El Ayuntamiento de Guadalajara ha decidido criminalizar el comercio de los pobres. El pasado viernes decenas de fabricantes de muebles, sin ninguna advertencia o explicación previa, fueron desalojados de manera violenta y arbitraria de las calles Felipe Angeles y Esteban Alatorre, lugar donde tenían más de 25 años trabajando. Foto:Arturo Campos
El Ayuntamiento de Guadalajara ha mostrado su lado represor, su incongruencia y su falta de sensibilidad. No dialoga, golpea; no “se pone en el lugar de los otros”, arremete y desaloja. Desde la anterior administración, primero encabezada por el hoy gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y después por Ernesto Espinosa Guarro, actual secretario del Trabajo y Previsión Social estatal, las autoridades municipales han puesto especial empeño en agredir a la sociedad, a quienes no tienen los medios suficientes para defenderse.
Cuando se desalojó a todos los vendedores ambulantes de la zona centro de Guadalajara, el primer cuadro de la ciudad perdió algo de su esencia: ya no era posible realizar algunas compras tradicionales en los días de descanso (“papitas”, pulseras, frutas, etcétera). A todos los que antaño vendían sus productos en la vía pública se les hacinó en un sótano lúgubre y mal construido, al estilo de los “centros comerciales” de moda. Ahí la gente no baja, no compra, no va. Las ventas han disminuido de una manera estrepitosa, pero el Ayuntamiento se enorgullece de sus medidas y, el centro de la capital jalisciense, para los panistas, se ve mejor: ya no están los pobres vendiendo sus productos, ya no hay indígenas en las calles tratando de sobrevivir a través de ofrecer sus mercancías. Ahora el centro se parece más a un mall estadunidense que a un centro histórico latinoamericano o europeo.
Estas medidas llevadas a cabo por el Ayuntamiento se complementan con la falta de tolerancia para todos aquellos que buscan manifestarse, que quieren hacer explícita su inconformidad sobre algún aspecto de la vida política o social de Jalisco y del país. El miércoles pasado un grupo de personas realizó una asamblea en la Plaza de Armas para erigir un “tribunal popular” que juzgara los múltiples desvaríos y violaciones cometidas por Francisco Ramírez Acuña, el actual secretario de Gobernación. Al mediodía los manifestantes pretendieron instalar en el corredor peatonal de la calle Pedro Moreno una mesa, una carpa pequeña y dos bocinas. La policía municipal lo impidió a empellones: más de cuarenta gendarmes estuvieron resguardando los “peligrosos” implementos que llevaban los asambleístas. Debido a un descuido o a la enjundia de los manifestantes, se logró recuperar la mesa y montar el tribunal popular que juzgaría a Ramírez Acuña. La policía iba armada, una verdadera irresponsabilidad por parte del municipio, pues los gendarmes no contaban con un mínimo de instrucción para actuar en manifestaciones y contingencias sociales; gracias a la prudencia de quienes protestaban el altercado no pasó de algunos empujones.
El viernes pasado, varios comerciantes purépechas fueron violentamente desalojados por la policía de Guadalajara del lugar donde vendían sus mercancías desde hace más de 35 años, es decir, de las calles Felipe Angeles y Esteban Alatorre (ver nota). En el “operativo” se les decomisaron a los comerciantes los artículos que vendían y todas sus pertenencias, además de sacarlos a punta de pistola del lugar en donde laboraban y vivían desde hace más varios lustros. Los testimonios recogidos por Emiliano Díaz Carnero para este diario son aterradores: “A una señora la patearon después de decirle que se fuera a chingar a su madre. A otro lo encañonaron con la pistola, le cortaron cartucho”, dijo Cristóbal Morales, uno de los afectados. El Ayuntamiento de Guadalajara ha decidido criminalizar el comercio de los pobres, de los débiles, de quienes no tienen el suficiente dinero para pagar un local comercial. ¿Y el diálogo, dónde? Los derechos humanos quedan en el olvido, al igual que el artículo constitucional 123: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”.
El alcalde tapatío, Alfonso Petersen Farah, mantiene una línea de encono contra todos los que buscan ganarse la vida dignamente en el centro histórico. La semana pasada, a tres organilleros venidos del Distrito Federal se les impidió pedir una cooperación por la música que de su instrumento emanaba, una tradición que se mantiene en la capital de la República y que se ha perdido en Guadalajara. Petersen Farah, ante la petición de un permiso para realizar dicha actividad, adujo que no se les otorgaría a los organilleros “ni [a] los mimos, ni [a] los pintores, ni [a] ninguna persona que lleve a cabo una actividad en el centro con el fin de poder obtener un recurso económico a cambio de lo que está realizando”. Agregó que el concierto de Diego Torres y el de “Vamos al centro” sí se aceptó porque estaba en la “normalidad”; pero acaso ¿no se les pagó a los artistas que tocaron en ellos?, ¿a Diego Torres no se le dio una estipendio “con el fin de obtener un recurso económico a cambio de lo que está realizando”?
La insensibilidad mostrada por el Ayuntamiento de Guadalajara es clara. Se está criminalizando el comercio de los pobres, de quienes venden chicles para poder sobrevivir, de todos aquellos que no tienen el dinero suficiente para rentar o comprar un local. Esto se hace en el contexto de un desempleo creciente, de un gobierno (tanto municipal, estatal como federal) ineficaz para crear puestos trabajo dignos y bien remunerados. Se están destruyendo tradiciones ancestrales en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara y, cada día, resulta más difícil protestar, porque la policía está al acecho, porque a través de cualquier pretexto se busca cancelar los derechos que tiene la sociedad para la “manifestación de las ideas”, consagrada en la Constitución Mexicana.
Por eso la consigna que el miércoles pasado se escuchó en el pasaje peatonal Pedro Moreno toma sentido y vitalidad: “gobierno panista: represor y fascista”. ¿Hasta cuándo entenderán las autoridades blanquiazules que Guadalajara y los tapatíos precisan libertad, tolerancia y diálogo?, ¿hasta cuándo?
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