Opinión - Ricardo Monreal

Estado concedente

Publico

La actual administración federal ha inaugurado una nueva forma de gobierno: el Estado concedente, donde todas y cada una de las funciones, responsabilidades y atribuciones públicas son materia de concesión.

Tan pronto se hizo del poder público, el novel gobierno cayó en cuenta de que no debe, no quiere o no puede ejercer sus funciones más elementales, y entonces procede a concesionarlas. Por ejemplo, concluye que el Estado mexicano no puede garantizar que los barones de la delincuencia organizada paguen sus delitos en el país y cede el ejercicio de esta responsabilidad elemental a un Estado extranjero mediante la extradición. Diagnostica que la seguridad pública no puede ser brindada por los actuales cuerpos civiles de seguridad, y entonces traslada esta función básica a las fuerzas militares. Recientemente, redescubre que carece de recursos para invertir en su programa carretero y encuentra “la solución” en la concesión del manejo de este patrimonio nacional a un grupo de particulares.

Así, una a una las funciones públicas relevantes, llámese justicia, seguridad, salud, educación o promoción económica, son objeto de traspaso por el Estado concedente, que hace de la concesión su instrumento fundamental de gobierno y de los agentes concesionarios privados, su base real de apoyo.

Concesión, define la real academia, es el “Negocio jurídico por el cual la Administración cede a una persona facultades de uso privativo de una pertenencia del dominio público o la gestión de un servicio público en plazo determinado bajo ciertas condiciones”. Los conceptos clave de esta definición son “negocio”, “cede” y “facultades de uso privativo” del dominio público. A la luz de esta definición analizaremos la más reciente de las concesiones anunciadas por el gobierno concedente de Felipe Calderón: las carreteras.

Se suponía que el rescate carretero había sido exitoso y ejemplar. Después del fracaso estrepitoso de la privatización promovida por Carlos Salinas, en buena medida por una mala planeación financiera de los concesionarios, Zedillo procedió al rescate de esos particulares con recursos públicos, tal como lo hiciera con el rescate bancario. Compró las carreteras a 40% de su valor en libros y luego procedió a sanearlas. La operación, con cargo a todos los mexicanos, costó 165 mil millones de pesos. Con las cuotas de peaje más caras del mundo, las carreteras en manos del gobierno se convirtieron en rentables y en un “buen negocio” público. Hoy, sin embargo, el gobierno de Calderón diagnostica que esos ingresos son insuficientes para afrontar la demanda carretera en los próximos años y que deben ser concesionadas. ¿Cuánto obtendrá el gobierno? 25 mmdd. ¿Cuánto invirtió en el rescate? 22 mmdd, más el crecimiento de la carga fiscal de la deuda en estos 10 años, lo cual rebasa con creces la “ganancia” esperada.

¿Vale la pena concesionar así el patrimonio nacional? Para el Estado concedente, fincado más en supuestos ideológicos que en presupuestos económicos, donde las coordenadas son “negocios”, “ceder” y “traspaso de funciones públicas”, la respuesta es sí.

De la suma esperada a lo largo del sexenio, nos dicen que 14 mmdd se irán a pagar la deuda del rescate y 11 a nuevas carreteras. Es decir, los recursos frescos para infraestructura en realidad se reducen a 1.83 mmdd en promedio por año. Para 2007, el Congreso autorizó 2.8 mmdd para carreteras, el más alto en la historia. Si el Congreso autoriza un monto similar anual a lo largo del sexenio, el actual gobierno dispondría de casi 17 mmdd para cumplir su programa carretero. ¿Qué significa esto? Que sin necesidad de concesionar un solo kilómetro de carreteras saneadas y rentables, el gobierno tendría garantizado su flujo de caja para cumplir su programa de gobierno.

Por último, nos dicen que la concesión no es lo mismo que la privatización, que al término de 30 años las carreteras retornarán al patrimonio nacional. Claro. Seguramente regresarán en las condiciones en que actualmente se encuentra la Autopista del Sol, la joya del programa privatizador: ordeñada económicamente y deteriorada en sus condiciones físicas. Porque la esencia de una concesión a la mexicana es la misma que una privatización: el máximo beneficio privado, con el mínimo beneficio, eficiencia y calidad pública. Esa es la esencia del Estado concedente que, por un lado privatiza negocios públicos rentables y, por el otro, socializa pérdidas de negocios privados.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx