Germán Robles
08 de marzo de 2007
La despenalización en la información: ¿Un avance del periodismo o simulación de la clase política?
El Senado de la República aprobó esta semana las reformas que despenalizan a la calumnia y la difamación, las cuales estaban contenidas en la minuta que la cámara de diputados envió al Senado el año pasado. Se trata sin duda de un avance sustancial en materia periodística, pues quienes difundan libremente su información u opiniones valiéndose de falsedades o difamaciones sólo podrán ser sujetos a la vía administrativa, es decir reponer económicamente el daño moral.
Nadie en su sano juicio podría negar la importancia de estas reformas que ya eran urgentes desde hace mucho tiempo; sin embargo no hay reforma a gratuidad, ni a generosidad; los encomiables argumentos que se utilizan en las tribunas públicas en el fondo esconden una intención política de múltiples aristas.
Se trata de un favor político que la gran clase política mexicana les debía a los periodistas a la vez que es un favor que se hacen ellos mismos pues toda vendetta política vía medios de comunicación así como trapacerías y la falta de ética periodística serán mediadas sólo por el dinero.
Y es que es bien sabido que así como los gobiernos –federal, pero sobre todo los estatales- son los principales patrocinadores de los medios masivos de comunicación y por ello les aplican una mordaza y fustigan sino se ciñen a su sesgo político; también es cierto que los medios de comunicación no están exentos de la tentación de volverse la fuente de ciertas corrientes políticas o partidistas; cosa que no es extraña, lo malo es el significado que tiene cuando son los medios los que muchas veces amagan a actores políticos e incluso a gobiernos con el fin de que les paguen sino es que quieren ser golpeados mediáticamente por estos.
Aún cuando la labor periodística es noble y las más de las veces mal remunerada; existen múltiples periodistas que se han hecho millonarios por estar al servicio informativo del gobierno; de este reciben cheques para calumniar, difamar, escribir editoriales a modo según la estrategia política o la coyuntura perceptiva a la que se quiera persuadir a la población.
Muchos medios se ponen de tapete para aplaudir y justificar acciones o programas gubernamentales; es un círculo vicioso dónde no se sabe quién fue primero, si el huevo o la gallina; muchos de este tipo de periodistas al estar hartos al ser interrogados para revelar sus fuentes o al sentirse amenazados por procesos que podrían costarles prisión decidieron presionar a sus patrocinadores para que impulsaran estas reformas; pues de nada valían las carretadas de dinero so riesgo de ir a la cárcel.
Así pues las mayorías de las difamaciones y calumnias periodísticas o de opinión más que ser el remanente de la imaginación, la mala fé o desliz editorial, son consecuencia de líneas editoriales marcadas por los diarios en los que trabajan y más aún de políticos que las pagan; recordemos como durante el viejo régimen los grandes actores políticos en los distintos niveles tenían a su propio columnista o editorialista para golpear, mandar mensajes cifrados a la prensa o a sus enemigos políticos. Para la clase política mexicana la misma que paga las difamaciones y calumnias, ya no era tan fácil pagar mientras continuará la penalidad; a la vez que sabían del riesgo de que los periodistas revelaran sus fuentes pues al hacerlo los primeros al quedar al descubierto serían los agentes gubernamentales y empresarios.
Más que el interés por el periodista y la salvaguarda de la libertad de expresión; estas reformas obedecen a una estrategia política de flexibilidad que conviene tanto a periodistas pero principalmente a políticos; ahora con dinero pagaran a sus heraldos para calumniar y sí se comprueba por un juez la falta administrativa ellos mismos pagarán el daño, quedando el periodista como simple emisario para defender el prestigio de su patrocinador. Sin riesgos de que se revele la fuente que muchas veces viene de la burocracia y sin que el periodista –en el fondo- tenga que pagar ningún tipo de daño. El periodista depende de la credibilidad y el tendrá la habilidad para disfrazarla pues de ello depende su prestigio; el cuál también tiene precio, como lo tuvo la incorporación de los CNI canal 40 boys a televisa.
Aún así hay un universo de diarios y periodistas que pueden incurrir en calumnias a título propio o por imprecisiones informativas y que se verían obligados a pagar de su bolso los costos; muchos no podrán incluso pagar el monto y aquí viene la pregunta: Si se elimina la penalidad, ¿Qué pasará cuando el periodista no tenga solvencia económica o se declare en quiebra para asumir el costo del daño moral?
Las reformas de despenalización son bienvenidas dado que no puede garantizarse una auténtica garantía individual como la libertad de expresión si esta tenía causales de penalidad. En hora buena para los periodistas que también por sus denuncias de acoso ministerial prosperó la demanda; y no menos importante fue el impulso que le dio la CNDH para que se aprobara en el Senado. Como quiera que sea un cambio hacia las libertades o una simulación legislativa con conveniencias acomodaticias para su causa; lo cierto es se ha equilibrado el derecho a la expresión con la protección del honor y la veracidad; se trata de un quid pro quo que sirve lo mismo a la casta del poder como a comunicadores. Para hacer valer la difusión de ideas, pero lo mismo la calumnia. No hay fórmulas perfectas y es que para comunicar, aún haciéndolo con ética es imprescindible tener al cielo y al infierno de la información juntos.
El traspatio.
Felicidades a las mujeres en su día; en lo político particularmente a las mujeres de las redes ciudadanas y de la red de mujeres por la democracia, se agradece infinitamente su lucha, aún cuando el festejo viene presidido por ese estúpido invento del Consejo de la Comunicación (sic) y televisa, “el día de la familia” (sic); que nos quieren meter a calzador cada cuatro de marzo. Que se larguen estos con sus abuelas a festejar.
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