Opinión - Jaime Hernandez

Tribunal popular, un ejercicio necesario

La Jornada Jalisco

Mientras Felipe Calderón utiliza las propuestas de Francisco Javier Ramírez Acuña pretendiendo ganar legitimidad, militarizando el país y mostrando “dureza” como sinónimo de “inteligencia”, en un aparente combate a la delincuencia (nunca a la de cuello blanco) aunque se vulneren derechos humanos y el ya de por sí escaso estado de derecho, organismos de la sociedad civil han iniciado ante la opinión pública jalisciense la necesidad de restituir la figura del jurado ciudadano que se encuentra plasmada en el artículo 20 de la Constitución de la República.

En efecto, en lugar de ciudadanizar la procuración y administración de justicia, Felipe Calderón promueve iniciativas para legalizar el espionaje que realiza el Cisen, declara que los jueces “dificultan”, que sólo deben validar los atropellos como ha sucedido hasta el momento; y se cierra más el control sobre ministerios públicos para despedir a aquellos que no muestren obediencia ciega ante una disposición de catear ilegalmente, detener o torturar sin miramiento alguno a ciudadanos considerados “sospechosos”, se demuestra con todo ello que el panorama para la justicia en México es verdaderamente desalentador.

Más poder a la impunidad. En lugar de una política de Estado incorporando el concepto de los derechos humanos en la Constitución, tal y como quedó pendiente con el compromiso ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, la iniciativa de crear la Fiscalía General de la Federación –proyecto foxista por cierto– incumple de entrada las Directrices sobre la Función de los Fiscales, aprobadas por el Octavo Congreso de la ONU, celebrado en La Habana, Cuba, en septiembre de 1990, y que establece que los fiscales deben tener estabilidad laboral, independencia de criterio, debatir públicamente y hasta el derecho a formar una asociación que vele por la defensa de sus derechos gremiales

Si Calderón cree que la gente pide más seguridad pública en lugar de democracia; si cree que no se siente ofendida por los crecientes aumentos a la tortilla o no se molesta por la riqueza sin límite de Carlos Slim, se equivoca. El pueblo irá abriendo poco a poco de forma cívica y pacífica el derecho inalienable que le asiste de buscar justicia y de cambiar en todo tiempo los gobiernos que lo han oprimido.

El pasado 28 de febrero un grupo de organizaciones civiles de Jalisco instalaron en la plaza de armas un tribunal popular para juzgar en forma pública la actuación y el desempeño del ex gobernador y hoy secretario de Gobernación. La respuesta de este evento por parte de quienes asistieron fue muy positivo. Francisco Javier Ramírez Acuña (FRA) fue debidamente citado, pero no se presentó; en su lugar envió a un contingente de agentes municipales, estatales y federales que en todo tiempo buscaron intimidar la presencia y participación ciudadana.

En el lugar se puso a consideración la elección de siete prestigiados ciudadanos que escucharon decenas de reclamos: Oscar González Garí (jurista), José Vázquez Villaseñor (defensor civil), María del Rayo Calderón (ambientalista), Manuel García Navarro (médico en pastoral social), Martín Márquez Carpio (político democrático); Jorge Ceja Martínez (académico) y Mónica Pérez Taylor (periodista).

Antonio Orozco, del Colectivo Rodolfo Reyes Crespo, denunció el nulo interés del gobierno de FRA en coadyuvar en la presentación y solución de 23 jaliscienses presumiblemente asesinados, entre los que destacan nueve jóvenes de la colonia el Zapote que fueron desaparecidos en abril de 1977 en medio de la llamada “guerra sucia”; por ello: “acusamos a FRA de querer revivir el siniestro servicio secreto mediante la iniciativa de la policía secreta”.

Cecilia Teresa López González denunció que durante el sexenio de FRA su hermano fue secuestrado arbitrariamente por el Ministerio Público y cuatro agentes policiacos quienes lo torturaron, además simularon una averiguación previa y junto con el Semefo desaparecieron evidencias de un crimen: autopsia, ADN y el cuerpo mismo, a efecto de acreditar falsamente un parentesco. Por ello, señala que sus hermanos José Luis y Javier Tierrafría han recibido amenazas de muerte anónimas, las hacen públicas para que no lleguen a suceder. José Luis López denunció en el tribunal popular que está secuestrado por el Poder Judicial y exigió justicia: “temo por mi vida y si algo nos pasa espero que la semilla que sembramos ustedes la cosechen y sigan sembrando la esperanza de un México más justo”.

Antonio Santos Urbina señaló que la actuación de FRA al frente de Sistecozome llevó a la reducción y práctica extinción de le empresa estatal favoreciendo con ello al monopolio camionero privado que lucra con el servicio público concesionado permitiendo cobros indebidos y maltrato al pasajero: “su deslucida gestión transcurrió a espaldas de la población, hizo caso omiso de los ambulantes del “banquetón” de Centro Médico de Occidente y desatendió el problema de la empresa fraudulenta que ostenta la concesión de recolección de basura”.

Antonio Orozco Gutiérrez denuncia a FRA como responsable directo del deterioro ambiental de la Zona Metropolitana de Guadalajara causados por el derribo de árboles en Calzada Lázaro Cárdenas y por la contaminación en la zona de Miravalle, la desaparición de pozos de agua y la construcción de viviendas en zonas no aptas de rellenos sanitarios.

Joel Robles Uribe, de la Red de Salud, acusó de genocidio a FRA por la construcción de Arcediano. En un amplio documento sustentado con diversas referencias de especialistas, peritajes técnicos y análisis de agua, concluye que la presa constituye un riesgo para la población en general. “Han aumentado las tasas de enfermedad, de incapacidad y la mortalidad”, por todo esto “acusamos y hacemos responsables a FRA, principal impulsor de la presa de Arcediano”

El Movimiento Bases Magisteriales señaló que el gobierno de FRA destacó por ser un gobierno que no respondió a las demandas de la población intentando con represión acallar las voces del pueblo. Durante el sexenio de FRA se atentó contra la lucha democrática del magisterio al disolver con antimotines manifestaciones de maestros: el 15 de mayo de 2004, el 15 de mayo de 2005 y el 27 de junio de 2005 entre otras fechas. “Si el fascismo existe ésta es una clara muestra de ello”.

Raúl Muñoz, del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del Salto, señaló que más de 160 personas de esa localidad padecen de leucemia, cáncer en hígado, pulmón o en la piel; 65 murieron en 2006 a causa de la contaminación del río Santiago. “No son errores, son parte de un plan de corrupción entre funcionarios de gobierno, encabezado por FRA y empresarios de la región”.

José Luis Sánchez, de la ANAD: “FRA, a quien hoy sometemos a juicio popular, politizó la justicia y judicializó la política. Es del dominio público que el aparato de procuración e impartición de justicia del estado sucumbió ante la mano manipuladora del ex gobernador de Jalisco... que nunca se distinguió por privilegiar la política ni recurrir al diálogo... hay que juzgarlo por su desatención a las demandas sociales de la población, por su profundo y sistemático desprecio a los derechos humanos”.