Cuarta República
Germán Robles
16 de marzo de 2007
Estado de sitio recurrente: Ciudadanos y DDHH, testigos de piedra.
Una vez más los ciudadanos fuimos victimas de un nuevo estado de sitio perpetrado por el servicio secreto de EEUU, la PFP y el ejercito mexicano en el marco de la cumbre México – EEUU, al cierre de la gira “anti Chávez” del mandatario Bush.
Los cada vez más recurrentes estados de sitio o excepción terminan agobiando a los afectados en sus vidas laborales y en sus relaciones cotidianas. Amén de que el estado policiaco sea un aparato al servicio de la seguridad jurídica de los bienes de las castas y el garante de la coerción extraeconómica indispensable para el estado capitalista; existen leyes que norman este quehacer para salvaguardar las garantías individuales las cuales son incontrovertibles.
Para hacer un ejercicio sumario inmediato, recordemos el estado de excepción que vivió Guadalajara la semana previa y durante la cumbre euro latinoamericana de 2004 que tuvo verificativo entre los días 28 y 29 de mayo. Las violaciones a garantías constitucionales como de DDHH fueron múltiples, la ciudad fue convertida en un bunker de guerra con medidas y controles excesivos en toda el área metropolitana.
Durante la cumbre se dieron cita numerosos grupos alter mundistas que merodearon el primer cuadro tapatío, y un arsenal humano de policías que tenía la orden de “reprimir en caliente” ante el más mínimo desmán y así ocurrió, se juntaron el hambre y las ganas de comer como diría el clásico oaxaqueño. Hubo múltiples de violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias y tortura en bodegas provistas por la PGJ del estado de Jalisco a cargo del otrora procurador Gerardo O. Solís Gómez.
El foxismo se mofaba de ser un régimen de respeto a la libertad de expresión (sic) y de omitir los usos represivos, pero en el difícil año 2006 el estado policiaco mexicano volvió a mostrar sus más viles y viejos resabios de control. Atenco (II) fue la venganza política de Fox por el desaire atenquense por impedir –justamente- la construcción aeropuertaria que preconizaba ser la obra del sexenio. El desastre humano y de violencia policial del caso está por demás documentado.
Le siguieron las afrontas y fiascos represivos como los de Sicartsa, en Lázaro Cárdenas Michoacán en una disputa entre policías federales y municipales en contra de trabajadores mineros sindicalizados; los cercos militares durante las operaciones de “México seguro” (sic)- y ahora los o-perativos anti narco- que ponen en evidencia el fracaso del estado mexicano y las autoridades civiles para el combate a la delincuencia; con ello se expone innecesariamente al ejercito mexicano inclusive de forma anticonstitucional dado que en tiempos de paz las tropas no pueden desarrollar tareas fuera del área de su jurisdicción y la tarea castrense.
Que decir de Oaxaca, conflicto crítico que presagiaba para el Stablishment nacional un nuevo paradigma para romper su orden y por ello arrojo todo el poder policiaco para reprimir una legítima inconformidad social en contra de Ulises Ruiz; si hubo ineptitud política de todas las instancias para resolver el conflicto sin violencia; si se actuó temprano o tarde- desde el punto de vista policiaco- eso no cambia las cosas; a final las madrizas y asesinatos así como la violación de derechos humanos y civiles no se hicieron esperar; 20 muertos, y más de 300 lesionados como múltiples detenciones arbitrarias y encarcelados políticos fue el saldo. Ejército y Armada de México en las inmediaciones para combatir al pueblo; retenes excesivos como coraza para que en el corazón oaxaqueño corriera la sangre, habiendo estado la APPO entrampada por las policías federales.
Tristemente, el proceso electoral desenmascaró el verdadero rostro del aparato represivo y la lucha de clases vigente; el sexto informe de gobierno de Vicente Fox y la toma de protesta del señor ese (de fétido acrónimo y tautológicas referencias minimalistas) y recientemente el estado de excepción de Mérida Yucatán por la visita de Bush fueron los escenarios de la flagrante violación constitucional dado que sólo el pleno del congreso tiene las facultades para declarar provisionalmente la suspensión de garantías individuales y sólo en los casos que marca la ley.
