fechas se haya desatado una ola de construcciones con una mafia de empresarios que tienen todo el respaldo del gobierno, donde nos están embargando prácticamente de por vida con productos mal hechos, parecen las nuevas tiendas de raya”, agregó.
Dijo que consideraba que detenciones arbitrarias como la que a él le pasó son escenas propias de gobierno que son dictaduras, que aparentemente ya habían desaparecido en México, pero ante lo sucedido comprendió que todavía ocurre una criminalización en aras de desaparecer la disidencia.
Finalmente señaló que el reporte de los policías fue que en vigilancia de rutina vieron a una persona en “un callejón oscuro” en actitud sospechosa, quien al ver a la patrulla corrió hasta ser interceptado y luego de la revisión se le encontró la droga. Sin embargo, tanto su declaración como la de los vecinos, coinciden en que la aprehensión se dio cuando él vendía hotdogs en un carrito, en una de las áreas más concurridas de Villa Fontana.
Los acuerdos
En tanto, el Ayuntamiento de Tlaquepaque actuó como mediador para que el empresario Valente Aguirre se comprometiera en minuta firmada entre inmobiliaria, autoridades y colonos, no sólo a cumplir todas las demandas de quienes compraron una casa en Villa Fontana, sino a pagar una indemnización y cubrir los gastos de defensoría de Rodríguez Perales, en una reunión a puerta cerrada la tarde-noche del viernes pasado en la presidencia municipal.
Rafael Mora Alvarez, un hombre de 71 años y vecino de Villa Fontana, quien estuvo presente en la reunión sostenida ese viernes y a la que acudió en representación de la empresa Enrique Arteaga Barrera, afirmó que la inmobiliaria luego de las manifestaciones vecinales junto a la caseta de ventas decidió finalmente ceder a las exigencias plasmadas en un pliego petitorio que se le había hecho llegar desde hace tiempo. Los vecinos acordaron terminar con las manifestaciones siempre y cuando todos los gastos de defensoría fueran cubiertos por la empresa, a lo cual finalmente Arteaga Barrera cedió, como consta en la minuta.
“El día que detuvieron al maestro Plácido yo estaba con mi hijo y otras diez o quince personas más esperando turno en su puesto, cuando se acercaron cuatro policías; Plácido los saluda en la actitud generalizada de los comerciantes de invitar a los policías a comer, pero en esta ocasión lo sujetaron, lo arrojaron contra una cortina cerrada y uno de los policías, con un envoltorio en la mano, mete la mano al carrito donde guardan las verduras, luego la saca y les dice a los otros que ahí estaba la droga. En ese momento echan al profe (Plácido) a la patrulla sujetándolo de los cabellos; la única reacción que yo tuve fue anotar el número de las patrullas, la 449 y 476 de la Policía Estatal”, relató.
Afirmó que la detención se dio además en el marco de las denuncias que varios vecinos presentaron por las anomalías en el fraccionamiento, lo que a su vez desató una campaña de amenazas en contra de los líderes del movimiento, en particular de Rodríguez Perales. Sin embargo y después de la detención, en virtud de que el regidor tlaquepaquense Juan Ramón Alvarez también es adquiriente de casa en Villa Fontana, se acordó una reunión en el Ayuntamiento, donde el viernes se tomaron los acuerdos ya señalados.
Ahí mismo y contando con el regidor Juan Ramón Alvarez como testigo, en la minuta quedó plasmado que la empresa de Valente Aguirre se comprometía a absorber los gastos de la defensa para evitar más manifestaciones.
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