Por: Ernesto Villanueva.La revista Proceso ha dejado de ser sólo un vehículo de intermediación entre fuentes informativas y receptores - aunque sólo sea por estos días- para convertirse en objeto noticiable en virtud de una reforma significativa en las formas y modos de dirigir esta publicación mexicana (N de la R: Se refiere a la designación de un nuevo director del semanario, el 23 de marzo). La trascendencia social de Proceso ha hecho que un asunto interno se haya convertido en un tema de interés público, de ahí la pertinencia de hilvanar algunas reflexiones sobre este hecho.
Uno de los principales méritos de Proceso es su contribución para que el derecho a la información del público previsto en el artículo 6º de la Constitución no sea letra muerta. El derecho del público a saber no se agota con las conferencias de prensa, los boletines informativos y las declaraciones de funcionarios. Hay que recordar que ese conjunto de datos informativos únicamente expresa lo que, de modo discrecional, desea dar a conocer la autoridad pública. Se trata, en suma, de una perspectiva parcial e interesada de la vida colectiva, que responde únicamente a la visión que desea propagar quien detenta el control de la información. La otra cara de la moneda es entonces imprescindible para que el ciudadano pueda evaluar en su justa dimensión la marcha de los asuntos públicos. Es esa otra mirada, que atisba en aquellas cuestiones de interés público que no salen a la superficie, donde Proceso ha hecho un aporte capital para que el receptor pueda transitar de la condición de individuo a la de ciudadano.
El periodismo independiente en una sociedad democrática tiene como característica buscar más que el mero reflejo de la luz, irradiar la oscuridad en donde pervive la corrupción. Esa línea editorial ha podido articular Proceso en todos estos años, encarando las dificultades que ello ha supuesto, si se toman en cuenta las características del régimen jurídico de los medios de comunicación en México. Y es que se trata de un conjunto de normas jurídicas impermeable a todo signo de apertura, transparencia y equidad que maximiza las posibilidades del periodismo progubernamental y minimiza el ejercicio de un periodismo íntegro.
Existen por supuesto elementos que brindan sustento a esta afirmación: Primero, los recursos públicos destinados a la comunicación social son manejados en forma patrimonial por las autoridades, en estricto apego a la ley, circunstancia que condiciona de muchas manera el suministro publicitario. Segunda, la falta de reglamentación del artículo 6º constitucional hace que obtener información de interés público sea una verdadera odisea periodística. Tercero, el secreto profesional de los periodistas, que en los sistemas democráticos está protegido por la ley para honrar el derecho a la información, en México constituye un delito en el código de procedimientos penales, lo que constituye un riesgo adicional para el trabajo del periodista independiente; y cuarto, la Ley de Imprenta considera un delito con pena privativa de la libertad emitir informaciones sobre las actividades - no informadas oficialmente- de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Es justo decir también que tanto en el presente como en el pasado las bondades sociales de ejercer un periodismo sin compromisos con los poderes públicos o privados han sido reconocidas. Basten tan sólo tres ejemplos de ello. Ya en el siglo pasado John Stuart Mill afirmaba que: "Revelar al mundo algo que le interesa profundamente y que hasta entonces ignoraba, demostrarle que ha sido engañado en algún punto vital para sus intereses temporales o espirituales, es el mayor servicio que un ser humano puede prestar a sus semejantes"(Sobre la libertad. Alianza Editorial.). A principios de esta centuria Joseph Pulitzer no dejaba lugar a dudas sobre el sentido que debe tener el periodismo: "Somos democracia, y sólo existe un medio para poner en pie la democracia en cuanto a su conducta individual, social, municipal, estatal y nacional, y ese medio es mantener al público informado de lo que sucede. No hay delito, no hay negocio, no hay ardid, no hay estafa y no hay corrupción que no perdure en el secreto". (An Adventure with a genius: recolections of Joseph Pulitzer).
Y ahora hace apenas algunos años el informe MacBride ha sostenido que: "El periodista inquisitivo debe examinar las acciones de quienes tienen el poder y exponer todos los abusos o incompetencias. Su derecho a investigar la mala administración y la corrupción burocráticas tiene una importancia particular porque es una de las pocas formas en que puede asegurarse que la ineficiencia y la deshonestidad no contaminen todo un sistema". (Un solo mundo voces múltiples. FCE).
Después de 23 años de vida Proceso ha logrado adquirir credibilidad de cara a la sociedad y frente a los poderes públicos y privados. La credibilidad de Proceso se ha construido sobre dos bases: a) Por su independencia editorial, y b) Por la honorabilidad de quienes encarnan el proyecto periodístico. Las diferencias de percepción y de criterio en la dirección de Proceso que se han resuelto con la salida de dos (o tres) de sus principales directivos son precisamente eso: diferencias de percepción y de criterio. Por ello mismo atienden a la forma, a los aspectos instrumentales, pero no cuestionan - hasta donde se sabe- el fondo del proyecto periodístico. Al analizar este conflicto se ha dejado de lado un hecho que por ser verdad no deja de ser esencial: Tanto quienes han salido de la revista como quienes han permanecido en ella tienen en común una impronta de honestidad y reconocimiento social.
No es un patrimonio adquirible a la vuelta de la esquina en el ámbito periodístico tan proclive a negociar con el poder. Y es que es de dominio público que ninguno de los directivos de Proceso (de los seis primero y de los tres después) ha sido jefe de prensa informal de líderes obreros o campesinos, asesor de candidatos o dirigentes partidistas, beneficiario de concesiones gubernamentales, recipiendario de favores con cargo al erario público o comerciante de influencias en busca de un provecho personal. Ese ha sido (sigue siendo) el capital moral de Proceso que le distingue frente a propios y extraños.
De cualquier forma, el procedimiento observado para la asunción de una nueva dirección unipersonal en Proceso - con independencia de que se haya hecho en el marco de las atribuciones que la ley otorga a los consejos de administración de las sociedades anónima- ha derivado en una crisis que no debe desdeñarse. Crisis significa oportunidad y cambio. Oportunidad para proseguir en el acierto; cambio, para rectificar en el error. El acierto está en el fondo de lo que es Proceso: ejercicio periodístico independiente al servicio único del lector. Los errores se encuentran, por tanto, en las formas de ofrecer información y opinión. También, en la notable ausencia de un entreveramiento generacional de temas y personas. La viabilidad de la revista dependerá, por un lado, de la suma de voluntades que pueda concitar la dirección en torno al espíritu que anima a Proceso; y, por otro, de la sensibilidad para actuar frente a los designios del mercado editorial.
El reto no es menor, pero tampoco, por supuesto, imposible. Apostar por la continuidad del proyecto es votar a favor de la diversidad de puntos de vista, peculiaridad que hace libre a la sociedad y le habilita para el diálogo y el debate informado. No habría que regatearle por ello un voto de confianza al nuevo director en esta sinuosa tarea.
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