Evidentemente ese ordenamiento ha sido pasado por “el arco” tantas veces que han dejado las protestas e inconformidades ciudadanas, así como las recomendaciones y monitoreos de organismos de DDHH, como simple testigos de piedra. Se violan todas las garantías frente a nosotros, pero terminamos por aguantarlas con endebles reclamos y ánimo soliviantado pero de ahí no pasa.
Es humillante ver como el servicio secreto americano dobló la voluntad de las autoridades mexicanas, desarmo a los cuadros policíacos municipales y privó las libertades de ciudadanos; como siempre los nuestros se dispusieron como tapetes. Impuesto por dentro o por fuera para un estado que se dice – o aspira- a ser democrático es intolerable la recurrencia de estados de sitio. ¿Qué podemos hacer para ir más allá de las manifestaciones de banqueta?; ¿Para que las resoluciones de DDHH sean respetadas y no queden como gritos en el desierto? Los hechos revisan que no hay ni libertades ni garantías que valgan si la autoridad no está dispuesta a respetarlas.
Por ello es imperativo que sociedad civil, ONG´s; organismos de DDHH, hagan un frente común y sólido para exigir a los legisladores que refuercen el marco legal para impedir estos discrecionales estados de excepción; demandar a las autoridades que no respeten el libre tránsito y manifestación de las ideas. El grupo del FAP en la cámara de diputados y el Senado hicieron sendos extrañamientos y denunciaron los cercos policíacos en San Lázaro en 2006; (habló del FAP porque es la única esperanza contra la reacción) pero no se les observo la misma vehemencia para hacer un extrañamiento por lo sucedido en Yucatán. ¿Será entonces que no habrá para el caso más solución que la respuesta de la sociedad civil ante los atropellos?
¿Hasta cuando seguiremos siendo testigos de piedra y productores de estériles reclamos? Preocupa el excesivo ejercicio del “uso legítimo de la violencia” la múltiple presencia del ejército fuera del área de sus atribuciones; debemos hacer más eficientes las denuncias y revertir esta tendencia represiva de la derecha. No pueden ser tolerados estados de excepción sin una clara justificación. Actuemos por el respeto a nuestros derechos; ya estuvo suave.
Germán Robles
16 de marzo de 2007
Estado de sitio recurrente: Ciudadanos y DDHH, testigos de piedra.
Una vez más los ciudadanos fuimos victimas de un nuevo estado de sitio perpetrado por el servicio secreto de EEUU, la PFP y el ejercito mexicano en el marco de la cumbre México – EEUU, al cierre de la gira “anti Chávez” del mandatario Bush.
Los cada vez más recurrentes estados de sitio o excepción terminan agobiando a los afectados en sus vidas laborales y en sus relaciones cotidianas. Amén de que el estado policiaco sea un aparato al servicio de la seguridad jurídica de los bienes de las castas y el garante de la coerción extraeconómica indispensable para el estado capitalista; existen leyes que norman este quehacer para salvaguardar las garantías individuales las cuales son incontrovertibles.
Para hacer un ejercicio sumario inmediato, recordemos el estado de excepción que vivió Guadalajara la semana previa y durante la cumbre euro latinoamericana de 2004 que tuvo verificativo entre los días 28 y 29 de mayo. Las violaciones a garantías constitucionales como de DDHH fueron múltiples, la ciudad fue convertida en un bunker de guerra con medidas y controles excesivos en toda el área metropolitana.
Durante la cumbre se dieron cita numerosos grupos alter mundistas que merodearon el primer cuadro tapatío, y un arsenal humano de policías que tenía la orden de “reprimir en caliente” ante el más mínimo desmán y así ocurrió, se juntaron el hambre y las ganas de comer como diría el clásico oaxaqueño. Hubo múltiples de violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias y tortura en bodegas provistas por la PGJ del estado de Jalisco a cargo del otrora procurador Gerardo O. Solís Gómez.
El foxismo se mofaba de ser un régimen de respeto a la libertad de expresión (sic) y de omitir los usos represivos, pero en el difícil año 2006 el estado policiaco mexicano volvió a mostrar sus más viles y viejos resabios de control. Atenco (II) fue la venganza política de Fox por el desaire atenquense por impedir –justamente- la construcción aeropuertaria que preconizaba ser la obra del sexenio. El desastre humano y de violencia policial del caso está por demás documentado.
