Opinión - Ramon Guzman Ramos

La lucha contra la represión

Jornada Jalisco

Hay algo fundamental que la derecha en el poder no ha aprendido de la historia: el endurecimiento no hace sino poner en evidencia el sentimiento de vulnerabilidad que sobrecoge al gobierno. La represión como medida para tratar de sofocar los movimientos de descontento colectivo no hace sino incubar un mayor grado de indignación entre la sociedad. Tarde o temprano, en cuanto las organizaciones hayan aprendido las lecciones de su práctica política y le hagan los ajustes pertinentes a la estrategia, las fisuras en el régimen se empiezan a mostrar hasta que se convierten en fracturas abiertas. Fue lo que le pasó, precisamente, al PRI cuando detentaba de una manera hegemónica el poder.

Creíamos, por cierto, que se trataba de una época aciaga que habíamos dejado enterrada en el pasado. Pero he aquí que ha regresado con una virulencia inusitada. La represión como estrategia del poder. De lo que se trata es de sembrar la realidad de miedo para disuadir cualquier brote de inconformidad que pudiera llegar a generalizarse. Un gobierno que se identifica con la sociedad y que responde a los intereses de todos y no sólo de unos cuantos no necesita de la intimidación y la política del garrote para sostenerse en el poder. Sólo los gobiernos que no sienten muy sólida su legitimidad recurren al recurso de la violencia oficial para sofocar cualquier expresión que no esté bajo su control total.

La derecha comenzó a hacer uso indiscriminado de la represión cuando el gobierno en sus manos sufrió un vuelco hacia la radicalización de las medidas neoliberales. En primer lugar, tenía que evitar como fuera que la izquierda la desplazara del poder. Y como no hubo otro camino que la guerra sucia y el fraude, se vio obligada a echar mano de los aparatos represivos del Estado para sofocar a sangre y fuego cualquier muestra de insurrección civil. Atenco y Oaxaca, así como el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fueron el laboratorio para probar la eficacia de los cuerpos policiacos y las reacciones de la sociedad.

El primer paso era aislar estos conflictos de la sociedad para poder golpearlos sin que se produjeran repercusiones sociales de gran envergadura. El movimiento social tendría que hacer un análisis muy concienzudo al respecto para sacar la conclusión de que las políticas represivas del régimen son posibles cuando las luchas del pueblo se dan de una manera sectorial, sin que se produzcan relaciones de solidaridad activa entre ellas. La derecha ha podido golpear a los movimientos sociales de mayor magnitud e importancia porque le resultó fácil aislarlos de su propio contexto.

Muchas cruces ha dejado esta escalada represiva, así como hogares divididos, atemorizados por la amenaza, la persecución, el encarcelamiento y la tortura de quienes participan en estas luchas. Habría que recordar que estas luchas surgieron como producto del agotamiento del sistema electoral. Una vez que la derecha llegó al poder, se dedicó a clausurar prácticamente los caminos para que cualquier otra fuerza política pudiera desplazarla por las urnas. Pero está el hecho, además, de que hasta ahora la democracia electoral, con sus debidos controles, no ha servido para traerle bienestar a la población.

El descontento de grandes franjas de la sociedad, y su disposición a movilizarse, ha sido por esta razón principalmente. El pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de buscar sus propios caminos para gestionar y resolver los grandes problemas que lo agobian. Pero la autoridad, en vez de tender puentes y de abrir canales para encauzar juntos la problemática social, lo que hizo fue enviar a la policía –local y federal– a reprimir violentamente estas expresiones independientes. El gobierno se ha dejado llevar por un temor enorme, inconfesable: que estos movimientos adquieran conciencia de su potencial autogestivo y decidan que el tipo de gobierno que necesitan es uno propio, salido directamente de su seno. Fue, por cierto, lo que sucedió en Oaxaca.

Desde luego que esta actitud de aplicar mano dura contra la población se extiende también a otros ámbitos. Como el caso de los comerciantes purépechas que fueron desalojados de la calle Esteban Alatorre el jueves de la semana pasada. Ellos, que provienen de la comunidad indígena de Capacuaro, municipio de Uruapan, Michoacán, tenían varios años instalados allí. Las autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara simplemente decidieron que había que limpiar esa zona y lo hicieron enviando a la fuerza pública, sin que mediara diálogo ni negociación alguna. Por cierto que los habitantes de Capacuaro han estado exigiendo que el gobierno de Michoacán intervenga para que se pueda corregir de alguna manera este atropello de la autoridad tapatía.

Otros sectores y agrupaciones sociales han sido víctimas también de esta política de mano dura que ha adoptado de una manera indiscriminada la derecha en el poder, como se demostró en las manifestaciones de protesta que se protagonizaron el lunes pasado. He allí, por cierto, una muestra de lo que se tendría que hacer para detener la represión y abrirle nuevamente una avenida a las garantías individuales y sociales, a los derechos humanos fundamentales que deben ser respetados en cualquier circunstancia y bajo cualquier gobierno.