La primrea mentira de Claderón

Por Fernando M. López Desde la Redacción de APM

El presidente mexicano inauguró su mandato con un llamado al diálogo, pero la policía detuvo a Flavio Sosa y otros líderes de la APPO cuando éstos se disponían a negociar con autoridades federales una solución pacífica al conflicto en Oaxaca.

Felipe Calderón no deja mucho margen para la duda. La forma en que comenzó a manejar la crisis y reclamos sociales de un amplio sector de la sociedad mexicana demuestra que asumió sin vacilaciones la conducción del aparato represivo de su antecesor, Vicente Fox, y que no dudará en usarlo para sustentar una gestión que adolece de legitimidad.

“Dialogaré con quien esté dispuesto a dialogar y construiré con quien quiera construir, pero siempre sabré gobernar para todos. Si hay que cambiar las reglas, cambiemos las reglas, hagámoslo para adecuarlas a los nuevos tiempos que vivimos; del presidente habrá siempre la disposición para fortalecer la democracia y abrir caminos diferentes para entendernos, para tomar decisiones y para resolver los conflictos”, dijo Calderón en su discurso inaugural, el viernes 1º de diciembre.

Sin embargo, en la noche del lunes la Policía Federal Preventiva (PFP) desplegó un fuerte operativo en la ciudad de México para capturar a varios dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que se encontraban en esa capital para reunirse con el subsecretario de Gobierno de Calderón, Mario Escárcega. La PFP actuó luego de que los representantes de la APPO salieron de una conferencia de prensa convocada para informar sobre el encuentro con las autoridades federales.

Entre los detenidos figuran Flavio Sosa, el principal líder de la APPO, su hermano Horacio y otros dos dirigentes de la organización: Ignacio García y Marcelino Coache. Sosa fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el municipio Almoloya de Juárez, Estado de México, bajo los cargos de “secuestro, daño en propiedad ajena y ataques a las vías generales de comunicación”. Los otros tres apistas quedaron detenidos en cárceles de menor seguridad en la capital mexicana.

Según informó la agencia oficial Notimex, una comisión de APPO se reunió este martes con funcionarios de la Secretaría de la Gobernación (Segob) para tratar de iniciar un diálogo con la administració n de Felipe Calderón y reclamar la urgente liberación de sus compañeros.

No obstante, con la persecución y captura de los principales dirigente de la asamblea popular, toda negociación quedó nuevamente condicionada al autoritarismo gubernamental y la presión por la fuerza represiva.

Durante los últimos siete meses, por el sólo hecho de reclamar mejoras salariales para los maestros y la destitución del gobernador Ulises Ruiz (PRI), acusado de fraude y corrupción, los oaxaqueños han sufrido en carne propia el terrorismo de Estado, tanto por parte de Ruiz como del ex presidente Vicente Fox. Secuestros, torturas y desapariciones son sólo algunas de las tantas violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares de las Fuerzas Armadas, efectivos de la PFP y paramilitares especialmente entrenados para aplastar “movimientos insurgentes”.

Hasta el momento, más de 500 personas pasaron por diferentes cárceles mexicanas, de los cuales cerca de 200 aún siguen detenidas con cargos y fianzas absurdas. Todos son presos políticos, aunque el gobierno intente encuadrarlos como “delincuentes de alta peligrosidad” . Muchos padecieron interrogatorios y apremios ilegales, más de 20 personas fueron asesinadas y alrededor de 100 continúan desaparecidas.

La comisión de la APPO que arribó a la Segob aseguró que los nuevos detenidos son ahora “rehenes políticos” del gobierno de Calderón. Por su parte, el vocero de la organización, Florentino López, dijo que esta escalada represiva no doblegará a los “cientos de miles de oaxaqueños” que exigen la renuncia o destitución de Ulises Ruiz, la desmilitarizació n del estado de Oaxaca y la liberación de todos los presos políticos. López convocó a una nueva movilización el domingo próximo para demostrar que la APPO "no es de líderes, sino un movimiento de todo el pueblo".

Pero el propio Calderón ya dio muestras de su intransigencia frente a los reclamos de los oaxaqueños. En la cena que mantuvo con los gobernadores mexicanos, al día siguiente de su asunción, respaldó la gestión de Ulises Ruiz a cambio del apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Calderón recibió la bendición del PRI y, poco después, Ruiz obtuvo una pequeña muestra a sus pedidos de mano dura con la captura de Flavio Sosa.

El flamante presidente dedicó, además, sus primeras medidas a las fuerzas de seguridad con el fin de ganarse su confianza en un escenario convulsionado. Uno de esos gestos tuvo lugar en el marco del decreto que redujo en un 10 por ciento los sueldos de los altos funcionarios gubernamentales, incluido el del presidente. La reducción del gasto, en unos 25,5 millones de pesos (equivalente a 2,3 millones de dólares), sonó con bombos y platillos, pero en la letra chica del decreto se especificó que el “plan de austeridad” no alcanzaría a las fuerzas de seguridad ni a la procuración de justicia.

Inmediatamente después, Calderón anunció que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007, que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso la semana próxima, se incluirá un "incremento sustancial en los haberes" de los militares del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, además de un incremento superior al 12 por ciento en materia de seguridad pública, casi el doble de lo que se destinará a los programas sociales.

El argumento oficial para justificar estas prebendas apuntó al rol que cumplen las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad en el combate del crimen organizado y el narcotráfico. Pero, en realidad, lo que más le preocupa a Calderón es asegurar su continuidad en el poder en medio de los cuestionamientos de la oposición por un supuesto fraude electoral y de las protestas sociales en aumento.

Para confrontar a su “enemigo interno”, Calderón cuenta con un aparato represivo bien aceitado y con el apoyo de nuevos escuadrones paramilitares. Algunas versiones periodísticas ya dieron cuenta de esta tendencia en sucesivas oportunidades, pero obviamente pasaron desapercibidas para la gran prensa hegemónica. El 31 de agosto pasado, por ejemplo, el diario La Jornada de México D.F. reveló que el gobierno federal, a través de la PFP y la Agencia Federal de Investigación (AFI), capacitaba en dependencias militares brigadas “antisuversivas” para la desarticulació n de movimientos sociales y la detención de líderes y dirigentes.

Según el autor de la investigación, el periodista Gustavo Castillo García, alrededor de unos 200 hombres, separados en grupos, participaban en esos cursos. “Cada grupo, denominado compañía, está dividido en células y cada una de ellas está compuesta por 40 personas adiestradas en infiltración, manejo de armas de fuego y defensa personal, así como en tácticas de contrainsurgencia y labores de inteligencia” .

Castillo García también agregó que “de acuerdo con las fuentes consultadas, en el proceso de capacitación de estas brigadas estarían participando algunos integrantes del grupo (paramilitar) que en los años ‘70 se conoció como Los Halcones, que dirigía el entonces coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa”.
Vicente Fox puso a prueba la efectividad de estos elementos en Oaxaca y convenció a Calderón de que el diálogo con aquellos sectores sociales que la derecha ya tilda de “subversivos” tiene mejores resultados si está mediado por el factor de una guerra de baja intensidad.

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