EMILIANO DIAZ CARNERO - Jornada Jalisco
El Ayuntamiento de Guadalajara sí presiono a los comerciantes purépechas para que retiraran la queja que interpusieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) contra los abusos que la autoridad municipal realizó en el desalojo del pasado viernes.
La presión de los funcionarios municipales siempre estuvo presente, desde que fueron a recoger sus muebles a las bodegas del Ayuntamiento hasta el momento de acomodarse en la calle de Felipe Angeles, lugar acordado para que los purépechas trabajen provisionalmente hasta que se restaure la barda y banqueta del cementerio donde han trabajado por más de 35 años.
“Todo el tiempo nos decían: échennos la mano con lo de la queja en Derechos Humanos, ya ven todas las facilidades que les estamos dando”, informaron varios de los comerciantes desalojados que han estado en todo el proceso de diálogo con el gobierno.
Además de las presiones –siempre negadas por todos los funcionarios, incluyendo el alcalde Alfonso Petersen–, que surtieron efecto al lograr que los comerciantes retiraran la queja ante la CEDHJ, las autoridades no entregaron todos los muebles y materiales a los indígenas, como se había establecido en la reunión del lunes, en la cual no se logró ningún acuerdo por escrito. “Faltaron muebles y tablas que los del municipio se llevaron al tiradero”, informó nuestra fuente.
A pesar de las irregularidades cometidas por el municipio (presión para retirar la queja de la CEDHJ, la falta de acuerdos claros que se concreten en el mismo momento en documentos firmados por ambas partes y la falta de cumplimiento a lo establecido), el miércoles los funcionarios hicieron firmar a los purépechas un documento que agregaba nuevas cláusulas a lo acordado.
El documento que presentó el Ayuntamiento el miércoles 7, además de tener la fecha del lunes 5 agrega puntos a los compromisos que los purépechas habían asumido el lunes. El acuerdo del cual La Jornada Jalisco tiene copia agrega a lo acordado el lunes que los comerciantes tendrán que realizar el pago por el permiso para el comercio en espacios abiertos; restringe el número de locales y sus dimensiones, permitiendo sólo 30 puestos, y los obliga a realizar contratos individuales ante la Comisión Federal de Electricidad.
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