Le siguieron las afrontas y fiascos represivos como los de Sicartsa, en Lázaro Cárdenas Michoacán en una disputa entre policías federales y municipales en contra de trabajadores mineros sindicalizados; los cercos militares durante las operaciones de “México seguro” (sic)- y ahora los o-perativos anti narco- que ponen en evidencia el fracaso del estado mexicano y las autoridades civiles para el combate a la delincuencia; con ello se expone innecesariamente al ejercito mexicano inclusive de forma anticonstitucional dado que en tiempos de paz las tropas no pueden desarrollar tareas fuera del área de su jurisdicción y la tarea castrense.
Que decir de Oaxaca, conflicto crítico que presagiaba para el Stablishment nacional un nuevo paradigma para romper su orden y por ello arrojo todo el poder policiaco para reprimir una legítima inconformidad social en contra de Ulises Ruiz; si hubo ineptitud política de todas las instancias para resolver el conflicto sin violencia; si se actuó temprano o tarde- desde el punto de vista policiaco- eso no cambia las cosas; a final las madrizas y asesinatos así como la violación de derechos humanos y civiles no se hicieron esperar; 20 muertos, y más de 300 lesionados como múltiples detenciones arbitrarias y encarcelados políticos fue el saldo. Ejército y Armada de México en las inmediaciones para combatir al pueblo; retenes excesivos como coraza para que en el corazón oaxaqueño corriera la sangre, habiendo estado la APPO entrampada por las policías federales.
Tristemente, el proceso electoral desenmascaró el verdadero rostro del aparato represivo y la lucha de clases vigente; el sexto informe de gobierno de Vicente Fox y la toma de protesta del señor ese (de fétido acrónimo y tautológicas referencias minimalistas) y recientemente el estado de excepción de Mérida Yucatán por la visita de Bush fueron los escenarios de la flagrante violación constitucional dado que sólo el pleno del congreso tiene las facultades para declarar provisionalmente la suspensión de garantías individuales y sólo en los casos que marca la ley.
Evidentemente ese ordenamiento ha sido pasado por “el arco” tantas veces que han dejado las protestas e inconformidades ciudadanas, así como las recomendaciones y monitoreos de organismos de DDHH, como simple testigos de piedra. Se violan todas las garantías frente a nosotros, pero terminamos por aguantarlas con endebles reclamos y ánimo soliviantado pero de ahí no pasa.
Es humillante ver como el servicio secreto americano dobló la voluntad de las autoridades mexicanas, desarmo a los cuadros policíacos municipales y privó las libertades de ciudadanos; como siempre los nuestros se dispusieron como tapetes. Impuesto por dentro o por fuera para un estado que se dice – o aspira- a ser democrático es intolerable la recurrencia de estados de sitio. ¿Qué podemos hacer para ir más allá de las manifestaciones de banqueta?; ¿Para que las resoluciones de DDHH sean respetadas y no queden como gritos en el desierto? Los hechos revisan que no hay ni libertades ni garantías que valgan si la autoridad no está dispuesta a respetarlas.
Por ello es imperativo que sociedad civil, ONG´s; organismos de DDHH, hagan un frente común y sólido para exigir a los legisladores que refuercen el marco legal para impedir estos discrecionales estados de excepción; demandar a las autoridades que no respeten el libre tránsito y manifestación de las ideas. El grupo del FAP en la cámara de diputados y el Senado hicieron sendos extrañamientos y denunciaron los cercos policíacos en San Lázaro en 2006; (habló del FAP porque es la única esperanza contra la reacción) pero no se les observo la misma vehemencia para hacer un extrañamiento por lo sucedido en Yucatán. ¿Será entonces que no habrá para el caso más solución que la respuesta de la sociedad civil ante los atropellos?
¿Hasta cuando seguiremos siendo testigos de piedra y productores de estériles reclamos? Preocupa el excesivo ejercicio del “uso legítimo de la violencia” la múltiple presencia del ejército fuera del área de sus atribuciones; debemos hacer más eficientes las denuncias y revertir esta tendencia represiva de la derecha. No pueden ser tolerados estados de excepción sin una clara justificación. Actuemos por el respeto a nuestros derechos; ya estuvo suave.
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