La muerte de activistas alcanza una tasa no vista en el país en casi cuatro décadas
HERMANN BELLINGHAUSEN
En años recientes, acentuadamente en el último del sexenio foxista y los cinco meses que van del gobierno de Felipe Calderón, el número de presos políticos y de conciencia ha alcanzado niveles históricos. Se trata de participantes (en ocasiones ni siquiera eso) de movimientos sociales y expresiones de inconformidad colectiva. Esto ocurre en prácticamente toda la República. Algunos alcanzan cierta difusión en los medios comerciales, los más sonados y ejemplares. Otros apenas son reportados por medios alternativos y organismos no gubernamentales de derechos humanos.
Centenares de personas han sido detenidas y encarceladas desde 2005 en agresiones de carácter violento de las policías, lo que ha afectado a millares de personas, en especial indígenas, jóvenes urbanos, maestros democráticos y campesinos. Esto, además de las tumultuosas represiones en Guadalajara (mayo de 2005), San Salvador Atenco (mayo de 2006), Oaxaca (entre mayo y diciembre de 2006) y Mérida (2007).
Las muertes de activistas sociales y políticos alcanzan una tasa no vista en casi cuatro décadas. No sólo están los casos televisados de Oaxaca, Atenco o la siderúrgica Lázaro Cárdenas. Están algunos no aclarados en Matamoros, Ciudad Guzmán y la sierra triqui. Dos delegados del Congreso Nacional Indígena sufrieron emboscadas mortales en mayo de 2006 cuando se dirigían a una reunión nacional: Concepción Gabino, de Cosalapa, Jalisco, y Faustino Acevedo, de San Blas Atempa, Oaxaca.
La represión "selectiva" contra jóvenes, bajo el pretexto de su indumentaria y comportamiento, se ha generalizado. Parece haber "consigna" contra los anarcos, punks y similares. La más reciente, este primero de mayo en la ciudad de San Luis Potosí.
Un dato es el crecimiento exponencial de conductas aberrantes (por lo visto cumpliendo órdenes, o "permisos" al menos) de las policías en capitales y municipios, a lo que se agregan hostiles custodios, agentes del Ministerio Público y jueces: violaciones, vejaciones, tortura, amagos de muerte.
Analistas y activistas subrayan la criminalización de la lucha social. Se inventan cargos, se "siembran" armas o droga. Los medios electrónicos obran como jueces o han incitado a un "restablecimiento del orden" por regla violento, inconstitucional e impune. A esto se suma una atonía de las comisiones estatales y Nacional de Derechos Humanos, que a veces rayan en complicidad con los verdugos.
La otra campaña encontró el año pasado decenas de presos políticos en todo el país, la mayoría ignorados. Por ejemplo, Adolfo y Miguel Andrade Ibarra, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Guanajuato, víctimas de la cúpula panista (Carlos Abascal, Ramón Muñoz y el ex gobernador Juan Carlos Romero Hicks) según los familiares y compañeros.
En el penal El Amate, en Chiapas, meses atrás se denunciaron agresiones y tortura contra los reos Aureliano Alvarez y Tiburcio Gómez, indígenas de Huitiupán. Uno de ellos "apareció" muerto en el penal posteriormente. En Chiconautla está Gloria Arenas. Su compañero, Jacobo Silva Nogales, recluido en La Palma, es un caso extremo, que recuerda lo peor del apartheid de Sudáfrica. Tiene 23 horas de encierro al día, no se le permite pintar. Sus óleos son una denuncia extraordinaria.
A ellos se suma la saga, combativa y lúcida, de los hermanos Cerezo. En Tacotalpa (Tabasco), Angel Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vásquez, bases zapatistas, hace 10 años están presos injustificadamente. En Ixcotel (Oaxaca) está recluido desde antes de las protestas de 2006 Pedro Castillo Aragón; es compañero de Catarino Torres Pereda, quien pasó varios meses en el penal de alta seguridad de La Palma, aislado y tratado peor que los narcotraficantes y secuestradores. También los detenidos de Loxicha y Santiago Xanica. Y Juan Díaz Gómez, zoque de Chiapas, quien paga el delito de no hablar castellano.
La estela carcelaria ha pasado por la Comarca Lagunera, tanto en Coahuila como en Durango. Pobladores de San Blas Atempa sufren penas de cárcel desde 2005 en Tehuantepec; otros han sido liberados. Se multiplican las órdenes de aprehensión, unas ejecutadas, otras resueltas con fianza, muchas más pendientes (y reactivables en cualquier momento). En Oaxaca decenas de personas viven escondidas, en ocasiones gravemente heridas y mal atendidas (como si los presos fueran bien atendidos por las autoridades; la enfermedad y las lesiones sin atención son parte del castigo). En Hermosillo están los campesinos pimas Ramón Rodríguez Galaviz, José, Leonardo y Francisco Coyote Duarte, Pedro Monte Coyote y Julio Coyote Monte.
Las detenciones arbitrarias y violentas abundan en el estado de México, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Jalisco (los casos de Guadalajara, Sayula y Ciudad Guzmán). En Yucatán 39 mayas fueron detenidos en julio de 2006. Más de 40 jóvenes en 2007. En San Luis Potosí está el preso político más antiguo del país: Juan Valdez Pérez, quien lleva 15 años recluido "por organizar a trabajadores".
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